Dejan Administraciones de Calderón y EPN huecos en fideicomisos por 32mmdp

Comparte este artículo:

Informes camerales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron entre 2006 y 2018 un hueco de 32 mil millones de pesos en materia de fideicomisos.

De ellos, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.

Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibieron observaciones de la Auditoría por 11 mil millones de pesos.

Entre los aspectos que destaca la Auditoría, está la falta de normatividad para la entrega de apoyos tras los terremotos de 2017, pues, por ejemplo, no se contó con un mecanismo de control que permitiera a las autoridades comprobar que no hubo duplicidades en el otorgamiento de financiamiento para la reconstrucción.

Para la cuenta pública de 2018, la ASF se remitió a años previos y concluyó que con relación a la gestión financiera de los recursos autorizados al Fonden 2003, en términos generales las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, los institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la SEP y Banobras no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia”.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo entre 2012 y 2018 una partida de 14 mil 448 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales, pero de acuerdo con revisiones en terreno, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro en ese periodo.

Durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, se cuenta con algunos ejemplos de observaciones al dinero depositado en fideicomisos como la construcción del proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, en el cual el Fonatur invirtió 1 mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender ni un solo lote.

Aunado a ello, de acuerdo con los argumentos presentados por los diputados de Morena en San Lázaro, no existe información disponible sobre los rendimientos, uso o destino de 9 mil 646 millones de pesos que realizó el Conacyt mediante operaciones bancarias.

Esta semana, en la Cámara Baja se concretó la extinción de 109 fideicomisos cuyos recursos darán a la Federación una bolsa de más de 60 mil millones de pesos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 10 días exhibirá a las personas que se beneficiaron de los fideicomisos que se están desapareciendo y aseguró que, de configurarse un delito, se presentarán las denuncias correspondientes.

Los legisladores que avalaron la extinción de dichos fondos y fideicomisos aseguran que se busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

La determinación de eliminarlos ha generado un descontento en los sectores afectados (científicos, deportistas, víctimas de delitos, artistas y demás), a quienes se les ha afirmado que continuarán recibiendo los recursos con los que se beneficiaban, sólo que ahora sin intermediarios.

(Fuente: El Mañanero)

Tribunal ratifica sanción por compra de acero de la Estela de Luz, mejor conocida como la “suavicrema”

Comparte este artículo:

A más de ocho años de su inauguración, la polémica Estela de Luz, sigue dando de qué hablar.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la compra de acero a un mayor precio para la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.

Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.

Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.

León y Bravo aparentaron un cambio de acero inoxidable para el proyecto que incrementó el costo en 316.5 millones de pesos.

No obstante que el TFJA confirmó que éste era igual al original.

León y Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, que corresponderá al SAT ejecutar.

 

Revelan que administración de EPN desvió fondos destinados para insumos médicos

Comparte este artículo:

Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que debieron ser utilizados para adquirir ventiladores, uniformes y medicamentos para la institución.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos por 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

De acuerdo con datos proporcionados por Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud, de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma.

El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

En los años analizados los directores del IMSS fueron: José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel Ortega (2017-2018).

Uno de los contratos se firmó en 2017 con la empresa Interacción Biomédica por 4.7 millones de pesos para supuestamente adquirir nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal, después de un proceso de licitación.

Cada ventilador, se lee en el fallo de compra realizada por la delegación Tamaulipas, costó 532 mil 652 pesos y según las especificaciones, es un equipo electromecánico controlado por microprocesador y de soporte de vida para apoyo ventilatorio”.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2017, cuatro meses después de que la empresa fuera señalada de forma definitiva por el SAT como fantasma y su nombre apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, se le otorgó otro contrato por 2.3 millones para surtir a la delegación del Instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre.

Entre 2017 y 2018, Biomédica vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.

Esta empresa también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.

En materia de construcción, la empresa fantasma que facturó el monto más alto fue Tradeco Urbana, filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.

A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa.

En noviembre de ese año el ISSSTE, que le había otorgado a Tradeco Infraestructura y Grupo IGSA otro contrato para la construcción de un hospital, también se lo revocó y comenzó un procedimiento administrativo que culminó con una inhabilitación por 30 meses para Tradeco Infraestructura.

Ahora se sabe que entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes. En octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que amparaban operaciones inexistentes.

Otra empresa fantasma que supuestamente realizó trabajos de conservación de unidades médicas rurales en Oaxaca fue Arquitectura e Ingeniería Celsus, que ganó tres contratos por 690 mil pesos, mientras que Ax Servicios y Concesiones remodeló los quirófanos del Hospital General de Zona en Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los insumos que es muy probable que no hayan llegado a los hospitales porque se compraron a empresas fantasma hay 12 reanimadores de asistencia ventilatoria para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, cuatro aspiradores portátiles, sillas de ruedas, nebulizadores, camas, incubadoras, anteojos y gafas protectoras.

Entre los recursos desviados a compañías fachada hubo al menos 14.6 millones de pesos que iban para compra de equipo, en su mayoría aparatos médicos para el área de Urgencias.

Diversas empresas expidieron al IMSS 7.2 millones de pesos en facturas que terminaron siendo inválidas para adquirir instrumental médico y quirúrgico, como fórceps, espátulas, pinzas, separadores de tejido, charolas, vasos metálicos, tijeras y cánulas. También se destinaron 3.5 millones de pesos para la supuesta compra de medicamentos y material de curación, como jeringas, compresas, alcohol, gasas absorbentes, algodón, vendas elásticas, parches, antisépticos y cubrebocas.

Se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria, 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.

Los contratos más cuantiosos de ropa para el personal médico se los llevó Hinfra.

En 2017, el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos en tallas mediana, grande y extra grande, así como 11.7 millones para batas de aislamiento. Un año antes, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios. Además, Hinfra está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al ex Gobernador César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado reveló que Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado y acusado de peculado, otorgó un contrato a la compañía para simular servicios de asesoría que nunca se llevaron a cabo,

Hinfra, constituida en Puebla en 2013, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS.

De acuerdo con los datos recabados por Impunidad Cero, vendió al Instituto insumos por más de 60 millones de pesos.

El Instituto también desvió al menos 44.6 millones de pesos que serían destinados a diversos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura, a diversas empresas que sólo existían en el papel.

En 2014 desembolsó 5.6 millones de pesos supuestamente para que la Comercializadora Radchen le prestara diversos servicios de mantenimiento. Uno de ellos era para la limpieza de ductos de aires acondicionados en la delegación del IMSS en Tamaulipas.

La delegación del IMSS en Nuevo León le otorgó a Grupo Global de Negocios un contrato por 2.3 millones de pesos en 2016 para que le diera mantenimiento a unos montacargas. Otro rubro al que se destinaron 8.5 millones de pesos fue al de compras de artículos terapéuticos y playeras deportivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública, desde el 01 de mayo pasado inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte del IMSS, desde su delegación en Hidalgo.

La dependencia agregó que durante el pasado fin de semana se requirió información al IMSS y se giró un oficio al director de la Institución, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver el caso con celeridad.

Muere el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza

Comparte este artículo:

El ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza murió este miércoles luego de sufrir un infarto cerebrovascular.

A través de su cuenta de Twitter, el ex Presidente Enrique Peña Nieto confirmó la noticia y envió un mensaje expresando sus condolencias.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y ex colaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, tuiteó el ex Mandatario.

Ruiz Esparza tenía 70 años de edad y sus últimos días los pasó en el área de terapia intensiva del Hospital ABC de Observatorio, en la Ciudad de México, al cual llegó el lunes pasado.

Durante su trayectoria, ocupó puestos en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Infonavit, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Gobierno del Estado de México, como secretario de Comunicaciones con el Gobierno de Peña Nieto en la entidad entre 2005 y 2011.

De 2012 a 2018 fungió como secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, con una gestión muy cuestionada.

Entre otras cosas, fue acusado de haber incurrido en presuntos actos de corrupción para favorecer a la empresa española OHL con concesiones de carreteras y permitirles aumentar artificialmente el peaje en vialidades como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario.

El ex secretario también enfrentó en su Administración señalamientos por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, donde dos hombres perdieron la vida a causa de la mala calidad de la vialidad.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2018. La Secretaría encabezada por Ruiz Esparza fue el sector que acumuló más irregularidades, con observaciones por más de 8 mil millones de pesos.

(Fuente: El Mañanero Diario)

UANL simuló obras en el NAIM

Comparte este artículo:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no acreditó que se hayan realizado trabajos vinculados al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por lo que determinó un probable daño al erario de 14.6 millones de pesos por parte de la Uni.

Las anomalías detectadas incluyen servicios y entrega de bienes que no fueron comprobados; irregularidades en la contratación de personas físicas, así como en los choques y cobro de los cismo para el pago de estímulos, y comprobantes de gastos menores que no coinciden con las actividades, entre otras.

Los 14.6 millones de pesos son el total de pagos que la UANL recibido en el 2018 de un convenio firmado un año antes por 26.2 millones de pesos con el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM), para ejecutar, a través de su Facultad de Arquitectura, el salvamento arqueológico al interior del Lago de Texcoco en su zona oriente, proyecto que incluía labores de supervisión, vigilancia y excavación.

Pese a que aseguró contar con capacidad para ello, la UANL subcontrata personal que no cumplía con el perfil, por 3.1 millones de pesos, así como a la empresa Gonvicgar, que recibió pagos por 2.3 millones, y cuyos trabajos y servicios no fueron acreditados.

“Se determinó que existieron inconsistencias e irregularidades relativas al pago de las personas físicas que se integraron para la comprobación de los recursos, así como no existe evidencia de que se haya realizado la prestación del servicio”, se lee en el dictamen de la ASF.

De acuerdo a la información proporcionada por la ASF, 36 personas físicas contratadas por la UANK, sólo siete tenían relación con la carrera de Arqueología y 29 no se vinculaban a los trabajos.

Otras anomalías reportadas es la entrega no corroborada de suministro astros y equipo, inconsistencias en los recibos de pago y en las firmas de las pólizas, cheques que no fueron entregados a sus beneficiarios y fueron cobrador por otras personas o depositados a la empresa subcontratada.

La ASF informa que a partir de visitas y entrevistas al personal al que se reportaron pagos, hubo quien rechazó haber realizado trabajos para la UANL.

La ASF determinó también dar vista al SAT para auditar a la UANL, a Gonvicgar y a tres personas físicas.

(Con información de Grupo Reforma)

En carpeta investigación no hay pruebas contra mi.- Lozoya Austin.

Comparte este artículo:

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares a cambio de adjudicar contratos a la empresa brasileña Odebrecht, aseguró que en la carpeta de investigación que obra en la PGR no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acrediten que recibió dinero, “ni de ellos ni de nadie”.

En rueda de prensa, a la que acudió acompañado de sus abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, Lozoya Austin dio lectura a un escrito en el que señala: “Quiero ser muy claro en este punto: no existe ninguna prueba, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación”.

 Al referirse a los funcionarios de Odebrecht presos en Brasil, quienes declararon haber entregado el millonario soborno, dijo que ellos incurrieron en algunas falsedades en su declaración.
También dijo que las licitaciones de Pemex se realizan con múltiples mecanismos que buscan garantizar su legalidad y transparencia: “Me correspondió a mí establecer nuevos mecanismos para lograrlo, Odebrecht resultó ganadora de dos proyectos.
Lozoya Austin explicó a detalle el procedimiento que se sigue para llegar a la asignación de una licitación.Posteriormente aseguró que los dos contratos de las empresas de Odebrecht fueron revisados y auditados en su proceso de otorgamiento, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación, y no hubo observación alguna por parte de estos organismos, ni sus resultados fueron impugnados por otros participantes en el proceso de licitación.

Lozoya Austin, indicó que más allá del relato de estos hechos, él no participó en este proceso de adjudicación.

También habló del tiempo que trabajó para la campaña presidencial, periodo en el que supuestamente se le depositan parte de los 10 millones de dólares.

Por último, aseguró que ya solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que lo cite en caso de que así se le requiera.

Jaime Rodríguez admite fallas afirmando que las solventaran.

Comparte este artículo:

El Gobernador Jaime Rodríguez  dijo que los señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación se deben a errores en la comprobación del uso de recursos, pero aseguro que todo quedara solventado.

Al ser cuestionado sobre un señalamiento por el ejercicio de 313 millones de pesos en Cuenta Publica 2016, Rodríguez comento, “fue un error nuestro y de la Auditoria en el sentido de que nosotros no presentamos algunos documentos, y eso obviamente genera una obsesión.

“Nos dieron un plazo, cumplimos con ello, no tenemos dudas que hay un buen ejercicio, es un tema administrativo que la mayoría de ellas tenemos la certeza que se hicieron bien, es cuestión de presentar los documentos”.

El Gobernador insistió que no hay un mal uso de los recursos federales, principalmente en el área de salud, pues son fondos etiquetados de los que no se tiene libre disposición.

Nueva sede del INE registra irregularidades.- ASF

Comparte este artículo:

Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.

En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.

Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.

En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral“, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.

Como parte de las 502 auditorias que realizó la ASF, se analizaron los cuatro contratos relacionados con el proyecto de nuevo edificio del INE.

La ASF explicó que se “revisaron 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios”, por los que se ejercieron 10.7 millones de pesos durante el 2016 (está pendiente por revisar para el próximo año 50 millones más).

Ademas, la ASF, por todo lo anterior, determinó que existen recuperaciones probables por 2 millones 576 mil pesos.

Detectan malos manejos de recursos del Seguro Popular en 28 Estados de la República

Comparte este artículo:

Monterrey (03 de julio de 2017).- La ASF (Auditoria Superior de la Federación) detecto malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país en 2016. Dicho lo anterior el monto estimado asciende a los 6 mil millones de pesos en donde hay estados en los que al menos los desvíos van desde un 24 hasta el 55% del dinero correspondiente.

Un determinador fue el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como VIH o cáncer a la población más vulnerable, el Seguro Popular.

Los estados reportados con irregularidades son; Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz a pesar de que son las entidades con los montos más altos en cuanto a recursos del Seguro Popular.

Una revisión hecha por Animal Político estableció que de los 6 mil millones reportados con anomalías, al menos 4 mil 500 son recursos que dichas entidades aseguraron haber gastado pero se desconoce en qué se hizo o en otros casos no hay manera de comprobar por falta de documentos.

Hay cuatro estados más en los que la ASF no encontró ningún indicio de posibles desvíos de recursos federales asignados para el Seguro Popular que son, Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

Tres estados más fueron reportados con posible daño patrimonial en el manejo del Seguro Popular, entre los cuales se encuentran Nuevo León con 29 millones 444 mil pesos y Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.

Estados deben justificar recursos federales que se les otorgaron en el 2016.

Comparte este artículo:

Los gobiernos de 32 estados tienen pendiente comprobar 25 mil 894.7 millones de pesos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el primer Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la cuenta pública 2016, que  presentó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.

Se trata de la primera ocasión que la Auditoría Superior de la Federación entrega un informe seccionado, tras las modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,  ya que anteriormente se presentaba un informe anual con los nuevos cambios, se presentarán tres al año. De las mil 836 auditorías que se tienen previstas para revisar la cuenta pública 2016, en este primer ejercicio se realizaron 502 revisiones; es decir el 27%.

Siendo el Estado de México, Veracruz y Michoacan los estados que presentaron mayor cantidad de recursos sin justificar. Al contrario Colima, Quintana Roo y Aguascalientes presentaron indices muy bajos.

Acerca del monto observado, 18,148 millones se derivan del Ramo 33, que son los fondos federales destinados a los gastos de seguridad, infraestructura y salud, en los estados y municipios.