La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO y después el fraude, dice Muñoz Ledo

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Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.

Acoso a la Libertad de Expresión

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Primero hace unas semanas nos enteramos de las demandas del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a los periodistas, Sergio Aguayo y Pedro Ferriz de Con. Según Moreira la demanda se debe a que estas personas mancharon su imagen y su “honor” si es que al señor aún le queda algo.

Después del supuesto perdón de Enrique Peña Nieto por el caso de la “Casa Blanca”, la periodista Carmen Aristegui denunció hostigamiento y demandas judiciales por parte de su ex jefe, Joaquín Vargas, dueño de MVS Comunicaciones. Ahora Ciro Gómez Leyva también dio a conocer que hay procesos judiciales en su contra.

¿Existe acoso a la libertad de expresión?

Parece que la opresión y acoso al periodismo en México no es una cosa del pasado y esto ha quedado demostrado más profundamente durante el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. En estados como Veracruz casi por mes se asesinan a periodistas, el gobierno del estado justifica que son acribillados por andar en “malos pasos”, pero no resuelven los casos ni hacen investigaciones.

En Quintana Roo los periodistas no pueden ejercer su trabajo con libertad ya que el gobernador de ese estado, Roberto Borge, hizo modificaciones en la ley donde prácticamente ellos tienen control en la definición “periodista” esto con el fin de tapar las malas opiniones hacia el gobierno.




Tal parece que la nueva forma de acosar y poner límites a los periodistas en México es utilizando el sistema jurídico mexicano.

Me parece increíble que personajes con tan poca cara como Humberto Moreira estén demandando a periodistas de alto calibre como lo son Sergio Aguayo y Pedro Ferriz de Con.

También es injusto que Joaquín Vargas, personaje que por mucho tiempo había sobresalido por dejar a sus trabajadores trabajar libremente, hoy esté siendo utilizado por Presidencia como una herramienta para silenciar la queja de Aristegui por su despido injustificado de MVS Noticias.

Son momentos difíciles para el periodismo nacional, la nueva regala parece ser, estás conmigo o estas en contra mía y de ser así te demando por “difamación”. Es lamentable que la democracia de nuestro país no pueda tener una prensa que sea 100% libre y saludable.

Muchos debatirán que sí la tenemos y que la libertad de expresión no ha estado en mejores tiempos que este, pero no lo creo así.

Cuando se trata de silenciar a través de las armas o utilizando el aparato jurídico a las personas que están detrás de los hechos y de la verdad, se pierde esa libertad de expresión y pierden todos los mexicanos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “El cartel de los Moreira”

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Me siento como si viviéramos en un país autoritario, esto fue acentuado la semana pasada cuando el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al analista, investigador y periodista al Colegio de México, Sergio Aguayo. Según Moreira, Aguayo, afectó su imagen, pues el periodista escribió en una de sus columnas semanales que la carrera política de Moreira “Hedía a corrupción”, cómo si esto fuera secreto.

Lo más espantoso en cuanto a los hermanos Moreira, no es precisamente esta demanda a Sergio Aguayo y al periodista y candidato presidencial, Pedro Ferriz de Con. Lo más espantoso es lo que ha estado revelando un ex miembro del Cartel de los Zetas, sobre los tratos turbios entre las administraciones de los Moreira y este grupo delictivo.

El testigo protegido ha declarado que Humberto Moreira ayudo a los Zetas a controlar el estado, también que se le hizo un pago de 2 millones de dólares y que en su momento los miembros criminales utilizaban vehículos oficiales del gobierno de Coahuila, al igual que el Penal de Piedras Negras para masacrar y desaparecer personas.

También este testigo afirma haber visto en una ocasión una camioneta cargada con un millón de dólares con el fin de “comprar” y tener el apoyo de Rubén Moreira una vez que este se convirtiera en gobernador del Estado.

Parece todo indicar que los Moreira son los culpables de la muerte de centenares de personas, entre ellas una niña de 6 años que fue desmembrada enfrente de sus padres, según afirma uno de los testigos protegidos que presencio el acto.

Humberto quiere tapar el Sol con un dedo demandando a dos periodistas que son de altura y que revelaron en su momento lo que no es secreto para nadie, el nivel de corrupción y suciedad que tienen estos dos individuos.

Desde este punto de vista podemos afirmar, que los Moreira tienen sangre en sus manos, y que ciertamente no debe de haber rutas de salida para estos dos miembros del crimen organizado. Dejarlos en libertad después de lo que se les acusa en los Estados Unidos, sería demostrar 100% la clase de impunidad que existe en nuestro país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”