Amenaza AMLO que irá contra más jueces.

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, advirtió en conferencia que habrá más quejas contra jueces.

“Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al Ministro Arturo Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja”. 

“Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos”,  señaló el mandatario. 

El día de ayer, el Consejo de la Judicatura Federal, recibió la queja interpuesta por el presidente, en relación a la suspensión por amparo en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Cabe destacar que en una carta, Arturo Zaldívar aclaró que se abrirá una investigación sólo en caso de que ésta proceda y con pleno respeto a la autonomía e independencia del impartidor de justicia.

López Obrador aprovechó para advertir que el recibimiento de la queja, servirá como un llamado de atención sobre las actuaciones atípicas de los juzgadores.

“Pero, sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque sí se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda.

“Pero, también es llamar la atención sobre estas actuaciones, que además resultan atípicas, como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión”, expresó.

 

(Con información de Reforma)

Responde Zaldívar a AMLO: se revisará si procede indagar al juez que frenó ley eléctrica

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a la carta enviada la mañana de este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un documento difundido por el Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar le confirmó de recibida su misiva, y le afirmó que la carta sería remitida al área correspondiente del CJF.

En la carta, el ministro presidente afirmó que de existir elementos se abrirá la investigación correspondiente con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función juridiccional, así como a las garantías que la protegen.

Por otro lado, le recordó al presidente López Obrador que es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces del país “puedan actuar en un marco de independencia y autonomía”.

“Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley”, se lee en la carta.

Cabe recordar que el presidente López Obrador pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte investigar al juez que concedió una suspensión “de manera veloz” en contra de la ley de Reforma Eléctrica.

En una carta dirigida a Arturo Zaldívar, quien también es titular del Consejo de la Judicatura Federal, el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso la semana pasada.

El mandatario aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas “con el antiguo régimen” y que tenían como “modus operandi la corrupción y el influyentismo”.

Va AMLO contra juez que suspendió Ley Eléctrica

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pedirá al Consejo de la Judicatura Federal investigar a Juan Pablo Gómez Fierro, juez que suspendió la Ley de la Industria Eléctrica. 

“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, explicó el presidente.

El presidente mencionó que se ha acercado a la compañía española Iberdrola porque su gobierno está abierto al diálogo y a revisar los contratos.

“No estamos cancelando la Reforma Energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos”, añadió.

Por otra parte, las empresas con enfoque de energía renovable Zuma Energía y Eoliatec del Pacífico obtuvieron una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, afirmó Gómez Fierro.

Con información de: “Forbes México”. 

En busca de la Dictadura Perfecta

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La semana pasada hubo mucha controversia en el gremio jurista. Se planteó una posible reforma a nuestro Sistema Penal en México, misma reforma que contenía muchas leyes retrogradas a nuestro Sistema Penal actual.

Esta reforma, es una prueba más de que la cuarta transformación quiere controlar los tres poderes de gobierno, imponiéndose sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre la autonomía de los Congresos Locales.

Dentro de la propuesta, se busca crear un Tribunal Especializado en materia de Responsabilidades Penales, con la finalidad de que los integrantes del Poder Judicial Federal puedan ser juzgados en caso de que incurran en delitos relacionados con su responsabilidad. 

Este tribunal especializado estaría conformado por Jueces y Magistrados, que serían designados por el mismísimo Senado, de igual forma, el Senado tendría la facultad de observar, vigilar y controlar las intenciones de investigación que el Tribunal Especializado realice, sustituyendo la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.

En la misma propuesta, se busca la creación de un Código Nacional Penal, con la finalidad de que el Congreso de La Unión sustituya la facultad de establecer y tipificar delitos a los Congresos Locales.

Actualmente los Congresos Locales tienen autonomía para establecer y tipificar delitos, por ejemplo, cada Congreso Local tiene la facultad de definir como conducta delictiva o no delictiva la interrupción voluntaria del embarazo; de proceder la iniciativa, esa facultad que tienen los Congresos Locales quedaría únicamente en manos del Congreso de la Unión.

Éstas sólo son unas de las pocas propuestas de reforma que se plantean para la modificación del Sistema Penal en el año 2020. Es increíble el descaro del Gobierno Federal de querer controlar todo, así mismo es lamentable que teniendo actualmente un Sistema Penal garantista, regresemos a un Sistema Penal con muchas fallas y violaciones a los derechos humanos, sin olvidar todo el gasto que se ha hecho para implementar el Sistema Penal actual.

Una vez más, bienvenidos a la cuarta transformación. 

UIF estima que crimen organizado ganó $1 billón de pesos de 2016 a 2018

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Los recursos ilícitos generados en México por la delincuencia organizada ascendieron a un billón de pesos entre 2016 y 2018, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF, Santiago Nieto, sostuvo que pese a que hay cárteles como Santa Rosa de Lima, que han ido perdiendo su posición, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y se ha ido moviendo del tráfico de robo de hidrocarburos y tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión.

“La segundo amenaza tiene que ver con el nivel de recursos ilícitos generados en el país, los flujos financieros ilícitos han aumentado. Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, con información de la Fiscalía General de la República, e incluyendo el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado ascendiente a un billón de pesos entre 2016 u 2018 como ganancias de los grupos delictivos. Por supuesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país”, dijo Nieto durante la conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Por otro lado, el funcionario dijo que México se encuentra trabajando en la generación de una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados en el país con plena exactitud.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, dijo que una de las amenazas para las operaciones de lavado de dinero en nuestro país es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera.

Pese a que el porcentaje de posesión de cuentas en adultos y las transacciones digitales han aumentado en los últimos años, México sigue rezagado en materia de inclusión financiera con respecto a otros países de la región de América Latina.

“Si bien hemos tenido esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos. En las cuentas por mil adultos, comparados con países de la región, todavía estamos rezagados”, comentó Graf.

Las cuentas por cada mil adultos que registró México hasta 2018 fueron mil 16, lo cual es bajo respecto al número que tiene Perú, con mil 549; Colombia, con mil 813, o Chile, con 2 mil 848, el país más alto.

En tanto, el número de cuentas bancarias por adultos en México aumentó de 36 a 47 por ciento de 2012 a 2018, pero esto sigue siendo insuficiente.

“México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlas las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero”, agregó Graf.

(Con información de Grupo Reforma)

Suspenden a juez que dio suspensión a Alonso Ancira

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El Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, quien canceló la orden de aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, revelaron funcionarios judiciales.

La sanción derivó por haber decretado la prescripción la acción penal contra Alonso Ancira, cuando ya otro juzgado federal en la Ciudad de México había resuelto, previamente, que dicha acción no se encontraba prescrita.

Olivera Sánchez consideró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputó a Alonso Ancira en el caso de Agro Nitrogenados ya prescribió, a pesar de existir indicios de un presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de la misma causa penal, otro de los imputados es Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, contra quien se ejecutó la orden de aprehensión por el mismo delito y hoy se encuentra vinculado a proceso.

Tras la sentencia que concedió el amparo a Alonso Ancira, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de revisión que estudiará un tribunal colegiado, el cual se llevará entre tres o cuatro meses para determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia.

El CJF informó a través de un comunicado que la investigación contra el secretario en funciones de juez es por su probable responsabilidad de haber descuidado el desempeño de sus funciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

(Con información de Milenio)

Artículo 19 pide que audiencias de Emilio Lozoya sean públicas

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La organización Artículo 19 hizo votos porque todas las audiencias que tenga el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sean públicas.

En su llamado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la organización pugnó porque “el derecho a al información debe ser garantizado, sobre todo en casos de alto interés público”.

En su cuenta de Twitter, advirtió que si las audiencias se dan a puerta cerrada se viola el principio de transparencia y máxima publicidad, además de que los juicios por actos de corrupción deben ser públicos.

“Recordamos al CJF que los juicios por actos de corrupción deben ser públicos de conformidad con el art. 20 de la CPEUM”, se lee en el tweet.

Por otro lado, aseguran que la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre realizar las audiencias penales de Emilio Lozoya a puerta cerrada “viola el principio de transparencia y máxima publicidad reconocidos en la Constitución”.

De acuerdo con Artículo 18, si bien es importante respetar las medidas sanitarias, hay medios para garantizar la transparencia y publicidad de las audiencias como hacer transmisiones en vivo a través de distintas plataformas.

La organización destacó que “el derecho a la información debe ser garantizado, sobre todo en casos de alto interés público. La falta de rendición de cuentas, transparencia y publicidad en los actos de autoridades puede afectar directamente derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Contrapeso a la arbitrariedad

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El martes 16 de junio, a través del comunicado 22/2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, hicieron público un crimen atroz que todos los mexicanos debemos deplorar.

Se trata, del asesinato en el Estado de Colima y en su domicilio del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas.

Lo cual, verdaderamente constituye un hecho que como sociedad debemos lamentar.

Primero, por que se trata de la privación ilegítima de dos vidas humanas, lo cual, además de un delito, siempre será una tragedia.

Pero también, porque el fallecido se trata de un Juez federal, es decir, de un funcionario público que no es elegido por sufragio, que constantemente es susceptible de ser calumniado y difamado pues su único pecado es el no encontrarse inmerso en la política y, que al igual que la gran mayoría de su gremio alcanzó su puesto y necesariamente se desempeño cumpliendo con los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que exige la carrera judicial.

Lo anterior, realizando su noble e invaluable labor, con los únicos propósitos de garantizar a todos los mexicanos el derecho humano de acceso a la justicia y salvaguardar nuestra Constitución.

Ambas, cuestiones que en nuestros días resultan para quien aún no lo tenga claro, prácticamente de procura existencial, pues implican la posibilidad efectiva del ciudadano de movilizar el aparato judicial para la defensa de sus derechos e intereses y además priorizando la interdicción de la arbitrariedad.

Así, el hecho de que nos hayan privado de un funcionario judicial no constituye únicamente un agravio en derecho penal, sino que también implica una vulneración total a la sociedad, pues precisamente para poder entablar una defensa efectiva de nuestros derechos es indispensable contar con un tribunal (juzgador).

Nunca debemos perder de vista, que son nuestros jueces quienes en esta sociedad constituyen el verdadero contrapeso contra la iniquidad e ignominia, pues precisamente son quienes someten a los legisladores y autoridades a la legalidad.

De igual forma, son quienes definen cuestiones verdaderamente relevantes para el País, cuando por irresolutos y timoratos los otros poderes no las quieren abordar.

En este sentido, hoy aprovecho para recordar:

– Que fueron nuestros juzgadores quienes declararon inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social del IMSS.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes resolvieron que las personas con discapacidad tienen el derecho de estar, aprender y participar en las escuelas sin ser discriminados, con todos los apoyos y ajustes razonables y que es obligación del Estado hacer lo necesario para garantizarles la educación.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes en principio reconocieron el derecho de todas las personas a contraer matrimonio independientemente de su sexo.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes han sometido a las autoridades de salud a garantizar el servicio médico a quienes se los han negado.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes condenaron a la autoridad a indemnizar a quienes han sufrido un daño derivado de la actividad estatal irregular.

De ahí, que sea lamentable para todos los mexicanos la pérdida de un miembro del poder judicial.

Finalmente, invito a todo aquel que hoy me lee, a reconocer el trabajo y velar siempre por la integridad de los miembros del poder judicial, pues son precisamente ellos quienes sin titubear en última instancia nos protegen de la arbitrariedad.

Magistrado que estaba contra Sta. Lucía es suspendido

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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal, Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, por supuestamente registrar inconsistencias “graves” en sus finanzas.

Derivado de las inconsistencias, del CJF inició una investigación contra el magistrado, quien tiene pendientes diversas revisiones sobre las suspensiones y amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

La resolución del CJF fue dada a conocer por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien rehusó dar el nombre del magistrado y detalles sobre las inconsistencias “graves” alegadas para suspenderlo.

Esta es una decisión de la mayor importancia, porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación“, indicó el ministro en conferencia de prensa.

Fuentes federales confirmaron que el magistrado Camero Ocampo no ha sido notificado de la resolución del CJF, por lo que hoy participó de manera habitual en la sesión del Tribunal Colegiado.

 

 

(Con información de El Universal) 

Acción afirmativa para el Tribunal Electoral de Nuevo León

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El pasado 25 de septiembre la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República aprobó el Acuerdo por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos  jurisdiccionales locales en materia electoral. Para el caso del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), hay quince personas que cumplieron con los requisitos señalados en la Convocatoria emitida el 10 de septiembre. De estas personas, 5 son mujeres y 10 hombres. Sostengo que el nombramiento para la renovación de la vacante de magistratura electoral del TEENL debe recaer en una mujer.

En primer lugar, recordemos que el TEENL se integra actualmente con tres magistraturas (artículo 44 de la Constitución de Nuevo León). Desde 1996 a la fecha, esto es por más de veinte años de historia del TEENL, de 30 personas que han integrado el órgano jurisdiccional únicamente 4 han sido mujeres (13.33%) y 26 han sido hombres (86.66%). Si vemos por período electoral la conformación del TEENL, esto es, según el número de mujeres magistradas con relación al total de cargos del tribunal, los datos son los siguientes: En 1997 y 2003 existió solamente una mujer y dos hombres (33.33 y 66.66 por ciento, respectivamente); en 2006 y 2009, una mujer y cuatro hombres (25 y 75 por ciento); y en 2000, 2012, 2015 y 2018, solamente hombres (100 por ciento).

Ahora, desde el 7 de junio pasado que entró en vigor la reforma constitucional, el principio de paridad entre géneros en la integración de gabinetes de los ejecutivos Federal y estatales, así como de órganos autónomos (Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019), existe la inobjetable obligación jurídica de realizar todas las medidas necesarias para fomentar la integración de las mujeres no solamente en los cargos electivos, sino también en las funciones de gobierno.

Esta obligación no puede eludirse aduciendo que para los Tribunales Electorales les aplica más bien la disposición que se contiene en el artículo 94 reformado, cuyo texto es el siguiente: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.” No es así, porque esta regla se refiere a la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación y no a los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. Más bien, la obligación de paridad se sustenta en que los Tribunales Electorales tienen la naturaleza de órganos autónomos, incluso después de la reforma de 2014 y aunque la facultad de nombramiento recaiga ahora en el Senado.

Por otro lado, la obligación de que la designación de la magistratura vacante del TEENL recaiga en una mujer, no se sustenta solamente en la reforma constitucional de junio pasado, lo cual debería ser suficiente por sí mismo para justifcar una medida afirmativa; esta afirmación también puede tener justificación teórica en, como afirma Anne Phillips (1998), la “extraordinariamente deficitaria representación de las mujeres en los organismos políticos mundiales”. Y en este sentido, aunque la autora se refiera a cargos electivos, también podríamos predicarlo de cargos de nombramiento como los de la magistratura electoral: “[c]uando las características de los elegidos se desvían en grado significativo de las del electorado como un todo hay una razón evidente para decir que algo está mal.” (“¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en La democracia en sus textos, del Águila, Rafael et al., Alianza Editorial, Madrid, 321). Ya vimos cómo, en veinte años de existencia, el TEENL ha estado integrado con un escaso 13.33% de mujeres y un abrumador 86.66% de hombres. Algo debe andar mal en la integración del Tribunal cuando la participación de mujeres no ha llegado en todo este período visto de forma global ni siquiera al 30 por ciento, porcentaje mínimo con el que inició la historia de las cuotas electorales en México; o bien al menos llegar a los porcentajes de mujeres en los tribunales constitucionales en el mundo, por continente, que si bien no son suficientes, sí son muchos más amplios que el “récord” del TEENL: En efecto, en América Latina existe un 29% de mujeres en las cortes constitucionales; en Europa occidental, 20%; en Europa oriental, 28%; en África, 25% y en Asia, 11% (Flores Sánchez, “Mujeres en la judicatura federal en México, disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/05%20Aquiles.pdf). 

Ahora, ¿qué debe hacer el Senado para enmendar esta situación? Lo ideal habría sido que la convocatoria que emitió la JUCOPO hubiese contenido las medidas afirmativas necesarias para cumplir desde una perspectiva material con la igualdad entre mujeres y hombres, tal como fue el caso de la convocatoria que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para el Primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de Distrito (DOF del tres de julio de 2019) o como el concurso dirigido solamente a mujeres para cubrir vacantes del Servicio Profesional Electoral que emitió el Instituto Federal Electoral en 2013; esto, desafortunadamente ya no fue así como se puede verificar en la convocatoria de la JUCOPO del pasado 10 de septiembre y la cual no contiene medida especial alguna como acción afirmativa. 

No obstante, tanto la Comisión de Justicia a la que se remitieron ya los expedientes de las personas aspirantes al cargo que cumplieron los requisitos, como el Pleno del Senado cuando vote el dictamen respectivo, tienen una clara obligación: ¡Cumplir con la Constitución! En ese sentido, si la JUCOPO violó nuestra Ley Fundamental, como afirma Ma. del Carmen Alanís (El Universal, 26 de septiembre de 2019), porque la convocatoria es omisa en hacer cumplir el principio de paridad de género en estos órganos autónomos, corresponde ahora a la Comisión de Justicia y al Pleno del Senado reparar esta omisión. Las medidas para las vacantes que se cubrirán en todo el país, según concluye Alanís, deben consistir en alguna de estas: “a) si la magistratura vacante se da en algún tribunal conformado solo por magistrados hombres, deberá designarse a una mujer; 2) si se dan dos vacancias simultáneas, al menos una tendrá que ser para una mujer, y 3) la magistratura vacante deberá ser ocupada por mujer en todos los estados donde la diferencia en número entre hombres y mujeres con la conformación actual supere a uno.”

Nuevo León está en el primer supuesto, por tanto, el nombramiento que para el TEENL emita el Senado próximamente debe recaer en una mujer. Aun con esta medida el órgano jurisdiccional electoral de Nuevo León, apenas alcanzaría su máximo histórico de mujeres: 33.33%. Sin duda, muy lejos de una democracia paritaria.