Monreal considera que no es necesaria una consulta para enjuiciar a expresidentes

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El jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la Fiscalía General de la República podría someter a proceso y vincular a los ex Presidentes como presuntos culpables de algún delito sin necesidad de una consulta ciudadana.

En rueda de prensa, el legislador dijo que entendía a la consulta popular “como un instrumento jurídico de legitimación política”, aunque confiaba en que la Fiscalía “pudiese, con toda certeza, de acuerdo con el debido proceso y la presunción de inocencia, establecer la presunta responsabilidad de los señalados en una demanda de carácter penal, una denuncia de carácter penal que ha presentado Emilio Lozoya”.

Luego que la bancada que lidera determinará formar una consulta para explorar el asunto, Monreal advirtió que el Senado debía revisarlo con cuidado.

La consulta pública sobre los ex Presidentes de la República promovida por AMLO entrampó a la bancada de Morena en el Senado.

La senadora Citlalli Hernández planteó a sus correligionarios la necesidad que había de que el grupo empujara la consulta, con el respaldo de al menos 43 de los 61 integrantes de la bancada, equivalentes a un 33% de la Cámara alta.

El senador Armando Guadiana rompió la homogeneidad de opiniones del grupo cuando hizo notar que bastaba una denuncia para que la Fiscalía General de la República tomara cartas en el asunto y abriera una carpeta de investigación a Salinas de Gortari.

El parlamentario coahuilense dijo que si cualquier ex Presidente cometió algún delito y había denuncias debía presentarse para que intervenga la Fiscalía.

La senadora Malú Micher protestó de inmediato.

La senadora Antares Vásquez recordó que el grupo tenía apenas 15 días para procesar la consulta.

Sin rodeos, la legisladora guanajuatense planteó que lo que López Obrador pretende “es un posicionamiento político de la ciudadanía, aun cuando la Suprema Corte no valide ninguna de las preguntas“.

El mexiquense Higinio Martínez siguió la misma lógica de Armando Guadiana.

La bancada decidió dar forma a una comisión que se aboque a preparar la propuesta respectiva.

 

 

(Con información de Reforma)

SCJN aval juicio político contra “el Bronco” por la vía federal

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que, para ser sancionado, Jaime Rodríguez Calderón puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la Presidencia en el 2018, esto dos años después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local de Nuevo León sancionar a “el Bronco” por el caso de las “broncofirmas”.

La vía planteada por la SCJN que podría llegar a una eventual destitución o inhabilitación llevará mesas o años de proceso y acuerdos legislativos en el Congreso federal, mientras que el mandatario deja su puesto en octubre del próximo año.

Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte invalidado el procedimiento creador por el Congreso local para cumplir la orden de sancionar a “el Bronco”, dictada por el TEPJF.

Además, la Corte determinó que la sanción debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución federal y la debe atender el Congreso federal.

“De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal. El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores. Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”, se lee en la sentencia.

Los ministros determinaron que el caso es federal, debido a que Rodríguez incurrió en irregularidades cuando aspiraba a una candidatura federal. Además, se descartó que sean aplicables responsabilidades administrativas o penales.

De acuerdo con el Artículo 110 de la Constitución federal, los gobernadores pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves, y en el caso de “el Bronco”, así fue determinado en la sentencia inapelable del TEPJF.

El proceso es el siguiente, el juicio político inicia en la Cámara de Diputados como “instructora del proceso, mientras que el Senado es el jurado que determina la existencia de la responsabilidad política, y para aprobarse se requiere dos terceras partes de los votos.

En el caso de Gobernadores, el Senado sólo hace una declaración que se notifica al Congreso estatal, para que éste determine la sanción, que solo puede ser destitución o inhabilitación.

Cabe mencionar que el último juicio político que se realizó en México fue hace 94 años contra un Gobernador de Jalisco. Adicionalmente, entre el 2003 y el 2017 el Congreso federal acumuló 356 denuncias de juicio político y ninguno avanzó.

(Con información de Grupo Reforma)

Hubo presiones económicas en 5 reformas más.-Monreal

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Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado, aseveró que además de sobornos a legisladores de Oposición para aprobar la reforma energética, también los hubo para aprobar cinco reformas más, entre las que se encuentran las reformas educativas y fiscal.

Señaló que si bien no cuenta con elementos para señalar a ex legisladores de manera específica, le consta que hubo presiones económicas fuertes para aprobar las reformas.

Monreal votó en contra de las modificaciones constitucionales y denunciaron las presiones de sectores interesados en ellas, aunque omitió dar nombres.

El coordinador de Morena en el Senado consideró que aún hay mucha tela por cortar, luego de que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, revelara que el Gobierno federal pagó sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores del PAN para aprobar reformas del Pacto por México.

Cuestionado sobre los señalamientos en contra del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y de su esposa por su presunta relación con el caso Odebrecht, dijo que no cree que sean ciertas, pero en caso de haber pruebas deben ser investigadas.

 

 

(Con información de El Norte)

SFP investiga patrimonio de Osorio Chong

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga el patrimonio del ex secretario de Gobernación y actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval revisa propiedades, cuentas bancarias y si existe procedencia lícita de recursos del funcionario desde que éste fuera Gobernador del estado de Hidalgo.

Esto, como una verificación patrimonial.

De acuerdo con el propio Osorio Chong, arrenda junto con su familia una residencia en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, la cual previamente reportó con interés de adquirirla.

Al respecto, refiere que en mayo de 2014, su esposa dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del entonces Distrito Federal.

En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

No obstante, de acuerdo con Osorio el crédito hipotecario solicitado al banco para la eventual compra fue cancelado.

A lo anterior, el ex titular de Segob atribuye que ahora la SFP lo considere como un ingreso no justificado.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por 1 millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Denuncian a Alfonso Durazo por mentir en el Senado

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La Senadora por el PRI, Claudia Anaya, informó que denunció formalmente, esta mañana, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto por “mentir al Senado” sobre la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante, JOaquín Guzmán Loera.

La senadora aseguró que en su denuncia se asegura que “violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas” al no desempeñar su cargo con honradez y objetividad “al mentir u omitir información” al Senado de la República, causando así un grave prejuicio al servicio público.

Se asegura que violó también el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional, al no poner al inculpado (en este caso Ovidio Guzmán), ante un Juez y, además, la actuación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, “configura un acto delictivo sancionado entre 6 meses y 9 años de prisión acorde al Código Penal Federal, al poner en libertad al presunto delincuente aun cuando ya había sido detenido“.

Se destaca que esto ocurre luego de que en noviembre pasado, el secretario Durazo haya comparecido al Senado: “Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable. Los integrantes del Gabinete de Seguridad -mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor– tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido“.

La senadora asegura que estas declaraciones contradicen con lo expresado por el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa del pasado 19 de junio donde aseguró: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.

Anaya solicitó a la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval realizar las investigaciones correspondientes y sancionar conforme a derechos, los actos y omisiones llevando a cabo por el secretario Durazo, y en su caso ejecutar las sanciones que correspondan. “En cualquier parte del mundo, mentirle al Senado, es un acto grave“, sentenció.

Con información de La Jornada

Monreal pide tregua interna en Morena

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Tras considerar una “tregua” en el seno de Morena, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Ricardo Monreal, respaldó la apertura de una investigación en torno al pago de 395 millones de pesos a empresas fachada que efectuó la dirigencia que encabezaba Yeidckol Polevnsky.

“(…) Creo que debe de convocarse una tregua para revisar bien los expedientes para no judicializar un asunto interno. Se va a investigar internamente, no quiere decir que haya impunidad, pero sí es necesaria una tregua interna”, sostuvo.

El zacatecano dijo que tenía confianza en la integridad y honestidad de Polevnsky, aunque consideró que debía aclarar las acusaciones que pesan sobre su figura al interior del partido.

Por lo pronto, afirmó que bajo el liderazgo de Alfonso Ramírez Cuéllar, Morena podría corregir el rumbo.

Monreal reconoció que Morena atraviesa por un mal momento, sobre todo de cara al proceso electoral de 2021, en el que previó que el movimiento podría ganar 12 de 15 gubernaturas.

En opinión del parlamentario, la ausencia de AMLO en el seno de Morena ha repercutido de manera negativa.

 

(Con información de Reforma)

#ParidadEnTodo: deuda pendiente con las mujeres

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A la histórica integración paritaria de las Cámaras Alta y Baja, le siguieron una serie de reformas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Una de ellas fue la reforma constitucional para marcar la obligación de la integración de todos los organismos, de todas las instancias, en paridad. Esto quiere decir que tanto mujeres y hombres ocuparían, en igualdad de condiciones y de oportunidades, los puestos del poder público. Con ello, México tomó pasos firmes para poner fin a una deuda histórica con las mujeres en relación a su obstaculización para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Al interior de la República mexicana, la paridad en la integración de órganos legislativos se vio materializada en varias entidades, incluida Nuevo León. 

Hoy, a unos días del vencimiento del plazo para la armonización legislativa sobre las reformas de paridad en los tres poderes del Gobierno estatal, el Congreso de NL aún no ha tomado cartas en el asunto. 

Recordemos que fue apenas en 1953 cuando el reconocimiento al sufragio femenino fue efectivo en nuestro país. Recordemos también que, a partir de ahí, una serie de nuevos obstáculos y barreras se han presentado en el camino para que las mujeres puedan acceder a candidaturas y al poder público.  Con la reforma #ParidadEnTodo México demostró un claro compromiso para derribar dichas barreras. 

El problema no es que no haya mujeres capaces, es que no las voltean a ver. El problema no es llegar “gracias a una cuota”, el problema es esa enorme resistencia a nombrar mujeres para dirigir, administrar, decidir. El problema también consiste en seguir viendo la paridad como algo nocivo para alguna de las partes, cuando en realidad presenta igualdad de oportunidades para ambas. 

Necesitamos un Congreso local que entienda que la paridad de género no es parte de ninguna agenda política, sino un esfuerzo de reconocimiento a la igualdad de derechos, a la igualdad al acceso a un cargo público: un tema de contrarrestar la deuda pendiente con las mujeres del estado. 

Urge que los Congresos estatales, incluido el de Nuevo León, demuestren que la garantía de la igualdad de género forma parte de sus prioridades. Urge que diputadas y diputados aprueben los cambios legislativos que nos ayuden a acercarnos a una democracia de calidad, una democracia en la que las mujeres participemos en igualdad. 

Contrapeso o Mera Formalidad

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Desde el 27 de febrero de 2020, nuestro País se encuentra en una lucha sin cuartel contra un enemigo peligroso, silencioso y a veces letal al que resulta imperativo derrotar denominado COVID-19.

Aunque al día de hoy, el panorama aparentemente es alentador en comparación con lo que experimentaron otros países como Italia, España, Estados Unidos, etc., los mexicanos debemos seguir preparados y no bajar la guardia, pues todavía no ha pasado la peor parte de esta batalla.

Sin embargo, como en todas las batallas, esta situación ha vuelto patente algunas de nuestras fortalezas, como por ejemplo la solidaridad que internacionalmente nos ha sido reconocida y que ha sido pieza fundamental en esta lucha, pues entre todos hemos apoyado siguiendo las recomendaciones de aislamiento voluntario, sana distancia, ayuda entre vecinos, apoyos alimentarios, donaciones de sangre, entre otras.

Por su parte, también se han evidenciado algunas de nuestras flaquezas, dentro de las cuales identifico como la más destacada la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes.

Sobre todo, tratándose del servilismo villano que el poder Legislativo realiza para el poder Ejecutivo en las Entidades federativas y la Federación.

Al respecto, en nuestro País el principio de división de poderes se encuentra en el artículo 49 de la Constitución y esencialmente tutela que el poder público para su ejercicio se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Dicho principio, históricamente tiene su base en los postulados de Aristóteles, Locke, y Montesquieu, quienes advirtieron la necesidad de dividir el poder público a fin de impedir su abuso, generando contrapesos pues solo el poder puede detener al poder.

Y es que hoy, al igual que hace 272 años vale la pena preguntarnos “cómo un gobierno puede no ser tiránico si el encargado de hacer ejecutar las leyes es al mismo tiempo el legislador”, “qué protección pueden tener los ciudadanos contra la arbitrariedad si en una sola mano se reúnen confundidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (El espíritu de las Leyes – Montesquieu).

Lo anterior, pues si bien es cierto, en nuestro País la separación de poderes obedece a la necesidad de contar con contrapesos, equilibrio y erradicar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y; aunque formalmente cumplimos con el referido principio al contar con un Presidente de la República, Cámara de Diputados (federal) Cámara de Senadores y Juzgadores, así como Gobernadores y Legislaturas Locales, la realidad es que materialmente el poder Legislativo a nivel federal y en las Entidades federativas resultan una mera o insignificante formalidad para la aprobación de determinadas acciones del poder Ejecutivo.

Esto, pues basta observar cómo esta pandemia que hoy nos aqueja ha sido un nicho de oportunidad para el titular del poder Ejecutivo federal proponiendo realizar modificaciones al presupuesto y para los titulares de los Ejecutivos estatales solicitando endeudamientos y ejerciendo acciones que desde su redacción se advierte que no necesariamente servirán para contrarrestar al COVID-19 y que han sido aprobadas, o lo serán, sin debatir, razonar u opinar por los poderes Legislativos.

Evidenciando así, la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes, en tanto el poder Legislativo más que un verdadero contrapeso que sirva para enriquecer las decisiones y el ejercicio del poder público, se ha convertido en un paso más que el Ejecutivo debe realizar antes de ejercer determinada acción.

Siendo oportuno precisar, que tampoco se trata de enfrentar ambos poderes como muchos legisladores de oposición (respectivamente) realizan su función, sino por el contrario, de enriquecer la toma de decisiones.

Ante esto, como ciudadanos resulta válido preguntarnos si verdaderamente nuestros Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores ejercen un contrapeso o bien, si únicamente resultan una formalidad necesaria.

Finalmente, los legisladores deben tomar en cuenta que pertenecer a un partido político o grupo parlamentario nunca puede significar renunciar a su indormia o capacidad de razonar.

Oposición presenta acuerdo emergente

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Los líderes del PAN, PRI y PRD en el Senado de la República presentaron un acuerdo económico emergente con 10 acciones prioritarias, en materia de salud y economía, para hacer frente a la crisis que genere el Covid-19 en el país.

 

En el acuerdo sobresale que, “en estos momentos, la prioridad de los tres órdenes de gobierno, del sector privado y social, debe ser garantizar la salud de las familias mexicanas, mantener el empleo y defender el ingreso de los hogares”.

 

Se espera que hoy los coordinadores del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PRD, Miguel Ángel Mancera, lo muestren ante la Junta de Coordinación Política para que se posicione de manera urgente ante el tema.

 

Los senadores proponen en materia económica, mantener el empleo que otorgan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como garantizar que los enfermos de Covid-19 tengan un ingreso de al menos el salario mínimo.

 

Incluyeron un apoyo directo a las empresas con exenciones y estímulos fiscales, respaldar la economía familiar cubriendo subsidios a la luz, agua y gas, y propusieron preparar un plan nacional de reactivación económica.

 

En materia sanitaria, destaca el garantizar el cuidado de los hijos y familias de los trabajadores de la salud; asegurar que los centros de salud y su personal cuenten con todo lo necesario para sus funciones.

 

Además se plantea que se busque reconvertir hospitales y otros espacios para atender a los enfermos de COVID-19, incluyendo a trabajadores del sector Salud que resultaran contagiados. Asimismo, proponen que se garantice la aplicación masiva de pruebas y facilitar la coordinación con los estados.

 

“Estamos ante una situación extraordinaria. La crisis que vivimos nos demanda enfrentar la emergencia sin prejuicios, ocurrencias o arrebatos, privilegiando altura de miras, acciones concretas y unidad nacional”, declararon los legisladores como crítica al mensaje que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

 

 

Con Información de El Universal

La violencia de género también se da en política

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Llegar a los puestos de toma de decisiones fue una de las primeras metas (y posteriormente conquistas) del movimiento feminista en el mundo. Había que estar en el poder para incidir en los cambios legislativos que repercutirían en las vidas cotidianas de las mujeres: el acceso a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, a mejores condiciones laborales y salarios dignos, etc.

Poco se imaginaban las sufragistas que en 2020 las mujeres nos seguiríamos enfrentando a numerosos obstáculos en esta esfera: cuando ya podíamos votar, era difícil ser candidata. Cuando se exigió a los partidos políticos dejar de obstaculizar las carreras políticas de sus militantes colocándolas como candidatas, les pedían renunciar al ser electas para dar paso a su suplente hombre. Cuando se bloqueó la posibilidad de este escenario, continuaron reforzando los mitos: “no hay mujeres”, “es cuestión de capacidad”… invisibilizando a las mujeres con larga trayectoria política y grandes capacidades entre sus filas. Cuando se dictó que las candidaturas debían realizarse en paridad (50% mujeres, 50% hombres) no sólo se resistieron sino que dieron paso a nuevos (y viejos) retos… las mujeres en campaña no accedían a la misma cantidad de recursos que sus contrapartes masculinas, tampoco se hablaba de ellas con la misma frecuencia en los medios y, cuando se hablaba, los comentarios contenían estereotipos de género, se enfrentaron a todo tipo de violencia dentro de su actuar político: descalificaciones por su género, amenazas, malos tratos, abusos sexuales, secuestros y hasta feminicidios. Cuando llegaron al poder, les obstaculizaron la toma de puestos importantes como la llegada a presidencias de Comisiones estratégicas.

Todo esto, es violencia política en razón de género. Y obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Les impide participar en la vida pública de este país en igualdad de condiciones.

Las instituciones mexicanas ya han tomado cartas en el asunto desde hace un par de años, mediante la conjunción de esfuerzos y el lanzamiento de protocolos para atender y sancionar este tipo de violencia. Sin embargo, su investigación y la resolución de los casos se obstaculiza al no existir un tipo penal.

Ayer, la Comisión de Igualdad de Género del Senado aprobó la tipificación de este delito y, aunque faltan pasos a seguir dentro del proceso legislativo, el suceso ya es digno de informarse al ser un paso que significará un cambio importantísimo en la vida de las mujeres, en la consolidación de espacios libres de violencia también en la arena pública. Tener un marco normativo sólido que garantice y proteja nuestros derechos políticos es un paso fundamental para el alcance de una verdadera democracia, en la que todas las personas estemos representadas, incluidas y en el que nuestra participación no se vea obstaculizada. 

“Que las niñas del futuro que sueñan con gobernar, legislar y administrar este país no sean nunca víctimas de violencia política en razón de su género. Que tengan herramientas para denunciar a sus agresores”– Indira Kempis, Senadora de la República.