La Taquería

Soluciones financieras para el abastecimiento de electricidad

by Sebastián Vielma
Comparte este artículo:

Durante las últimas dos semanas nos hemos encontrado con los titulares en prensa sobre el desabastecimiento de energía eléctrica en gran parte del territorio nacional. El presidente López Obrador declaró que las fallas fueron provocadas por el clima adverso que se presentó en la zona norte del país y en todo el territorio de Texas. Posteriormente la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que todo fue por falta del suministro de Gas Natural, que se requiere para la generación de electricidad, y que en su mayoría se compra a nuestros vecinos del norte; a continuación, les comparto lo que debemos de entender de la funcionalidad de la red eléctrica de México. 

La forma de la generación de energía eléctrica en nuestro país varía, desde hidroeléctrica, eólica y por combustión de gas natural. Si bien tendríamos que llamar a un egresado de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con especialidad para que nos explique a manera de tesis el funcionamiento de CFE. Pero como lo importante es simplificar y poder tener un concepto, no a detalle, pero si práctico así es como funciona la red eléctrica: 

En México contamos con el Centro Nacional de Control de Energía, el cuál se encarga de la operación desde la generación de la energía eléctrica hasta la entrega. También este órgano se encarga de identificar la oferta y demanda que hay y, como no se pueden almacenar grandes cantidades de energía, la distribuye casi de manera inmediata, ante la demanda emite la oferta de manera simultánea. 

Para la generación de la electricidad con gas natural se necesitan plantas de ciclo combinado, estas operan con turbinas de combustión para calentar agua que produce vapor y genera electricidad. En términos muy generales así funciona, como les comenté anteriormente tendríamos que llamar a un experto a explicar una tesis de un posgrado para entender mejor. 

Ahora bien ¿Cómo podemos utilizar las finanzas para que no haya apagones? 

En el mundo financiero existen instrumentos que se llaman derivado, y se les conoce así porque el precio de estos instrumentos o contratos deriva de otro activo que se le dice subyacente. Hay diversos tipos de derivados, pero el más importante para este tema son los futuros. Un futuro es un contrato estandarizado donde dos partes pactan un precio sobre un subyacente para comprarlo o venderlo en una fecha en el futuro. Estos contratos se operan a través de la bolsa de Chicago (CME) y son muy populares con nuestros vecinos del norte. 

Dentro de la gama de contratos de futuros existen los de materias primas, que si bien dependiendo de la oferta y demanda, así como de la producción de estas es como se fijan los precios de los contratos, y que estos varían en todo momento. Como les comenté, estos contratos son muy comunes y las empresas que operan la electricidad en ciudades como Nueva York y Chicago compran estos contratos para poder suplir la demanda que se tiene en temporadas invernales. Pero no solo en estas épocas, los contratos se pueden comprar durante todo el año para abastecer de electricidad a las ciudades en cualquier época. 

Una empresa como CFE debería de tener acceso y especialistas en productos financieros derivados para poder estar comprando y vendiendo estos productos dependiendo de la gran cantidad de datos que se genera en el país. Si esto fuera una practica recurrente no deberíamos de depender, en su mayoría, de Texas y deberíamos de estar tranquilos con el suministro en fechas determinadas del gas natural para las plantas de ciclo combinado y con esto poder tener manejo ante estas situaciones. 

Si no se llegará a utilizar la cantidad que se tiene pactada en un contrato, la CFE pudiera vender el contrato al precio de mercado y no ejercer en ese momento la recepción de la materia prima. 

Pero otra manera de poder obtener gas natural dentro del territorio mexicano es el famoso fracking, y este proceso ha sido el foco de diversos grupos de activistas y de gobiernos debido a que se fracturan rocas en el subsuelo para la liberación de los gases dentro de ella. En el 2019, S&P Platts mencionó que México es uno de los pocos países que dependen de esta materia prima de un solo estado, Texas. Sin embargo, el presidente López Obrador ha mencionado en diversas ocasiones que el país no recurrirá a esta practica para la generación de Gas Natural. 

Lo anterior son estrategias que se pudieran utilizar para poder asegurar la generación de electricidad, no son innovaciones y mucho menos ideas para hacer pruebas, son operaciones que se realizan todos los días en el mercado tanto de materias primas de las empresas productoras de energías, así como en el piso de remates de las bolsas financieras. 

Como conclusión, el desabasto de electricidad fue en error de empresas y dirigentes de estas mismas y no deberían de volver a ocurrir. Se puso sobre la mesa de parte de la Cámara de Senadores una propuesta sobre la electricidad y las practicas que se deben de tener para la generación de esta. Soluciones hay, voluntad es lo que me preocupa. En un gobierno con poca transparencia no tengo duda que anteriormente se hayan utilizado estos contratos de futuros para el abastecimiento de gas natural; sin embargo, estamos en transformación y esta conlleva el dejar de hacer cosas que funcionan si no se entiende el funcionamiento. 

Espero que haya sido de su interés. 

Ya chole con la opacidad y la falta de justicia en la 4T

by Kristian Macías
Comparte este artículo:

Estas últimas semanas se han dado muchos movimientos en el tema de procuración de justicia y combate a la corrupción. Lo bueno sería que estas decisiones fueran a favor de la imparcialidad, el apartidismo y con miras a sancionar y restaurar los daños cometidos al patrimonio de todos los mexicanos. Pero no, la realidad es otra. 

En varias ocasiones, el Presidente ha utilizado su discurso en la mañanera con miras a colgarse medallas de una justicia real. Pero lo que vemos es justo lo contrario, una justicia como la de siempre en México: Salvador Cienfuegos, Rosario Robles, Alonso Ancira y Emilio Lozoya son los principales nombres que demuestran esta justicia de cuates, la que por décadas se ha aplicado en nuestro país. 

Unos días, López Obrador sale a cantar justicia en sus mañaneras. Otros, dice que la Fiscalía General de la República es autónoma y no le corresponden a él las investigaciones. Se mantiene fiel a su costumbre, aceptando los aplausos de quienes lo apoyan y rechazando los reclamos de quienes cuestionan estas decisiones. 

Perdones, exoneraciones, no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, y muchas otras terminologías legales han sido utilizadas para defender estas decisiones. Que la investigación del FBI no era nada, que no pasa nada con la evidencia perdida en el caso Lozoya, que Robles está dispuesta a colaborar y poner dedos, y un sinfín de etcéteras. 

Lo que no podemos negar es que la justicia sigue ligada al poder del Ejecutivo. La construcción de una Fiscalía General autónoma se dio sólo en la ley, pero no en la práctica. Sobran los casos donde las decisiones del Presidente pueden hacer la diferencia, pero la realidad es otra. Ahora habrá un candidato a gobernador señalado por violaciones y abuso sexual. Hay un hermano incómodo que desapareció de los medios. Y una Secretaría de la Función Pública que actúa al servicio del Presidente y no por la transparencia que se merecen las y los mexicanos.

A esto le sumamos la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Un caso nos resume perfectamente este comportamiento: Odebrecht. Sigue sin haber transparencia en las investigaciones, son pocos los culpables y menos aún las sanciones impuestas. Un caso que provocó renuncias presidenciales y crisis políticas en Latinoamérica, no provocó siquiera una abolladura al poder de la corrupción en México. 

Por último vemos un claro aumento en las adjudicaciones directas, donde los beneficiados siguen siendo los mismos que en sexenios anteriores. Esto ha empeorado en la crisis de salud y económica que vivimos. Con el argumento de la obtención urgente de material de protección y productos sanitarios para enfrentar la pandemia, se dejó de lado la transparencia en las compras. Millones de pesos que no sabemos a dónde se fueron ni si las empresas que se llevaron esas adjudicaciones cumplieron con los términos, si hubo o no conflicto de intereses o si vendieron sus productos a un precio justo de mercado. 

La justicia en este país sigue igual. La promesa de un cambio quedó en eso: en palabras al aire. Promesas, como tantas que hacen los políticos elección tras elección. En su discurso prometía ser distinto, que no sería cómplice de los mismos grupos de poder y nos hizo creer que la justicia llegaría a México. Y aquí seguimos esperando. 

Kristian Macías es profesor universitario y consultor en políticas públicas. Actualmente es aspirante a candidato independiente por el distrito local 4 con sede en Monterrey.

Conoce más en www.kristianmacias.com

Monreal: Un reformador

by Redacción
Comparte este artículo:

Como es público, el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado Ricardo Monreal, señaló que tenía preparada una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como: “iniciativa para regular las redes sociales”.

La misma, fue objeto de todo tipo de comentarios, buenos, malos y alguno que otro disparate, destacando dentro de esta última categoría las observaciones que consideran que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión y principios elementales de la democracia.

Esto, pues al contrario, la reforma propuesta por el Senador Monreal busca establecer las bases y principios generales de protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio de este derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de las cuentas.

Sobre el particular, el derecho a la libre expresión reconocido en los artículos 6º de nuestra Constitución y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, comprende tanto la prerrogativa de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, resultando válido recurrir a cierta dosis de exageración, provocación y ser un tanto desmedido en las declaraciones.

Cabe mencionar que la libre expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino únicamente a responsabilidades ulteriores, pues al igual que todo derecho el mismo no es absoluto y válidamente puede restringirse para asegurar: 1) el respeto a los derechos o reputación de los demás, 2) la protección de la seguridad nacional, orden público, salud, o moral, 3) no se realice propaganda a favor de la guerra, 4) ni haya apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas.

No obstante, para que resulte válida cualquier restricción a la libertad de expresión, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable: que la misma se encuentre prevista en la Ley, tenga un fin legítimo, sea necesaria y proporcional; situación que constituye una garantía adicional en favor de los gobernados, pues ninguna persona, ni autoridad, salvo el legislador puede restringir este derecho humano.

Situación anterior, que se corrobora pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión” dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que el mismo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la Ley.

De ahí, la importancia de la iniciativa propuesta por el Senador Monreal pues se insiste, una de las garantías que implica el ejercicio de la libertad de expresión es que la misma únicamente puede restringirse a través de hipótesis fijadas por el legislador y no, por otras autoridades o particulares. 

Luego, si en las distintas redes sociales, se dan la eliminación y suspensión de cuentas a usuarios por que sus expresiones vulneran los términos y condiciones de estas, resulta inconcuso que dichas limitantes constituyen atropellos a su derecho de expresarse, pues prácticamente son censurados por un particular, sin que su conducta encuadre en hipótesis previamente establecidas por el legislador y cuya realización tenga como consecuencia una restricción a este derecho.

Ante este escenario, considero atinada la propuesta del reformador Monreal, pues a efecto de otorgar seguridad jurídica y cumplir con una de las garantías que implica el derecho humano de libertad de expresión, es imperativo que sea a través de una Ley y no, por medio de términos y condiciones fijados de manera unilateral, que se señalen los supuestos a través de los cuales una red social puede restringir este derecho eliminando o suspendiendo las cuentas de los usuarios.

Pasos de bebé

by Javier Scheiman Flores
Comparte este artículo:

Esta semana inició la vacunación de adultos mayores en distintas regiones del país, en lo que pareciera ser el inicio de un considerable incremento de las dosis diarias que se aplican, para ya poder comenzar a hablar sobre la inmunidad de rebaño en el mediano plazo. Sin embargo, el tema de las vacunas ha traído consigo un sinfín de escándalos (como con todo en este país) y de problemas que vamos a platicar en este espacio.

Lo primero es que hasta el momento la cantidad de vacunas administradas al día es mínima o casi nula. Se avanza a pasos de bebé. Hay días donde en toda la nación se inoculan 300 personas, a veces más, a veces menos. Claro que hay que entender que este ritmo no se mantendrá para siempre (como critican algunos opositores) pues conforme se vayan cumpliendo los contratos, las dosis aumentarán. 

Sin embargo, al ver países como Chile, que inmunizó a un millón de personas en un día; Israel, con 74.4 vacunas por cada 100 habitantes; o los Emiratos Árabes Unidos con 51.1 dosis por cada 100 habitantes, nos damos cuenta que no es necesario ser una superpotencia mundial o un productor de vacunas para poder acelerar este proceso.

Si bien la población de México es varias veces superior a la de estos países, la cantidad de vacunas que estos han administrado supera también varias veces a las aplicadas en nuestro país. Muestra de que, hasta el momento, la estrategia no está siendo efectiva en lo absoluto. 

Por otro lado, la figura de los “servidores de la nación” ha causado más problemas que soluciones. En un acto de gandallismo, se saltan la espera para aplicarse las dosis ellos mismos antes que el personal médico, y de paso incluir a sus familias y más cercanos. 

Sumémosle que ya en más de una ocasión se les ha visto recopilando datos personales portando los chalecos de Morena, lo cuál en cualquier lugar se interpreta como acto político o “electorero”, justo cuando este partido se encuentra a cuatro meses de jugarse su mayoría en la Cámara de Diputados. El descaro es a costa de las y los mexicanos.

Por último, celebro que al fin se comience a vacunar a los adultos mayores, pues es necesario y es urgente. Aún así, considero que es igual de importante terminar de vacunar al personal de salud de primera línea, y priorizar las vacunas que vayan llegando por profesión y riesgo, y no únicamente por edad. ¿Por qué no vacunar a médicos de consultorios privados, que también se arriesgan? ¿Por qué no vacunar a policías, bomberos, trabajadores de limpieza de las ciudades, trabajadores esenciales, aquellos que mantienen en pie a México y que se exponen todos los días?

Hay que diversificar y agilizar la aplicación de las vacunas para que tanto grupos de riesgo como grupos esenciales puedan vencer al virus. Es por el bien de México y de las y los mexicanos.

¿Qué opinas al respecto?

Las Mañaneras y la equidad en la competencia electoral

by Samuel Ramírez Mejía
Comparte este artículo:

Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006. 

Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.

Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.

La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).

Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.

Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.

En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?

Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.

#ElNidoDelGavilán: “La Guerra Civil del PAN y el Draft electoral 2021”

by José de Jesús Galindo
Comparte este artículo:

En este espacio se había comentado la simulación política de imponer a Larrazábal como candidato a gobernador para zanjarle el camino al PRI. Lo que vive hoy el PAN Nuevo León es una terrible crisis interna justo antes de los comicios en 2021 donde el objetivo es/era minar la fuerza de Morena.

En tanto, Víctor Fuentes y ahora Felipe de Jesús, enojados y visiblemente enemistados con las decisiones políticas de la empresa Zeferino-Gracia & Friends S.A que gerencia al albiazul, decidieron romper con sus militancias de muchos años para unirse al proyecto de Clara Luz.

Mauro Guerra y la dirigencia ya hicieron el cálculo político y tendrán los argumentos para defender sus decisiones, el problema es el riesgo que presenta el hecho de no solo competir con las estructuras priistas de Escobedo operadas por Abel Guerra y el advenimiento de MC, sino contra el propio PAN.

Es cierto, la crisis del PAN no es nueva, tiene el acostumbrado nepotismo para elegir candidaturas, pero ahora incorpora nuevos elementos. En un intento de “renovación” y negociación, entraron en matrimonio con el PRI y ahora se suma una alianza algo inesperada, con el Bronco y algunos de sus funcionarios como Manuel González.

Y es que como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, la profunda crisis interna del PAN avivó el Draft electoral posibilitando una inusitada flexibilidad de cuadros. Panistas en Morena, Priistas y Bronquistas en el PAN, Petistas en el PRI, figuras de la TV en el PRI y otras combinaciones, mostrando el poco interés que tienen en la institucionalidad, la ideología y hasta el proyecto político… lo importante es salir en la boleta, no importa cómo y ni con quién.

Sin ser vidente, se observa que el PAN está al borde de ser relegado a tercera fuerza del estado, cada día más arrinconado en sus bastiones.

Lo dicho, dicho está.

Nuevo León 21: derecho a la ciudad

by Jesús Antonio López Escobedo
Comparte este artículo:

En los espacios anteriores de esta columna de opinión hemos hablado sobre la importancia de las próximas elecciones en Nuevo León, debido a que el contexto actual representa una gran oportunidad para transitar hacia un Estado que sea más sostenible y resiliente. 

Un tema toral para el futuro de Nuevo León es el que tiene que ver con el desarrollo urbano. En los últimos años, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se ha convertido en un espacio urbano de gran insostenibilidad en términos sociales, ambientales y de movilidad. Las y los candidatos deben ser sensibles ante esta realidad y proactivos, proponiendo soluciones creativas y factibles que puedan conducirnos hacia una Zona Metropolitana con mayor bienestar para toda su población.

Uno de los principales retos que enfrenta la ZMM se relaciona con el crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con la OCDE (con base en datos del INEGI), la zona periférica de Monterrey se ha vuelto más densa en un 40% entre 2000 y 2010, mientras que la zona céntrica se ha despoblado en un 15%, durante el mismo período (CONL, 2016). 

Esto va en contra de la sostenibilidad de la Zona Metropolitana ya que, una de las condiciones necesarias para que una ciudad sea sostenible es que esta tenga un desarrollo urbano compacto y no disperso, como lo muestra la tendencia en Monterrey. A su vez, esto afecta directamente la vida de las y los neoloneses debido a que, al haber una organización urbana dispersa, las distancias se alargan, los tiempos de viaje se incrementan, el uso de medios de transporte motorizados se intensifica y la calidad del aire se deteriora aún más. 

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la encuesta Cómo Vamos Nuevo León 2019, el lugar de trabajo es uno de los sitios menos cercanos a la vivienda. San Nicolás y San Pedro son los únicos municipios con mayor accesibilidad a comercios y servicios. 

Existen casos ejemplares alrededor del mundo sobre los beneficios de un desarrollo urbano compacto y con mayor densidad poblacional. Cabe mencionar que este tipo de desarrollo se traduce en un aumento en la productividad y eficiencia del gasto público, al ser este más concentrado; asimismo, se acortan los tiempos de viaje y se promueve el uso de medios de transporte no motorizados, lo cual tiene un impacto directo en la mejora de la salud pública y la calidad del aire (CONL, 2016).  

Además de ser compacto, el desarrollo urbano de Nuevo León debe de tener una perspectiva de Derecho a la Ciudad. Este tipo de derecho implica que todas las personas, sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios de la ciudad (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). 

Sería bueno preguntarnos, en Monterrey y su Zona Metropolitana, ¿quiénes tienen su derecho a la ciudad garantizado?… Es interesante ver lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres. De acuerdo con el trabajo de Zúñiga Elizalde (2014), la configuración espacial y social de las ciudades afectan el derecho a la ciudad de las mujeres debido a que, en la mayoría de las ocasiones, los espacios públicos propician la violencia verbal y/o física hacia ellas. 

Si las mujeres, para hacer uso de la ciudad, tienen que hacerlo de forma privada y/o dependiente, porque para viajar deben hacerlo preferiblemente en automóvil o si es en transporte público deben hacerlo acompañadas de alguien más, de preferencia un familiar masculino, ¿realmente es garantizado su derecho a la ciudad? 

¿Qué pasa con las y los migrantes? Quienes arriesgan sus vidas en una Zona Metropolitana repleta de calles y avenidas diseñadas principalmente para los automóviles. 

¿Realmente existe el derecho a la ciudad en la ZMM?  

Instagram/Twitter @toniuniversal 

Los chapulines y su Congreso

by Kristian Macías
Comparte este artículo:

Se acerca la época electoral y empiezan a darse los saltos de los chapulines legislativos. La mayoría de los diputados locales ya saltaron o están a punto de buscar su nuevo puesto. Algunos, sin resultados tangibles, buscan una reelección. Otros tantos buscan alcaldías alineadas a los intereses de los partidos que representan. Otros más, de plano, se cambian de partido. Todos con el mismo objetivo: obtener un hueso a costa de nuestros impuestos.

Buenos para seguir en el “servicio” público, pero malos para servirle al público. Las principales problemáticas de la ciudad y de nuestro estado siguen sin resolverse. Nos dejan una ley de movilidad incompleta que no propone infraestructura ni planes integrales para que el peatón sea la prioridad en una zona metropolitana, la cual está cada vez más congestionada y sin alternativas de movilidad.

Vivimos con una creciente inseguridad de la cual el poder legislativo se ha desentendido. Los homicidios dolosos, los feminicidios y la violencia familiar siguen en aumento. No hay seguimiento a una carrera profesional de los policías, ni una mejora operativa de los y las agentes de seguridad municipales como primeros respondientes. Y ni hablemos de la asignación presupuestal a estrategias integrales de prevención, que esto aún no es prioridad de nuestros representantes.

Tampoco hay resolución en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, proceso que se ha convertido en un circo de señalamientos. Todos fuimos testigos de las acusaciones entre un Congreso parsimonioso y funcionarios que no asumen el nivel ni la responsabilidad de su encargo. Mientras, seguimos con auditorías a medias tintas, licitaciones opacas y una falta clara de transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. 

A todo esto hay que sumar la falta de respuestas a la creciente contaminación de nuestra ciudad. No sólo se le dio rienda suelta a las industrias y empresas contaminantes, sino que no hay presión por parte de nuestros representantes para contar con un órgano que sancione e impulse políticas de aire limpio y reducción de contaminantes. 

Estos serios problemas, y tantos más, llevan años sin respuestas profundas por parte del Congreso local. Sumémosle una justicia cívica que aún no opera, un sistema tributario que no atiende la informalidad y la falta de inclusión, una falta de paridad en la elección de funcionarios, jueces y magistrados, y una política basada en los intereses de los partidos. 

Muchos exdiputados y exdiputadas saldrán a pedir de nuevo el voto. Repitiendo las mismas actitudes de aparecerse cada elección y dejar a las vecinas y vecinos en el olvido otros tres años. Saldrán a decir que cuentan con la experiencia, dejando de lado su falta de resultados. Saldrán a presumir que han buscado atender problemáticas, cuando su “respuesta” es otro parche más al mismo sistema quebrado de representación. Este sistema donde una de las principales responsabilidades, la administración y auditoría de nuestros recursos, lleva décadas siendo ignorada. 

Hemos visto de primera mano que las vecinas y vecinos de nuestra ciudad no conocen a sus diputados y diputadas. La respuesta es sencilla, se deben a los partidos. ¿A quien le rinden cuentas? ¿Por quién votan? ¿A nombre de quién discuten? Todo es para y por los partidos, realidad evidente ante su falta de soluciones. 

Es momento de un Congreso que sí represente a las vecinas y vecinos de nuestra entidad. Un Congreso que entregue resultados tangibles, que nuestro presupuesto se enfoque en resolver los problemas de nuestras comunidades. Un congreso con diputados que se deban a las colonias y a su gente, no a los mismos partidos de siempre. 

Kristian Macías es profesor universitario y especialista en seguridad, justicia y políticas públicas. 

Página: www.kristianmacias.com

Podcast: https://open.spotify.com/show/5nqhB8OTYOj5fwe9RKxNBl?si=VOEzSUaSS8GWjUXX3vVSpQ

El Espacio nos pertenece a todos

by Verónica Lozano Prianti
Comparte este artículo:

¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo importante que es para una ciudad contar con espacios públicos de calidad? Honestamente yo no, por lo menos no tanto como debería hacerlo. 

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un evento donde se habló del espacio público y una de las ponentes, Ximena Peredo, dijo una idea que me dejó marcada pues no había reflexionado en que entre dos factores que me rodean existe una relación. La cito a continuación:

“Creo que si dignificamos nuestro espacio público vamos a atender todo. Para mi, arreglar las banquetas es un problema que va a afectar positivamente la percepción de seguridad; vamos a volver a salir, vamos a discriminar menos, porque el espacio público es donde todos valemos igual. En el mall no todos valemos igual. En el espacio público otra vez volvemos a ser sociedad, en el parque donde no pagamos para entrar”. 

Antes de continuar daré un contexto para que ustedes, mis lectores, se den una idea del impacto que me causó esa frase. ONU-Hábitat definió en 2015 el espacio público como: “lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas.”

Cuando encontré esa definición e intenté trasladarla a mi vida obtuve resultados prácticamente nulos. Tengo carro, y normalmente me desplazo en él, por lo que pocas veces tengo la necesidad de caminar. Cuando se trata de hacer ejercicio pago un gimnasio, por lo tanto, mi conocimiento de parques cercanos a mi casa es casi inexistente. Siempre estudié en escuelas privadas y cuando debía ir a la biblioteca asistía a las de esas instituciones, por esa razón no tengo conocimiento de la calidad de las instalaciones de escuelas públicas o de si cerca de mi hogar hay alguna biblioteca del municipio. 

Que mal me sentí cuando caí en cuenta de que yo, definiéndome como una persona que busca la igualdad de derechos, de oportunidades y una sociedad unida que pueda hacer cambios positivos, no me he dado la oportunidad de convivir con mi comunidad más que cuando realizo voluntariados y actividades con la parroquia a la que asisto.

Y es que Ximena tiene toda la verdad diciendo que en el espacio público valemos igual y nos convertimos en sociedad. No todas las personas tienen la oportunidad de asistir al cine o a un concierto, o de ir a un centro comercial a comprar. Incluso en las personas que asisten hay diferencias pues algunos tienen mayor poder adquisitivo que otros y se nota en las bolsas de compras que cargan. 

Pero cuando vas al parque, cuando caminas por la calle, todos somos iguales. ¿Acaso un niño en los juegos infantiles excluye a los demás por su forma de vestir o de hablar? No, porque el hecho es que están ahí jugando, igual que él. ¿O acaso al caminar para tomar el metro o el camión una persona le dice a otra que se retire porque no pertenece a ese lugar? No, porque justo en ese sitio, en ese presente, son iguales y se enfrentan a lo mismo. 

Sin espacios públicos nos convertimos en ciudades segregadas, con líneas divisorias claras que van desde el género o la situación económica hasta la religión o la raza. Sin espacios públicos se limita la movilidad de los ciudadanos, crece la tensión social, aumenta la delincuencia, se promueve la inequidad, disminuye el desarrollo económico y se deja de pensar en problemas del medio ambiente como la calidad del aire.

Es cierto que el reto de mantener los espacios públicos le toca a los municipios, pero nosotros también tenemos un papel primordial en su cuidado. Salgamos a la calle para observar cómo estamos, pensar en cómo queremos estar y reclamar lo que nos toca. Asistamos a actividades que nos ayuden a reconstruir los parques y las calles. No seamos indiferentes cuando no nos afecta porque la ciudad nos pertenece a todos, no a unos cuantos. 

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

by Waldo Fernández
Comparte este artículo:

El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.