Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción de Nuevo León

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El Sistema Anticorrupción delineado en la Constitución Política es estructuralmente complejo: Un entramado de órganos que deben estar coordinados entre sí para prevenir, combatir y castigar la corrupción en México. De los tres modelos de instituciones anticorrupción posibles, es decir, a) el de múltiples objetivos pero con facultades para hacer cumplir la ley, b) el exclusivamente con facultades de cumplimiento de la ley y c) el que cuenta con facultades de políticas preventivas y de coordinación, en nuestro país creamos un cuarto modelo: el modelo de la muñeca rusa.

En efecto, el Sistema Anticorrupción contempla la difícil coordinación de órganos y poderes encargados de la investigación y sanción penal y administrativa, de la fiscalización y auditoría, del acceso a la información, y de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención. En Nuevo León contamos ya con algunas de las nuevas piezas de la matruska anticorrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En breve, tendremos en operación un muy importante órgano del Sistema: el Comité de Participación Ciudadana (CPC Nuevo León). La designación de las personas que integren el CPC Nuevo León completará la creación del Comité Coordinador del Sistema. Sin embargo, aún faltará un órgano más, me refiero a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Como puede apreciarse de este breve recuento, por ahora hemos estado centrados en completar la fase estructural del sistema (integración de órganos y nombramiento de servidores públicos), sin embargo, no hemos debatido respecto a algo de vital importancia para la definición de las políticas públicas anticorrupción: Las implicaciones negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Este enfoque toma especial importancia en Nuevo León dado que, como mencioné anteriormente, estamos a pocos días de que se integre uno de los órganos más importantes del sistema, el CPC de Nuevo León. Desde mi perspectiva, las personas que integren este órgano, no sólo deberán abordar la política anticorrupción en nuestra entidad desde una perspectiva punitiva, sino, sobre todo, desde una de índole preventiva. Para esto deben incorporar en el núcleo de su actuación el enfoque de derechos humanos.

¿Por qué debe el CPC de Nuevo León adoptar como una de sus dimensiones de análisis este enfoque?

Primero, porque existe suficiente material doctrinal que sustenta las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute los derechos humanos. En efecto, la corrupción tiene las siguientes consecuencias: a) consecuencias negativas individuales, como cuando se da acceso discriminatorio a un servicio público; b) consecuencias negativas colectivas, por ejemplo, cuando se excluye a personas pobres del acceso a bienes y servicios prestados por la administración pública; y c) consecuencias negativas generales, porque la corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera dimensión, consecuencias negativas individuales, es de resaltarse que “en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.” Un ejemplo de la segunda dimensión, consecuencias negativas colectivas, y con una afectación al derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, es el trágico caso de niños en Veracruz a quienes se les administraba agua destilada en lugar de recibir sus quimioterapias para el cáncer que padecían. La tercera dimensión, consecuencias negativas generales, puede fácilmente apreciarse racionalizando todo lo que podría haberse hecho para el desarrollo del país de no haberse capturado fondos públicos para beneficio privado.

Segundo, porque México es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, por ende, está obligado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. 

Desde esta perspectiva, las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y el deber de los Estados antes señalado, ha sido reconocido recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En este caso, la Corte Interamericana concluyó que la debilidad institucional de los órganos de control y una norma flexible e inadecuada facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia y corrupción que propiciaron ilegales adopciones internacionales de niñas y niños guatemaltecos, con lo cual se violaron los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, derechos del niño, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas en ese caso. Esto reafirma las consecuencias negativas que tiene la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos.

Sin duda, las políticas anticorrupción y la protección de los derechos humanos deben ir de la mano, tal como ha sostenido el panel de expertos que convocó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir este tema.

Sostengo que la política anticorrupción en Nuevo León debe incorporar este enfoque porque, como ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2013: La corrupción mata; la corrupción impide el desarrollo; la corrupción golpea primero y con más fuerza a los pobres; la corrupción fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción, por ende, debe contemplar al menos los siguientes aspectos: i) la relación entre corrupción y discriminación; ii) la vinculación entre corrupción y pobreza; iii) la inclusión de grupos vulnerables en el monitoreo de servicios y bienes que más les afectan; iv) una metodología de análisis de adquisiciones públicas centrada en los resultados y el contenido, más que en el procedimiento; v) la coordinación con las autoridades competentes para establecer la relación entre corrupción política y vulneración de derechos humanos; vi) el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad; vi) la incorporación de la perspectiva de género. Para todo lo cual, se debe identificar el marco de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

En suma, para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción de nuestro país y de nuestro estado es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Los órganos del Sistema Anticorrupción en Nuevo León, en ese sentido, deben dar ejemplo al colocar en el centro de las políticas anticorrupción a las personas y el disfrute de sus derechos humanos. Solo esperemos que la complejidad de operación de la muñeca rusa no sea un obstáculo para incorporar este enfoque en la prevención, combate y sanción de la corrupción en nuestro estado.

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

¿Qué sea un delito no cumplir promesas de campaña? Ya se propone…

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El candidato a Diputado Federal por el Distrito 11, Marco Vargas, en conjunto con Paco Bustillos Soto, candidato a la alcaldía de Guadalupe, abanderados por el PRD, presentaron ayer una iniciativa de Reforma en donde se propone considerar como delito aquellas promesas de campañas que se vieron incumplidas.

Francisco Bustillos señaló que actualmente los legisladores cuentan con 10 iniciativas rezagadas relacionadas con este asunto. Por tal motivo se presentó ante la Oficialía de Partes un exhorto a los diputados para que saquen de la “congeladora” este tema.

Para Bustillos, el Congreso olvidó legislar sobre este tema en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que pidió urgente resolución a la presidenta Karina Barrón.

“Tenemos el Código Penal para reformar, pero el Congreso parece que, con toda la intención, porque muchos de los diputados se fueron con licencia para reelegirse y otros a otros cargos, crearon el Sistema estatal Anticorrupción, pero casualmente no legislaron sobre ese tema”.

Bustillos dijo que es común que los candidatos prometen cosas que no cumplen mientras obtienen el voto. 

“Tenemos en el estado bastantes ejemplos de que cuando los candidatos están en campaña prometen muchas cosas que luego no cumplen, o prometen cosas que no les corresponden, como Pedro Garza que ha prometido que bajara la gasolina en su gobierno.”

“El ciudadano engañado por las promesas y lo atractivo que resultan, en ocasiones vota por ellos y resulta que cuando ejercen el cargo ya no cumplen”, explicó.

Bustillos considera que el delito puede equipararse a un fraude, para lo que tendría que reformarse el Código Penal del estado. Los candidatos no propusieron sanciones, pidieron recoger las iniciativas anteriores para juntar las ideas y que el tema no se politice.

“Estamos en la Etapa de la efervescencia política y hay promesas de todo tipo, inclusive de construir estadios. Y sabemos que hay gente que en el pasado prometió no chapulinear.”

“El 70 por ciento de quienes son candidatos van de un cargo a otro. Ya no necesitaríamos estar todos los años exigiendo que cumplan el cargo. Lo prometes, lo cumples o te sancionan”, agregó.

Congreso Local asegura que se pondrán al día

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El último periodo ordinario de sesiones en el H. Congreso del Estado ha dado inicio y los posicionamientos políticos y electorales acapararon la esencia de la primera sesión.

Ante necesidad de resolver problemáticas, se exhortó a los legisladores que dejen a un lado el fin político y logren avanzar en temas de Reformas como: medio ambiente, anticorrupción, transporte y movilidad, así como establecer los criterios de la revocación de mandato. Hay que resaltar que ante la llegada del periodo electoral “urge” resolver tales pendientes en beneficio de los ciudadanos neoleoneses.

Por otra parte y uno de los ejes rectores de este último punto es la designación de los tres Fiscales Anticorrupción y del Magistrado del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se deberá seguir de cerca la labor que realicen nuestros legisladores en este periodo ordinario

Presentan Incorruptible, plataforma ciudadana contra la corrupción

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El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción abre nuevas oportunidades de colaboración en el combate a la corrupción. Por ello es que, para involucrar más a los ciudadanos e incluso a servidores públicos, Consejo Cívico en alianza con Borde Político, lanzaron el día de hoy la plataforma Incorruptible en la que se podrán recibir denuncias de actos de corrupción. El lanzamiento se da en el marco del Día Internacional Contra la corrupción, este 09 de diciembre.

A tres años de su lanzamiento, Yo di un moche, primera plataforma de su género en México, evoluciona y se une a los esfuerzos ejercidos en varios estados por Incorruptible.mx para lograr un vínculo estrecho con las autoridades locales encargadas de combatir los actos de corrupción.

Incorruptible.mx es una iniciativa desarrollada por Borde Político adoptada en la Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Coahuila y ahora Nuevo León para ofrecer a los ciudadanos una página web y una app para dispositivos móviles, que son herramientas de vanguardia para la denuncia de casos de corrupción.

Destaca que, gracias a la tecnología que la respalda, con esta plataforma podrás realizar denuncias individuales y colectivas de forma anónima y añadir evidencias; podrás hacerlo en tiempo real de manera georeferenciada; dar seguimiento puntual a los casos de corrupción; recibir notificaciones de estado y conocer los diferentes actos de corrupción en los que se incurre diariamente. En el sitio también encontrarás artículos de opinión, infografías, videos y noticias que muestran la imperante necesidad de combatir y denunciar esta dañina práctica en Nuevo León.

Adicionalmente, la app cuenta con la facilidad de monetizar los actos de corrupción. Y es que, aunque existen datos acerca de los índices de percepción al respecto, hoy en día es difícil saber a ciencia cierta cuánto nos cuesta la corrupción en México.

Su alcance es muy importante, ya que la plataforma ofrece un enlace hacia la Contraloría Estatal y las Municipales, así como a la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de dar seguimiento y respuesta a las denuncias, sin perder su estatus de anonimato. Además, al programa se han sumado aliados entre los que se encuentran Hagámoslo Bien, Creando Espacios, Cívica Digital, Despierta Cuestiona y Actúa, Ciudadanos Contra la Corrupción, así como Canaco Monterrey, Caintra y Coparmex Nuevo León.

De esta manera, Consejo Cívico, a través de Incorruptible.mx, busca una mejor articulación entre autoridades, sociedad civil organizada, medios de información y ciudadanos que quieran combatir la corrupción a través de la denuncia, para juntos colaborar en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Este es un esfuerzo de la sociedad civil organizada que sale a la luz luego de la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativa como parte de todo el andamiaje del Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, para socializar las nuevas reglas del juego.

Para conocer más, ingresa a: https://app.incorruptible.mx/. La app se encuentra disponible para su descarga en iOS y Android.

Aprueba Congreso estatal a integrantes de Comité de Selección

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El Congreso de Nuevo León definió ayer a los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes serán los encargados de hacer una preselección de los candidatos a las Fiscalías General, Anticorrupción y Especializado en Delitos Electorales.

Además, también deberán seleccionar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Los elegidos son Marcela Chavarría, Salvadora Peña Warden, Joaquín Ramírez de la Cerda, María Genoveva Saldaña Leal, Pedro Rubén Torres Estrada, Gustavo González Fuentes, Jesús Viejo González, Gabriel Augusto Reyes García y Luis Gerardo Treviño.

Ellos son representantes de la academia, de la iniciativa privada, así como de organizaciones civiles.

“Serán nueve hombres y mujeres que nos ayudarán en el proceso de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo primordial será castigar a los malos funcionarios… aquí no hay prietitos en el arroz, hay transparencia, un proceso limpio que está marcando historia”, expresó Marco González, coordinador del PRI en el Congreso local.

El grupo de los nueve 

  • Marcela Chavarría, de la Universidad de Monterrey
  • Salvadora Peña Warden, del Consorcio Educativo Warren
  • Joaquín Ramírez de la Cerda, de la Facultad de Derecho de la UANL
  • María Genoveva Saldaña Leal, de la Universidad Americana del Noreste
  • Pedro Rubén Torres Estrada, del Tecnológico de Monterrey
  • Gustavo González Fuentes, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
  • Jesús Viejo González, Consejo Nuevo León, CCINLAC, ARCA Continental
  • Gabriel Augusto Reyes García, Únete Pueblo
  • Luis Gerardo Treviño, Vertebra

Piden PAN al Bronco que defina sus aspiraciones.

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El Congreso local inicio oficialmente el primer periodo ordinario de sesiones del tercer y ultimo año de ejercicio de la Legislatura 74.

Ya con la presencia del Gobernador Jaime Rodríguez en el recinto, la presidenta del Congreso local, Karina Barron, realizo la declaratoria de arranque de actividades del Pleno.

Durante los discursos, las bancadas ofrecieron abatir el rezago y buscar consensos.

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, exigió al Gobernador definir si dejará el cargo para buscar la Presidencia.

Mientras que Marco González, del PRI, informo que este domingo serán publicadas las convocatorias para el Sistema Estatal Anticorrupción.

La sesión concluyo poco después de las 14:00 hrs.

En un discurso frontal y de reclamo, Arturo Salinas, coordinador de la fracción del PAN, le exigió al Gobernador Jaime Rodríguez definir ya si abandonara a Nuevo León para buscar la Presidencia de la República.

Ademas le pidió dejar de meter las manos en los órganos electorales, respetar la Ley y las resoluciones de las autoridades e instruir  a su Secretario General de Gobierno, Manuel González, a dejar de recurrir el Sistema Estatal Anticorrupción.

El próximo año, agregó, todos los partidos y los gobiernos independientes serán evaluados por los ciudadanos, y le advirtió que si no atiende las opiniones de los órganos electorales, conocerá lo que el PAN puede hacer como oposición.

Buscan “blindar” Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

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Las comisiones  de Puntos Constitucionales y de Legislación aprobaron el día de ayer viernes 23 de junio dictámenes para la primera vuelta de reformas con las que se busca blindar la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción elevándola a rango constitucional.

Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la iniciativa de reforma al Artículo 152 de la Constitución local para darle supremacía a la Ley del SEA hará que su modificación se requiera de dos vueltas y de una mayoría calificada del congreso, además de que estas reformas no puedan ser puedan ser vetadas por el gobierno en turno.

En el caso de la modificación al Artículo 71 y la adición de un 71 BIS a la constitución, Salinas menciono que la intención era proteger la labor reformadora del poder legislativo y evitar que el poder ejecutivo demore la publicación de las reformas aprobadas por el Congreso.

Durante el debate del tema, Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, menciono que deberían de establecerse sanciones si no se respetan los plazos para la publicación de leyes y reformas, y se le ofreció para considerarlo como debate en el Pleno o cuando se dictamine una segunda vuelta.

#HojaDeRuta: “Golpes a la Sociedad Civil Organizada”

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Durante el último mes la sociedad civil organizada de Monterrey ha recibido un par de duros golpes por parte de las autoridades: el desaguisado y distanciamiento de los ediles metropolitanos a la plataforma Alcalde Cómo Vamos, y el rechazo del gobernador Jaime Rodríguez al Sistema Estatal Anticorrupción que diversas agrupaciones ciudadanas trabajaron junto al congreso. Aunque han abundado señalamientos e intentos de justificaciones por todas las partes involucradas, se ha debatido poco la lógica y cálculo de estas maniobras políticas. Aventuremos una explicación.

En el caso de la plataforma Alcalde Cómo Vamos, las señales de tensión y desgaste no son nuevas. La inconformidad de los alcaldes había sido expresada en anteriores ocasiones, la verdadera pregunta es: ¿por qué los alcaldes pueden con tal ligereza amenazar con abandonar la plataforma o condicionar su permanencia? La respuesta es simple: porque tienen el capital político de su lado, y por tanto, el costo político de poner en entredicho, o incluso abandonar la plataforma, es relativamente bajo. Esto es debido a que las múltiples organizaciones que la conforman tienen larga trayectoria y defienden causas loables, pero en términos de real politik, cuentan con una muy limitada base social.

En este sentido, la sociedad civil organizada se conforma como una élite que está más cerca de la clase política que de la ciudadanía en general. Su arma principal es la vocería con resonancia mediática, la cual ejerce presión, pero como cualquier otro recurso, su efecto es limitado. Los esquemas tradicionales de consejos o conjunción de organizaciones suelen surtir efectos positivos, pero mantienen la participación limitada a las instituciones (sociales y privadas) tradicionales, por lo tanto limitando la representación. Por supuesto que la labor que estas organizaciones realizan es fundamental y de alto valor, el tema es que sus plataformas no se socializan lo suficiente.

Tomemos como ejemplo el Informe País para la Calidad de la Ciudadanía en México, realizado por el INE y el Colmex. Al medir el índice de confianza, el estudio encontró que solo el 30% de los mexicanos confía en los gobiernos municipales, y en las organizaciones de la sociedad civil, la cifra sube apenas a 40%. Esto da una idea de la distancia que existe entre la ciudadanía general tanto con las autoridades como con las organizaciones de la sociedad civil.

También podríamos tomar como ejemplo la elección de gobernador de 2015: se dio un fenómeno social hacia una opción alternativa que consiguió una votación inusitada, pero fue un tsunami, una gran ola que rompió rápido. Esto es lógico, la enorme mayoría de la ciudadanía está desorganizada. El citado estudio del INE aventura una hipótesis con tres elementos para explicar la debilidad ciudadana:

1. La desconfianza que existe entre la ciudadanía, y de la ciudadanía hacia la autoridad.

2. La desvinculación en redes que vayan más allá de la familia, amistades o religión.

3. La decepción ante los resultados de la democracia.

Una de las respuestas podría estar en impulsar una mayor organización y politización ciudadana, por ejemplo, mediante los Comités Ciudadanos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana estatal, cuestión que organizaciones como Alianza Cívica han visualizado e impulsado.

La clase política tienen recursos, herramientas, espacios y estructuras para generar cuadros, mantener organización y empujar su agenda. La sociedad civil flaquea en este aspecto, a pesar de ser mayoría. Ahí radica hoy su debilidad, y al mismo tiempo, el enorme poder por desarrollar.