Más de 200 colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, entre ellos Artículo 19, Colectivos de familiares de personas desaparecidas y Armadillos Rastreadores México, exigieron al Estado mexicano y a las autoridades investigar de manera inmediata y transparente el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron tres hornos clandestinos y restos humanos.
En un comunicado, las organizaciones advirtieron que “este es un crimen de lesa humanidad que demuestra la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y exterminio de personas jóvenes en México”. También exigieron que el reclutamiento forzado sea tipificado como delito y que se implemente una estrategia nacional para combatirlo.
El hallazgo, hecho público el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco, ha sido descrito como un “campo de adiestramiento y exterminio” operado por el crimen organizado. En el Rancho Izaguirre, en La Estanzuela, se recuperaron alrededor de 400 prendas, incluyendo zapatos, mochilas, maletas, identificaciones y restos óseos.
Los colectivos denunciaron que el hallazgo confirma el reclutamiento forzado, con al menos 70 desapariciones documentadas desde septiembre de 2024 en la Central Camionera de Guadalajara, donde las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo.
Desde 2019, Jalisco encabeza el número de personas desaparecidas a nivel nacional, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Un informe de 2021 de la Comisión Nacional de Búsqueda ya señalaba a cuatro municipios de Jalisco -Tlajomulco, El Salto, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque- entre los 10 con más cuerpos recuperados en fosas clandestinas en México.
Las organizaciones subrayaron que este caso configura un “crimen perfecto” debido a la permisividad de las autoridades frente a la violencia del crimen organizado. Advirtieron que el Estado tenía la obligación de prevenir estas desapariciones y castigar a los responsables, pero ha permitido que estas prácticas persistan, actuando en complicidad o desentendiéndose por completo de la protección de las víctimas y sus familias.