Los chapulines y su Congreso

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Se acerca la época electoral y empiezan a darse los saltos de los chapulines legislativos. La mayoría de los diputados locales ya saltaron o están a punto de buscar su nuevo puesto. Algunos, sin resultados tangibles, buscan una reelección. Otros tantos buscan alcaldías alineadas a los intereses de los partidos que representan. Otros más, de plano, se cambian de partido. Todos con el mismo objetivo: obtener un hueso a costa de nuestros impuestos.

Buenos para seguir en el “servicio” público, pero malos para servirle al público. Las principales problemáticas de la ciudad y de nuestro estado siguen sin resolverse. Nos dejan una ley de movilidad incompleta que no propone infraestructura ni planes integrales para que el peatón sea la prioridad en una zona metropolitana, la cual está cada vez más congestionada y sin alternativas de movilidad.

Vivimos con una creciente inseguridad de la cual el poder legislativo se ha desentendido. Los homicidios dolosos, los feminicidios y la violencia familiar siguen en aumento. No hay seguimiento a una carrera profesional de los policías, ni una mejora operativa de los y las agentes de seguridad municipales como primeros respondientes. Y ni hablemos de la asignación presupuestal a estrategias integrales de prevención, que esto aún no es prioridad de nuestros representantes.

Tampoco hay resolución en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, proceso que se ha convertido en un circo de señalamientos. Todos fuimos testigos de las acusaciones entre un Congreso parsimonioso y funcionarios que no asumen el nivel ni la responsabilidad de su encargo. Mientras, seguimos con auditorías a medias tintas, licitaciones opacas y una falta clara de transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. 

A todo esto hay que sumar la falta de respuestas a la creciente contaminación de nuestra ciudad. No sólo se le dio rienda suelta a las industrias y empresas contaminantes, sino que no hay presión por parte de nuestros representantes para contar con un órgano que sancione e impulse políticas de aire limpio y reducción de contaminantes. 

Estos serios problemas, y tantos más, llevan años sin respuestas profundas por parte del Congreso local. Sumémosle una justicia cívica que aún no opera, un sistema tributario que no atiende la informalidad y la falta de inclusión, una falta de paridad en la elección de funcionarios, jueces y magistrados, y una política basada en los intereses de los partidos. 

Muchos exdiputados y exdiputadas saldrán a pedir de nuevo el voto. Repitiendo las mismas actitudes de aparecerse cada elección y dejar a las vecinas y vecinos en el olvido otros tres años. Saldrán a decir que cuentan con la experiencia, dejando de lado su falta de resultados. Saldrán a presumir que han buscado atender problemáticas, cuando su “respuesta” es otro parche más al mismo sistema quebrado de representación. Este sistema donde una de las principales responsabilidades, la administración y auditoría de nuestros recursos, lleva décadas siendo ignorada. 

Hemos visto de primera mano que las vecinas y vecinos de nuestra ciudad no conocen a sus diputados y diputadas. La respuesta es sencilla, se deben a los partidos. ¿A quien le rinden cuentas? ¿Por quién votan? ¿A nombre de quién discuten? Todo es para y por los partidos, realidad evidente ante su falta de soluciones. 

Es momento de un Congreso que sí represente a las vecinas y vecinos de nuestra entidad. Un Congreso que entregue resultados tangibles, que nuestro presupuesto se enfoque en resolver los problemas de nuestras comunidades. Un congreso con diputados que se deban a las colonias y a su gente, no a los mismos partidos de siempre. 

Kristian Macías es profesor universitario y especialista en seguridad, justicia y políticas públicas. 

Página: www.kristianmacias.com

Podcast: https://open.spotify.com/show/5nqhB8OTYOj5fwe9RKxNBl?si=VOEzSUaSS8GWjUXX3vVSpQ

¿Qué pasa con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León?

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Cuando una persona es designada como servidora pública en cualquier cargo público este acto implica el ejercicio del derecho de acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (art. 23.1.c] Convención Americana sobre Derechos Humanos y 35, fr. VI Constitución Mexicana); y, para el órgano o persona que designa, el acto de designación se refiere a la obligación jurídica de seleccionar a la persona con los mejores méritos y las mayores capacidades para el cargo (Tesis P./J. 124/2005). Esto es, el acceso a los cargos públicos implica, por un lado, las condiciones generales de igualdad que deben garantizarse para todas las personas aspirantes y, por el otro, la obligación de designar a la mejor persona para el cargo. Las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León (Sistema) no han cumplido con estos dos principios.

En efecto, ya antes en este mismo espacio me referí a la inconstitucional designación de quien ocupa la Secretaría Técnica del Sistema En esta ocasión me centraré en lo que recientemente ha resuelto el Poder Judicial de la Federación sobre la designación por parte del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción, en agosto de 2018, de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Nuevo León ha resuelto recientemente que el acto por el cual se realizó la designación de las y los integrantes del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción fue contrario a la Constitución, en razón de que no se expusieron los motivos y las razones particulares por las cuales “(…) el Comité de Selección consideró que los candidatos propuestos en el dictamen, y a quienes se les otorgó nombramiento eran los idóneos para cumplir con el cargo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuando la ley de la materia establece que los mismos deben cumplir con experiencia verificable en  materias de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción…” (Amparo en Revisión 356/2019-III).

En una palabra, el Tribunal Colegiado concluye que el Comité de Selección del Sistema: (i) No cumplió con la Constitución, (ii) porque no expresó las razones concretas que permitieran verificar los méritos y capacidades de las personas designadas. Esto, desde luego, no significa que las personas designadas no contaran con las capacidades profesionales para el desempeño de la función, sin embargo, sí quiere decir que no fue posible conocer públicamente las razones por las cuales las cinco personas designadas eran las idóneas, tomando en cuenta que había seis personas más que llegaron a la fase final del proceso de designación, entre ellas las personas quejosas en el juicio de amparo.

Esto es particularmente grave porque quiere decir que un órgano del Sistema Local Anticorrupción, esto es, el Comité de Selección, incumpliendo un deber básico de motivación de un acto de autoridad (art. 16 CPEUM), dejó en tela de duda que haya seguido su obligación de designar a las mejores personas para el cargo. La gravedad de esta actuación inconstitucional se evidencia aún más si se tiene en mente que cuando el acceso a las funciones públicas del país no se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, no se garantiza que las y los servidores públicos actúen libremente frente a las injerencias o presiones políticas. (Comité de Derechos Humanos 1996: párr. 23). 

Es debido a la importancia de esta obligación que existen en el país iniciativas como el Observatorio ciudadano de los procesos de designación de los servidores públicos , en donde han creado un “Decálogo de las designaciones”. En este sentido, el propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción cuenta también con un “Decálogo designaciones públicas”, en el cual señalan como principios esenciales de las designaciones la idoneidad y la igualdad de oportunidades. Justamente lo que señala el Poder Judicial que el Comité de Selección incumplió: por un lado, que no se expresaron ni se verificaron de forma pública en el acto de designación los méritos y capacidades de las personas nombradas en 2018 para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema. 

Y, por el otro lado, infiero que se violentó el acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad de oportunidades de las personas quejosas; en este segundo sentido, el acceso a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad se cumple cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento (…) [sean] razonables y objetivos” y siempre que “las personas no sean objeto de discriminación”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008: párr.. 206).

La importancia de la sentencia, gracias al esfuerzo de las personas quejosas que idearon la estrategia jurídica y mantuvieron la paciencia de agotar todos los recursos judiciales posibles, radica en que permite construir un estándar de actuación objetivo para las designaciones en el Sistema Local Anticorrupción. Por un lado, debe cumplirse la Constitución en todo tiempo y, por el otro, deben expresarse claramente las razones y motivos concretos que justifiquen los méritos de las personas designadas y que éstas son las mejores para el cargo o función.

Lo que la sentencias debe dejar como efecto de política pública para las designaciones en los órganos que conforman el Sistema Anticorrupción es que “[l]as instituciones que garantizan un sistema de contratación basado en el mérito y no en las consideraciones políticas suponen (…) un importante recurso para un gobierno de alta calidad”. (Dalströhm y Lapuente 2017: 12). Esto es lo que debe pasar con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León: Designaciones transparentes y basadas en méritos que promuevan instituciones anticorrupción de alta calidad.

Referencias bibliográficas

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto. Serie C No. 182.

Dalströhm, Carl y Lapuente, Víctor. (2017). Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre politicos y burócratas mejora los gobiernos. Barcelona: Ediciones Deusto.

Comité de Derechos Humanos ONU. (1996). Observación General No. 25, Artículo 25: La Participación en los Asuntos Públicos y el Derecho de Voto, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7, 12 de julio.

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Nuevo León. Sentencia dictada en el Juicio de Amparo en Revisión 356/2019-III (versión pública). 14 de mayo de 2020.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 124/2005. Acceso a empleo o comisión pública en condiciones de igualdad. La fracción IV del artículo 271 del Código Hacendario para el municipio de Veracruz contraviene ese derecho. Registro: 177103.

Fracaso del Sistema Estatal Anticorrupción

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…¡Y el Sistema Estatal Anticorrupción se sigue desgranando! La renuncia de Mauricio Morales reduce a tres el número de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sobre un total de cinco que debería tener. Confirma lo que ya se sabía, que la selección de los miembros de este Comité no reunía las condiciones para desempeñar cabalmente su responsabilidad.

Falta de antecedentes comprobados en el combate a la corrupción, falta de dedicación exclusiva a un puesto que muchos consideraron como una ocupación de tiempo parcial, a pesar de la generosa remuneración asignada a esta función, falta de motivación para promover el combate a la corrupción que representa la esencia de esta pieza clave dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El propio Morales señaló que sus asuntos personales le impedían prestar atención a su encargo en el SEA. “Decido dejar el espacio que me fue asignado para que pueda ser ocupado por una ciudadana o un ciudadano que reúna las credenciales idóneas para el desempeño dentro del Comité”.

Lástima que se haya dado cuenta 15 meses después de haber aceptado su nombramiento por un Comité de Selección que, obviamente, no utilizó los criterios adecuados para seleccionar los candidatos idóneos. ¿De los tres restantes, cuantos adolecerán del mismo problema?

No cabe duda que el entorno político no es ideal para combatir la corrupción, y si además los encargados de combatirla lo hacen en diletantes, cómo una “chambita” adicional, podemos afirmar que la corrupción tiene todavía días prósperos por delante.

La ley del SEA parecía abrir camino para poder darle golpes a la corrupción, a pesar de algunos ajustes hechos con manía por los diputados locales, antes de su aprobación definitiva. La realidad nos demuestra que la malicia de los diputados en los procesos de nombramiento del Comité de Selección y del propio Comité de Participación Ciudadana estuvo bien calculada. Engendraron otro organismo (costoso) cuyos frutos no dejarán semillas. Prevalecerá la inoperatividad diseñada a  propósito y Nuevo León no se distinguirá por ser el estado líder en el combate a la corrupción.

Triunfa un gobierno que accedió al poder gracias a un discurso agresivamente anticorrupción y que se ha caracterizado por escándalos que van desde el cobijagate hasta el vergonzoso desenlace del dron, que resultará un símbolo grotesco de un supuesto gobierno independiente. Triunfa la partidocracia y sus arreglos a oscuras que se traduce ahora en una nueva forma de corrupción: la publicación de textos de ley alterados sin el consentimiento del pleno del congreso. Diputado engaña a diputados.  ¿Qué más podemos esperar?

La 3 de 3 para particulares en Nuevo León

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El 15 de mayo el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, finalmente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una obligación legislativa que deriva directamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). El legislativo estatal tardó ocho meses en cumplir su deber de adecuar o expedir la LRANL. No es este, sin embargo, lo que llama la atención; no, lo que en estos días ha ocupado el debate es la “innovación” que incorporaron los legisladores locales: La 3 de 3 para los particulares que tengan algún vínculo jurídico contractual con autoridades públicas.

Organizaciones integradas en la Coalición Anticorrupción han solicitado al Ejecutivo del Estado que utilice su facultad de formular observaciones al decreto del Congreso, es decir, que vete esta innovación. Lo hacen sustentándose en los argumentos que el Ejecutivo Federal formuló como observaciones al decreto de la LGRA en junio de 2016 y que eventualmente sirvieron para que no se incluyera en dicha ley una disposición semejante a la que aprobó el Congreso Local. 

Las  razones del Ejecutivo Federal en ese entonces fueron en síntesis las siguientes: a).- La reforma constitucional de 2015 sólo se refirió a los servidores públicos como obligados a presentar su 3 de 3; b).- El legislador ordinario no tiene permitido ampliar a el catálogo de los sujetos obligados a presentar la 3 de 3; c).- La disposición extensiva viola los derechos humanos de los particulares a la privacidad, a la intimidad, a la seguridad, etc. (https://consejocivico.org.mx/noticias/wp-content/uploads/2019/05/acuse-oficio-gobernador-coalicion-anticorrupcion-3de3-24-de-mayo-2019.pdf). 

Adicionalmente, la COPARMEX Nuevo León afirma que la 3 de 3 para particulares “ahuyentará a IP”. También se sostuvo que si el Gobernador no veta la LRANL, “se desalentará la proveeduría de empresas al Estado.” (El Norte, 30 de mayo de 2019).

Primero un aspecto sobre el alcance de las facultades de un legislador local frente a una ley general, como es la LGRA. El Congreso de Nuevo León, como cualquier otro legislativo estatal, tiene la libertad de configuración normativa dentro de los contornos que la ley general respectiva le permita. Por ejemplo, cuando se adecuó la Constitución Local y la Ley de Justicia Administrativa para incluir la Magistratura Anticorrupción, el Congreso Local estaba obligado a establecer una magistratura especializada en responsabilidades administrativas graves, pero podía hacerlo a través de una sala colegiada o una sala unitaria, como es el esquema de justicia administrativa en nuestro estado. Esto ha sido definido claramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque si no fuera así, “las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal…” (Jurisprudencia P./J. 5/2010).

Queda claro entonces que no cualquier supuesto diferente que se establezca en una ley local frente a una ley general es por sí mismo incorrecto, siempre que se respete el marco general delimitado por el legislador de la Unión. Y, además, igualmente importante, si se trata de alguna restricción a derechos, esa restricción debe ser razonable y acorde a las normas constitucionales. Por lo que el debate debe centrarse, más bien, como lo ha puesto en evidencia la Coalición Anticorrupción, en discutir si la obligación de los particulares de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, y de constancia de entrega de la declaración fiscal, es constitucional o restringe de manera injustificada derechos de los particulares.

También sería importante que debatiéramos si en la prevención, combate y sanción de la corrupción la medida es idónea para ello, o si, por el contrario, se cuenta con suficientes instrumentos dirigidos a servidores públicos y con procedimientos idóneos en las relaciones contractuales entre particulares y los entes públicos que nos permitan disminuir los niveles de corrupción en el estado. En esta parte del diálogo público deberíamos poner la visión en hacer posible que operen al cien por ciento los formatos de declaraciones de los servidores públicos, porque, como señalé en una colaboración anterior (http://altavz.com/2019/03/31/los-pendientes-del-sistema-nacional-anticorrupcion/), un gran pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción es la ejecución completa de los formatos y la interoperabilidad de todos los sistemas. 

En este sentido, debe remarcarse que si bien las manifestaciones de no conflictos de intereses son una buena práctica recomendada por organismos internacionales en las compras gubernamentales (https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf.), estos documentos se refieren a manifestaciones que en algunos casos son únicamente voluntarias y, en segundo lugar, las declaraciones sobre conflictos de intereses colocan el foco de atención no en  los particulares, sino en los servidores públicos que toman decisiones públicas, las cuales deben ser neutrales e imparciales en aras del interés público. Por lo que la “innovación” del legislador de Nuevo León más que una medida eficaz para combatir la corrupción, podría constituir una restricción injustificada para la actividad económica de las personas que deseen contratar o vincularse jurídicamente con entes gubernamentales en la entidad. 

Una forma de evidenciar el impacto regulatorio negativo de la norma es, por ejemplo, la causa motivadora de la declaración. Para los servidores públicos, es claro que la obligación de presentar sus declaraciones tiene como causa generadora el ingresar a la función pública, el que se llegue al mes de mayo por lo que hace a cambios en su patrimonio e intereses, y a la conclusión del encargo respectivo. Sin embargo, para los particulares, en el artículo 33 de la nueva ley aún no publicada se contempla como causa generadora por lo que hace a la inicial, la firma del contrato correspondiente; la de modificación también es el arribo del mes de mayo (asumiendo que el contrato aún esté vigente); y la de conclusión, aunque no se diga expresamente, se entendería que su causa es la terminación del contrato respectivo. Lo absurdo es que constitucionalmente los servidores públicos solo pueden tener un cargo, empleo o función, pero los particulares pueden tener contratos firmados simultáneamente con distintos entes: Con el Gobierno del Estado, con algún municipio y, por qué no, con un ente autónomo o Poder. ¿Significa esto que los particulares deberán presentar tantas declaraciones iniciales como contratos firmen con distintas autoridades públicas?

En resumen, en la expedición de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León el Congreso del Estado llega tarde (10 meses después) y con ocurrencias que lejos de combatir eficazmente la corrupción, en realidad constituyen barreras a la actividad económica. Aunque hasta ahora ha declarado que no ejercerá su veto en contra del decreto, esperemos que el Ejecutivo del Estado escuche a la sociedad, particularmente a todas las organizaciones y personas que se han destacado por su lucha en contra de la corrupción en el estado.

El pataleo de la partidocracia

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En la última sesión del periodo legislativo de primavera, los diputados del HCNL  aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, supuestamente modificada para ajustarla a las necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta Ley tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes  de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  Y las sanciones correspondientes a las fallas de los propios servidores públicos. 

Curiosamente, en esta Ley destinada a los servidores públicos, se incluye un artículo obligando a los accionistas y socios de las empresas que quieren hacer negocio con el gobierno como proveedores, a presentar su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de interés). Se intentó establecer la misma obligación a nivel federal, hace algunos años, y el presidente Peña Nieto la vetó. El origen de esta exigencia es una venganza de los políticos que no aceptan que les exijan sus declaraciones de bienes y que pretenden exigir la misma obligación a los empresarios que quieren hacer negocio con el gobierno. Solamente, se olvidan una cosa: los servidores públicos administran los recursos de todos los mexicanos. Los empresarios, administran sus propios recursos. 

En Nuevo León, la partidocracia del PRIAN logró imponer la permanencia de este artículo en la Ley, y en forma por demás extraña, la llamada chiquillada de los partidos minoritarios, la aprobó cómo si fuera algo natural.  La Ley fue aprobada por unanimidad de los diputados. Ocurren situaciones muy raras en el Congreso; por esto tiene tan poca credibilidad, a pesar de algunas excepciones valiosas. 

¿Por qué no existirá la independencia de juicio para rechazar posturas a todas luces inaceptables? ¿Qué fuerza sobrenatural tendrá el PRIAN para que los diputados de MC, de Morena y otros se dobleguen frente a imposiciones tan absurdas y cuyo único propósito es provocar el veto de la Ley y por lo tanto la imposibilidad de aplicarla hasta que en una nueva sesión legislativa, se corrija o ¡hasta que nunca se corrija! 

El ejercicio de la política no es de extraterrestres. Hace falta que enviemos al Congreso más diputados dotados de sentido común, y no individuos que se atribuyan privilegios inexistentes. La política es la búsqueda del bien común. No del bien particular de unos cuantos individuos que pretenden picarnos los ojos. Aquí en Nuevo León, la partidocracia sigue disfrutando de la poca capacidad de quienes quisieran imponer un nuevo orden. 

Faltan diputados y alcaldes a su compromiso por un NL sin corrupción

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El compromiso adquirido por 21 diputados locales y 11 alcaldes de Nuevo León al firmar la Agenda por un #NLsinCorrupción, hasta hoy ha sido cumplido solo por un mínimo grupo de ellos que presentaron e hicieron pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

En busca de robustecer el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Nuevo León, el 09 de junio de 2018, la ciudadanía organizada convocó a los entonces candidatos a las alcaldías y el Congreso, quienes se comprometieron a presentar su 3de3 una vez fueran electos, obligación establecida en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución del Estado.

A ocho meses del evento, y en seguimiento a las firmas plasmadas en la Agenda por un #NLsinCorrupción, quienes impulsamos esta iniciativa realizamos una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer qué diputados y alcaldes han dado cumplimiento a esta obligación constitucional.

Del ejercicio se desprende que de los 21 diputados locales que firmaron la Agenda  por un #NLsinCorrupción, 14 presentaron su 3de3, de los cuales solo 5 lo hicieron público. Mientras que aquellos que no respondieron a nuestra convocatoria, 16 presentaron su declaración, y solo 2 legisladoras dieron una versión pública.   

En el caso de los alcaldes, de los 11 que firmaron por un #NLsinCorrupción, 10 presentaron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses; de los que solamente 2 decidieron hacerlas públicas. Por otro lado, de los ediles que no se comprometieron con nuestro llamado, 23 realizaron su 3de3, y solo 4 hicieron públicos sus documentos.

Consideramos que contar con estos instrumentos de rendición de cuentas contribuye a dar un seguimiento puntual a los cambios en el patrimonio de una autoridad e identificar posibles irregularidades, a conocer si tiene un conflicto de interés con algún proveedor, o algún empleado que trabaje con ellos. Y se convierte en un mecanismo indispensable para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en Nuevo León.

Cabe destacar que la misma legislación precisa que al no presentar u ocultar información en estas declaraciones, se incurre en una falta administrativa grave en el caso de servidores públicos; planteado desde la Constitución del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La ciudadanía, que entregó su confianza en las urnas a quienes ahora los representan en el Congreso local y las alcaldías de Nuevo León, se encuentra a la expectativa de su desempeño y compromiso en el combate a la corrupción, un cáncer que continúa dejando daños colaterales en México.  

Quienes hemos impulsado la Agenda por un #NLsinCorrupción hacemos un llamado a la Contraloría del Estado a fin de que inicie las investigaciones correspondientes y en todo caso se dé vista a la Sala Especializada en Combate a la Corrupción para que sancione a quien corresponda.

En el caso del Congreso local

21 diputados firmaron los compromisos #NLsinCorrupción
14 diputados presentaron sus declaraciones 5 hicieron su versión pública
9 no hicieron su versión pública
7 diputados no presentaron sus declaraciones
21 diputados no firmaron los compromisos #NLsinCorrupción
16 diputados presentaron su declaración 2 hicieron su versión pública
14 no hicieron su versión pública
5 diputados no presentaron sus declaraciones

En el caso de las alcaldías

11 alcaldes firmaron los compromisos #NLsinCorrupción
10 alcaldes presentaron su declaración 2 hicieron su versión pública
8 no hicieron su versión pública
1 alcalde no presentaron su declaración
40 alcaldes no firmaron los compromisos #NLsinCorrupción
23 alcaldes presentaron su declaración 4 hicieron su versión pública
19 no hicieron su versión pública
17 alcaldes no presentaron su declaración

PAN planteará ampliar legítima defensa

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La bancada del PAN en el Congreso local presentó su propuesta de agenda mínima para el periodo que inicia el 1 de febrero y en ella destacan reformas al Código Penal para contemplar la legítima defensa cuando se trate de proteger negocios o vehículos particulares.

Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción, dijo que actualmente la legítima defensa se contempla sólo para casos en los que haya un ingreso violento a un domicilio particular que ponga en riesgo la integridad o el patrimonio de quienes se encuentren en él.

“Se avanzó con la legítima defensa en la pasada Legislatura, pero hoy vamos a ampliar para los autos y los negocios… que tengas la facilidad de portar un arma de fuego, como hoy lo tiene establecido la Constitución en su artículo 10“, expresó.

“Lo que buscaremos es poderlo ampliar a nivel estatal a que pueda ser también para defenderse tu patrimonio, tu negocio o tu automóvil, es un tema que va a fortalecer más al ciudadano… siempre y cuando sea un arma de fuego permitida por la Ley federal“.

Agregó que puede ser un tema polémico, pero se analizará en mesas de trabajo y los términos de la reforma se irán perfeccionando con base a ello antes de dictaminarse.

De la Fuente añadió que la base del trabajo legislativo en el próximo periodo serán acciones en materia de anticorrupción, transporte público, desarrollo urbano y movilidad, desarrollo sustentable y medio ambiente, seguridad y justicia, desarrollo social y combate a la pobreza.

“Trabajaremos para terminar, para cerrar el ciclo del Sistema Estatal Anticorrupción con la Ley de Responsabilidades y la de Fiscalización“, añadió, “y también traemos el desarrollo urbano, transporte público y movilidad, que esperamos concretar la nueva Ley de Transporte y Movilidad y también vamos a trabajar fuertemente en la regularización del transporte privado Uber“.

En materia de desarrollo urbano, indicó, están considerando la aprobación de la Ley de Estacionamientos, que contempla la ampliación del tiempo en el uso gratuito de cajones de plazas y centros comerciales y obliga a los centros comerciales a contar con un seguro por robo y daños.

Además, dijo, promoverán el cuidado de la calidad del aire, la reforestación de los espacios públicos y privados, el reciclaje y una Ley de Cambio Climático.

La designación inconstitucional del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El 1º de octubre pasado, inició la operación completa del Sistema Estatal Anticorrupción en nuestro estado (SEANL). En efecto, en esa fecha se instalaron el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador y el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. Además, se designó a la persona que por cinco años ocupará la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción: el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda.

Esta persona era, hasta unas cuantas horas antes de su designación, integrante del Comité de Selección y, por ende, había participado tanto en los actos y decisiones que prepararon el acto definitivo de nombramiento del H. Congreso del Estado en los casos de la Fiscalía Anticorrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa; así como en la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Desde mi perspectiva, esta designación es inconstitucional por las razones que en adelante desarrollaré: i).- La existencia de un real conflicto de intereses; ii).- La violación al derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad; y iii).- La afectación al derecho al acceso a la información que facilite el control social de las decisiones públicas.

i).- Quien designa es favorecido por aquellos a quienes antes él designó

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se define como “conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” La Secretaría de la Función Pública ha interpretado que “cuando un conflicto de intereses se ignora, se actúa indebidamente y de manera deliberada sobre éste o influye en ciertas decisiones, las conductas, acciones u omisiones (…) se pueden configurar otras conductas que violan la ley como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y otras.” En este sentido, la OCDE ha concluido que en la colisión entre el deber público y los intereses privados, éstos no se limitan a los intereses financieros o patrimoniales, o a aquellos intereses que proporcionan un beneficio personal directo al empleado. Un conflicto de intereses puede implicar a actividades privadas, relaciones personales, intereses familiares, si se considera que esos intereses pueden razonablemente influir indebidamente en el ejercicio de sus obligaciones oficiales.

¿Habrá alguien quien razonablemente pueda argüir que no existe un beneficio personal cuando quien es designado para un cargo público recibe el voto aprobatorio de tres personas a quienes él mismo designó antes, y de dos personas más respecto de cuyos procedimientos de designación participó en la preparación del acto definitivo?

La Ley del SEANL se hace cargo de estos potenciales conflictos de intereses cuando prohíbe, expresamente, que dentro de los seis años siguientes a su encargo, las y los integrantes del Comité de Selección funjan como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sostengo que, de forma analógica a esta prohibición y a mayoría de razón, debe existir esta prohibición para quien, habiendo sido integrante del Comité de Selección por la mañana, sea designado Secretario Técnico por la tarde.

La forma en que se designó a este funcionario público, no hace sino reforzar lo que se conoce como la captura de los puestos públicos. Esta práctica de la administración pública mexicana, desafortunadamente, impide garantizar “el ingreso y el desarrollo de los funcionarios con base en criterios objetivos como el mérito, la certeza, la igualdad y la independencia.”

ii).- ¿Y dónde está la Convocatoria?

En una publicación en la red social Facebook, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEANL afirman que realizaron juntas de trabajo informales desde el día en que tomamos protesta de ley en fecha 1º de septiembre de 2018 (…) con el único objeto de preparar lo que sería el inicio de nuestras funciones y avanzar lo más rápido posible en la implementación de las labores del sistema y las tareas que nos corresponden, siendo indispensable sin duda alguna para la debida operación del Sistema, contar con el Secretario Técnico en funciones… Por su parte, apenas el pasado 19 de octubre, el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL publicó el Acuerdo No. 1 en donde consta el nombramiento del referido Secretario Técnico. En ambas comunicaciones se señala que se cumplió con los artículos 36 y 40 de la Ley del SEANL; sin embargo, en ningún momento refieren como fundamento del nombramiento el numeral 41. A fin de ser más claro respecto a la obligación del Comité de Participación Ciudadana de emitir una convocatoria pública para el cargo, comparo dos disposiciones normativas, una de la Ley General del SNA y la otra de la Ley del SEANL, únicamente en lo que se refiere a la convocatoria para el cargo:

Comparación de requisitos para ser Secretario Técnico
LEY GENERAL DEL SNA LSEANL
Artículo 34.Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

(…)

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 41. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los siguientes requisitos:

(…)

  1. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador, o Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

¿Quién puede tener duda de la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para el cargo cuando, en el caso del Sistema Nacional, de una sola mención se derivó la obligación de la convocatoria pública respectiva? Por el contrario, ¿cómo se puede justificar que de cinco menciones expresas en la Ley local el Comité de Participación Ciudadana haya realizado solamente “juntas de trabajo informales” y no una convocatoria pública?

Afirmo que a cualquier ciudadano de Nuevo León interesado en participar para el cargo, le fue violentado su derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, toda vez que ni siquiera se tuvo la oportunidad de ser considerado en el procedimiento respectivo que debió derivarse de la convocatoria pública para la integración de la terna y el nombramiento de la persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1.c] del Pacto de San José,  no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho(…). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que: Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Igualmente, se incumplió con la obligación establecida en el artículo 7, inciso a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dado que al no haberse emitido convocatoria alguna, el procedimiento de designación del Secretario Técnico no se basó “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.” Esto es, se impidió, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acceso a la función pública sea acorde a los principios de eficiencia, mérito y capacidad.

iii).- Ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas

De nueva cuenta, el consenso universal hace énfasis en lo siguiente: Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. (Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Defiendo que al no haber existido convocatoria pública alguna, a cualquier persona interesada en participar para el cargo, o a cualquier persona que desease controlar el ejercicio de esta facultad de nombramiento, se le impidió tener acceso a información pública relevante, como por ejemplo la que a continuación se señala de forma enunciativa mas no limitativa:

a).- Información acerca del período dentro del cual podrían inscribirse las personas interesadas. b).- Información respecto a los medios oficiales y de circulación local en que se publicaría la convocatoria pública. c).- Información sobre el lugar y hora para la entrega de las solicitudes y documentos necesarios para acreditar los requisitos. d).- Información respecto a los documentos idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 41 de la LSEANL. e).- Información acerca de la consecuencia jurídica de no acompañar algún o algunos documentos para acreditar los requisitos. f).- Información sobre las actuaciones o diligencias que permitieran apreciar los conocimientos, aptitudes y méritos de las y los aspirantes, tales como entrevistas públicas, ensayos, y/o exámenes. g).- Información acerca de requisitos derivados de otras normas constitucionales como por ejemplo, una garantía de paridad de género en la conformación de las y los finalistas a integrar la terna (recuerden que la “terna” que conoció el Organo de Gobierno estuvo conformada solamente por hombres). h).- Información respecto a la fecha límite en la cual el órgano competente habría efectuar el nombramiento.

¿Cómo controlar las decisiones de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción si impiden el acceso a la información pública respecto de una decisión tan importante como la designación del único funcionario del Sistema al cual se le debe exigir el mayor conocimiento técnico en la prevención, sanción y combate de la corrupción?

Finalmente, más allá de los argumentos normativos que he expresado, creo que como sociedad debemos formularnos  la siguiente pregunta: ¿Esta primera decisión de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción en realidad respetó el deber general de las autoridades anticorrupción de servir de ejemplo de honradez, transparencia, rendición de cuentas y garantía de los derechos humanos?

Sociedad Civil se opone a nombramiento de Secretario Técnico del SEA

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El nombramiento de Joaquín Ramírez como Secretario Técnico deslegitima todo el Sistema Estatal Anticorrupción, acción que se da en la opacidad y a espaldas de la ciudadanía en el primer día la operación del Comité Coordinador.   

Proceso carente de publicidad y transparencia

Luego de que el lunes se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, sus integrantes, en una reunión secreta y opaca, eligieron a Joaquín Ramírez haciendo a un lado los principios constitucionales que deben regir cualquier decisión del SEA: La máxima publicidad y transparencia de conformidad con el artículo 109 Constitucional

Conflicto de intereses

Además de no presentar públicamente una terna de candidatos para este puesto, el CPC toma su primera decisión desconociendo uno de los principales hechos de corrupción descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas: el conflicto de intereses.

Joaquín Ramírez al ser integrante del Comité de Selección participó en la  selección de los candidatos para puestos de: Fiscal Anticorrupción, Magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Resulta ahora ser el afortunado seleccionado por los mismos integrantes del CPC, y votado, por un Comité Coordinado donde participan a los elementos antes mencionados.   

Además, esta persona renunció ayer al Comité de Selección, el mismo día que fue seleccionado para ser Secretario Técnico del SEA. Nos extraña la facilidad con la cual el Congreso del Estado aceptó su renuncia con sólo algunas horas de diferencia, cuando en la pasada Legislatura, la diputada Yanira Gómez declaró que sólo el Pleno del Congreso está facultado para aceptar la renuncia a un integrante del Comité de Selección. Es extraño porque en el caso de Pedro Torres, la renuncia fue aprobada tres meses después de que la presentara en la Oficialía de partes del Congreso.

El proceso es por demás opaco, ya que, además, hasta el momento desconocemos si Joaquín Ramírez cumplió con los requisitos legales de presentación de 3 de 3 ante el Comité de Selección.

Votación viciada legalmente

El lunes se instaló un Comité Coordinador con la presencia del encargado del despacho de la Contraloría del Estado, siendo que legalmente deben de participar sólo los titulares de cada órgano integrador del Comité Coordinador. Si el encargado participó en la sesión secreta donde se eligió a Ramírez, la elección podría estar legalmente viciada.

Falta de legitimidad y perfil técnico para el cargo

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley del SEA, el Secretario Técnico del SEA debe tener experiencia verificable en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Ninguno de los anteriores queda acreditado en el currículum público que presentó Joaquín Ramírez para ser aceptado por el Comité de Selección.

Los ciudadanos aquí presentes manifestamos nuestra profunda frustración ante la forma con la cual se ha venido integrando el Sistema Estatal Anticorrupción. Nuestra aspiración como Coalición Anticorrupción siempre ha sido tener el mejor SEA del país. Sin embargo, las últimas decisiones de integración del Comité de Participación Ciudadana y del Secretario Técnico, nos dejan claro que Nuevo León quedó muy por debajo de las experiencias vividas en otros estados.

Recordamos al Comité Coordinador que como cualquier órgano de gobierno tienen que fundamentar y motivar todas sus decisiones, exigimos que se dejen sin efectos las actuaciones del Comité Coordinador  y que el Comité de Participación Ciudadana convoque a organizaciones de sociedad civil y ciudadanos antes de que tomen cualquier otra decisión o actuación.

Asimismo, convocamos a todos los ciudadanos a que se unan y exijan el cumplimiento a la letra de la Ley y de nuestra Constitución para un verdadero combate a la corrupción. 

Auditoría Superior del Estado investiga al Bronco por desvío de recursos

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La Auditoría Superior del Estado (ASE), vía una unidad especial, está investigando la denuncia presentada por organizaciones ciudadanas contra el Gobernador Jaime Rodríguez, por el presunto desvío de recursos públicos para obtener las firmas que le permitieron registrarse como candidato a la Presidencia de México, dijo Jorge Guadalupe Galván.

A principios de septiembre, miembros del Consejo Cívico y de otras organizaciones civiles presentaron ante la Auditoría una denuncia de hechos contra el Ejecutivo estatal por presunto desvío de recursos públicos vía varios funcionarios de su Administración.

“Nosotros lo que hicimos fue pasar el caso a la Unidad de Investigación de nuestro órgano, que es la que está ya en el proceso de la investigación, es un órgano que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se le dio entrada”, expresó el titular de la ASE.

En la misma carpeta, añadió, se verá la solicitud de organismos electorales para que se investigue ese mismo hecho.

Reconoció, sin embargo, que como aún no se han hecho algunas modificaciones legales, los resultados de la investigación se estarían presentando en el informe de la cuenta pública del Estado correspondiente al 2018, es decir, hasta octubre del 2019.

“Como no se ha reformado la Ley de Fiscalización“, añadió, “pues ahorita sólo podríamos presentar nuestros hallazgo en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente“.