Universidades Libres de Humo

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El consumo de tabaco en espacios públicos siempre ha sido un tema polémico y más cuando se trata del consumo de cigarrillos en universidades. En los últimos años la mayoría de las universidades en el país se han sumado a una tendencia de muchos países occidentales de buscar hacer campus libres de humo con la excusa de limitar el uso del tabaco en jóvenes con medidas coercitivas como multas y otro tipo de penalizaciones que se han visto lentas en disminuir el uso de este producto.

Gracias a los acuerdos que muchos países firmaron con la OMS entre 2003 y 2005 se comenzó a legislar para aumentar el IEPS al tabaco, además de buscar limitar su promoción en radio, televisión e internet y obligar a las empresas a incluir leyendas y fotografías en las cajetillas de los cigarrillos.  Entre 2005 y 2013 el consumo en nuestro país de cigarrillos legalmente distribuidos disminuyó en un 35%, pero aumentó después y en 2016 los consumidores aumentaron por 2.95% impulsado sobre todo por los jóvenes de entre 15 y 24 años según datos del INEGI. El aumento de impuestos en 2011 aprobados en México a este producto no detuvo su consumo. Nuestro país está calificado con 5.5 en una escala del 1 al 10 en proteger a la población del humo del tabaco según el Informe MPOWER de la Sociedad Civil 2017. 

El problema en las universidades que han aplicado está política, en nuestro país, es que muchas aplicaron en primera instancia la regla pero no penalizan ni aplican medidas para castigar el uso del tabaco, ocasionado en gran medida porque no incluyen un área especial para fumadores por lo que los estudiantes con adicción prefieren romper la regla a salirse del campus y exponerse a sufrir por algún asalto o problema externo al campus o simplemente por no trasladarse tanto. 

El consumo del tabaco no se combate únicamente con medidas coercitivas, ya que estas solamente actúan como una solución temporal pero el problema persiste. El problema se resuelve en parte con prevención desde el hogar y en la propia universidad, está bien que sean espacios libres de humo como marcan la ley pero deben buscarse espacios para aquellos que no puedan evitar su adicción y no obligarlos a salir porque para muchos en alto grado de adicción no fumar no es opción. 

La piratería en México

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De acuerdo con Enrique Guillén, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) el contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. Habría de decirse que el segundo delito que más debería preocupar a los mexicanos es la piratería.

Los sectores con mayor vulnerabilidad ante esta situación son el de vinos, cigarros, libros y acero. Algunos datos al respecto muestran el alcance de la piratería en esos terrenos, por ejemplo: en la industria tabacalera creció del dos al 17 por ciento entre 2011-2014, dicho en términos netos: 340 millones de cajetillas de cigarros que entran al territorio nacional no pagan impuestos, esto representa un grave riesgo a la salud y habría que atenderlo a la prontitud. Ahora hay que imaginar cuántas escuelas se dejaron de construir o en su caso de equipar debido a hábitos de consumo nocivos para la ciudadanía y para las instituciones.

Por otro lado, explica Salvador Quesada, Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), que en la industria del acero ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza que la nacional, esto quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad, sin embargo es más barata y se vende sin ningún tipo de problema aunque ponga en riesgo las construcciones donde se instala. Se ahorran unos pesos y se pone en riesgo el patrimonio de miles de familias que son sus hogares, y aún de terceros.




Por ello la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por el suscrito y los también diputados Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de Octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. El problema de la llamada piratería implica un vector fundamental de las sociedades modernas que es la propiedad intelectual, esto es, el mundo de las patentes, los procesos, las técnicas y los materiales con que se genera riqueza.

Ahora bien, la tarea no es menor porque si bien pueden crearse herramientas legislativas para tratar de combatir este mal, también es cierto, como lo comentan los legisladores en el cuerpo dictamen que se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación, la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

Esto es importante ya que de acuerdo con el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México” realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en general el 50% de los encuestados no ven a la piratería como un delito grave, incluso es algo que forma parte de su vida cotidiana, de ahí que tampoco se considere problemático consumir productos que tienen un origen ilegal.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificado” realizada por el mismo instituto se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata y que los productos que más se consumen son: películas, calzado, ropa, textiles y perfumes.




La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por tanto, deben reforzarse las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata” particularmente por su vinculación con el crimen organizado. Que las ciudadanías financien con sus compras lo que más las lastima que es la delincuencia organizada resulta una paradoja, sin embargo, es real y evidente que se incentiva la evasión fiscal, el daño a la propiedad intelectual, el trabajo honesto de hombres y mujeres y la inversión económica. La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”