Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente.
Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos.
No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé.
En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios.
Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción.
A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos.
La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema.
El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.