La corrupción es el problema más grande que tiene México, según la percepción de los ciudadanos. El INEGI afirma que en el país se realiza un acto de corrupción cada 3.5 segundos, vaya rapidez.

A pesar de haber aumentado el presupuesto asignado para combatir la corrupción en el país, la realidad es que año con año ocupamos los primeros puestos del ‘corruptómetro’ en comparación con otros países de la OCDE.

Sí, es la época donde Javier Duarte se ríe de las autoridades mexicanas mientras desfalcó a Veracruz y lo convirtió en un cementerio de periodistas. Sí, es la época donde Rodrigo Medina hundió las finanzas de Nuevo León y se pasea por el mundo sin un gramo de preocupación. Sí, es la época de las casas blancas, de los yates de los junior de la política, la época donde la riqueza se muestra en redes sociales sin importar el origen donde provenga.

Hay una relación directa entre los resultados que se obtienen en la prueba PISA sobre matemáticas, lectura y ciencias entre los países con las peores calificaciones en la percepción de corrupción. En ambas, México ocupa las peores calificaciones.

Entre el 2014 y 2016 aumentó un 94% el presupuesto asignado al combate a la corrupción para las instituciones públicas, mientras el INE pierde estrepitosamente su credibilidad con las acusaciones de fraude en las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Lo cierto es que como nunca antes hemos integrado esfuerzos de diversos elementos sociales que, luego de un hartazgo profundo y de una conciencia cada vez más activa, que ahora se traduce en un cúmulo de exigencias capaces de articular el Sistema Nacional Anticorrupción.

Un Sistema Nacional Anticorrupción que es aún demasiado perfectible, pero que nos genera una luz, aunque todavía opaca, al final del túnel. Una luz que hemos creado sociedad, IP, gobiernos con voluntad o por necesidad y un inevitable ajuste a las exigencias ciudadanas por derrumbar, piedra por piedra, el monstruo de mil cabezas llamado corrupción.