Proponen en Nuevo León que delito de chantaje se persiga de oficio

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El diputado local priista, Álvaro Ibarra propuso modificaciones al Código Penal del Estado de Nuevo León, con el objetivo de que el delito de chantaje se persiga de oficio por parte ce las autoridades judiciales.

Ibarra expuso que en mayo del presente año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Nuevo León el delito de extorsión o chantaje se ubica en el cuatro lugar a nivel nacional.

“Ante estos hechos que sufre nuestra sociedad, es que estimamos necesario realizar modificaciones a nuestro Código Penal, con el objeto de que este delito se persiga de oficio por parte de las autoridades judiciales, para que de esta forma se cumpla con el principio de impartición de justicia, sin que haya de por medio requisitos que limiten su acceso y la aplicación de Ley”, comentó el legislador priista.

El ex diputado federal, exhorto a todos los integrantes del Poder Legislativo a volver prioritario este tema y todos “los que estén relacionados con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.

La propuesta con Proyecto de Decreto se reservó y será enviada a la Comisión de Dictamen Legislativo que le corresponde.

Trabajaré por la justicia de las víctimas: Anaya

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El aspirante a la Presidencia por el Frente, Ricardo Anaya, aseguró que trabajará para lograr justicia para las víctimas de la violencia en el país. 

En su cuenta de Twitter, el panista recordó que este 29 de marzo se cumplen siete años del asesinato de Juan Francisco, hijo del escritor Javier Sicilia.

“En la persona de Javier Sicilia abrazo a todas las víctimas, en el marco del séptimo aniversario luctuoso de su hijo Juan Francisco. Saludo también al @MxLaPazMx. Trabajaré por justicia para ellas y ellos.”

Juan Francisco fue asesinado en 2011 en el estado de Morelos, cuando tenía apenas 24 años. Tras el asesinato de Juan Francisco, su padre, Javier, se convirtió en el líder del Movimiento por la Paz y la Justicia, y hasta la fecha el escritor es activista.

A unas horas de que arranquen las campañas presidenciales, Anaya recordó uno de los problemas más importantes en el país: la violencia. 

Los primeros dos meses de 2018 se registró el mayor número de homicidios dolosos en México desde que se tenga registro. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Pública (SNSP), durante el primer bimestre del presente año se iniciaron 4 mil 206 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, la cifra más alta para un primer bimestre desde 1997.

Minimiza Manuel González feminicidios en Nuevo León

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Manuel González, gobernador interino, declaró que los feminicidios en Nuevo León no son un problema grave, sin embargo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León en el 2017 presentó un total de 43 casos, quedando por atras de Sinaloa con 82 y Veracruz con 79.

“Es un tema en el que se debe implementar más acciones para proteger a las mujeres, pero esto no es grave dentro de la incidencia delictiva”, declaró.

Ante la minimización del tema, González recalcó que la cifra señalada se debe a que con anterioridad los Feminicidios no se encontraban tipificados.

Cabe destacar que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, Nuevo León ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a incidencias delictivas.

En la entidad en lo que va del 2018 se han registrado 5 casos denunciados, por lo que aún y a pesar de la “alerta de género” que se ha implementado, este problema social sigue a la alza.

 

#Kleroterion: “La Seguridad Pública y sus desafíos”

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La seguridad pública sigue siendo una prioridad para la ciudadanía y el Estado mexicano. Este año será el más violento en materia de homicidios dolosos desde que se lleva la estadística del delito el cual se incrementó en 25 entidades del país. La violencia la genera la delincuencia organizada debido a los miles de millones de dólares que sus actividades le reportan, dinero con que compran armamento, infiltran instituciones, destruyen el tejido social, y extienden sus redes hacia otros delitos en el nivel nacional y trasnacional. Por ello, la seguridad pública, la de todos los días, es central para los tres Poderes de la Unión y debiera serlo para las 32 entidades federativas, dado que un Estado que no puede garantizar la vida y los bienes de sus habitantes está en riesgo de disolución.

En  México sólo 900 municipios realmente tienen corporaciones policiales, el gasto en seguridad pública se duplicó en 10 años y la violencia se mantiene, y el mando único para las policías estatales está pendiente; por otra parte, algunos delitos que afectan sustancialmente a las personas se incrementaron, y existen desafíos legislativos que resolver en materia del sistema de justicia penal acusatorio. Todo ello más el proceso de construcción de la Fiscalía General de la República, la transformación de las Fiscalías del país, y la puesta en operación del sistema nacional anticorrupción que supone cambios de envergadura en diversas  instituciones del Estado para iniciar una verdadera campaña contra la corrupción.

En el caso de los delitos y el sistema de justicia penal acusatorio existe una serie de tareas a esclarecer. Como antes se señaló, en México los homicidios dolosos crecieron de forma significativa: en 1997 fueron 16 mil 886 casos; en 2016 fueron 22 mil 967, y a septiembre de 2017 sumaron 18 mil 637. A la violencia de la delincuencia organizada ahora también se suma el mayor uso de armas de fuego en riñas y venganzas, en el robo con violencia, en el robo a transeúnte, y en el robo a casa habitación. Por ejemplo, en el delito de robo a negocio las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS) muestran que creció en toda la República de modo ostensible: el 66 por ciento de las entidades presentaron incrementos entre el año 2016 así como en 2017.

Mientras tanto la portación de armas no es delito grave. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cinco años se incrementó el número de armas en los hogares del país: de 145 mil 939 en 2011 a 232 mil 746 en 2016. Por ello, la Conferencia Nacional de Procuradores y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública solicitaron que los delitos con uso de armas de fuego sean parte del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; y que la portación de armas sea considerada un delito grave; estos cambios son parte de la agenda Legislativa que debe atenderse en beneficio de la sociedad.

La seguridad es tarea de todos y si el robo en sus diferentes modalidades con violencia no amerita la prisión preventiva oficiosa porque así está en la ley, pues hay que cambiar la ley para proteger a la sociedad; mismo caso de la prisión preventiva justificada que en unos casos si se concede y en otros no ante quienes roban negocios, casas, y personas. Quienes venden armas difícilmente son llevados a prisión preventiva y menos aún a prisión preventiva justificada, mientras que la cifra de homicidios y de robos con violencia sigue creciendo. Estos son algunos de los desafíos a resolver y que reclaman la acción del Legislador para tener las leyes acordes a la realidad que vivimos.

La seguridad Pública Guanajuato y Querétaro

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En el marco de gira de trabajo Ruta Centenario de la Constitución, en que llevamos a diferentes puntos del país un Cortometraje sobre el 100 aniversario de la Ley Fundamental, y se impartirá una conferencia en la materia, estaremos esta semana en los estados de Guanajuato y Querétaro; es conveniente aprovechar las visitas a estos estados para exponer datos sustanciales sobre el estado de la seguridad pública a fin de informar a la ciudadanía y considerar acciones que sirvan al fortalecimiento del Estado de derecho.

La tasa de homicidios en el estado de Querétaro es una de las más bajas del país, en los últimos 17 años osciló entre los 3.03 y los 6.9, que en comparación con otras entidades lo coloca como un referente de seguridad. En términos absolutos equivalen a 139 homicidios dolosos en 2015, 119 en 2016 y 88 en lo que va del año 2017. Junio de 2017 presentó un pico inesperado al registrar 22 homicidios dolosos. El robo de vehículo en Querétaro va a la alza. En el periodo de enero- junio de 2016 se cometieron mil 740 robos de vehículo, mientras que en mismo periodo de 2017 se cometieron 2 mil 763: un incremento del 59 por ciento; este delito se ha colocado ligeramente por debajo del promedio nacional en los últimos meses, inclusive en algunos meses lo ha superado, por ello habría que poner especial atención a este fenómeno pues la incidencia de robos de vehículo contrasta con la ocurrencia de delitos en general.

En Guanajuato, su incidencia delictiva se ubica hace años por encima del promedio nacional, esto se debe en parte al alto índice poblacional (según el censo 2010, Guanajuato es la Sexta entidad más poblada del país), empero a partir del 2014 las cifras de incidencia delictiva escalaron, llegando en 2016 a las 106 mil 265 ocurrencias delictivas: la cifra más alta de la que se tenga registro.

Por otra parte, a partir del año 2009 los datos muestran que Guanajuato empezó a desplazarse hacia una dinámica criminal más intensa. Esta crisis se muestra al analizar el cálculo de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes particularmente a partir del 2009 la tasa muestra una escalada que inició con 4.73 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2009 y pasó a los 16.39 en cinco años, un incremento de más del 250%. A junio de 2017 se cometieron 704 homicidios: un incremento del 39% con respecto al mismo periodo del 2016.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el documento “Incidencia Delictiva del Fuero Común” del año 2017 se tiene un total de 891 mil 747 de denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público; a partir de ese dato, se puede indicar la siguiente información. En Guanajuato se han presentado 57 mil 613 denuncias ante las agencias del Ministerio Público y en Querétaro 25 mil 896 denuncias lo que representa el 6.4% y el 2.9% del total respectivamente durante el 2017. De las 891 mil 747 denuncias nacionales los delitos se dividen de la siguiente manera: 324 mil 244 son robos, 95 mil 068 lesiones, 20 mil 344 homicidios, 113 mil 222 a delitos patrimoniales y 331 mil 833 a otros delitos (entre los que se incluyen amenazas, estupro y otros sexuales por mencionar algunos).

Al considerar estos rubros y analizar los que presenta el estado de Guanajuato, se obtienen las siguientes cifras: en robos hay 19 mil 344 denuncias, lesiones 5 mil 744; homicidios mil 612 casos; delitos patrimoniales 6 mil 187 denuncias y 24 mil 557 en otros delitos. Contrastando ambos universos de análisis, el nacional y el estatal durante el 2017, se obtienen las siguientes ponderaciones: en robos Guanajuato representa el 5.9% del total nacional; en 6.04%; en homicidios el 7.9% total; en delitos patrimoniales representa el 5.4%, y en e rubro de otros delitos el 7.4% del total nacional.

Al ponderar las cifras nacionales que arroja el SESNSP con las aportadas por el estado de Querétaro se tiene que hay: 12  mil 009 denuncias por robo, 2 mil 830 lesiones, 238 homicidios, 4 mil 213 delitos patrimoniales y 6 mil 396 por otros delitos. Estas denuncias representan de acuerdo a las aportadas a nivel nacional los siguientes porcentajes: para robo, en Querétaro se denuncia el 3.70% del total nacional; lesiones representa 2.97%; homicidio el 1.1%; delitos patrimoniales 3.7%, y para otros delitos el 1.9% del total nacional. La seguridad debe seguir siendo una prioridad en ambas entidades y realizar acciones para reducir la escalada de violencia que se registra en país.

Junio rompe récord como el mes más violento en los últimos 20 años.

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El nivel de violencia en el país se agudiza. Durante junio de este año se superó por primera ocasión en los últimos 20 años la barrera de los 2,200 homicidios mensuales, revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Durante el mes pasado se registraron 2 mil 234 homicidios dolosos en el país, con lo que junio desplazo a mayo de este año como el mes mas violento del que se tenga registro.

Al actualizar las cifras de homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que se han abierto 12,155 carpetas de investigación durante los primeros seis meses de este año, cifra que supera a las 9300 carpetas que se abrieron en el mismo periodo de 2016.

Al desglosar los datos por estado, se puede observar que Guerrero, con 1,161 casos, y el Estado de México, con 1,026, son las únicas entidades con más de mil homicidios en lo que va del año, mientras que Baja California se coloca en el tercer puesto con 922 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso abiertas en los primeros seis meses de 2017.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que Colima, con 42.12, y Guerrero, con 32.19, se ubican en los primeros lugares en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El secuestro es otro de los delitos que presenta un repunte, ya que se abrieron 108 carpetas de investigación durante junio pasado, cifra superior a todos los meses anteriores de este año.

El robo de vehículo con violencia también registra un incremento. En junio pasado, se abrieron 5,370 carpetas de investigación, la cifra más alta en lo que va de 2017.

Indignación Social

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“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”

Michael Mann

Los datos oficiales actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que el 2016 fue el año más violento en el curso de la administración del Presidente de México Lic. Enrique Peña Nieto; debido a que de enero a noviembre se registraron 18 mil 915 casos de homicidios dolosos, esto implica que son 3 mil 350 más que los cometidos el año anterior.

En el caso de los secuestros, aunque también tienen un incremento no es tan pronunciado como el de homicidios, se contabilizan durante el mismo periodo mil 022 casos comparados con 960 casos que se suscitaron el año anterior.




Esto viene a colación ya que, el pasado 1 de marzo el joven de 13 años Víctor Alfredo fue secuestrado al salir de la secundaria “Capitán Alonso de León” que se ubica en el centro de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, posterior a ese hecho fue asesinado aunque los plagiarios cobraron un rescate. El cuerpo lo localizaron a la altura del kilómetro 13 del Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, lamentablemente también en un avanzado estado de descomposición.

Por estos lamentables hechos un hombre fue detenido quien declaró haber matado al joven luego de que éste lo reconociera, porque previo a estos hechos delictivos él se desempeñaba como trabajador en una ferretería del padre.

Más allá de lo triste que resulta la pérdida de cualquier vida humana,  aquí estamos ante el caso de un joven con el futuro por delante, sin embargo habría que detenerse y cuestionar por qué este hecho no causó mayor indignación y protesta en amplios sectores de la sociedad, ¿será quizá que ya se ha normalizado la violencia y la muerte como si fuera parte de nuestra vida cotidiana?

Habría que cuestionar si ante hechos de este tipo pareciera que como sociedad denunciamos más la pérdida de ciertas vidas y sí asumimos acciones diferenciadas con base en la identidad, posición social o incluso espacio geográfico donde ocurre un homicidio.

En este punto, es necesario ser contundente, todas las vidas importan y todas deben ser resguardadas y denunciadas en caso de pérdida. Lo que no significa desatender la particularidad y especialidad jurídica y social que tienen los casos como feminicidios, o los que provoca la homofobia, o en su caso las muertes de migrantes.




Las interrogantes a que se hace referencia, recuerdan justamente las dudas que suscitaron entre teóricos y literatos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nadie denunció los actos de violencia sistemática que se vivieron en la sociedad durante ese tiempo? La respuesta que otorgaron sobre todo desde la filosofía fue que la existencia humana era la cuestión fundamental por ello cada pérdida humana era y es irreparable.

Retomando las preocupaciones de Hannah Arendt sobre los acontecimientos de esa contienda bélica y el proceso de la banalización del mal, habría que considerar como sociedad los valores que difundimos, toda vida debería ser igualmente importante sin considerar etnia, género, edad, o condición socioeconómica; todas las pérdidas deberían y deben generar malestar en sociedad y movilizaciones, lo que es grave es comenzar a tolerar estos hechos por percibirlos parte de la vida cotidiana, pero más grave es que unas muertes tengan mayor significado que otras por razones especialmente equívocas.

Si como sociedad ponderamos la muerte en función de lo que nos separa y nos divide va a ser muy complejo hablar de igualdad y democracia. Si como sociedad lo que importa hasta en la muerte es el estatus, el prestigio y la fisonomía de las víctimas, olvidamos que con ello fracturamos la trascendencia que tiene cada vida.

Hay cosas que no se dicen porque son políticamente incorrectas, y esa corrección quizá sea menos nociva que el problema real, es importante asumir que el crimen surge en sociedades reales, valores reales y familias reales, es sustancial aceptar que las muertes importan distinto si se trata de personas marginadas o de mayores recursos, que incluso la noticia sobre una muerte tiene mayor o menor trascendencia si ocurrió en una colonia y no en otra, y es importante decirlo porque en ese mosaico social es donde surge el crimen y no en otra parte.

Todas las víctimas merecen el derecho a la verdad, a la reparación del daño pero sobre todo a la justicia, la tarea es enorme ante la magnitud de muertes que la delincuencia organizada provoca en nuestro país, y siendo así de grande el reto es abrazar los valores de justicia, equidad y universalidad de la vida, desde los cuales la indignación tiene sentido.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”