La designación inconstitucional del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El 1º de octubre pasado, inició la operación completa del Sistema Estatal Anticorrupción en nuestro estado (SEANL). En efecto, en esa fecha se instalaron el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador y el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. Además, se designó a la persona que por cinco años ocupará la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción: el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda.

Esta persona era, hasta unas cuantas horas antes de su designación, integrante del Comité de Selección y, por ende, había participado tanto en los actos y decisiones que prepararon el acto definitivo de nombramiento del H. Congreso del Estado en los casos de la Fiscalía Anticorrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa; así como en la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Desde mi perspectiva, esta designación es inconstitucional por las razones que en adelante desarrollaré: i).- La existencia de un real conflicto de intereses; ii).- La violación al derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad; y iii).- La afectación al derecho al acceso a la información que facilite el control social de las decisiones públicas.

i).- Quien designa es favorecido por aquellos a quienes antes él designó

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se define como “conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” La Secretaría de la Función Pública ha interpretado que “cuando un conflicto de intereses se ignora, se actúa indebidamente y de manera deliberada sobre éste o influye en ciertas decisiones, las conductas, acciones u omisiones (…) se pueden configurar otras conductas que violan la ley como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y otras.” En este sentido, la OCDE ha concluido que en la colisión entre el deber público y los intereses privados, éstos no se limitan a los intereses financieros o patrimoniales, o a aquellos intereses que proporcionan un beneficio personal directo al empleado. Un conflicto de intereses puede implicar a actividades privadas, relaciones personales, intereses familiares, si se considera que esos intereses pueden razonablemente influir indebidamente en el ejercicio de sus obligaciones oficiales.

¿Habrá alguien quien razonablemente pueda argüir que no existe un beneficio personal cuando quien es designado para un cargo público recibe el voto aprobatorio de tres personas a quienes él mismo designó antes, y de dos personas más respecto de cuyos procedimientos de designación participó en la preparación del acto definitivo?

La Ley del SEANL se hace cargo de estos potenciales conflictos de intereses cuando prohíbe, expresamente, que dentro de los seis años siguientes a su encargo, las y los integrantes del Comité de Selección funjan como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sostengo que, de forma analógica a esta prohibición y a mayoría de razón, debe existir esta prohibición para quien, habiendo sido integrante del Comité de Selección por la mañana, sea designado Secretario Técnico por la tarde.

La forma en que se designó a este funcionario público, no hace sino reforzar lo que se conoce como la captura de los puestos públicos. Esta práctica de la administración pública mexicana, desafortunadamente, impide garantizar “el ingreso y el desarrollo de los funcionarios con base en criterios objetivos como el mérito, la certeza, la igualdad y la independencia.”

ii).- ¿Y dónde está la Convocatoria?

En una publicación en la red social Facebook, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEANL afirman que realizaron juntas de trabajo informales desde el día en que tomamos protesta de ley en fecha 1º de septiembre de 2018 (…) con el único objeto de preparar lo que sería el inicio de nuestras funciones y avanzar lo más rápido posible en la implementación de las labores del sistema y las tareas que nos corresponden, siendo indispensable sin duda alguna para la debida operación del Sistema, contar con el Secretario Técnico en funciones… Por su parte, apenas el pasado 19 de octubre, el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL publicó el Acuerdo No. 1 en donde consta el nombramiento del referido Secretario Técnico. En ambas comunicaciones se señala que se cumplió con los artículos 36 y 40 de la Ley del SEANL; sin embargo, en ningún momento refieren como fundamento del nombramiento el numeral 41. A fin de ser más claro respecto a la obligación del Comité de Participación Ciudadana de emitir una convocatoria pública para el cargo, comparo dos disposiciones normativas, una de la Ley General del SNA y la otra de la Ley del SEANL, únicamente en lo que se refiere a la convocatoria para el cargo:

Comparación de requisitos para ser Secretario Técnico
LEY GENERAL DEL SNA LSEANL
Artículo 34.Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

(…)

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 41. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los siguientes requisitos:

(…)

  1. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador, o Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

¿Quién puede tener duda de la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para el cargo cuando, en el caso del Sistema Nacional, de una sola mención se derivó la obligación de la convocatoria pública respectiva? Por el contrario, ¿cómo se puede justificar que de cinco menciones expresas en la Ley local el Comité de Participación Ciudadana haya realizado solamente “juntas de trabajo informales” y no una convocatoria pública?

Afirmo que a cualquier ciudadano de Nuevo León interesado en participar para el cargo, le fue violentado su derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, toda vez que ni siquiera se tuvo la oportunidad de ser considerado en el procedimiento respectivo que debió derivarse de la convocatoria pública para la integración de la terna y el nombramiento de la persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1.c] del Pacto de San José,  no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho(…). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que: Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Igualmente, se incumplió con la obligación establecida en el artículo 7, inciso a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dado que al no haberse emitido convocatoria alguna, el procedimiento de designación del Secretario Técnico no se basó “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.” Esto es, se impidió, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acceso a la función pública sea acorde a los principios de eficiencia, mérito y capacidad.

iii).- Ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas

De nueva cuenta, el consenso universal hace énfasis en lo siguiente: Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. (Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Defiendo que al no haber existido convocatoria pública alguna, a cualquier persona interesada en participar para el cargo, o a cualquier persona que desease controlar el ejercicio de esta facultad de nombramiento, se le impidió tener acceso a información pública relevante, como por ejemplo la que a continuación se señala de forma enunciativa mas no limitativa:

a).- Información acerca del período dentro del cual podrían inscribirse las personas interesadas. b).- Información respecto a los medios oficiales y de circulación local en que se publicaría la convocatoria pública. c).- Información sobre el lugar y hora para la entrega de las solicitudes y documentos necesarios para acreditar los requisitos. d).- Información respecto a los documentos idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 41 de la LSEANL. e).- Información acerca de la consecuencia jurídica de no acompañar algún o algunos documentos para acreditar los requisitos. f).- Información sobre las actuaciones o diligencias que permitieran apreciar los conocimientos, aptitudes y méritos de las y los aspirantes, tales como entrevistas públicas, ensayos, y/o exámenes. g).- Información acerca de requisitos derivados de otras normas constitucionales como por ejemplo, una garantía de paridad de género en la conformación de las y los finalistas a integrar la terna (recuerden que la “terna” que conoció el Organo de Gobierno estuvo conformada solamente por hombres). h).- Información respecto a la fecha límite en la cual el órgano competente habría efectuar el nombramiento.

¿Cómo controlar las decisiones de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción si impiden el acceso a la información pública respecto de una decisión tan importante como la designación del único funcionario del Sistema al cual se le debe exigir el mayor conocimiento técnico en la prevención, sanción y combate de la corrupción?

Finalmente, más allá de los argumentos normativos que he expresado, creo que como sociedad debemos formularnos  la siguiente pregunta: ¿Esta primera decisión de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción en realidad respetó el deber general de las autoridades anticorrupción de servir de ejemplo de honradez, transparencia, rendición de cuentas y garantía de los derechos humanos?

Sociedad Civil se opone a nombramiento de Secretario Técnico del SEA

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El nombramiento de Joaquín Ramírez como Secretario Técnico deslegitima todo el Sistema Estatal Anticorrupción, acción que se da en la opacidad y a espaldas de la ciudadanía en el primer día la operación del Comité Coordinador.   

Proceso carente de publicidad y transparencia

Luego de que el lunes se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, sus integrantes, en una reunión secreta y opaca, eligieron a Joaquín Ramírez haciendo a un lado los principios constitucionales que deben regir cualquier decisión del SEA: La máxima publicidad y transparencia de conformidad con el artículo 109 Constitucional

Conflicto de intereses

Además de no presentar públicamente una terna de candidatos para este puesto, el CPC toma su primera decisión desconociendo uno de los principales hechos de corrupción descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas: el conflicto de intereses.

Joaquín Ramírez al ser integrante del Comité de Selección participó en la  selección de los candidatos para puestos de: Fiscal Anticorrupción, Magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Resulta ahora ser el afortunado seleccionado por los mismos integrantes del CPC, y votado, por un Comité Coordinado donde participan a los elementos antes mencionados.   

Además, esta persona renunció ayer al Comité de Selección, el mismo día que fue seleccionado para ser Secretario Técnico del SEA. Nos extraña la facilidad con la cual el Congreso del Estado aceptó su renuncia con sólo algunas horas de diferencia, cuando en la pasada Legislatura, la diputada Yanira Gómez declaró que sólo el Pleno del Congreso está facultado para aceptar la renuncia a un integrante del Comité de Selección. Es extraño porque en el caso de Pedro Torres, la renuncia fue aprobada tres meses después de que la presentara en la Oficialía de partes del Congreso.

El proceso es por demás opaco, ya que, además, hasta el momento desconocemos si Joaquín Ramírez cumplió con los requisitos legales de presentación de 3 de 3 ante el Comité de Selección.

Votación viciada legalmente

El lunes se instaló un Comité Coordinador con la presencia del encargado del despacho de la Contraloría del Estado, siendo que legalmente deben de participar sólo los titulares de cada órgano integrador del Comité Coordinador. Si el encargado participó en la sesión secreta donde se eligió a Ramírez, la elección podría estar legalmente viciada.

Falta de legitimidad y perfil técnico para el cargo

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley del SEA, el Secretario Técnico del SEA debe tener experiencia verificable en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Ninguno de los anteriores queda acreditado en el currículum público que presentó Joaquín Ramírez para ser aceptado por el Comité de Selección.

Los ciudadanos aquí presentes manifestamos nuestra profunda frustración ante la forma con la cual se ha venido integrando el Sistema Estatal Anticorrupción. Nuestra aspiración como Coalición Anticorrupción siempre ha sido tener el mejor SEA del país. Sin embargo, las últimas decisiones de integración del Comité de Participación Ciudadana y del Secretario Técnico, nos dejan claro que Nuevo León quedó muy por debajo de las experiencias vividas en otros estados.

Recordamos al Comité Coordinador que como cualquier órgano de gobierno tienen que fundamentar y motivar todas sus decisiones, exigimos que se dejen sin efectos las actuaciones del Comité Coordinador  y que el Comité de Participación Ciudadana convoque a organizaciones de sociedad civil y ciudadanos antes de que tomen cualquier otra decisión o actuación.

Asimismo, convocamos a todos los ciudadanos a que se unan y exijan el cumplimiento a la letra de la Ley y de nuestra Constitución para un verdadero combate a la corrupción. 

Auditoría Superior del Estado investiga al Bronco por desvío de recursos

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La Auditoría Superior del Estado (ASE), vía una unidad especial, está investigando la denuncia presentada por organizaciones ciudadanas contra el Gobernador Jaime Rodríguez, por el presunto desvío de recursos públicos para obtener las firmas que le permitieron registrarse como candidato a la Presidencia de México, dijo Jorge Guadalupe Galván.

A principios de septiembre, miembros del Consejo Cívico y de otras organizaciones civiles presentaron ante la Auditoría una denuncia de hechos contra el Ejecutivo estatal por presunto desvío de recursos públicos vía varios funcionarios de su Administración.

“Nosotros lo que hicimos fue pasar el caso a la Unidad de Investigación de nuestro órgano, que es la que está ya en el proceso de la investigación, es un órgano que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se le dio entrada”, expresó el titular de la ASE.

En la misma carpeta, añadió, se verá la solicitud de organismos electorales para que se investigue ese mismo hecho.

Reconoció, sin embargo, que como aún no se han hecho algunas modificaciones legales, los resultados de la investigación se estarían presentando en el informe de la cuenta pública del Estado correspondiente al 2018, es decir, hasta octubre del 2019.

“Como no se ha reformado la Ley de Fiscalización“, añadió, “pues ahorita sólo podríamos presentar nuestros hallazgo en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente“.

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción de Nuevo León

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El Sistema Anticorrupción delineado en la Constitución Política es estructuralmente complejo: Un entramado de órganos que deben estar coordinados entre sí para prevenir, combatir y castigar la corrupción en México. De los tres modelos de instituciones anticorrupción posibles, es decir, a) el de múltiples objetivos pero con facultades para hacer cumplir la ley, b) el exclusivamente con facultades de cumplimiento de la ley y c) el que cuenta con facultades de políticas preventivas y de coordinación, en nuestro país creamos un cuarto modelo: el modelo de la muñeca rusa.

En efecto, el Sistema Anticorrupción contempla la difícil coordinación de órganos y poderes encargados de la investigación y sanción penal y administrativa, de la fiscalización y auditoría, del acceso a la información, y de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención. En Nuevo León contamos ya con algunas de las nuevas piezas de la matruska anticorrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En breve, tendremos en operación un muy importante órgano del Sistema: el Comité de Participación Ciudadana (CPC Nuevo León). La designación de las personas que integren el CPC Nuevo León completará la creación del Comité Coordinador del Sistema. Sin embargo, aún faltará un órgano más, me refiero a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Como puede apreciarse de este breve recuento, por ahora hemos estado centrados en completar la fase estructural del sistema (integración de órganos y nombramiento de servidores públicos), sin embargo, no hemos debatido respecto a algo de vital importancia para la definición de las políticas públicas anticorrupción: Las implicaciones negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Este enfoque toma especial importancia en Nuevo León dado que, como mencioné anteriormente, estamos a pocos días de que se integre uno de los órganos más importantes del sistema, el CPC de Nuevo León. Desde mi perspectiva, las personas que integren este órgano, no sólo deberán abordar la política anticorrupción en nuestra entidad desde una perspectiva punitiva, sino, sobre todo, desde una de índole preventiva. Para esto deben incorporar en el núcleo de su actuación el enfoque de derechos humanos.

¿Por qué debe el CPC de Nuevo León adoptar como una de sus dimensiones de análisis este enfoque?

Primero, porque existe suficiente material doctrinal que sustenta las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute los derechos humanos. En efecto, la corrupción tiene las siguientes consecuencias: a) consecuencias negativas individuales, como cuando se da acceso discriminatorio a un servicio público; b) consecuencias negativas colectivas, por ejemplo, cuando se excluye a personas pobres del acceso a bienes y servicios prestados por la administración pública; y c) consecuencias negativas generales, porque la corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera dimensión, consecuencias negativas individuales, es de resaltarse que “en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.” Un ejemplo de la segunda dimensión, consecuencias negativas colectivas, y con una afectación al derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, es el trágico caso de niños en Veracruz a quienes se les administraba agua destilada en lugar de recibir sus quimioterapias para el cáncer que padecían. La tercera dimensión, consecuencias negativas generales, puede fácilmente apreciarse racionalizando todo lo que podría haberse hecho para el desarrollo del país de no haberse capturado fondos públicos para beneficio privado.

Segundo, porque México es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, por ende, está obligado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. 

Desde esta perspectiva, las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y el deber de los Estados antes señalado, ha sido reconocido recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En este caso, la Corte Interamericana concluyó que la debilidad institucional de los órganos de control y una norma flexible e inadecuada facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia y corrupción que propiciaron ilegales adopciones internacionales de niñas y niños guatemaltecos, con lo cual se violaron los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, derechos del niño, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas en ese caso. Esto reafirma las consecuencias negativas que tiene la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos.

Sin duda, las políticas anticorrupción y la protección de los derechos humanos deben ir de la mano, tal como ha sostenido el panel de expertos que convocó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir este tema.

Sostengo que la política anticorrupción en Nuevo León debe incorporar este enfoque porque, como ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2013: La corrupción mata; la corrupción impide el desarrollo; la corrupción golpea primero y con más fuerza a los pobres; la corrupción fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción, por ende, debe contemplar al menos los siguientes aspectos: i) la relación entre corrupción y discriminación; ii) la vinculación entre corrupción y pobreza; iii) la inclusión de grupos vulnerables en el monitoreo de servicios y bienes que más les afectan; iv) una metodología de análisis de adquisiciones públicas centrada en los resultados y el contenido, más que en el procedimiento; v) la coordinación con las autoridades competentes para establecer la relación entre corrupción política y vulneración de derechos humanos; vi) el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad; vi) la incorporación de la perspectiva de género. Para todo lo cual, se debe identificar el marco de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

En suma, para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción de nuestro país y de nuestro estado es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Los órganos del Sistema Anticorrupción en Nuevo León, en ese sentido, deben dar ejemplo al colocar en el centro de las políticas anticorrupción a las personas y el disfrute de sus derechos humanos. Solo esperemos que la complejidad de operación de la muñeca rusa no sea un obstáculo para incorporar este enfoque en la prevención, combate y sanción de la corrupción en nuestro estado.

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

¿Qué sea un delito no cumplir promesas de campaña? Ya se propone…

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El candidato a Diputado Federal por el Distrito 11, Marco Vargas, en conjunto con Paco Bustillos Soto, candidato a la alcaldía de Guadalupe, abanderados por el PRD, presentaron ayer una iniciativa de Reforma en donde se propone considerar como delito aquellas promesas de campañas que se vieron incumplidas.

Francisco Bustillos señaló que actualmente los legisladores cuentan con 10 iniciativas rezagadas relacionadas con este asunto. Por tal motivo se presentó ante la Oficialía de Partes un exhorto a los diputados para que saquen de la “congeladora” este tema.

Para Bustillos, el Congreso olvidó legislar sobre este tema en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que pidió urgente resolución a la presidenta Karina Barrón.

“Tenemos el Código Penal para reformar, pero el Congreso parece que, con toda la intención, porque muchos de los diputados se fueron con licencia para reelegirse y otros a otros cargos, crearon el Sistema estatal Anticorrupción, pero casualmente no legislaron sobre ese tema”.

Bustillos dijo que es común que los candidatos prometen cosas que no cumplen mientras obtienen el voto. 

“Tenemos en el estado bastantes ejemplos de que cuando los candidatos están en campaña prometen muchas cosas que luego no cumplen, o prometen cosas que no les corresponden, como Pedro Garza que ha prometido que bajara la gasolina en su gobierno.”

“El ciudadano engañado por las promesas y lo atractivo que resultan, en ocasiones vota por ellos y resulta que cuando ejercen el cargo ya no cumplen”, explicó.

Bustillos considera que el delito puede equipararse a un fraude, para lo que tendría que reformarse el Código Penal del estado. Los candidatos no propusieron sanciones, pidieron recoger las iniciativas anteriores para juntar las ideas y que el tema no se politice.

“Estamos en la Etapa de la efervescencia política y hay promesas de todo tipo, inclusive de construir estadios. Y sabemos que hay gente que en el pasado prometió no chapulinear.”

“El 70 por ciento de quienes son candidatos van de un cargo a otro. Ya no necesitaríamos estar todos los años exigiendo que cumplan el cargo. Lo prometes, lo cumples o te sancionan”, agregó.

Congreso Local asegura que se pondrán al día

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El último periodo ordinario de sesiones en el H. Congreso del Estado ha dado inicio y los posicionamientos políticos y electorales acapararon la esencia de la primera sesión.

Ante necesidad de resolver problemáticas, se exhortó a los legisladores que dejen a un lado el fin político y logren avanzar en temas de Reformas como: medio ambiente, anticorrupción, transporte y movilidad, así como establecer los criterios de la revocación de mandato. Hay que resaltar que ante la llegada del periodo electoral “urge” resolver tales pendientes en beneficio de los ciudadanos neoleoneses.

Por otra parte y uno de los ejes rectores de este último punto es la designación de los tres Fiscales Anticorrupción y del Magistrado del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se deberá seguir de cerca la labor que realicen nuestros legisladores en este periodo ordinario

Presentan Incorruptible, plataforma ciudadana contra la corrupción

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El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción abre nuevas oportunidades de colaboración en el combate a la corrupción. Por ello es que, para involucrar más a los ciudadanos e incluso a servidores públicos, Consejo Cívico en alianza con Borde Político, lanzaron el día de hoy la plataforma Incorruptible en la que se podrán recibir denuncias de actos de corrupción. El lanzamiento se da en el marco del Día Internacional Contra la corrupción, este 09 de diciembre.

A tres años de su lanzamiento, Yo di un moche, primera plataforma de su género en México, evoluciona y se une a los esfuerzos ejercidos en varios estados por Incorruptible.mx para lograr un vínculo estrecho con las autoridades locales encargadas de combatir los actos de corrupción.

Incorruptible.mx es una iniciativa desarrollada por Borde Político adoptada en la Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Coahuila y ahora Nuevo León para ofrecer a los ciudadanos una página web y una app para dispositivos móviles, que son herramientas de vanguardia para la denuncia de casos de corrupción.

Destaca que, gracias a la tecnología que la respalda, con esta plataforma podrás realizar denuncias individuales y colectivas de forma anónima y añadir evidencias; podrás hacerlo en tiempo real de manera georeferenciada; dar seguimiento puntual a los casos de corrupción; recibir notificaciones de estado y conocer los diferentes actos de corrupción en los que se incurre diariamente. En el sitio también encontrarás artículos de opinión, infografías, videos y noticias que muestran la imperante necesidad de combatir y denunciar esta dañina práctica en Nuevo León.

Adicionalmente, la app cuenta con la facilidad de monetizar los actos de corrupción. Y es que, aunque existen datos acerca de los índices de percepción al respecto, hoy en día es difícil saber a ciencia cierta cuánto nos cuesta la corrupción en México.

Su alcance es muy importante, ya que la plataforma ofrece un enlace hacia la Contraloría Estatal y las Municipales, así como a la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de dar seguimiento y respuesta a las denuncias, sin perder su estatus de anonimato. Además, al programa se han sumado aliados entre los que se encuentran Hagámoslo Bien, Creando Espacios, Cívica Digital, Despierta Cuestiona y Actúa, Ciudadanos Contra la Corrupción, así como Canaco Monterrey, Caintra y Coparmex Nuevo León.

De esta manera, Consejo Cívico, a través de Incorruptible.mx, busca una mejor articulación entre autoridades, sociedad civil organizada, medios de información y ciudadanos que quieran combatir la corrupción a través de la denuncia, para juntos colaborar en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Este es un esfuerzo de la sociedad civil organizada que sale a la luz luego de la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativa como parte de todo el andamiaje del Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, para socializar las nuevas reglas del juego.

Para conocer más, ingresa a: https://app.incorruptible.mx/. La app se encuentra disponible para su descarga en iOS y Android.

Aprueba Congreso estatal a integrantes de Comité de Selección

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El Congreso de Nuevo León definió ayer a los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes serán los encargados de hacer una preselección de los candidatos a las Fiscalías General, Anticorrupción y Especializado en Delitos Electorales.

Además, también deberán seleccionar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Los elegidos son Marcela Chavarría, Salvadora Peña Warden, Joaquín Ramírez de la Cerda, María Genoveva Saldaña Leal, Pedro Rubén Torres Estrada, Gustavo González Fuentes, Jesús Viejo González, Gabriel Augusto Reyes García y Luis Gerardo Treviño.

Ellos son representantes de la academia, de la iniciativa privada, así como de organizaciones civiles.

“Serán nueve hombres y mujeres que nos ayudarán en el proceso de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo primordial será castigar a los malos funcionarios… aquí no hay prietitos en el arroz, hay transparencia, un proceso limpio que está marcando historia”, expresó Marco González, coordinador del PRI en el Congreso local.

El grupo de los nueve 

  • Marcela Chavarría, de la Universidad de Monterrey
  • Salvadora Peña Warden, del Consorcio Educativo Warren
  • Joaquín Ramírez de la Cerda, de la Facultad de Derecho de la UANL
  • María Genoveva Saldaña Leal, de la Universidad Americana del Noreste
  • Pedro Rubén Torres Estrada, del Tecnológico de Monterrey
  • Gustavo González Fuentes, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
  • Jesús Viejo González, Consejo Nuevo León, CCINLAC, ARCA Continental
  • Gabriel Augusto Reyes García, Únete Pueblo
  • Luis Gerardo Treviño, Vertebra