Meade Kuribreña lanza agenda de seguridad

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José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, presentó este lunes los cinco ejes centrales de su propuesta en materia de seguridad y justicia, que incluye el combate a las finanzas de las organizaciones criminales e intensificar las acciones contra el tráfico y uso ilegal de armas.

Desde Durango, en el foro sobre Seguridad y Justicia convocado por la Fundación Colosio, el aspirante consideró que es indispensable mejorar los salarios y capacitación de las corporaciones policiacas e insistió en homologar el Código Penal para que los delitos sean castigados con el mismo rigor en todos los estados del País.

El ex Secretario de Hacienda también planteó la creación de un Sistema Integral de Información, para garantizar la identificación de los criminales.

Al hablar sobre la necesidad de imponer un control sobre el problema de las armas, sostuvo que la delincuencia en México tiene en sus manos un promedio de 750 mil armas de fuego ilegales, lo que significa cinco veces el arsenal del ejército de Guatemala.

En cuanto a la creación de un Sistema Integral de Información, el abanderado del PRI reconoció que el País no cuenta con información para identificar con claridad a delincuentes, vehículos y hasta teléfonos celulares.

Meade defendió el nuevo Sistema Penal Acusatorio, con el que se pretende, dijo, llegar a la verdad, conseguir la reparación del daño y utilizar medios alternativos de castigo.

El ex funcionario federal advirtió que para que el nuevo Sistema funcione se requiere una mejor Policía de investigación, jueces más preparados y cuidar la formación de estudiantes de derecho.

El precandidato sostuvo que el Sistema Penitenciario es un elemento clave tanto para el financiamiento de las organizaciones criminales, como para frenar la reinserción social, ya que se trata de universidades del crimen.

En este tema, pidió analizar los modelos exitosos que se han implementado en el manejo de algunos penales federales, para aplicarlos en los estatales que enfrenten problemas.

Presenta Jorge Blanco iniciativa de ley para desaparición forzada

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El Coordinador del Grupo Legislativo Independiente, el Diputado Jorge Blanco Durán, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León en materia de Desaparición Forzada, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Hoy en día con esta reforma a nivel federal ya se aplica para todos los estados y lo que estamos haciendo es sugerir que se quite de nuestro Código Penal debido a que ya le compete al Código Penal federal. Modificar lo referente a desaparición forzada en nuestro Código Penal del estado y que quede el mandato a nivel federal”, explicó Blanco Durán.

La iniciativa trata de modificar los artículos 16 y 140 de la normativa, referente al catálogo de delitos graves, así como la imprescriptibilidad del delito.

“La relevancia de esta reforma es que al hacerlo ya un delito federal en cualquier estado opera. Teníamos una complicación en los delitos, si había un secuestro en el estado de Nuevo León y llevaban a la víctima a los lugares donde no estaba tipificado el delito, no se podía procesar al delincuente”, enfatizó el Diputado de la bancada Independiente.

De acuerdo a la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas, la desaparición forzada se considera un delito de lesa humanidad, además de que viola los derechos humanos fundamentales de las personas.

Se modifica ley de legitima defensa en Nuevo León

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Ante la ola de violencia que se presenta en la entidad, el Congreso Local ha realizado modificaciones en el Código Penal donde se le ofrecerá mas protección a las victimas de la violencia que en defensa  maten a un delincuente.

A partir de este lunes se han aprobados cambios en el Código Penal por el Pleno del Congreso Local, en donde si una persona victima del robo o asalto llegara a lastimar, atacar o matar al delincuente, estará amparado ante la ley.

La reforma impulsada por el diputado panista Marcos Mendoza Vázquez en donde ademas de la modificación al articulo 17 del Código Penal que ademas de dañar al agresor, la victima también podrá lesionar o privar de ka vida a al agresor.

Esta modificación logro aceptación entre las diversas bancadas  que conforman el congreso, con el fin de brindarle a los ciudadanos mayor certeza legal ante la ola de delitos que vive la entidad.

“Esta reforma es una petición que me han hecho llegar los vecinos, actualmente el Código Penal  si contempla la legitima defensa pero hemos visto casos en donde se le complica la situación a un padre que intento proteger su hogar y defender a sus hijos” , comenta el diputado panista.

Ademas Mendoza menciono que esta reforma no es para matar por la vía libre, si no para brindarle mayor certidumbre a las familias, también comenta que esta reforma esta sujeta a candados para que en caso de que se llegue a privar de la vida a un delincuente  se investigue si realmente el occiso incurrió en actos violentos.

“Ojo, en todo momento, en todo caso, habrá una investigación por parte del Ministerio Publico y el juez tendrá que ver las pruebas menciono”, menciono.

Por su parte Arturo Salinas, Coordinador del PAN , aplaudió los cambios de ley y lo califico como un avance en donde se beneficiaran a los ciudadanos.

Por su parte Marco Gónzalez, Coordinador del PRI, se mostró a favor de la propuesta pues considera que se le otorgara mayor certeza legal y jurídica a quien se sientan agredidos en su patrimonio.

 

Con información de Milenio Diario y El Norte.

 

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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Los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado hacer consenso nacional sobre la urgencia de erradicar la corrupción y de eliminar la impunidad que es su principal soporte. Tan es así que antes de tomar posesión, él mismo anunciaba un Sistema Nacional Anticorrupción, para desactivar sus antecedentes de gobernador corrupto.

Tardó más de tres años, necesitó los escándalos de la casa blanca de la Gaviota y de la de Malinalco de Luis Videgaray, la amenaza de escándalo internacional del tren rápido a Querétaro, para finalmente darle luz verde al PAN para presentar una propuesta.

¿Era lo más adecuado pedirle al PAN, cómplice de múltiples asaltos a la moral y al erario federal, ser el portavoz del combate a la corrupción? Probablemente no. Por esto salió un Sistema Nacional Anticorrupción descolorido, sin dientes y que no asusta a ningún político medianamente capacitado en asuntos de corrupción.

Los estados deben por mandato constitucional, elaborar un Sistema Estatal Anticorrupción, “equivalente” al Nacional. Pero en Nuevo León, después de los atracos de la familia Medina y de sus amigos de los cuales varios están todavía en posición de saquear las finanzas públicas, después de un cobijagate que reveló la falta de compromiso del nuevo gobierno contra la corrupción, la Sociedad Civil se levantó en armas legales y decidió acompañar de muy cerca la elaboración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto dio nacimiento a la Coalición Anticorrupción, agrupación de ONG’s, de diferentes asociaciones enfocadas al combate a la corrupción y de un buen número de individuos comprometidos a contribuir a título personal en la elaboración de un Sistema Estatal Anticorrupción bastante más sólido que la copia pálida que nació en San Lázaro.




6 meses de trabajo constante, con innumerables reuniones, con mucha paciencia, con algo de creatividad y mucha comprensión mutua, permitieron demostrar que la democracia participativa es posible cuando existe fe, particularmente buena fe, suficiente confianza, dedicación y profesionalismo de los dos lados.

Las reformas constitucionales que permitirán el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción que aprobaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Legislativos el día de martes en el HCNL, incluyen muchos elementos que la harán la base para diseñar el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país.




Falta todavía concretar la tarea con una labor titanesca de corrección y adaptación de siete leyes, que van desde la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización y la del Servicio Público y a otras tantas.

¿Se podrá realmente combatir la corrupción desde la Ley y la erradicación de la impunidad? La apuesta es muy alta. El compromiso ciudadano irrenunciable. En juego, se encuentra el deseo de restablecer una sociedad que tenga fe en si misma, en la cual el político haga política para contribuir al bien común y no para su provecho personal.

En juego, se encuentra el deseo de cambiar un sistema político fallido, pero sin violencia, en base a la Ley y a la Justicia.

¿Será posible? Sí, si todos colaboramos con nuestro granito de arena y mostramos que la Sociedad dispone de la voluntad y de los argumentos suficientes para construir un país mejor para todos.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Para los inconformes con la vinculación a proceso de Rodrigo Medina…

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Da vergüenza toda la desinformación pesimista a cargo de algunos líderes de
opinión, medios de comunicación y otros más que sin conocer los pormenores de la Ley, sostienen afirmaciones, no en perjuicio de la Subprocuraduría Anticorrupción, sino de toda la sociedad, pues ésta es la víctima de las mentiras hoy impresas sobre el proceso penal del Ex Gobernador de Nuevo León.

NO ES CIERTO que el delito de “Ejercicio Indebido de Funciones” sea el menos grave de los tres delitos que acusó la Fiscalía, pues la contemplada para esta figura es de 2 a 12 años de prisión (Artículo 208 del Código Penal); exactamente la misma que en los delitos en contra del patrimonio del estado (Artículo 212) y peculado (Artículo 218).

NO ES CIERTO que sea poca cosa la vinculación a proceso por este delito, pues:

1. Es considerado delito GRAVE (Artículo 16 bis).

2. No tendría derecho a sustituir la pena por trabajo en beneficio de la comunidad como pena sustitutiva de prisión bajo ninguna circunstancia, por tratarse de un delito cometido por un servidor público (Artículo 51).

3. Y Para que aplique el beneficio de la Condena Condicional y no entrar a prisión en caso de ser condenado, además de que la pena tendría que ser menor a 5 años de prisión; estaría obligado a cubrir el monto del daño causado (Artículo 108), el cual está contabilizado en más de 3 mil 600 millones de pesos. Y en caso de que sí desembolsara una suma tan grande, al rastrearse la procedencia de la misma, muy probablemente diera pié a una investigación por más delitos.

LO CIERTO es que la única forma en que viablemente no se aplicara una pena de prisión en caso de hallarse culpable, es si la condena es igual o menor a 3 años (cuando el rango es de 2 a 12 años, como lo establece la Ley), lo cual dependerá enteramente del Juez y que considerando la gravedad del delito, difícilmente le impondría una sanción tan raquítica.




LO CIERTO es que el gran ganador de este resultado histórico es la ciudadanía, y de ninguna forma el indiciado a quien asesoran que salga sonriente y victorioso en las fotografías, pues considerando que nunca antes se había alcanzado en la entidad una vinculación a proceso contra un servidor público de este nivel por un delito que muy posiblemente resulte en una pena de prisión que deba purgar estando privado de la libertad, yo difícilmente llamaría a eso un triunfo.

LO CIERTO es que todo este proceso (y el resto que se han desahogado hasta la fecha en los Juzgados) corresponden únicamente a los delitos derivados del Caso Kia, y existen un montón de expedientes de investigación más en donde pudiera o no estar involucrado el Ex Gobernador, que darían origen a nuevas imputaciones, nuevos delitos, y posibilidades adicionales de hacerle justicia a Nuevo León.

LO CIERTO es que la Suprocuraduría Anticorrupción del Gobierno Independiente de Jaime Rodríguez, apenas calienta los motores de la justicia.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Masacre de Orlando

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Hago propio el comunicado oficial del día de ayer emitido por la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría General de Gobierno, y a título personal me uno en la pena de los cientos de familiares de las 50 personas asesinadas (de entre los cuales hubo tres mexicanos), y 53 heridas, el día de antier, 12 de junio de 2016, en una discoteca gay ubicada en la ciudad de Orlando, en el Estado de Florida, en Estados Unidos.

Esta tragedia no es una que deba afligir únicamente al país en donde aconteció, sino que por su magnitud trasciende a constituir una verdadera pena para el mundo entero dadas las motivaciones de intolerancia, odio, terror y deshumanización que la provocaron, pues lamentablemente no solo suceden en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

El solo hecho de advertir en redes sociales que existe una cantidad considerable de personas que hasta celebraron estos hechos de odio, es un claro indicador de que el problema de raíz no le es ajeno ni a México, ni a Nuevo León en lo particular.

Esta tragedia no es una que deba afligir únicamente al país en donde aconteció, sino que por su magnitud trasciende a constituir una verdadera pena para el mundo entero dadas las motivaciones de intolerancia, odio, terror y deshumanización que la provocaron…

La discriminación hacia las personas con preferencias y orientaciones sexuales diferentes a la concepción tradicional de la heterosexualidad es una realidad que lamentablemente impera en nuestra sociedad, pues a pesar de que el marco jurídico vigente establece que cualquier acto discriminatorio tiene el carácter de ilícito (inclusive en el Código Penal), lo cierto es que en distintos grados de intensidad se cometen a diario e intensifican la fractura social que desde muchos años padecemos en torno a esta problemática.

Debemos reconocer que las modificaciones legislativas al respecto, si bien son positivas para erradicar la problemática, jamás serán suficientes si las ideas de tolerancia, respeto y armonía social que las motivan no generan la consciencia colectiva suficiente para permear en nuestra cultura y ser adoptadas por cada uno de quienes componemos el engranaje social de nuestra comunidad.

Debemos reconocer que las modificaciones legislativas al respecto, si bien son positivas para erradicar la problemática, jamás serán suficientes si las ideas de tolerancia, respeto y armonía social que las motivan no generan la consciencia colectiva suficiente para permear en nuestra cultura y ser adoptadas por cada uno de quienes componemos el engranaje social de nuestra comunidad.

Los hechos ocurridos en Orlando, y las ideas que los motivaron, no deben de indignar solamente a las personas integrantes de la Comunidad LGBTTTI, sino a todo el resto de nosotros, pues son atentatorias de la cultura de respeto, tolerancia y la paz social que debe imperar en toda sociedad civilizada.

Es innegable que las preferencias y orientaciones sexuales distintas a la concepción tradicional de la heterosexualidad son una realidad mundial, y el odio, la intolerancia y la discriminación que las rodean no van a provocar que éstas dejen de existir, sino que únicamente tendrán como efectos el polarizar a la sociedad y generar el elemento más dañino para la paz colectiva: La violencia.

Invito a la sociedad a reflexionar sobre estos hechos, y reitero mi solidaridad y pronta resignación a las familias de los occisos y heridos de esta terrible tragedia.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”