Author: Waldo Fernández

Tiempos electorales, servicios condicionados

by Waldo Fernández
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Pese a que falta aún mucho para el periodo electoral del 2027, en Nuevo León ya se ven las prácticas de siempre.

En estos últimos meses medios locales y los propios ciudadanos han expuesto que tanto el Gobierno Estatal como ciertos municipios el requerimiento de datos personales para tener acceso a algunos servicios.

Ahí está el caso de Monterrey, donde el gobierno municipal encabezado por Adrián de la Garza ha decidido solicitar el INE para poder acceder a un servicio de transporte público gratuito municipal: el programa Regio Ruta.

¿Qué justificación técnica existe para exigir una credencial electoral como requisito para usar un camión? La respuesta es ninguna.

No hay una razón válida, ni de seguridad, ni de logística, ni de planeación urbana que amerite este tipo de recolección de datos. Es, a todas luces, una medida innecesaria, desproporcionada y potencialmente ilegal.

¿Qué relación tiene la CURP, la dirección o el INE con la necesidad de moverse dentro de la ciudad en un servicio público financiado con dinero de todos?

Monterrey no es el único caso.

En los Centros Comunitarios del Gobierno del Estado también se están pidiendo datos personales –como el INE– para acceder a apoyos y servicios. Aquellos que se juraron distintos al PRIAN resultaron ser lo mismo.

Bajo el pretexto de organización, nuestras autoridades comienzan a construir esas viejas listas clientelares, lo que viola derechos fundamentales.

En medio de una crisis de movilidad los ciudadanos son obligados a entregar su información sensible para obtener servicios a los que tienen derecho por el simple hecho de ser parte de la comunidad. Servicios que, además, se financian con sus propios impuestos.

Estos actos son a todas luces un uso político de los programas sociales y los servicios públicos. Más allá de las explicaciones técnicas que puedan ofrecer los gobiernos involucrados, lo cierto es que, en pleno proceso de reacomodo político rumbo a las elecciones de 2027, este tipo de estrategias despiertan sospechas.

No es para menos.

Sabemos que, en más de una ocasión, los padrones de beneficiarios han terminado en manos de estructuras partidistas, utilizados para construir redes de control electoral o alimentar bases de datos con fines proselitistas.

La recolección de datos personales no es una cosa menor.

Estamos hablando de información que permite perfilar personas, segmentar votantes, y diseñar campañas que vulneran la privacidad de los ciudadanos.

Pedir el INE para subir a un camión o recibir una despensa es, además de absurdo, un acto de desconfianza institucional que erosiona la relación entre el gobierno y la sociedad.

En ese sentido habría que reconocer a otros municipios que, sin tantas trabas ni burocracia innecesaria, están ofreciendo servicios similares.

El Circuito San Pedro en San Pedro Garza García y el Santa Bus en Santa Catarina son ejemplos de cómo el transporte público puede funcionar de manera gratuita y abierta, sin solicitar un solo dato personal. Ni INE, ni CURP, ni dirección.

La ciudadanía tiene derecho a vivir sin temor a que su información personal termine en las listas de algún partido político. Tiene derecho a que el Estado respete su privacidad y le garantice un acceso igualitario y digno a los servicios. Tiene derecho a moverse, a estudiar, a alimentarse y a recibir atención médica sin ser obligado a entregar su identidad política o electoral a cambio.

La democracia no se fortalece con control político, sino con confianza. No se construye con padrones amañados, sino con servicios públicos que realmente respondan a las necesidades de las personas. No podemos permitir que el acceso a los derechos dependa de entregar una credencial. El INE no es boleto de autobús. El INE es una herramienta de participación ciudadana, no un pase para recibir lo que por justicia nos corresponde.

En tiempos donde la desconfianza en las instituciones crece, medidas como estas solo agravan la distancia entre ciudadanía y gobierno. Si realmente se quiere recuperar la confianza de la gente, hay que comenzar por respetar su privacidad, su dignidad y su libertad de decidir.

Hay que decirlo claramente: los derechos no se condicionan, se garantizan.

Lo mínimo

by Waldo Fernández
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En mis recorridos constantes por las colonias de Nuevo León, especialmente por aquellas que han sido históricamente marginadas, he escuchado una preocupación recurrente: la pésima calidad de los servicios públicos básicos.

Las y los ciudadanos de nuestro estado, que todos los días se levantan a trabajar, a estudiar, a buscar una vida mejor, merecen vivir con dignidad.

Eso no puede ocurrir si lo mínimo no está cubierto: calles limpias y bien iluminadas; parques seguros y en buen estado; acceso a agua potable; recolección oportuna de basura; y un sistema de drenaje que no exponga a nadie a enfermedades ni a vivir entre aguas negras.

El artículo 115 constitucional establece que una de las funciones primordiales de los gobiernos municipales es la prestación de servicios públicos.

No es un favor, sino un mandato constitucional.

Sin embargo, pareciera que para muchos alcaldes esta responsabilidad es secundaria frente a la lógica del espectáculo, la propaganda y las aspiraciones personales. Se olvidan de que la verdadera política se hace en la calle, no desde un escritorio ni en las redes sociales. Se hace caminando, escuchando y resolviendo.

De entre todos los problemas que tienen las colonias, uno de los problemas que he constatado es el deterioro del sistema de drenaje. He caminado por calles en las que el agua estancada huele a putrefacción, donde las familias viven literalmente, entre aguas negras.

Es una realidad inaceptable en un Estado que presume ser el ejemplo modernidad y progreso del país. No puede haber transformación si hay miles de familias que viven literalmente entre aguas negras, expuestas al dengue, al cólera. Eso, sin duda, es indiferencia institucional.

En mis recorridos, la ciudadanía no pide nada extraordinario, pide lo mínimo: que sus impuestos se traduzcan en bienestar, que los gobiernos municipales prioricen el mantenimiento y la expansión de la infraestructura urbana, que dejen de construir obras faraónicas como puentes o desniveles, mientras hay barrios enteros sin una sola luminaria funcional o sin acceso constante al agua potable.

Nuevo León necesita  entornos dignos, seguros, humanos.

Calles bien pavimentadas, con banquetas accesibles; luminarias que ahuyenten el crimen y den tranquilidad a las mujeres que vuelven tarde de trabajar; parques y centros comunitarios que fomenten el deporte, el arte, la convivencia.

Son pequeños detalles, las bases, en la que se construye comunidad. Eso es lo que transforma una colonia en un verdadero hogar.

Como Senador, pero también como nuevoleonés, creo que es necesario repensar las prioridades del gasto municipal. No podemos seguir tolerando que los recursos públicos se malgasten o se utilicen con fines electoreros mientras las necesidades más básicas siguen sin atenderse.

Urge asegurarnos de que los municipios se enfoquen en sus capacidades técnicas y administrativas, no para inventarse secretarías sobre temas que nada tienen que ver con su mandato constitucional, sino que les permitan planear y ejecutar. No es posible que sigan postergando soluciones bajo el pretexto de que no tienen recursos o tienen otras prioridades.

¿Qué puede ser más importante que la vida digna de sus ciudadanos?

Hay que decirlo con todas sus letras: los servicios públicos son el rostro más visible del gobierno ante la ciudadanía. Si ese rostro es sucio, ineficiente y ausente, la gente perderá la fe en las instituciones. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita. Por eso insistio en que los gobiernos locales deben dejar de lado la frivolidad y asumir con seriedad su deber más básico.

Desde Morena creemos en un Estado que esté al servicio del pueblo. Por eso seguiré caminando por las colonias, escuchando y acompañando a los ciudadanos en sus demandas.

La Cuarta Transformación sabe que la buena política se construye desde lo local. Es ahí donde podemos encontrar la realidad que vive la gran mayoría de las personas. Eso no puede hacerse o saberse desde una oficina.

Igual que nosotros, invito a todos los alcaldes a que se levanten de sus escritorios y salgan a recorrer los territorios que gobiernan. Ahí se darán cuenta de lo urgente que es garantizar lo mínimo, que para las familias lo es todo.

El abandono del DIF

by Waldo Fernández
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Cada semana, como lo he hecho durante años, salgo a recorrer las calles de algún municipio de Nuevo León.

Lo hago, porque creo que no hay mejor manera de entender la realidad que viven nuestras comunidades que caminando junto a ellas, escuchando de primera mano sus preocupaciones, sus denuncias, sus anhelos. La transformación de nuestras comunidades no se hace desde la comodidad de una oficina, se hace en el territorio.

Hace apenas unos días, en uno de estos recorridos, visité la colonia Francisco Villa, ubicada en la capital de nuestro estado, Monterrey.

Ahí me encontré con denuncias de vecinos por el abandono de un centro comunitario que pertenece al DIF municipal. Está completamente abandonado.

Lo que un día fue un espacio destinado al descanso, la recreación y la convivencia de nuestros adultos mayores, hoy es una estructura cerrada, vacía, en ruinas. Según los propios vecinos, este abandono se dio durante la administración del exalcalde Luis Donaldo Colosio.

¿Cómo puede justificarse el abandono de un centro del DIF? ¿Qué prioridades pueden estar por encima del bienestar y la atención a nuestros adultos mayores?

El abandono o cierre de un centro como este, en un espacio como la colonia Francisco Villa es lamentable porque no estamos hablando de cualquier inmueble. Se trata de un espacio público que tiene como principal objetivo ser punto de encuentro, de recreación, de respiro para muchas personas mayores que, en muchos casos, viven en la soledad, sin compañía ni apoyos suficientes. Un lugar que les ofrecía la posibilidad de seguir siendo parte activa de la comunidad, de convivir, de aprender, de sentirse acompañados.

Hoy, ese espacio está cerrado. Y como sucede con muchos edificios públicos abandonados, se ha convertido riesgo incluso de inseguridad, susceptible de ser utilizado para actividades ilícitas. Así, el abandono institucional no solo significa desprecio por nuestros adultos mayores, sino que además alimenta la degradación del tejido social en nuestras colonias.

Por ello, creo que el abandono del DIF no es un hecho menor. Bien dicen que en política las prioridades se reflejan en las acciones, no en los discursos. Mientras la administración municipal encabezada por Luis Donaldo Colosio aseguró fortalecer el DIF y su presencia, la realidad es que esto no sucedió en todo el municipio, como es este caso.

El sentir de los vecinos y vecinas es que al haber cerrado un centro al que acudían y cuidaban, el municipio les dice que no importan, que no son una prioridad.

Desde Morena hemos impulsado una visión de gobierno distinta: una que pone al centro a las personas, sobre todo aquellas que por años han aportado para el bienestar y desarrollo de su país. Creemos en el derecho a una vejez digna, con bienestar, con acceso a espacios de convivencia y desarrollo.

Por eso nos alarma estos casos y por eso insistimos en que los gobiernos locales deben asumir esta responsabilidad.

En ese sentido, lo que necesita Monterrey y Nuevo León no son la mera apertura de centros comunitario, sino de que existan gobiernos con una política pública de bienestar y cuidado que no sólo sean discursos o publicaciones en redes sociales, sino que vengan acompañadas de recursos, programas y personal capacitado a estos centros. De convertirlos en espacios vivos, activos, integradores.

Esa es la diferencia entre tener gobiernos de redes sociales y momentos de protagonismo a uno que tenga el humanismo mexicano en su centro de acción.

Hago un llamado respetuoso a la actual administración municipal de Monterrey a revisar este caso y a comprometerse con la reapertura y rehabilitación del DIF de la colonia Francisco Villa.

Desde el Senado seguiré trabajando por un Nuevo León más justo, más humano, más solidario. Lo haré desde las calles, caminando y dialogando con los ciudadanos, como lo hice en la colonia Francisco Villa. Es ahí donde se encuentra la verdad: en las voces de la gente, en sus demandas, en sus reclamos.

Esa es la política que vale la pena, la única que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas.

Jornada Laboral Flexible

by Waldo Fernández
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La vida de los padres de niños con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo en México está marcada por una doble lucha: garantizar el sustento económico de la familia y proporcionar los cuidados especializados que sus hijos necesitan. Esta realidad, que afecta a miles de familias en todo el país, es una de las caras más invisibilizadas de la desigualdad laboral y social.

En México, actualmente existen 899,000 niños y niñas con alguna discapacidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, las políticas públicas en materia de conciliación entre la vida laboral y la atención de las necesidades de estos menores han sido hasta ahora insuficientes.

Los padres y tutores de estos niños enfrentan diariamente una ardua tarea, que no solo implica cubrir las necesidades emocionales, físicas y educativas de sus hijos, sino también gestionar una serie de cuidados médicos y terapéuticos que suelen ser imprescindibles para su desarrollo integral.

Los tratamientos y terapias que los niños con condiciones del neurodesarrollo requieren, como la fisioterapia, la psicoterapia, la terapia ocupacional, entre otros, son, además de una cuestión médica, una necesidad que forma parte del proceso de formación y bienestar de los menores. Todo ello demanda, además de recursos económicos, un tiempo significativo que, en muchos casos, que en la mayoría de los casos suele ser incompatible con un horario laboral de ocho horas.

En esta situación ¿cómo pueden los padres o tutores cumplir con sus obligaciones laborales sin descuidar la salud y el bienestar de sus hijos e hijas?

En México, las políticas laborales no han dado respuesta adecuada a las necesidades de los padres que, por razones de cuidados de sus hijos, requieren jornadas más flexibles. En muchos casos, los padres se ven obligados a elegir entre asistir a los trabajos y asegurarse de que sus hijos reciban la atención que necesitan.

Preocupado por esta realidad, desde el Senado de la República propuse una iniciativa de Ley que permitiría a los padres y madres de niños con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo contar con jornadas laborales flexibles de seis horas.

Esta medida no solo tiene como objetivo aliviar la carga emocional y económica de las familias, sino también fomentar un ambiente laboral más inclusivo que favorezca el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. La propuesta busca dar respuesta a una necesidad urgente que han señalado miles de familias mexicanas, y lo hace reconociendo el papel esencial de los padres y tutores como cuidadores primarios de los niños con discapacidad.

Nadie puede negar que si lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es un reto para muchos, para los padres de niños con discapacidad, este reto se multiplica debido a los cuidados especializados que requieren.

Este esfuerzo constante no puede ni debe seguir siendo invisible para la sociedad ni para los legisladores.

La flexibilidad laboral, entonces no solo implica la reducción de horas, sino también la posibilidad de organizar los horarios de manera más adaptable, permitiendo a los padres asistir a las terapias y médicos sin tener que sacrificar su estabilidad económica.

La iniciativa que propongo no es nueva, sino que se inspira en experiencias exitosas en otros países de la región, como Chile, donde ya se han implementado políticas similares que permiten jornadas laborales más flexibles para los padres de niños con discapacidad. Ahí, se ha comprobado que estas medidas no solo han favorecido la vida de las familias, sino que también han demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la productividad laboral. Al brindar a los padres un mayor control sobre su tiempo, se les permite equilibrar mejor sus responsabilidades laborales y familiares, lo que a su vez genera un ambiente laboral más sano y menos estresante.

Confío en que esta reforma será apoyada por las y los senadores de todas las bancadas, ya que el bienestar de nuestros niños y niñas y el respeto a la familia deben ser prioridades más allá de los distingos partidistas.

La implementación de una jornada laboral flexible para estas familias es un paso hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, en la que todos los niños, sin importar sus condiciones, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar.

Erradicar el Maltrato Animal

by Waldo Fernández
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Esta semana en el Senado recibimos una histórica reforma a la Constitución, que implica un paso clave para México en la protección de los animales. La reforma, ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, busca modificar los artículos 3, 4 y 73 de nuestra Carta Magna para erradicar el maltrato animal y promover su bienestar.

Esta iniciativa establece que el Estado debe garantizar el respeto, protección, conservación y cuidado de los animales en todos los contextos, incluyendo el trato en la crianza, sacrificio, y uso de animales en espectáculos lucrativos. Además, plantea un cambio significativo en la educación: los planes de estudio deberán incluir contenidos que fomenten el respeto y la protección de los animales desde temprana edad.

¿Por qué es importante?

Desde que en 1970 comenzó el movimiento pro-derechos de los animales, la lucha ha llevado 54 años. Se ha logrado mucho desde ese entonces pero es hasta ahora que México da un gran paso al reconocer en su Constitución que los animales no son objetos o posesiones; son seres vivos que merecen compasión, respeto y una vida libre de abuso.

Las cifras reflejan una realidad devastadora.

Nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina y el tercero a nivel mundial; siete de cada diez animales domésticos sufren alguna forma de maltrato; y el 70% de los perros y gatos en nuestras calles son víctimas de abandono o violencia; cada año, 20% más de animales terminan en las calles; de cada diez perros que ingresan a albergues públicos, nueve son sacrificados; en seis de cada diez zoológicos se encuentran indicios de maltrato o irregularidades; y por último pero no menos importante, México ocupa un lugar alarmante en el tráfico ilegal de vida silvestre, una de las principales actividades del crimen organizado en el mundo.

Nuevo León no es ajeno a esta problemática. En nuestro estado, los casos de maltrato animal han incrementado un 64% en tan solo un año, según datos de la Fiscalía General de Justicia.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de que el Estado, de una vez por todas, tenga las herramientas para responder a esta crisis y prevenir el abuso animal.

A lo largo de la historia, los animales han sido esenciales no sólo para nuestra supervivencia física, sino también emocional. Hoy, las familias multiespecie son una realidad: el 69.8% de los hogares en México tienen mascotas, representando aproximadamente 80 millones de animales domésticos. Es nuestra, entonces, responsabilidad garantizarles una vida digna y respetuosa.

Esta reforma marca el inicio de un cambio positivo en la protección de los animales en México.

La verdadera modernidad de un país no se mide por sus rascacielos o su economía, sino por la manera en que trata a sus seres más vulnerables, sin importar su especie.

Como integrante del Partido Verde Ecologista de México, reafirmo mi compromiso de defender los derechos de los seres sintientes. Desde el Senado trabajaré todos los días para lograr una sociedad más justa, compasiva y respetuosa con todos los seres vivos.

Abrir el Senado a las y los nuevoleoneses

by Waldo Fernández
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El primero de noviembre marca los primeros dos meses del comienzo de la LXVI Legislatura del Senado de la República y por lo tanto, los primeros dos meses de mi compañera Judith Díaz y yo como representantes de Nuevo León ante el Pacto Federal.

Han sido meses de muchísimo trabajo y de la satisfacción de saber que estamos avanzando con los compromisos que asumimos durante la campaña.

Sobre todo, hemos abierto las puertas del Senado para las y los nuevoleoneses como tanto soñamos.

Al asumir mi responsabilidad en la Cámara Alta, fuimos claros en nuestra convicción de que la política debe ser de hechos, no de palabras. Dos meses después, puedo decir con orgullo que hemos cumplido con distintos compromisos.

Durante el primer mes votamos a favor de la Reforma al Poder Judicial y hemos iniciado con impulsar iniciativas de las leyes secundarias para establecer los cómos. También aprobamos la iniciativa la Reforma a la Guardia Nacional, para consolidar esta institución, garantizar su permanencia y mejorar su capacidad operativa, así como el incremento al salario mínimo, y el reconocimiento a los derechos indígenas.

También presentamos la iniciativa de Seguros Justos, para frenar los incrementos desproporcionados en las primas de seguros.

Luego, en octubre, le devolvimos el carácter de empresa pública a la Comisión Federal de Energía y Petróleos Mexicanos, para que el acceso a la electricidad sea un derecho y no un privilegio. Igual de importante fue la aprobación de la reforma en materia de vivienda digna, igualdad sustantiva y el reconocimiento de los programas de bienestar en la Constitución.

También se instaló la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde mis compañeros legisladores me hicieron el enorme honor de designarme como su Presidente. Desde ahí he recibido a empresarios nacionales e internacionales de todos los sectores productivos del país para dialogar sobre los retos y las necesidades que cada uno de ellos tiene y que nos servirá para asegurarnos que éstos sean tomados en cuenta en la revisión del T-MEC.

Quizás lo más importante ha sido la enorme comunicación que hemos mantenido con las y los nuevoleoneses. Desde el día uno compartí mi teléfono de Whatsapp. Desde ahí he recibido cientos de quejas y peticiones de los ciudadanos con las que con mi equipo y yo estamos trabajando para traducirlos a mecanismos legislativos, tanto en el Senado como en el Congreso de Nuevo León.

Tan sólo durante octubre atendimos a 71 ciudadanos, generamos 41 oficios para trámites, otorgamos 17 asesorías legales y apoyamos en 7 solicitudes de salud.

Lo he dicho desde la tribuna, en los recorridos por las calles y en las reuniones que he tenido: hoy y siempre, tendrán una vía de comunicación con nosotros en mi WhatsApp 811800357.

Por un Instituto Catastral Ciudadano

by Waldo Fernández
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En las últimas semanas, los alcaldes de diversos municipios de Nuevo León han sorprendido a la ciudadanía con anuncios de aumentos al predial que van del 10 al 30 por ciento, un incremento muy por encima de la inflación, la cual apenas ronda el 4 o 5 por ciento este año.

Estos aumentos exorbitantes no son nuevos; cada ciertos años, y sobre todo, cada cambio de administración municipal se convierte en una oportunidad para ajustar este impuesto a conveniencia, sin importar las repercusiones en la economía familiar.

Lo que esto refleja es que hay una falta de regulación en los valores catastrales, donde parece no haber reglas claras que limiten los incrementos y protejan a los ciudadanos de decisiones arbitrarias.

Hace tres años, cuando la economía apenas se recuperaba del impacto devastador de la pandemia por COVID-19, se hablaba de incrementos que llegaban hasta el ¡40 por ciento!

En ese momento como diputado local voté en contra de todos los aumentos, con la firme convicción de que la situación económica de las familias debía ser prioritaria y desde ese entonces planteé que era necesaria una regulación que impidiera estos abusos.

El predial debe aumentar, sí, pero no de acuerdo a caprichos ni como solución inmediata a problemas financieros de los municipios.

A lo largo de los años, los gobiernos municipales han utilizado los mismos argumentos, culpando a la “falta de aumentos previos” o a “las finanzas públicas limitadas” como justificación, cuando en realidad son resultado de la irresponsabilidad y demagogia de administraciones pasadas. Es un ciclo de decisiones políticas, no de omisiones de la ciudadanía.

A esto se suma el hecho de que la mayoría de los municipios apenas logran recaudar el 50 por ciento del predial actual. Entonces, ¿no debería el esfuerzo estar enfocado en ampliar la base de recaudación antes que en imponer nuevos aumentos?

Esta es una pregunta que los alcaldes y la ciudadanía deben considerar: ¿hasta cuándo las familias en Nuevo León tendrán que pagar por las insuficiencias de sus gobiernos?

Como diputado local propuse la creación de un Instituto Catastral autónomo y ciudadano que determine los valores catastrales con transparencia y en función de las necesidades reales de cada municipio, no de los intereses de quienes ocupan los cargos.

Pese a que han pasado tres años, esta iniciativa sigue siendo vigente y urgente, y es mi compromiso volver a plantearla con los diputados locales de la bancada de Morena, PT,PVEM en el Congreso Local.

No hay justificación para estos aumentos, ni hace dos años ni hoy.

Comisión de Seguimiento a la Implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

by Waldo Fernández
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El 15 de octubre, con gran responsabilidad ante la coyuntura que vive y vivirá el país en los próximos años, en el Senado instalamos la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cual tengo el honor de presidir.

Esta comisión no sólo se encargará de velar por el cumplimiento de un tratado comercial, sino de garantizar que México continúe siendo un pilar clave en la integración económica de América del Norte.

El T-MEC representa uno de los acuerdos comerciales más importantes para nuestro país. Desde su implementación, ha sido una herramienta esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo en múltiples sectores. También ha sido fundamental para el fortalecimiento de nuestras industrias y para facilitar el flujo de bienes, servicios e inversiones entre las tres naciones que conforman este bloque económico.

Más allá de los beneficios tangibles en términos de comercio, el tratado ha actuado como un catalizador para la innovación y el intercambio de conocimientos, consolidando a México como un socio clave en la región.

Nos encontramos en un punto de inflexión para la economía global. La rápida transformación tecnológica y las nuevas tendencias en la producción y el comercio internacional presentan tanto retos como oportunidades. En este contexto, el T-MEC se perfila no solo como un tratado comercial más, sino como una plataforma de colaboración estratégica que puede posicionar a México como un líder en la relocalización de empresas, aprovechando nuestra ubicación geográfica privilegiada y nuestra capacidad productiva.

Uno de los momentos más críticos en el futuro cercano será la renegociación del T-MEC en 2026. Debemos prepararnos con antelación para adaptarnos a los cambios en las dinámicas económicas internacionales, buscando siempre defender los intereses de nuestro país y mejorar las condiciones de nuestra economía. Estoy convencido de que México tiene la capacidad de consolidarse como un actor de relevancia en el comercio global y regional, liderando el camino hacia una mayor integración económica y tecnológica.

La presencia de más de 30 de los empresarios más importantes de México en la instalación de esta comisión es un testimonio del compromiso del sector privado con el futuro de nuestro país. Ellos, con su visión, arriesgan su capital, generan empleos y fomentan la innovación. Su participación no es solo valiosa, es indispensable. El éxito de la Comisión del T-MEC dependerá en gran medida de la capacidad que tengamos de trabajar de la mano con quienes, día a día, hacen posible que nuestra economía se mantenga dinámica y en crecimiento. Agradezco profundamente su apoyo y estoy seguro de que juntos lograremos que el próximo acuerdo comercial beneficie directamente a los trabajadores y trabajadoras de México.

La comisión estará integrada por 15 legisladores y legisladoras que aportarán su experiencia y compromiso en esta tarea fundamental. Entre ellos, se encuentran figuras destacadas como Olga Patricia Sosa Ruiz y Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes actuarán como secretarios, así como Alejandro Murat Hinojosa, Emmanuel Reyes Cardona, Cecilia Guadiana Mandujano, Enrique Vargas del Villar, Alejandro Moreno Cárdenas, Luis Armando Melgar Bravo, Maki Esther Ortiz Domínguez y Alejandra Barrales Magdaleno, como integrantes.

El trabajo que llevaremos a cabo desde la Comisión del T-MEC no solo será técnico y estratégico, sino también profundamente humano. Nos enfocaremos en generar un impacto positivo en las vidas de los mexicanos y mexicanas, creando las condiciones necesarias para que el comercio y la inversión sigan siendo motores de desarrollo y bienestar. Nuestro objetivo es claro: construir puentes de cooperación que fortalezcan nuestras relaciones comerciales y promuevan el crecimiento económico en beneficio de todos.

A los sectores productivos, a mis colegas legisladores y servidores públicos del gobierno federal, así como a los ciudadanos de Nuevo León y de todo México, les reitero mi compromiso firme e inquebrantable para trabajar arduamente para que el T-MEC siga siendo uno de los pilares del desarrollo de nuestro país, no como una simple formalidad, sino como una herramienta viva y activa que impulse el bienestar de todas y todos.

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

by Waldo Fernández
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El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.

#Kleroterion: “¿Por qué antes no corrigieron el fraude del Seguro Popular?”

by Waldo Fernández
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Hoy quienes nunca se interesaron por la seguridad social de los más pobres cuestionan el esfuerzo titánico de la Cuarta Transformación por consolidar un modelo de seguridad social universal comparable a los mejores del mundo. Las críticas sobran, pero esos  mismos críticos nunca alzaron la voz ante las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. 

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular,  las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo en esos mismos años del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guardaba sus recursos.

Eso es sólo en esos dos años y si usted busca pronunciamientos de la oposición denunciando la situación será difícil que las encuentre porque básicamente guardaron un SILENCIO COMPLICE ¿por qué?

Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en los millones de pesos que cada gobierno estatal dispuso y en las muchas irregularidades documentadas. Hubo gobiernos que recibieron dinero y lo ejercieron con opacidad, que no elevaron el nivel de atención y que antes JAMÁS pusieron un peso más de su bolsa, como ahora anuncian que lo harán, para cubrir la atención en enfermedades que el Seguro Popular no cubría.

Pero incluso si les damos el beneficio de la duda, la pregunta es: ¿por qué se niegan a apoyar al INSABI? ¿por qué critican el nuevo modelo en lugar de ser pro activos y colaborar para perfeccionarlo?  ¿Por qué hoy sí “les interesa” la salud de los que menos tienen si antes volteaban la vista y dejaban todo a cargo del Seguro Popular? Otra vez quizás la respuesta se encuentre en los millones que dejarán de recibir, en los contratos de medicinas y construcción de hospitales que ya no podrán asignar, en la nómina que ya no podrán controlar a su antojo y beneficio.

Durante el fin de semana los gobernadores del PAN anunciaron la creación de una alternativa al INSABI que “garantice el servicio gratuito, cobertura y calidad en los servicios de salud para todos los mexicanos” y  que mantenga los beneficios del seguro popular.

Habría que preguntarse ¿beneficios para quien?, pero en última instancia el tema de fondo aquí es: si tanto les importaba, como hoy dicen, la salud de los más pobres, ¿por qué no le pusieron un alto a las irregularidades del Seguro Popular documentadas en las tres administraciones anteriores? ¿por qué no hicieron los ajustes de presupuesto y las leyes necesarias para que desde hace décadas México tuviera un sistema de salud universal? ¿por qué prefirieron mantener un sistema que los beneficiaba a ellos y permitieron que la calidad del sistema de salud disminuyera año con año? ¿Por qué a pesar de las pruebas documentadas y de los señalamientos de organismos internacionales nunca corrigieron EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR?