La seguridad Pública Guanajuato y Querétaro

En el marco de gira de trabajo Ruta Centenario de la Constitución, en que llevamos a diferentes puntos del país un Cortometraje sobre el 100 aniversario de la Ley Fundamental, y se impartirá una conferencia en la materia, estaremos esta semana en los estados de Guanajuato y Querétaro; es conveniente aprovechar las visitas a estos estados para exponer datos sustanciales sobre el estado de la seguridad pública a fin de informar a la ciudadanía y considerar acciones que sirvan al fortalecimiento del Estado de derecho.

La tasa de homicidios en el estado de Querétaro es una de las más bajas del país, en los últimos 17 años osciló entre los 3.03 y los 6.9, que en comparación con otras entidades lo coloca como un referente de seguridad. En términos absolutos equivalen a 139 homicidios dolosos en 2015, 119 en 2016 y 88 en lo que va del año 2017. Junio de 2017 presentó un pico inesperado al registrar 22 homicidios dolosos. El robo de vehículo en Querétaro va a la alza. En el periodo de enero- junio de 2016 se cometieron mil 740 robos de vehículo, mientras que en mismo periodo de 2017 se cometieron 2 mil 763: un incremento del 59 por ciento; este delito se ha colocado ligeramente por debajo del promedio nacional en los últimos meses, inclusive en algunos meses lo ha superado, por ello habría que poner especial atención a este fenómeno pues la incidencia de robos de vehículo contrasta con la ocurrencia de delitos en general.

En Guanajuato, su incidencia delictiva se ubica hace años por encima del promedio nacional, esto se debe en parte al alto índice poblacional (según el censo 2010, Guanajuato es la Sexta entidad más poblada del país), empero a partir del 2014 las cifras de incidencia delictiva escalaron, llegando en 2016 a las 106 mil 265 ocurrencias delictivas: la cifra más alta de la que se tenga registro.

Por otra parte, a partir del año 2009 los datos muestran que Guanajuato empezó a desplazarse hacia una dinámica criminal más intensa. Esta crisis se muestra al analizar el cálculo de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes particularmente a partir del 2009 la tasa muestra una escalada que inició con 4.73 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2009 y pasó a los 16.39 en cinco años, un incremento de más del 250%. A junio de 2017 se cometieron 704 homicidios: un incremento del 39% con respecto al mismo periodo del 2016.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el documento “Incidencia Delictiva del Fuero Común” del año 2017 se tiene un total de 891 mil 747 de denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público; a partir de ese dato, se puede indicar la siguiente información. En Guanajuato se han presentado 57 mil 613 denuncias ante las agencias del Ministerio Público y en Querétaro 25 mil 896 denuncias lo que representa el 6.4% y el 2.9% del total respectivamente durante el 2017. De las 891 mil 747 denuncias nacionales los delitos se dividen de la siguiente manera: 324 mil 244 son robos, 95 mil 068 lesiones, 20 mil 344 homicidios, 113 mil 222 a delitos patrimoniales y 331 mil 833 a otros delitos (entre los que se incluyen amenazas, estupro y otros sexuales por mencionar algunos).

Al considerar estos rubros y analizar los que presenta el estado de Guanajuato, se obtienen las siguientes cifras: en robos hay 19 mil 344 denuncias, lesiones 5 mil 744; homicidios mil 612 casos; delitos patrimoniales 6 mil 187 denuncias y 24 mil 557 en otros delitos. Contrastando ambos universos de análisis, el nacional y el estatal durante el 2017, se obtienen las siguientes ponderaciones: en robos Guanajuato representa el 5.9% del total nacional; en 6.04%; en homicidios el 7.9% total; en delitos patrimoniales representa el 5.4%, y en e rubro de otros delitos el 7.4% del total nacional.

Al ponderar las cifras nacionales que arroja el SESNSP con las aportadas por el estado de Querétaro se tiene que hay: 12  mil 009 denuncias por robo, 2 mil 830 lesiones, 238 homicidios, 4 mil 213 delitos patrimoniales y 6 mil 396 por otros delitos. Estas denuncias representan de acuerdo a las aportadas a nivel nacional los siguientes porcentajes: para robo, en Querétaro se denuncia el 3.70% del total nacional; lesiones representa 2.97%; homicidio el 1.1%; delitos patrimoniales 3.7%, y para otros delitos el 1.9% del total nacional. La seguridad debe seguir siendo una prioridad en ambas entidades y realizar acciones para reducir la escalada de violencia que se registra en país.

Nuevo León en un semáforo en rojo

Aquellos años de angustia, temor e intranquilidad que hasta hace poco pensábamos ya estaban en el pasado, se sienten más presentes que nunca. Esto debido a un considerable repunte en la actividad delictiva en la entidad, desde delitos del fuero común, hasta los de alto impacto, como ejecuciones en las zonas que ya son lamentablemente tradicionales para estos hechos.

En cifras de la propia Procuraduría del Estado, en el Área Metropolitana de Monterrey, se reporta un aumento histórico de acuerdo al semáforo del delito que tiene prácticamente en rojo todas las mediciones posibles en esta escala. Homicidio, robo a casa, robo de auto, violación, violencia familiar y lesiones tienen al Gobierno Independiente y a los Municipales con una gran lucha por venir.

No es coincidencia que el repunte de la inseguridad sea reflejo de la poca prevención, organización y estrategia que el Gobierno del Estado ha dejado de lado, ya que de los 10 rubros a evaluar, en 6 tenemos picos históricos de criminalidad. Creo que al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón al fin le cayó el veinte al darse cuenta que las redes sociales no pueden reemplazar a una buena estrategia y coordinación de seguridad.

Con este problema en crecimiento y el reflejo en los últimos acontecimientos, el Estado se presentó al Congreso para entregar una nueva estrategia de seguridad, días después de los rumores de la salida del Secretario de Seguridad, Cuauhtémoc Antúnez. Ya que entre que si se iba o no se iba, a Nuevo León le urgía el orden que no se ha podido imponer ni con los delincuentes en prisión, ni con los que aun están en las calles.

En dicha nueva estrategia o “reestructuración de la ley” mejor dicho,  en esta reforma a la Ley Orgánica del Estado, el sistema penitenciario pasaría a ser cargo de Manuel González, Secretario General de Gobierno, funcionando ahora como una comisaria, en teoría para dedicar esfuerzos y recursos específicamente a esos casos.




Donde además plantea una nueva estrategia en el sentido operativo por parte del Estado, claro, todo esto si los diputados aprueban esta propuesta, donde uno de los puntos que más llama la atención es la nueva figura de “guardias” o “vigilantes” quienes estarán dentro de las colonias o zonas conflictivas con un modelo parecido a la policía de proximidad, muy bueno en el papel, aunque de pasar, esperemos como resulta en la práctica. ¿Cómo?, pues no que el Gobernador había dicho en semanas recientes que no contaba con los recursos ni los elementos para ayudar a los municipios en materia de seguridad, suena contradictorio, aunque es una realidad y aunque los municipios si cuentan con partidas especificas para mejorar su seguridad

En el municipio de Monterrey, específicamente en las zonas a cargo de la Fuerza Civil, se nota una clara desorganización con delitos a la alza, por lo cual el Alcade de la Ciudad de Monterrey, ha solicitado en reiteradas ocasiones, sea el propio municipio de Monterrey quien asuma el cargo del patrullaje, operación y ejecución de la seguridad en donde la estatal aún se encuentra.

Entonces ¿en que sí y en que no debe el Gobierno del Estado intervenir en temas de seguridad pública? Porque a como se desarrolla esta historia, nadie tiene la menor idea en el palacio de cantera.

Fuera de Monterrey, la situación de seguridad publica también crece, en municipios como Apodaca, el semáforo del delito con 10 indicadores, en la tierra de la fuerza laboral del estado, se muestran en rojo y en picos históricos, lo cual le da una tarea enorme al Alcalde Oscar Cantú.

Le siguen muy de cerca Escobedo con 9 en rojo, García con 8 (el más seguro según Rodríguez Calderón), Cadereyta con 7, Santa Catarina y Guadalupe con 6 y San Pedro con sus hechos delictivos recientes con 5.




En contraste, los municipios que tienen más delitos en verde, es decir, que reportaron una disminución del 25 por ciento o más en el número de casos, son San Nicolás, Santiago, Monterrey sorpresivamente, y San Pedro también sorpresivamente.

La tarea y el reto son grandes, como así de grande es la palabra a la que a la raza le ha faltado el Bronco, es necesario arreglar los altos índices de inseguridad, y también es necesario que alguien le diga lo que tanto parloteaba en sus spots: “Acabare con la inseguridad como lo hice en García (El municipio más seguro según el)…les caeremos hechos madre”, y así también esperamos resultados de su nueva estrategia y reformas en seguridad, a nosotros también hechos madre somos presas de la inseguridad.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La piratería en México

De acuerdo con Enrique Guillén, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) el contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. Habría de decirse que el segundo delito que más debería preocupar a los mexicanos es la piratería.

Los sectores con mayor vulnerabilidad ante esta situación son el de vinos, cigarros, libros y acero. Algunos datos al respecto muestran el alcance de la piratería en esos terrenos, por ejemplo: en la industria tabacalera creció del dos al 17 por ciento entre 2011-2014, dicho en términos netos: 340 millones de cajetillas de cigarros que entran al territorio nacional no pagan impuestos, esto representa un grave riesgo a la salud y habría que atenderlo a la prontitud. Ahora hay que imaginar cuántas escuelas se dejaron de construir o en su caso de equipar debido a hábitos de consumo nocivos para la ciudadanía y para las instituciones.

Por otro lado, explica Salvador Quesada, Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), que en la industria del acero ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza que la nacional, esto quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad, sin embargo es más barata y se vende sin ningún tipo de problema aunque ponga en riesgo las construcciones donde se instala. Se ahorran unos pesos y se pone en riesgo el patrimonio de miles de familias que son sus hogares, y aún de terceros.




Por ello la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por el suscrito y los también diputados Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de Octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. El problema de la llamada piratería implica un vector fundamental de las sociedades modernas que es la propiedad intelectual, esto es, el mundo de las patentes, los procesos, las técnicas y los materiales con que se genera riqueza.

Ahora bien, la tarea no es menor porque si bien pueden crearse herramientas legislativas para tratar de combatir este mal, también es cierto, como lo comentan los legisladores en el cuerpo dictamen que se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación, la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

Esto es importante ya que de acuerdo con el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México” realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en general el 50% de los encuestados no ven a la piratería como un delito grave, incluso es algo que forma parte de su vida cotidiana, de ahí que tampoco se considere problemático consumir productos que tienen un origen ilegal.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificado” realizada por el mismo instituto se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata y que los productos que más se consumen son: películas, calzado, ropa, textiles y perfumes.




La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por tanto, deben reforzarse las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata” particularmente por su vinculación con el crimen organizado. Que las ciudadanías financien con sus compras lo que más las lastima que es la delincuencia organizada resulta una paradoja, sin embargo, es real y evidente que se incentiva la evasión fiscal, el daño a la propiedad intelectual, el trabajo honesto de hombres y mujeres y la inversión económica. La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.
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En focos rojos los delitos de mayor impacto en NL




En seis meses del 2016, el delito de robo a negocios se disparó en 71%, un promedio de dos casos por hora, de acuerdo con los resultados presentados por el Observatorio Ciudadano de Nuevo León, sustentado con las cifras de la Procuraduría General de Justicia del estado.

A este contexto de incidencia delictiva se suma que durante el primer semestre de 2016 los delitos de alto impacto y patrimoniales en general han crecido, incluso comparables con periodos en los que la inseguridad se apropió de estado.

Esto viene a colación luego de la presentación del segundo reporte trimestral correspondiente al 2016 del Observatorio Ciudadano, en el que se hace referencia a los delitos de alto impacto, así como los patrimoniales que muestran alzas alarmantes.

De esta forma podemos ver datos en donde Nuevo León pasó de ocupar el décimo lugar nacional en cuanto a Robo con Violencia al octavo, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo, en consecuencia al incremento del 33% que presentó en comparación con el primer trimestre del año. El antecedente es que este tipo de atracos son un indicador de la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la entidad.




En nuestra columna pasada, a través de este medio, anticipábamos que 68% de la población del área metropolitana considera que vivir en esta ciudad es inseguro, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Y es así como como percepción ha alcanzado a nuestra realidad.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, en el delito de robo a casa, se observa un incremento del 41.7%, entre el primer y el segundo trimestre del 2016. Mientras que el robo a negocios, tan sólo en el mes de junio de 2016 se alcanzaron 516, cifra que no se presentaba desde noviembre de 2011, cuando sumaron 558.

El robo a persona es otro de los delitos que no debemos de perder de vista, y es que al comparar estos primeros dos trimestres de 2016 se han registrado incrementos del 32.9%, pasando de los 677 a 900 casos denunciados.

Hablamos en general de delitos que impactan de manera directa al ciudadano y por consecuencia incrementan la percepción de inseguridad. Misma que sumada a nuestra realidad deberían ser los indicadores para replantear estrategias.

Ante este panorama, pedimos al Estado, municipios con mayor coordinación en labores de inteligencia, homologación y alineación de acciones destinadas a resolver el problema con efectividad.

Y a nosotros, los ciudadanos, nos queda el compromiso de denunciar cuando seamos víctimas de algún delito y no sólo abonar a la cifra negra quedándonos en el papel de críticos.

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Inseguridad; cuando percepción y realidad nos alcanza

El índice de delitos de alto impacto se ha elevado de forma paulatina en el primer semestre de 2016 según observamos en las cifras reportadas por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y análisis de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el último reporte trimestral del Observatorio Ciudadano de Nuevo León se advirtió a manera de alerta a las autoridades locales —estado y municipios— que rebasar el promedio de 300 robos de vehículos mensuales es sintomático de una oleada de inseguridad.

En los primeros tres meses del año hubo un promedio de 344 denuncias mensuales por este delito, cifra que tan sólo es superada por los 389 casos presentados en el mes de mayo de 2013.

Entre enero y junio de 2016, la Procuraduría General de Justicia Estatal reportó 2 mil 31 denuncias por robo de vehículos, que contrasta con los mil 537 casos reportados en el mismo periodo de 2015, presentando así un incremento de 32%.

En un reporte relacionado, la AMIS hace un análisis respecto a los vehículos asegurados robados en el periodo de junio de 2015 a mayo de 2016 en el que refleja que Nuevo León registra un incremento de 16% frente al mismo periodo anterior.

De esta forma, la entidad ocupa el tercer lugar nacional en dicho ranking, sólo después de Edomex y la CDMX.

Vemos como las cifras reportadas por las autoridades del estado no distan de la percepción ciudadana de inseguridad que prevalece en el área metropolitana de Monterrey y el resto de la entidad. En el primer levantamiento del Pulso Metropolitano de Seguridad de 2016 expuso que 52.7% de los ciudadanos considera inseguro vivir en la metrópoli.

A lo anterior se agregan los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Inegi que se publicó el pasado 6 de julio, que refieren que 67.9% de la población mayor de 18 años y más considera que vivir en esta ciudad es inseguro.

El reporte evidencia que los espacios o lugares donde la población consultada por el Inegi se siente más insegura son los cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, en el banco y las calles que habitualmente usa.

A la percepción del regiomontano se suma que sólo 23.4% de la población de 18 años y más considera al gobierno de la ciudad como “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más importantes, apenas ligeramente superior a la media nacional de 21.5%, de acuerdo con la ENSU.

Este es el panorama con el que llegamos a la mitad de 2016, por lo que este texto es preámbulo para las observaciones y señalamientos precisos que preparamos para el siguiente reporte del Observatorio Ciudadano de Nuevo León que entregaremos en los próximos días.

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Panamá de papel

Como bien es sabido, la información que se ha filtrado de la empresa Mossack Fonseca (firma de abogados) ha causado que el mundo se vuelque contra las personas que aparecen y están ligadas con documentos de distintas sociedades offshore donde, según se presume, hay muchas que están relacionadas con el enriquecimiento ilícito y, por qué no, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros tantos más delitos que tienen que ver con el dinero per se.

Según información primaria obtenida, se filtraron alrededor de 11,5 millones de documentos que contienen información de este tipo de sociedades que, básicamente, lo que hacen es que operan de una forma distinta pues no tienen una actividad económica. El principal referente que se tiene sobre un tema como estos podría ser el de WikiLeaks y todo lo que derivó en el caso de Edward Snowden. Pues ahora, si se quisiera comparar un hecho con el otro, de antemano tendríamos que fascinarnos de la cantidad de información que hay: mil 500 veces más que la vez anterior.

La información que se ha filtrado … ha causado que el mundo se vuelque contra las personas que aparecen y están ligadas con documentos de distintas sociedades offshore donde, según se presume, hay muchas que están relacionadas con el enriquecimiento ilícito y, por qué no, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros tantos más delitos que tienen que ver con el dinero per se.

Considero que está de más mencionar que hay muchas personalidades, políticos, empresarios y deportistas que aparecen involucrados en este escándalo, pero lo que sí es importante mencionar es que los Panama Papers ya han cobrado al menos una víctima de renombre: el Primer Ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson ha dimitido de su cargo tras haber aparecido en diversas ocasiones en documentos que le vinculan con la contratación de deudas por más de 3.6 millones de euros de los bancos que quebraron durante la crisis económica mundial de 2008-2009. En nuestro país, uno de los casos más sonados es del de Grupo Higa, quien también aparece en estos documentos y que es muy conocido por los acontecimientos de la Casa Blanca del Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

No obstante, existe una reflexión interesante cuando se hace un poco más de investigación sobre el tema. Dentro de los hallazgos a compartir, por ejemplo, es preciso decir que este tipo de sociedades no son necesariamente actos ilegales ni tampoco representan necesariamente una vulneración a la ley del país en cuestión. ¿Por qué? Retomo el ejemplo del columnista Sergio Sarmiento: las razones de existir de este tipo de sociedades son las mismas por las cuales algunos de los habitantes de la Ciudad de México registran sus vehículos en el estado de Morelos. Este ejemplo funciona perfectamente si contextualizamos y decimos que, de igual manera como sucede en Coahuila, los automóviles están exentos de la tenencia y, por ello, a sus propietarios que viven en la CDMX les resulta más económico hacer el registro en el estado vecino.

Considero que está de más mencionar que hay muchas personalidades, políticos, empresarios y deportistas que aparecen involucrados en este escándalo, pero lo que sí es importante mencionar es que los Panama Papers ya han cobrado al menos una víctima de renombre: el Primer Ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson

La idea es la siguiente: si existe una manera de economizar en algún costo y evadir algún pago adicional de alguna forma legal, ¿Por qué no hacerlo? Muy probablemente la respuesta a esta pregunta no sea necesariamente el tema del dinero, sino lo que tiene que ver con la cuestión moral y ética de esconderse de las autoridades fiscales de los países de origen y residencia de los implicados porque, ahora que se tiene conocimiento de esta información, es cuando salen todas esas declaraciones que oscilan entre los temas mencionados al inicio de este texto (evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, etc.).

Es importante precisar y conocer realmente qué es lo que más nos duele: que haya tanto dinero en las manos de unos pocos y tanta carencia en la de muchos otros, o acaso será que adolecemos de indignación y queremos curarnos en salud al criticar al que más tiene.

Lo que hay que ver: millonarios y políticos ‘picudos’. ¿En serio nos sorprende?

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Mujeres sin derechos: Problemas en los centros de readaptación social en el estado de Nuevo León

“Aquí mandan los de la última letra —Los Zetas–. A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide.” -Servidor público a una mujer reclusa en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” del estado de Nuevo León (2014).

De acuerdo a la Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal del año 2014, en la República Mexicana hay más de 248,000 personas que conforman la población penitenciaria, aunque solamente existen 389 centros penitenciarios (con capacidad para 198,000 personas como máximo). Del total de las personas privadas de su libertad, el 5.07% son mujeres, de acuerdo a la misma estadística.

Se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad, elaborado en 2014 con motivo de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, indica que se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

Pero destaca la situación de las mujeres privadas de su libertad por tres razones principales:

1. Hacinamiento.

No se respeta el artículo 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 100%. Señala el Informe mencionado que sólo el 35% de las mujeres privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios específicos para mujeres, mientras que el 65% restante se encuentra en centros mixtos. Además, hay un hacinamiento de hasta el 399%.

2. Falta de servicios de salud.

No se respeta el derecho a la salud, contemplado en los artículos 1º, 4º y 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Constitución Política del estado de Nuevo León, 2º y 27º de la Ley General en materia de Salud, entre otras disposiciones normativas nacionales e internacionales. Señala el Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León, elaborado en 2014 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existe un área de servicios médicos adecuados, como la falta de personal femenino para atenderlas, la falta de médicos psiquiátricos para las internas que lo necesiten y la inexistencia de facilidades para que ingresen al lugar ambulancias en casos de emergencia. Asimismo, recalca el Informe anteriormente mencionado la deficiencia en alimentación, protección de la salud, falta de privacidad, carencia de acceso a servicios de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera.

3. Abusos sexuales.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Pero sobre todo, existen abusos sexuales. El Informe mencionado menciona que hace mucha falta capacitar a los servidores públicos que trabajan allí en materia de prevención de tortura. Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas. De acuerdo a una investigación profesional que realizó la periodista Sanjuana Martínez en el 2013, las reclusas de los centros penitenciarios del estado cuentan con aproximadamente 2.93 metros cuadrados por persona para dormir, violando así lo recomendado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (que es entre 8 y 9 metros cuadrados). Se descubrió en la investigación, que también hay trata de mujeres para con los reclusos hombres, cuando hay centros mixtos, y para con los servidores públicos del lugar: las obligan a ser sus parejas sexuales o las violan.

Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas.

En el tenor de lo anterior, dado el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y los sistemáticos abusos sexuales que sufren las mujeres privadas de su libertad, resulta menester crear políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica y material de las mujeres que denuncien abusos sexuales, tortura o cualquier falta de trato de digno y otorgarles protección para evitar que sean víctimas de represalias debido a sus denuncias.

Un primer paso para lograr esto es legislar al respecto. Los Centros de Readaptación Social en los que se encuentran mujeres privadas de su libertad, deben ser objeto de escrutinio público y del estado. Asimismo, se deben crear mecanismos eficaces para la realización de denuncias seguras por parte de las víctimas.

El objetivo de la implementación de políticas públicas nuevas, sustentadas jurídicamente en una reforma legislativa, sería garantizar cabalmente el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León: el estado las debe de cuidar y proteger.

Esto traería resultados positivos para todos. En lo individual, las mujeres se verían beneficiadas al dejar de estar en una situación de constante amenaza y de violaciones, lo que conllevaría a una mayor probabilidad de rehabilitación y, eventualmente, podrían ser efectivamente reincorporadas a la sociedad y lograr salir adelante.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia. En tercer lugar, se propicia la cultura de la legalidad hacia adentro y hacia afuera. Y, por último, se logra la reinserción social de esas mujeres privadas de su libertad.

“Hay que poner el grito en el cielo. Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas. Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas. Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas.” -Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace A.B.P. (2013)

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Fuentes de información:
• Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Estrasburgo, 1987/2015.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León. México, 2014.
• Sistema Penitenciario Federal. Estadística Penitenciaria. México, 2014.
• Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad. México, 2014.
• Sanjuana Martínez. La Jornada: Denuncian reclusas esclavitud sexual en la prisión de Topo Chico. México, 2013.

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