Plantea PAN Nuevo León transporte público de cero emisiones

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Esta mañana diputados locales y federales del PAN, dieron a conocer su iniciativa para promover el transporte público libre de emisiones de carbono. El cual establece la meta de hacer el transporte público completamente independiente de los gases diesel, eliminando así, uno de los contribuyentes más grandes a la contaminación del área metropolitana

 

Dicha iniciativa fue presentada por los diputados panistas Mauro Guerra, presidente del Comité Directivo del PAN a  nivel estatal, Luis Susarrey, diputado local, así como los diputados federales, Raúl García Guzmán, y Hernán Salinas. Dictamina que, primero se establecerá un periodo de transición para el uso de dichas tecnologías. Sería primero, que a nivel estatal se cambiara el uso de diesel a Gas LP, y después para el 2030, se cambiaría a uso exclusivo de energía eléctrica.

“Es el momento idóneo para que Nuevo León fije un término que nosotros estamos poniendo en este escrito, el 1 de enero de 2030, como un tiempo de transición para que nuestro transporte público sea de cero emisiones”, comentó Hernán Salinas.

 

Así mismo, también afirmó que busca que dicha Ley de Movilidad, se incluya en la  NOM-045-SEMARNAT-2017, la cual establece parámetros para la emisión del humo y los contaminantes que expiden los vehículos

 

Con información de “El Norte”

Inmovilidad

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En las últimas semanas hemos sido testigos del abandono, ineptitud y lentitud con la que el gobierno de Nuevo León aborda la problemática del transporte y la movilidad en nuestro estado. Si bien, es cierto que el sistema de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey está totalmente rebasado desde hace años por la demanda de la ciudadanía, no podemos dejar pasar por alto que esto se debe a innumerables descuidos y falta de planeación en el crecimiento de nuestra ciudad. Durante décadas Monterrey creció de forma horizontal y desmedidamente, sin criterios para el transporte y la movilidad de los habitantes, lo que hoy ocasiona los graves problemas que tenemos para los traslados de municipios como García, Juárez, Zuazua, etc. hacia el interior de la ciudad. 

Es totalmente inaceptable que han pasado gobiernos enteros y no se ha podido abrir ni un metro más al sistema de metro de la ciudad, o que los proyectos “innovadores” como la ecovía sean un total fracaso, la ciudad metropolitana de Monterrey merece y necesita con urgencia un sistema integral, eficiente y a buen precio, que cubra la necesidad de traslados en la ciudad.

Es innegable que también es necesaria la participación de la ciudadanía para mejorar la movilidad en la ciudad, así como contribuir a aminorar los niveles de contaminación del aire utilizando menos los vehículos privados, sin embargo, los esfuerzos de la iniciativa privada en algunas empresas o algunas universidades como la UDEM, son insuficientes y es necesaria la implementación de políticas públicas coordinadas con una visión metropolitana, porque pareciera que algunos municipios siguen pensando que son entes aislados y que no forman parte de la metrópoli, pues los problemas de la ciudad son intermunicipales y así deben ser tratados. 

Además a todo esto, se suma la reciente y evidente incapacidad de las autoridades estatales para mediar y generar mejores condiciones a los servicios de plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify, así como para los trasportistas tradicionales. Estas problemáticas, por la falta de organización y la ineptitud de la autoridad, afecta principalmente a la ciudadanía más desfavorecida y que se ve afectada por un lado por la ineptitud y abandono de sus representantes, así como por una ciudadanía que no termina de organizarse.

El taxi vs Uber: ¿cuánto cuesta resolver el problema?

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La cacería de brujas que comenzó en estos días contra los choferes de Uber, Didi y Cabify en Monterrey ha puesto a gran parte de la ciudadanía en contra del gobierno del estado. La premisa es que los conductores de las plataformas no siguen los mismos parámetros que los taxistas convencionales ni pagan la misma cantidad de impuestos por prestar un servicio que -en esencia- es básicamente el mismo y, por lo tanto, los pone en el terreno de la ilegalidad. ¿Es esto del todo cierto? ¿Cuál es el verdadero problema?

Por un lado, se encuentran los taxistas; los de toda la vida. En el mejor de los casos, un taxista tiene que hacer una inversión inicial de varios cientos de miles de pesos para comprar un carro y las placas de taxi que, por cierto, a estas alturas las dos cosas cuestan casi lo mismo. Podría decirse que en total se necesitan unos $300,000 para empezar, dependiendo del año y modelo del vehículo. Los problemas vienen cuando los conductores no pueden invertir dicha cantidad y trabajan para alguien más; alguien que puede pagar y que, cual señor o señora que tienen una casita aparte, lo que quieren es “vivir de sus rentas”. Es decir, el negocio está en tener taxis rentarlos. En Monterrey, un chofer paga unos $400 o $450 diarios al dueño del taxi.

El taxi “verde” tuvo el monopolio durante mucho tiempo y logró sobrevivir a pesar de las circunstancias: la inseguridad (tanto por parte de conductores como de usuarios), las bases y taxis “pirata”, el pésimo servicio, los taxímetros alterados. Los taxis “de base” o “de sitio” (los blancos, pues) luego fueron la alternativa: los pedías por teléfono y hasta los podías agendar para que te recogieran en un día y hora específicos; todo ello a cambio de pagar más. ¿Y cuál fue el problema? Pues que, por ejemplo, algunos de los “taxis ejecutivos” cobraban según tarifas sin sentido y a veces con un criterio completamente subjetivo: dependiendo la hora, el lugar, el destino e incluso dependiendo del cliente, cobraban lo que querían. ¿Cuánto vale una carrera al aeropuerto? Lo que el chofer o la compañía quieran (te veo a ti, Totsa).

Luego está Uber, la tecnología; el que abrió la brecha para los demás. Hay una tarifa fija (o no), que garantiza la seguridad de los pasajeros (o no), en la que los pagos se realizan a través de transferencias para evitar robos (o no) y que permite al usuario en todo momento saber la ruta que el conductor seguirá (o no). Uber le arrebató el negocio a los taxis sencillamente porque su servicio es de mayor calidad (o no), aunque ello implique un costo adicional (¿o no?). ¿Has oído hablar de la tarifa dinámica? ¿Te acuerdas del caso de María Fernanda Castilla y Cabify? ¿Qué pasa si mi conductor no trae cambio? ¿Y si no cancela el viaje, aunque ya me haya bajado? ¿O si se va por una ruta por la que yo no le dije? Estoy plenamente consciente de que la proporción es mucho menor (afortunadamente), pero una cosa no quita la otra.

¿Y entonces? ¿Por qué preferimos Uber? Fácil: porque en México desconfiamos de todo aquello que es propiedad del gobierno. ¿Y por qué? Porque nos suena a corrupción, malos manejos, pésima calidad y mal servicio. ¿Por qué pagamos seguros de gastos médicos mayores? Para no ir al IMSS. ¿Por qué pagamos cable o servicios de streaming? Porque no hay nada bueno en la tele abierta (y menos en los canales del gobierno). La gente espera que la administración funcione como un buen intermediario y no como el propietario, pero esto es otro problema.

En Monterrey estamos tan acostumbrados a pagar de más por todo que si alguien nos dijera que con una cantidad se resuelve el tema de Uber, ya estaríamos juntando. Pero bueno, mejor no doy ideas.

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

#HojaDeRuta: “Por un transporte (realmente) público”

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No soy un experto en transporte ni mucho menos, pero como dice aquella frase hecha: tantas ciudades desarrolladas no pueden estar equivocadas. Prácticamente cualquier urbe que cuenta con un modelo de transporte público exitoso, es precisamente por eso: es realmente público. 

En Nuevo León tenemos un híbrido que ha resultado poco conveniente: jurídicamente, el transporte sigue siendo público, pero operativamente está privatizado (así sea temporalmente) por la figura de la concesión.

Más allá de la polémica que ha desatado el aumento de tarifas, los vaivenes entre las posturas de los distintos actores -que van desde la insensibilidad de los transportistas hasta la improvisación de la autoridad estatal- y el alud mediático alrededor del tema, es preciso reflexionar sobre la esencia del modelo.

¿Qué implica que el transporte sea operado bajo un modelo público y por qué sería conveniente para el bienestar general? Para responderlo, hay que acudir al concepto de bien público.

Desde el aspecto económico, un bien público es aquél que está disponible para todas las personas (por tanto, no es excluyente) y no puede ser divisible (que lo use una persona no impide que lo use otra). Desde el aspecto político, son aquellos vienen que son provistos y/o protegidos por el Estado.

Demos un ejemplo con un tema en boga en Monterrey: el aire. Está disponible para todas las personas de la ciudad sin excepción y el hecho de que unos lo respiren no impide que otros puedan hacerlo. Además, desde el componente político el Estado no provee el aire, pero sí está obligado a protegerlo, es decir, a garantizar su calidad. Ahí tenemos un ejemplo claro de un bien público.

En el caso del transporte, se requiere entenderlo desde el concepto de movilidad: todas las personas deberían poderse mover en la ciudad, sin excepción, y la capacidad de movimiento de unos no debería impedir o afectar la capacidad de moverse de otros. En este caso, el Estado no solo está obligado a proteger esa capacidad de movernos, sino que, en el mejor escenario, debe proveerla.

¿La razón de lo anterior? Un tema de incentivos, y ahí es donde hay que elegir un paradigma: ¿La prioridad el transporte es mover a las personas o hacer negocio? La respuesta a esa pregunta encierra la esencia de por qué un modelo público es buena idea. 

Un modelo estatal debe poner su esfuerzo en la manera más eficiente y justa de mover a las personas; un modelo privado, pone su esfuerzo en maximizar la renta, aunque esto signifique afectar a los usuarios.

Y esa afectación a los usuarios hay que sacarla del mundo de lo abstracto y tocar tierra: significa impactar en los bolsillos de las personas que menos ganan, sobre todo considerando que México es el país de la OCDE donde proporcionalmente se gasta más del ingreso en transporte. 

Significa también una afectación a la salud física y emocional, pues se obliga a las personas a dormir menos, y pasar cantidades inhumanas de tiempo (de 3 a 4 horas diarias en los peores casos) arriba de un camión. Esto implica no solo cansancio, sino un menor tiempo de convivencia familiar o de recreación antes de volver a iniciar la rutina.

En pocas palabras, un transporte público ineficiente como el que tenemos afecta directamente la calidad de vida de las personas. Un mal transporte público que es consecuencia, a su vez, de una mala planeación urbana y los incentivos perversos que la han permitido.

De tal suerte que el debate de las tarifas será una polémica temporal, pero habría que ir al terreno de lo radical: repensar y replantear de manera seria y responsable nuestro modelo de transporte hacia una empresa pública o entidad estatal que tenga por objeto mover a las personas, no explotarlas.

gilberto@altiusconsultores.com

¿Ambientalistas o políticos?

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El Norte en su versión .com nos tuvo muy entretenidos este domingo, con una foto en la cual aparecen juntos auténticos y falsos ambientalistas, todos en defensa de la Sierra de Picachos, o será más bien en desafío contra el gobierno independiente del Bronco Rodríguez. Consta que me parece muy loable el motivo de la reunión que y soy un defensor de proteger esta reserva natural de las depredaciones futuras en nombre de la explotación de pedreras. 

Pero me parece que juntar tantos voceros inverosímiles acaba peligrando la defensa de una causa tan buena, poniendo en duda la autenticidad de los defensores. ¿Desde cuando el diputado “ejidatario” Paco Cienfuegos ha sido un ambientalista? ¿Este era su propósito cuando adquirió terrenos en Mina atendiendo la invitación de Rodrigo Medina?  ¿Será compatible defender la Sierra de Picachos y agredir la península de Yucatán con el seudo Tren Maya que destruirá miles de hectáreas de bosques dizque para transportar carga entre Chetumal y Campeche con el respaldo de los diputados de Morena? ¿Cuál carga? 

El principal común denominador de los políticos presentes era su protagonismo para la elección para gobernador de Nuevo León de 2021. Todo se vale. Pero los ambientalistas no deberían caer en las trampas de la política y menos en las trampas de los políticos. Hay apoyos que debilitan. Ser selectivo en sus amistades puede ser útil. 

Dicho esto, ojalá tengan éxito en la defensa de la Sierra de Picachos. Y si alguno de los políticos de la foto fuera contendiente para la gubernatura, esperaremos que no caiga víctima de las sirenas ( $$$) de las pedreras. Le recordaremos la foto del día 12 de mayo del 2019. 

PD. ¿Para qué seguir opinando sobre el asunto del Transporte Público en el área metropolitana de Monterrey si el Secretario de Gobierno no tuvo las agallas para presentarse al programa de Cambios para defender la propuesta de estatización del servicio? ¿Va en serio? ¿O es solamente una jugada para transferir el muertito al Congreso? El Congreso se va de vacaciones el miércoles, así que se lavará las manos. Y el Bronco seguirá echando culpas a otros sin asumir nunca la gubernatura que había ganado de forma tan espectacular y finalmente, tan inmerecida. Serán seis años perdidos para Nuevo León y para los nuevoleoneses. No para el Bronco y sus colaboradores que no saldrán con las manos vacías.

¿Algunos de los protagonistas “ambientalistas” de la foto del Norte tendrá una propuesta para solucionar el problema del Transporte Público que le tocará en caso de ganar la gubernatura? ¿Por qué no opinan al respecto? 

#Kleroterion: “Movilidad o Transporte Público un Derecho Humano”

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Las grandes ciudades en el mundo aplican métodos para que los ciudadanos tengan mejores servicios, una parte fundamental se distingue por la movilidad, en específico, el transporte público, que hace que cualquier metrópoli logre sus actividades de manera adecuada.

Estamos seguros que nuestro estado, está a la altura; sin embargo, para este tema estamos sujetos a un grupo de permisionarios, que lo único que buscan es un beneficio propio, por lo que si no están de acuerdo con la tarifas, hacen paro de unidades, es decir, el típico acto de niño que dice “me llevo mi balón si no hacen lo que yo digo”, impactando de manera negativa a la sociedad, es así que este transporte necesita una reestructuración, ya que no puede permitirse un transporte condicionado y que afecte a centenares de ciudadanos.

Es importante la adquisición del sistema de transporte urbano para poder brindar el servicio como el estado lo merece; por su parte el Gobernador presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para lograrlo, por lo que es momento que los diputados se pongan del lado de la gente, siendo los propios legisladores quienes por varios meses han criticado este servicio ostentando que ha faltado mano dura, pero ahora que se quiere tomar el control, se salen por la tangente, criticar es muy fácil, ¡claro!, desde dentro de un carro con aire acondicionado.

Este trabajo es conjunto si queremos aspirar a ser como las mejores ciudades, donde el “servicio de transporte es público”, pero necesitamos saber con quién contamos, conscientes que la movilidad es un derecho humano, por lo que estamos dispuestos a que el manejo del sistema de transporte venga de la propia sociedad civil, de un empresario con vocación de servir.

En una primera etapa, debemos adquirir el control del transporte, asimismo, que el congreso entienda las necesidades reales de la sociedad y que impacte su apoyo, por lo que es momento de que tomen las decisiones correctas, en una segunda etapa, aspirar a ser como las mejores ciudades del mundo, teniendo un transporte público gratuito, convencido de que puede lograrse a través de métodos de recaudación que subsidien este sistema, concluyo diciendo que los asuntos de movilidad en cualquier estado siempre generarán productividad, ya que cualquier ciudad será próspera, teniendo “un estado con verdadera movilidad”.

Pasan a comisiones deuda para transporte

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El Congreso local recibió hoy, de manera oficial, la solicitud del Gobierno estatal para que se le autorice una deuda por 4 mil 910 millones de pesos para adquirir 4 mil 667 camiones del transporte público.

La solicitud fue leído dentro de los asuntos en cartera de la sesión de hoy en el Congreso y se turnó para que su estudio y análisis a la Comisión de Presupuesto que preside el diputado local de Morena, Ramiro González.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes el jueves por el Secretario de General de Gobierno, Manuel González.

Legisladores, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la propuesta.

(Con información de Grupo Reforma)

#EspacioPúblico: “Movilidad para usuarios, por derecho y con Ley”

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En las últimas horas del periodo legislativo y enmarcado por una terrible crisis en el transporte público, la bancada del PAN entregó su iniciativa de una Ley de Movilidad para el estado de Nuevo León. Feliz día del niño, se ganaron su estrellita, pero otros ya habían hecho su labor y no hay que perderlos de vista.

A la iniciativa presentada por el PAN se suman otras tres. Una presentada por el Gobierno del Estado, otra por la fracción de MORENA y una más presentada por organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué nos dice todo esto?    

Con la misma relevancia yo veo cuatro puntos. 

En primer lugar que el sistema que regula el transporte público tiene que cambiar.

Meses de fallidas negociaciones con concesionarios y dejar a la ciudad una mañana sin transporte afectando a cerca de 800 mil usuarios y daños a la economía en más de 500 millones de pesos son señales de la ineficiencia de un arcaico sistema manejado por unos cuantos sin tener en cuenta las necesidades de miles de usuarios. 

En segundo lugar, vemos la presencia de organizaciones de la sociedad civil presentando una iniciativa de Ley de Movilidad.  Dejó de ser una sociedad que exige al gobierno soluciones y se convierte en una sociedad que propone, critica, construye y aporta la perspectiva de usuarios para ser analizada y ser la base para generar una propuesta final que logre cambiar de manera radical la movilidad en el estado.

La propuesta de la sociedad civil organizada se entregó hace meses y en términos populares en estos tiempos, no tengo pruebas pero tampoco dudas que sirvió para que las fracciones de MORENA y el PAN consideraran puntos importantes en sus iniciativas.

El tercer punto relevante de este análisis es en lo que siempre se debió beneficiar: Usuarios primero.

Una ley basada en los usuarios puede hacer la diferencia para cambiar de ahora en adelante la movilidad en el área metropolitana de Monterrey.  Tres propuestas ven claramente a la movilidad como un derecho para cualquiera que se mueva en las calles y con eso hablamos de peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, usuarios de transporte público, transporte de carga y automóviles. Deja de verse como una ley de transporte que se preocupa por que los concesionarios den un servicio y se convierte en una ley que asegure la movilidad de las personas con las mejoras que esto implique. 

Y como cuarto y último punto vemos un gobierno del estado reactivo pero poco estratégico y muy lejano a ‘la raza’  tratando de solucionar una crisis con acciones que no cambian el problema de fondo y tarde o temprano repetirán los problemas actuales. 

Y esto apenas comienza.  El Congreso entra en receso unos meses y tendrá tiempo suficiente para estudiar, reflexionar y organizar las prioridades del siguiente período legislativo. No hay duda que esta ley es de altísima prioridad.

El Congreso del estado de Nuevo León tiene varios retos  en sus manos. Tiene el reto de incluir a la sociedad civil en el trabajo legislativo, el reto de dejar los egos partidistas buscando quién tiene su mejor propuesta, el reto de hacer un trabajo transparente que promueva la participación de usuarios de la movilidad, pero sobre todo tiene el reto de demostrar que entre todas y todos se pueden lograr cambios de fondo en la manera de movernos.

En sus manos está  ser la legislatura que desde su trinchera cambie la movilidad en el estado o simplemente ser otra más que aprueba leyes bajo presión de tiempo para ser corregidas por un futuro grupo legislativo.  

La movilidad en Monterrey: entre contaminación y tarifazos

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Desde hace algunos días se había anunciado que los regiomontanos se iban a encontrar con una sorpresa regresando de Semana Santa: el transporte público sería sujeto (nuevamente) a aumentos en sus tarifas. Pues el día de ayer anunció Manuel González, el secretario General de Gobierno, que el llamado Santo Tarifazo no se producirá, sino que durante la semana de Pascua se revisará. Más que suponer un tipo de alivio, realmente alarga la agonía. 

Desde finales de 2018 ya se había anunciado que los aumentos también se registrarían en materia vehicular, con rubros que sufrieron un incremento de hasta el 90% y con un pago de refrendo que asciende a los $3092 para vehículos en una franja de diez años (2009-2019). Si comparamos este último dato con los costos del año 2015 -año en que El Bronco recibió la gubernatura- el refrendo tenía tres costos según el vehículo: aquellos con cuatro años o menos pagaban $1401, los de entre cinco y nueve años pagaban $686 y los de diez o más años, una cuota de $379. Es decir, en algunos casos, los incrementos han sido de hasta el 451% en un lapso de cuatro años. A lo anterior hay que sumarle que la línea 3 del metro no entrará en funciones sino hasta octubre de 2020, a pesar de que las obras iniciaron en 2013.

Y es que, si con los aumentos de inicio de año a los automóviles se pretendía fomentar el uso del transporte público, el Santo Tarifazo es todo lo contrario. Pagar $15 por viaje en camión -para llegar a $18 en 2021- no es la manera correcta de incentivar el uso del transporte pues, aunque permite a los usuarios hacer recorridos largos, el transbordo sigue teniendo penalización. A esto hay que agregar la poca capacitación que se ofrece a los choferes y las condiciones en las que se encuentran la mayoría de las unidades y el ya evidente problema que tenemos en la ciudad: el tráfico, lo que se traduce directamente a contaminación.

Entonces, ¿cuál es la solución? Depende del problema a atacar. Resolver los aumentos por sí solos es muy complicado, pues el gobierno tendría que otorgar subsidios, lo que descompensa en otras áreas y provoca problemas en otros rubros. No nos dejaron de otra: habría que esperar a que saliera un nuevo presupuesto para revertir los aumentos, pero este tipo de ajustes rara vez se producen. Este pronóstico suena nada alentador.

Por otro lado, si lo que de verdad se quiere resolver es el tema de la contaminación (hay que recordar que es una de las justificaciones del alza en materia vehicular), entonces aumentar los impuestos en este rubro sí tendría lugar, pero la estrategia se cumple sólo si se acompaña de bajadas en los precios y reinversión al transporte público. Igualmente, se requiere una medida que ponga fuera de circulación los vehículos altamente contaminantes, pues su constante uso perjudica en ambos sentidos: más tráfico y más contaminación.

Aparte de esto, debe haber una transición entre vehículo particular y el transporte público. Mejoras al sector del taxi podrían ser una solución, pues una de las principales razones por las que los neoleoneses no utilizan el transporte público es la rapidez y la comodidad. En este sentido, la próxima uberización del taxi es podría ser un buen comienzo, pues reequilibra la balanza entre los servicios de transportación y favorece a la competitividad.

Visto de esta manera, queda claro que el Santo Tarifazo no resuelve ni uno ni otro problema, sino todo lo contrario: perjudica a la gran mayoría de la población y sigue hipotecando nuestro futuro. Ojalá y después de la semana de Pascua, ya con un poquito de claridad y descansados, Manuel González y compañía, ahora sí, diseñan una estrategia centrada en el uso eficiente de los recursos y pensando en la gente.