Preocupa a Consejo Cívico continuidad en gobierno de Nuevo León

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Ante la licencia que le fue concedida al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, desde Consejo Cívico externamos nuestra preocupación sobre la continuidad de los asuntos prioritarios para la entidad, mismo que merecen de una atención integral.

Temas como la seguridad pública, combate a la corrupción, transparencia, movilidad, calidad del aíre, necesitan de compromiso real y de tiempo completo de quienes asuman el liderazgo de la gestión estatal.

Esperaremos que el equipo que se queda al frente de Nuevo León se enfoque al cien por ciento en atender los retos de la entidad de manera consistente; y no se entrometa en asuntos electorales o distractores que resten a la función pública.

Como sociedad civil organizada estamos en la disposición de colaborar con los gobiernos, como lo hemos hecho, para impulsar las agendas prioritarias de los ciudadanos que aquí vivimos. Y reiteramos con ello que estaremos vigilantes del desempeño del gobierno interino.

Beltrones, Duarte y otras piezas clave del presunto desvío al PRI en 2016

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Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor.

La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Gobierno estatal para luego destinarlos al PRI, fue acordado por Beltrones, se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del ex Secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Una agente de la Fiscalía General del Estado leyó ayer una declaración de Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, en la que asegura que el ex Presidente nacional del PRI concertó el desvió millonario.

“Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados.

“Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones“, declaró Yáñez, quien en noviembre pasado fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos.

“Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.

“Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera (ex Secretario de Hacienda) sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero”.

Incluso Yáñez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto, que aún conserva en su teléfono: “Me decía de manera textual, ‘Ya hablé con MF y el retorno no hay opción'”.

Ayer Gutiérrez, fue imputado por el delito de peculado agravado contra el erario de Chihuahua.

La declaración de Ricardo Yáñez donde implica a Beltrones, coincide con el testimonio de Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el ex líder del PRI, planeó la triangulación de recursos a las campañas.

Hacienda y CCE analizan cómo enfrentar reforma fiscal en EE.UU.

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Los empresarios y la Secretaría de Hacienda analizan acciones para hacer frente a la competencia que supondrá la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, informó hoy el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“El CCE y sus organizaciones afiliadas ya están en conversaciones con la Secretaría de Hacienda de nuestro país para analizar las mejores alternativas frente a la competencia que implicará el nuevo diseño tributario del vecino del norte”, informó el organismo en un boletín.

El CCE consideró necesario “evaluar el establecimiento de una política de promoción al crecimiento y la reinversión de las empresas” que busque no “romper el equilibrio fiscal del gobierno” ni acrecentar la deuda, que haga más eficiente el gasto corriente y que aliente la reinversión de utilidades y la generación de empleo.

En las conversaciones con Hacienda, la CCE instó a tomar medidas que fomenten el empleo a través de la inversión y especialmente centrada en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que promuevan además las exportaciones y la disminución paulatina del impuesto sobre la renta (ISR).

Adicionalmente, pidió a la Secretaría de Economía (SE) y gobiernos locales aligerar la “carga administrativa” de las empresas ante el cúmulo de trámites e inspecciones.

“Son momentos para una participación conjunta de todos los sectores. El sector público con la optimización de su gasto y la efectividad en los subsidios para la pobreza, el sector laboral con mayor capacitación y productividad y la iniciativa privada con mayor inversión y reinversión de utilidades”, destacó la patronal.

La reforma fiscal en Estados Unidos, aprobada el martes por el Congreso e impulsada por el presidente Donald Trump, recorta impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de 35 % a 21 %, mientras que genera siete horquillas de pago fiscal para los individuos.

México es atractivo a la inversión extranjera y requerimos dar mayor certeza jurídica a las inversiones actuales y futuras. En esto jugará un papel muy importante el resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)“, agregó hoy el CCE.

No obstante, recordó que a nivel internacional hay una “fuerte competencia” para atraer capitales y por “ofrecer las mejores condiciones fiscales”.

En este contexto, “la nueva política estadounidense alentará los ajustes a la baja de las tasas impositivas”, concluyó.

 

Autoridades de Edomex obstaculizan la búsqueda de Ximena la menor desaparecida

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Ximena Monserrat, de 15 años, despareció este miércoles a las 2 de la tarde en la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec. Desde entonces, las autoridades correspondientes han obstaculizado su búsqueda, preguntaron a la familia “si no estará con el novio” y han solicitado trámites que no son necesarios para un caso de desaparición, según marca la ley vigente.

La ley estipula que en caso de desaparición debe “eliminarse de manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho” y proceder a la búsqueda”. De la misma forma, la página de la Fiscalía General del Estado de México, informa que el protocolo para activar la Alerta Amber es el siguiente: “en el momento en que cualquier autoridad tenga conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, deberá, de manera pronta y sin dilación alguna, comunicar los hechos a las autoridades responsables y realizará las acciones de búsqueda inmediata que estén a su alcance”, se lee en el sitio.

Ximena Monserrat Zavala Bolaños no aparece desde la tarde del miércoles. Su hermana dice que por la mañana estuvo con una amiga, luego regresó a la casa, dejó su celular y salió a la tienda más cercana, pero ya no regresó.

“Ya revisé sus cuentas de Twitter y Facebook además de su celular y no tiene mensajes sospechosos, eso ya lo contamos a las autoridades pero siguen sin darnos respuesta”, relata Paola Zavala Bolaños, hermana de la menor desaparecida.

Vecinos de la colonia Jardines de Morelos, así como los dueños de la tienda a la que debía ir Ximena, ubicada en la calle Playa Copacabana, no vieron el momento en que la menor desapareció, por lo que no hay testigos y es uno de los requisitos que piden las autoridades para iniciar la búsqueda.

Desesperados, los integrantes de la familia Zavala Bolaños, aseguran que la única ayuda sólo la han recibido en redes sociales, donde miles de personas han compartido la foto de Ximena acompañada de sus datos.

Exigen a las autoridades atender la denuncia y comenzar la búsqueda de la menor.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido pronunciamiento sobre el caso, entidad en la cual según datos de la organización Idheas, especializada en derechos humanos; entre 2015 y 2016 hubo 279 denuncias de desapariciones de mujeres y niñas, mientras que hasta abril de 2017 se habían denunciado 139 casos.

Fiscalía de Veracruz asegura que periodista asesinado pertenecía a Los Zetas

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La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que cuenta con “datos de prueba” que confirman que el reportero de La Voz del Sur, Gumaro Pérez Anguilano, forma parte de la delincuencia organizada al servicio de Los Zetas.

Tras filtraciones de la carpeta de investigación Uipj/DXX/F2/1519/2017 realizadas por el propio titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, y luego de la difusión en WhatsApp de una columna periodística sin rúbrica para desprestigiar a Gumaro Pérez, mismas que circularon a medios de comunicación, la Fiscalía se animó (tras cuatro comunicados oficiales del caso)  a decir que el reportero acribillado en Acayucan por dos sicarios tenía participación en un grupo delictivo y que incluso fue asesinado por un grupo distinto.

Gumaro Pérez fue privado de la vida cuando acudía a la posada de fin de año de su hijo.

Ayer Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera, la Embajada de Estados Unidos en México, entre otros, reprocharon al gobierno mexicano el nivel de violencia que impera en el país y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas, sobre todo en Veracruz.

La Fiscalía General aseguró que los resultados de las diligencias realizadas por personal pericial, agentes ministeriales y el fiscal especializado, en coordinación con la Fiscalía Regional, son tendientes a acreditar que Gumaro Pérez “colaboraba en actividades ilícitas” de un grupo delictivo de la delincuencia organizada.

En el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares han sido privados de la vida tres comunicadores: Ricardo Monlui, Cándido Ríos y ahora Gumaro Pérez.

Y del gobierno de Javier Duarte continúan impunes los asesinatos de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, y el colaborador Rubén Espinosa Becerril, así como una decena de casos más en donde autoridades de la Fiscalía y la SSP han optado por la simulación tanto en la integración de las carpetas de investigación como en buscar a los culpables.

En la entidad, medio centenar de periodistas veracruzanos se encuentran adheridos al programa de protección coordinado por la Subsecretaría de Gobernación, pues consideran que su integridad física está en riesgo.

En los últimos siete años, 22 comunicadores veracruzanos han sido privados de la vida, en la mayoría de los casos estos homicidios han sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se presume la intervención de la delincuencia organizada en esos crímenes.

Denuncia dirigencia PAN triangulación de recursos ante la Fepade

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 La dirigencia del PAN presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia por la triangulación de recursos públicos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría avalado para campañas del PRI en 2016.

Damián Zepeda, dirigente nacional, reclamó una investigación y aseguró que el Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, no fungió como tapadera del caso, luego de que el PRI recurriera hoy mismo a la figura del Mandatario para deslindarse de los hechos.

Cuando se le preguntó por el hecho de que el PRI había recurrido a la figura de Corral para deslindarse de los hechos, el dirigente afirmó que Enrique Ochoa Reza, líder del tricolor, debía contestar las cosas de manera directa.

“Hay que contestar las cosas de manera directa: la pregunta al anterior Secretario de Hacienda (José Antonio Meade) es si conocía o no de estos desvíos y no contestar con una derivada y haciendo referencia a alguien más”, acotó.

De las declaraciones del Gobernador Corral con las que el PRI se valió para deslindarse, Zepeda aseguró que lo que había dicho es que no tenía conocimiento de una intervención de determinados funcionarios nacionales y que debía cuidarse el sigilo de las investigaciones.

“¿Es válido que el PRI hubiese recurrido a la figura del Gobernador Corral?”, se le preguntó.

“A ver. ¿Vas a procesar los temas de corrupción sí o no? Hubo esa transferencia, ¿sí o no? No creo que lo que se haya hecho sea un deslinde de ningún funcionario“, respondió.

“Entonces Corral, ¿no fungió como tapadera?”, se le insistió.

“A mi juicio, por supuesto que no y la persona del Gobernador es una persona íntegra y honesta, y él simplemente está dando respuesta de lo que él tiene conocimiento”, sostuvo.

Asesinan a otro periodista en Veracruz, en pleno festival escolar

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Un reportero de Acayucan, VeracruzGumaro Pérez Aguilando, fue asesinado a balazos la mañana de este martes, cuando se encontraba en un festival escolar.

El comunicador, fundador del portal de noticias regionales “La voz del sur” y también trabajador del Ayuntamiento de Acayucan, fue ultimado por sujetos que portaban armas de fuego y que ingresaron a la primaria Aguirre Cinta, de la colonia Villalta, donde el reportero se encontraba en un festival navideño en el que participaba su hijo.

Sin decir palabra alguna, los hombres armados se dirigieron directamente contra Pérez Aguilando y acabaron con su vida en el acto frente a la presencia de padres de familia, maestros y alumnos.

Al lugar arribó la Policía Naval, institución que se encarga de la seguridad pública del municipio de Acayucan y posteriormente llegó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recabar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo.

Pérez Aguilando es el cuarto comunicador asesinado en Veracruz en lo que va de 2017.

Estos son los periodistas que han sido asesinados durante este año en la entidad: el 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga; el 10 de julio, Edwin Rivera Paz, de Honduras y quien se encontraba resguardado en Acayucan; el 22 de agosto, Cándido Ríos Vázquez “Pavuche”, de 55 años de edad, en Hueyapan de Ocampo; y Gumaro Pérez Aguilando, de 34 años, en Acayucan.

México, el país sin guerra mas peligroso para los periodistas

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En 2017, 65 periodistas han sido asesinados en el mundo, de los cuales en México se registran 11 casos, sólo un por debajo de Siria (12), lo que lo convierte en el país que no está en guerra más peligroso para quienes ejercen esta profesión.

Siria, como lo ha sido en los últimos seis años, es la nación más mortífera para los periodistas, de acuerdo con el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La organización destacó que en México la presencia de los cárteles del narcotráfico y la corrupción de los políticos son temas que abordan los periodistas y los hacen blanco de amenazas, agresiones o asesinatos como ocurrió con Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, en mayo pasado.

RSF lamentó que tanto el caso de Valdez como de otros 10 periodistas mexicanos que pagaron con su vida su trabajo informativo sigan impunes, debido a la corrupción que se presenta en el país.

A nivel global, después de Siria y México, los países con más periodistas asesinados son Afganistán (9), Irak (8) y Filipinas (4).

De los 65 periodistas muertos en 2017, 50 eran profesionales, 7 eran ciudadanos que realizaban labores informativas y 8 eran colaboradores de los medios de comunicación. Pese a la cifra, RSF destacó que comparado a los casos de 2016 hay 18% menos de periodistas asesinados.

“Al igual que el año pasado, es mayor el porcentaje de periodistas que fueron agredidos de manera deliberada (60%). El objetivo común de sus detractores: hacerlos callar”, señala RSF en el estudio.

La organización reportó la muerte de 10 mujeres periodistas, el doble de 2016, entre ellas la mexicana Miroslava Breach, quien fue asesinada en marzo pasado en la capital de Chihuahua.

Si bien Reporteros Sin Fronteras resaltó la disminución de casos, refirió que es necesario fortalecer las medidas de prevención como las campañas internacionales y la preparación en seguridad para reporteros en coberturas de conflictos.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Al menos 22 menores fueron traficados y hubo anomalías en adopción de cientos durante el Gobierno de Padrés

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Por lo menos 22 menores de edad, fueron traficados por empleados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron al menos 22 casos en los que se traficó con niños, entre 2009 y 2015; adopciones ilegales y maltrato físico.

Según la dependencia, las irregularidades, cometidas contra los menores además de involucrar agente del DIF, también participaron agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, y el IMSS.

Desde el 2015, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.

Pero de acuerdo con la CNDH, no se sabe el destino de por lo menos 682 niños, por las imprecisiones del DIF estatal.

Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.

Por ello, la CNDH mandó hacer varias recomendaciones a los servidores públicos señalados: a la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes.

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