Diputados aumentan penas por feminicidio y abuso

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En medio de las protestas generadas por el caso de la niña Fátima, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó incrementar en cinco años la pena de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual.

Los legisladores aprobaron con 415 votos a favor y uno en contra modificar el Artículo 25 del Código Penal Federal para establecer un nuevo límite máximo para la pena de prisión y con ello poder incrementar en cinco años la pena para el delito de feminicidio.

El dictamen de la Comisión de Justicia reforma el Artículo 325 para aumentar a entre 45 y 65 años la pena de prisión para el delito de feminicidio y de entre mil y mil 500 días la pena pecuniaria.
La reforma modifica también el Artículo 261 a fin de incrementar en cinco años la pena para el delito de abuso sexual.

Esmeralda Moreno, del PES, dijo que con esta reforma buscan contribuir a frenar la desbordada situación de violencia que actualmente viven las mujeres y las niñas en el País.

La legisladora recordó que en los últimos cinco años, los feminicidios han registrado un incremento de 137% a nivel nacional. Este aumento, agregó, es superior a la incidencia registrada por cualquier otro delito.

Moreno dijo que el tipo penal del feminicidio ha servido para distinguir los casos en los que un homicidio tiene como causa las razones de género, por lo que la Comisión de Justicia consideraron pertinente que las penas de prisión para el mismo se incrementen, para sancionar con mayor severidad a los agresores.

La legisladora agregó que el delito de abuso sexual atenta con el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, de ahí que también es pertinente aumentar las penas en este caso.

 

 

 

(Con información de Reforma)

Avalan que violencia digital se considere agresión a la mujer

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 400 votos la Ley Olimpia para visibilizar y definir la violencia digital, con el propósito de combatir un medio donde se acosa a las mujeres.

Las reformas a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establecen que la violencia digital se definirá como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada o apócrifa, mensajes de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento, fueron remitidas al Senado.

La Ley Olimpia obtuvo su nombre por Olimpia Coral Melo, quien no recibió apoyo de las autoridades luego de haber sido víctima de la difusión de un video sexual en redes sin su consentimiento. La grabación, compartida en WhatsApp y en otras redes sociales, causó que fuera conocida como “la Gordibuena de Huachingo”, Puebla.

Después de que las autoridades le dijeran que no había delito porque no estaba ni borracha, drogada ni había sido violada“, Olimpia contactó a más mujeres que habían pasado por situaciones similares para formar un proyecto de reforma que ya fue aprobado en el Código Penal.

 

Con información de El Universal y el Heraldo de México. 

 

Legítima Defensa: ¿Estamos preparados?

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Imagina esta escena: Te encuentras en tu negocio, el que con tanto esfuerzo has puesto en marcha. Las cosas al fin van bien, las ventas crecen, las deudas disminuyen, estás feliz. Un día, al atardecer, alguien toca tu puerta; una empleada se acerca a abrir pero es repentinamente empujada por una mujer. Detrás de ella, una persona con un arma de fuego en su mano entra al local y comienza a amenazar a los presentes para conseguir dinero y algunos objetos. Tienes dos opciones, entregar lo que te piden para no ser lastimado o enfrentar al atacante… ¿Tu qué harías?

Decenas de ladrones han salido ilesos y beneficiados de estas actividades, sin embargo, este no fue el caso de Jorge Alejandro Banda Ramos quien, el pasado 8 de noviembre al intentar asaltar un negocio enfrente de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), murió mientras intentaba escapar del lugar con tres balas en su cuerpo. Ahora el tirador enfrenta un juicio por homicidio mientras el Congreso decide si aprobar o no una reforma al artículo 17, fracción III, del Código Penal de Nuevo León, una extensión a las aplicaciones de la legítima defensa.

Y ¿qué es eso? La legítima defensa es la capacidad de realizar una acción que tiende a ser penada en pro de la protección personal, de la familia, de los bienes o del honor de un individuo. Esta exime de su responsabilidad al autor y le permite reducir e incluso evitar el castigo que le sea asignado.

Este concepto es relativamente nuevo en el Código Penal de Nuevo León. En mayo del 2017 el Congreso local aprobó una reforma al artículo 17 de la mencionada ley la cual permite a cualquier ciudadano privar de la vida a quienes traspasen o pretendan traspasar sin autorización la propiedad donde se encuentre él o su familia dando como resultado un peligro inminente.

El legislador panista e impulsor de la iniciativa Marcos Mendoza Vázquez argumento, en ese momento, que ante la inminente ola de inseguridad a la que se enfrentaba el Estado, era necesario ayudar a las personas a protegerse legalmente para lograr salir impunes del ilícito.

Hace unos meses el tema volvió a la mesa. La diputada Claudia Caballero, en representación de la bancada del PAN, presentó en febrero al Congreso local una nueva reforma al Código Penal del Estado que pretendía ampliar el alcance de la legítima defensa con arma de fuego. A finales de octubre, la Comisión de Justicia y Seguridad aprobó amplificar su alcance a los trabajos y negocios con el fin de defender el patrimonio del afectado. Se propuso también poder hacerlo dentro del automóvil, sin embargo, la propuesta fue desechada. 

Ahora solo falta que el pleno del Congreso apruebe la reforma del artículo 17, fracción III. Aunque la sesión para tomar una decisión respecto a este tema se ha programado, los diputados se han visto en la necesidad de atrasarlo debido al tiempo que se llevó el análisis del informe de gobierno de Jaime Rodríguez.

Si pensamos en una resolución, lo más seguro es que la modificación sea aprobada sin mayores problemas pues, aunque los legisladores de Morena, PVEM y MC ponen resistencia, las bancadas del PRI y PAN, con mayoría de asientos, adelantaron públicamente que darán su voto a favor.

La verdad es que la gente está harta de que lo roben, lo golpeen y lo ataquen, y la inminente falta de seguridad en los municipios hace pensar que la única opción que se tiene para sentirse a salvo es tomar la justicia en manos propias. Pero ¿estamos preparados para este cambio? Las voces expertas dicen que tener acceso a armas no es la solución a la violencia, menos si quien la porta no sabe utilizarlas o es incapaz de controlarse al sentir emociones intensas.

Habrá que esperar a que el Congreso tome una decisión, después se deberán de revisar los detalles e interpretaciones de la ley y, posteriormente, adoptarla con medida. Sólo queda recordar que la legítima defensa no es un permiso para matar y tampoco evita que quien la ponga en practica enfrente un juicio, únicamente le ayuda a no ser detenido al momento como un homicida.

Proponen en Nuevo León que delito de chantaje se persiga de oficio

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El diputado local priista, Álvaro Ibarra propuso modificaciones al Código Penal del Estado de Nuevo León, con el objetivo de que el delito de chantaje se persiga de oficio por parte ce las autoridades judiciales.

Ibarra expuso que en mayo del presente año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Nuevo León el delito de extorsión o chantaje se ubica en el cuatro lugar a nivel nacional.

“Ante estos hechos que sufre nuestra sociedad, es que estimamos necesario realizar modificaciones a nuestro Código Penal, con el objeto de que este delito se persiga de oficio por parte de las autoridades judiciales, para que de esta forma se cumpla con el principio de impartición de justicia, sin que haya de por medio requisitos que limiten su acceso y la aplicación de Ley”, comentó el legislador priista.

El ex diputado federal, exhorto a todos los integrantes del Poder Legislativo a volver prioritario este tema y todos “los que estén relacionados con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.

La propuesta con Proyecto de Decreto se reservó y será enviada a la Comisión de Dictamen Legislativo que le corresponde.

Sistema anticorrupción, a dos años continua incompleto

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A dos años de su aprobación en el Congreso de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía no ha logrado concretarse totalmente a nivel federal ni estatal.

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las leyes que creaban el SNA y, a nivel federal, falta completar dos órganos principales del Sistema: la Fiscalía Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completar ambos órganos es responsabilidad del Senado, donde no se llegó a un acuerdo para hacer estos nombramientos.

Pendientes quedan la elección del fiscal anticorrupción; y de los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en los estados también hay un retraso importante para que el SNA funcione al 100 por ciento.

Solo en 22 estados se han instalado los comités de Participación Ciudadana; y en 22 casos se cuenta con fiscal anticorrupción.

Aunque en las 32 entidades ya se hicieron los cambios a su Constitución Política, solo 25 ya tienen aprobadas las leyes secundarias que conforman el paquete legal que da forma al SNA.

Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (aprobada por 32 estados); cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública (ya en 29 entidades); y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (aprobada en 30 estados).

En ese paquete entran también la Ley Orgánica de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia (en 28 estados); la Ley de Responsabilidades Administrativas (ya en 27 entidades); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (en 26 estados); y cambios al Código Penal (en 25 entidades).

El IBD señala que como no se ha completado en su totalidad, la efectividad del SNA todavía no se puede apreciar, a pesar de que han pasado dos años de su creación.

“Esto tiene implicaciones importantes para que el Sistema funcione a cabalidad y, por consiguiente, para que sea posible contar con evidencia que permita valorar su pertinencia y efectividad”, expone el análisis.

Meade Kuribreña lanza agenda de seguridad

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José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, presentó este lunes los cinco ejes centrales de su propuesta en materia de seguridad y justicia, que incluye el combate a las finanzas de las organizaciones criminales e intensificar las acciones contra el tráfico y uso ilegal de armas.

Desde Durango, en el foro sobre Seguridad y Justicia convocado por la Fundación Colosio, el aspirante consideró que es indispensable mejorar los salarios y capacitación de las corporaciones policiacas e insistió en homologar el Código Penal para que los delitos sean castigados con el mismo rigor en todos los estados del País.

El ex Secretario de Hacienda también planteó la creación de un Sistema Integral de Información, para garantizar la identificación de los criminales.

Al hablar sobre la necesidad de imponer un control sobre el problema de las armas, sostuvo que la delincuencia en México tiene en sus manos un promedio de 750 mil armas de fuego ilegales, lo que significa cinco veces el arsenal del ejército de Guatemala.

En cuanto a la creación de un Sistema Integral de Información, el abanderado del PRI reconoció que el País no cuenta con información para identificar con claridad a delincuentes, vehículos y hasta teléfonos celulares.

Meade defendió el nuevo Sistema Penal Acusatorio, con el que se pretende, dijo, llegar a la verdad, conseguir la reparación del daño y utilizar medios alternativos de castigo.

El ex funcionario federal advirtió que para que el nuevo Sistema funcione se requiere una mejor Policía de investigación, jueces más preparados y cuidar la formación de estudiantes de derecho.

El precandidato sostuvo que el Sistema Penitenciario es un elemento clave tanto para el financiamiento de las organizaciones criminales, como para frenar la reinserción social, ya que se trata de universidades del crimen.

En este tema, pidió analizar los modelos exitosos que se han implementado en el manejo de algunos penales federales, para aplicarlos en los estatales que enfrenten problemas.

Presenta Jorge Blanco iniciativa de ley para desaparición forzada

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El Coordinador del Grupo Legislativo Independiente, el Diputado Jorge Blanco Durán, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León en materia de Desaparición Forzada, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Hoy en día con esta reforma a nivel federal ya se aplica para todos los estados y lo que estamos haciendo es sugerir que se quite de nuestro Código Penal debido a que ya le compete al Código Penal federal. Modificar lo referente a desaparición forzada en nuestro Código Penal del estado y que quede el mandato a nivel federal”, explicó Blanco Durán.

La iniciativa trata de modificar los artículos 16 y 140 de la normativa, referente al catálogo de delitos graves, así como la imprescriptibilidad del delito.

“La relevancia de esta reforma es que al hacerlo ya un delito federal en cualquier estado opera. Teníamos una complicación en los delitos, si había un secuestro en el estado de Nuevo León y llevaban a la víctima a los lugares donde no estaba tipificado el delito, no se podía procesar al delincuente”, enfatizó el Diputado de la bancada Independiente.

De acuerdo a la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas, la desaparición forzada se considera un delito de lesa humanidad, además de que viola los derechos humanos fundamentales de las personas.

Se modifica ley de legitima defensa en Nuevo León

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Ante la ola de violencia que se presenta en la entidad, el Congreso Local ha realizado modificaciones en el Código Penal donde se le ofrecerá mas protección a las victimas de la violencia que en defensa  maten a un delincuente.

A partir de este lunes se han aprobados cambios en el Código Penal por el Pleno del Congreso Local, en donde si una persona victima del robo o asalto llegara a lastimar, atacar o matar al delincuente, estará amparado ante la ley.

La reforma impulsada por el diputado panista Marcos Mendoza Vázquez en donde ademas de la modificación al articulo 17 del Código Penal que ademas de dañar al agresor, la victima también podrá lesionar o privar de ka vida a al agresor.

Esta modificación logro aceptación entre las diversas bancadas  que conforman el congreso, con el fin de brindarle a los ciudadanos mayor certeza legal ante la ola de delitos que vive la entidad.

“Esta reforma es una petición que me han hecho llegar los vecinos, actualmente el Código Penal  si contempla la legitima defensa pero hemos visto casos en donde se le complica la situación a un padre que intento proteger su hogar y defender a sus hijos” , comenta el diputado panista.

Ademas Mendoza menciono que esta reforma no es para matar por la vía libre, si no para brindarle mayor certidumbre a las familias, también comenta que esta reforma esta sujeta a candados para que en caso de que se llegue a privar de la vida a un delincuente  se investigue si realmente el occiso incurrió en actos violentos.

“Ojo, en todo momento, en todo caso, habrá una investigación por parte del Ministerio Publico y el juez tendrá que ver las pruebas menciono”, menciono.

Por su parte Arturo Salinas, Coordinador del PAN , aplaudió los cambios de ley y lo califico como un avance en donde se beneficiaran a los ciudadanos.

Por su parte Marco Gónzalez, Coordinador del PRI, se mostró a favor de la propuesta pues considera que se le otorgara mayor certeza legal y jurídica a quien se sientan agredidos en su patrimonio.

 

Con información de Milenio Diario y El Norte.

 

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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Los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado hacer consenso nacional sobre la urgencia de erradicar la corrupción y de eliminar la impunidad que es su principal soporte. Tan es así que antes de tomar posesión, él mismo anunciaba un Sistema Nacional Anticorrupción, para desactivar sus antecedentes de gobernador corrupto.

Tardó más de tres años, necesitó los escándalos de la casa blanca de la Gaviota y de la de Malinalco de Luis Videgaray, la amenaza de escándalo internacional del tren rápido a Querétaro, para finalmente darle luz verde al PAN para presentar una propuesta.

¿Era lo más adecuado pedirle al PAN, cómplice de múltiples asaltos a la moral y al erario federal, ser el portavoz del combate a la corrupción? Probablemente no. Por esto salió un Sistema Nacional Anticorrupción descolorido, sin dientes y que no asusta a ningún político medianamente capacitado en asuntos de corrupción.

Los estados deben por mandato constitucional, elaborar un Sistema Estatal Anticorrupción, “equivalente” al Nacional. Pero en Nuevo León, después de los atracos de la familia Medina y de sus amigos de los cuales varios están todavía en posición de saquear las finanzas públicas, después de un cobijagate que reveló la falta de compromiso del nuevo gobierno contra la corrupción, la Sociedad Civil se levantó en armas legales y decidió acompañar de muy cerca la elaboración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto dio nacimiento a la Coalición Anticorrupción, agrupación de ONG’s, de diferentes asociaciones enfocadas al combate a la corrupción y de un buen número de individuos comprometidos a contribuir a título personal en la elaboración de un Sistema Estatal Anticorrupción bastante más sólido que la copia pálida que nació en San Lázaro.




6 meses de trabajo constante, con innumerables reuniones, con mucha paciencia, con algo de creatividad y mucha comprensión mutua, permitieron demostrar que la democracia participativa es posible cuando existe fe, particularmente buena fe, suficiente confianza, dedicación y profesionalismo de los dos lados.

Las reformas constitucionales que permitirán el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción que aprobaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Legislativos el día de martes en el HCNL, incluyen muchos elementos que la harán la base para diseñar el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país.




Falta todavía concretar la tarea con una labor titanesca de corrección y adaptación de siete leyes, que van desde la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización y la del Servicio Público y a otras tantas.

¿Se podrá realmente combatir la corrupción desde la Ley y la erradicación de la impunidad? La apuesta es muy alta. El compromiso ciudadano irrenunciable. En juego, se encuentra el deseo de restablecer una sociedad que tenga fe en si misma, en la cual el político haga política para contribuir al bien común y no para su provecho personal.

En juego, se encuentra el deseo de cambiar un sistema político fallido, pero sin violencia, en base a la Ley y a la Justicia.

¿Será posible? Sí, si todos colaboramos con nuestro granito de arena y mostramos que la Sociedad dispone de la voluntad y de los argumentos suficientes para construir un país mejor para todos.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Para los inconformes con la vinculación a proceso de Rodrigo Medina…

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Da vergüenza toda la desinformación pesimista a cargo de algunos líderes de
opinión, medios de comunicación y otros más que sin conocer los pormenores de la Ley, sostienen afirmaciones, no en perjuicio de la Subprocuraduría Anticorrupción, sino de toda la sociedad, pues ésta es la víctima de las mentiras hoy impresas sobre el proceso penal del Ex Gobernador de Nuevo León.

NO ES CIERTO que el delito de “Ejercicio Indebido de Funciones” sea el menos grave de los tres delitos que acusó la Fiscalía, pues la contemplada para esta figura es de 2 a 12 años de prisión (Artículo 208 del Código Penal); exactamente la misma que en los delitos en contra del patrimonio del estado (Artículo 212) y peculado (Artículo 218).

NO ES CIERTO que sea poca cosa la vinculación a proceso por este delito, pues:

1. Es considerado delito GRAVE (Artículo 16 bis).

2. No tendría derecho a sustituir la pena por trabajo en beneficio de la comunidad como pena sustitutiva de prisión bajo ninguna circunstancia, por tratarse de un delito cometido por un servidor público (Artículo 51).

3. Y Para que aplique el beneficio de la Condena Condicional y no entrar a prisión en caso de ser condenado, además de que la pena tendría que ser menor a 5 años de prisión; estaría obligado a cubrir el monto del daño causado (Artículo 108), el cual está contabilizado en más de 3 mil 600 millones de pesos. Y en caso de que sí desembolsara una suma tan grande, al rastrearse la procedencia de la misma, muy probablemente diera pié a una investigación por más delitos.

LO CIERTO es que la única forma en que viablemente no se aplicara una pena de prisión en caso de hallarse culpable, es si la condena es igual o menor a 3 años (cuando el rango es de 2 a 12 años, como lo establece la Ley), lo cual dependerá enteramente del Juez y que considerando la gravedad del delito, difícilmente le impondría una sanción tan raquítica.




LO CIERTO es que el gran ganador de este resultado histórico es la ciudadanía, y de ninguna forma el indiciado a quien asesoran que salga sonriente y victorioso en las fotografías, pues considerando que nunca antes se había alcanzado en la entidad una vinculación a proceso contra un servidor público de este nivel por un delito que muy posiblemente resulte en una pena de prisión que deba purgar estando privado de la libertad, yo difícilmente llamaría a eso un triunfo.

LO CIERTO es que todo este proceso (y el resto que se han desahogado hasta la fecha en los Juzgados) corresponden únicamente a los delitos derivados del Caso Kia, y existen un montón de expedientes de investigación más en donde pudiera o no estar involucrado el Ex Gobernador, que darían origen a nuevas imputaciones, nuevos delitos, y posibilidades adicionales de hacerle justicia a Nuevo León.

LO CIERTO es que la Suprocuraduría Anticorrupción del Gobierno Independiente de Jaime Rodríguez, apenas calienta los motores de la justicia.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”