En medio de una guerra de poderes entre el Estado y el Congreso, los diputados locales desean tomar como rehén el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) una situación que como sociedad el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León A.C. (CCINLAC), aseguró que no habrían de permitir.
Por ello en voz de su Directora, Sandrine Molinard se reveló que mantendrían una lucha constante porque esto no se concrete.
Es así que el Consejo Cívico presentó su Informe de Hallazgos y Reflexiones sobre la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en Nuevo León (2016-2023). Este informe fue presentado durante el evento “¿Quién quiere desaparecer al SEANL?”.
Dicho ello Samuel Hiram Ramírez Mejía de la UDEM, Luis Raúl Ávila Álvarez (Director de Cómo Vamos Nuevo León), Daniela Mendoza Luna (Periodista fundadora y directora de Verificado MX), Cecilia Carrillo López (Directora General de Coparmex Nuevo León), y Luis A. García Campuzano (ex consejero de Consejo Cívico y de la Coalición Anticorrupción) se han unido a esta queja.
La Directora General del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, destacó en su presentación la rápida captura política de los organismos de representación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL), siendo reemplazados por figuras alineadas a intereses partidistas. Este fenómeno revela la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos anticorrupción y garantizar su independencia.
“Los panelistas reflexionaron sobre el desafío de trabajar en colectivo y capitalizar coyunturas para impulsar una masa crítica, haciendo referencia al impacto social generado en 2015 con el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Además, se resaltó la importancia de fomentar la inclusión y pluralidad en los esfuerzos organizados contra la corrupción, instando a la participación activa de universidades y medios de comunicación respaldados por asociaciones civiles”.
“A pesar del estado actual del SEANL, descrito como “en coma” por uno de los panelistas, se presentaron ideas sobre cómo los sectores académico, social y empresarial pueden contribuir a la lucha anticorrupción. Samuel Ramírez subrayó la necesidad de que las universidades desarrollen líneas de investigación para medir la corrupción, mientras que los institutos electorales deben comprometerse en fortalecer la cultura cívica”.
Se enfatizó que la ciudadanía tiende a normalizar la corrupción cuando se trata del mal uso de fondos públicos o decisiones políticas con beneficio personal, señalando la importancia de actos discretos que afectan al Estado.
Se reconoció el papel complejo de los medios en esta lucha, destacando la necesidad de regular la publicidad oficial. Cecilia Carrillo, del sector empresarial, respaldó la propuesta de educar contra la corrupción mediante la capacitación en cultura de la legalidad.
(Fuente: El Porvenir MX)