La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Diputados avalan reglas de reelección de legisladores

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que favorecerán en su reelección a los actuales diputados y senadores, con lo que podrían permanecer en el cargo hasta el 2030.

La Constitución estableció la reelección legislativa consecutiva desde el 2014 y hasta ahora se busca reglamentar el proceso en la legislación secundaria, a partir de que diputados pueden ser electos hasta en cuatro ocasiones, en periodos de tres años, y los senadores en dos por periodos de seis años.

Con una iniciativa que se presentó a las 12:35 horas ante la Mesa Directiva y a la que se le dispensaron trámites, se aprobaron reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión de este miércoles; MC sí asistió y votó en contra.

En el dictamen se establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrán hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.

Se permitirá a los legisladores seguir en el cargo y hacer campaña al mismo tiempo.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo pueden participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos“, establece la reforma.

El texto indica que se debe cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como legisladores y deben abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

Durante el debate, la diputada de MC Martha Tagle acusó al bloque mayoritario de legislar a modo para que puedan tener ventajas a la hora de buscar la reelección legislativa.

Remarcó que los diputados de Morena, PT, PES y PVEM estaban legislando en contra de sus propios compañeros de partido porque no tendrán las mismas condiciones para buscar una candidatura.

Están aprobando una reforma para reelegirse hecha a modo“, reclamó.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, también señaló que se trata de un albazo, con contradicciones constitucionales.

 

 

(Con información de El Norte)

Ve PAN inviable rifar avión presidencial

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La senadora panista, Xóchitl Gálvez, aseguró que es inviable rifar el avión presidencial debido a que no es propiedad del Gobierno.

“No sé si lo puedas rifar porque no es de ellos. No es tuyo el avión: cómo vas rifar algo que no es tuyo. Es como si voy y saco en Elektra una tele y la pongo a rifa. Me va a decir Elektra ‘espérate, yo tengo la factura’. Y no tenemos ni la factura del avión”, argumentó.

La legisladora de Hidalgo reprobó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente debe aceptar que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera. Que se lo venda a Aeroméxico, que se quede aquí en una empresa seria que le pueda dar una operación. Me parece absurdo, es el momento de ponernos serios, el horno no está para bollos”, comentó.

Mientras tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, sugirió a López Obrador usar el avión para sus giras.

“Nos parece que la venta iba a ser muy difícil y hoy creo que se ha confirmado; habría que reconsiderar la posibilidad de utilizar este avión para transportarse, con las modificaciones, quitándole los lujos. Él hace importantes giras y se gasta lo mismo o más para poder viajar con él con su equipo y con la fuente”, planteó.

 

Con información de Grupo Reforma. 

 

Avanza reforma para revocación de mandato

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La Cámara de Diputados se alista para poner a debate y votación el dictamen para que el presidente de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y las consultas populares sean anuales con resultados vinculatorios.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle informó que Morena pretende subir este jueves al pleno el dictamen de reformas constitucionales que fue avalado por sus legisladores y aliados en noviembre pasado en una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano abandonaron los trabajos.

De ser aprobado el dictamen, el Ejecutivo federal podría estar en las boletas electorales en las elecciones de 2021.

El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral (en 2021), en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.

La revocación del mandato sería vinculante cuando hubiera mayoría absoluta de los votos depositados en la urna y siempre y cuando concurran a esa votación al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El INE sería el organizador de ese ejercicio en términos de sus facultades tanto para la verificación, en el caso de solicitud de los ciudadanos, requisitos de firmas y después para la organización y desarrollo de la votación y cómputos respectivos.

Sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que emitiría la declaración de validez del proceso de revocación de mandato y su resultado final, señalando que en caso de que la definición de la votación sea con carácter revocatorio, el presidente de la República cesará sus funciones al día siguiente y se aplicaría el Artículo 84 de la Constitución.

Se establecería también el procedimiento y las causales de nulidad de la revocación del mandato, y que las leyes desarrollen lo conducente al procedimiento de revocación de mandato.

El dictamen indica que el cargo de presidente puede ser revocado en los términos establecidos en la Carta Magna.

Subraya que el Ejecutivo federal podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

En caso de destitución del presidente, y una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso, si se encontrase en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, se constituirá en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, de acuerdo con la ley del Congreso.

El Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento, y la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, en un plazo no mayor a seis meses ni menor de tres.

#ElNidoDelGavilán: “De oposición me como un taco”

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Con notable sorpresa nos enteramos del ridículo que en los pasados días encabezó Javier Corral, gobernador de Chihuahua con el llamado grupo de “contrapeso” contra AMLO.

Patética y ridícula es la noción que tiene este “grupo” de la palabra contrapeso y es entretenido ver la lista de “figuras” que firman tal declaración.

En esa lista de 50 personas destacan el propio gobernador, Xóchitl Gálvez, Martha Tagle, Luis Donaldo Colosio Jr, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Fernando Belaunzarán, entre otros.

Este “grupo” salió a “defender” la existencia de contrapesos frente a lo que llamaron un autoritarismo latente.

El problema es que este grupo no puede llamarse contrapeso, son un rejunte de políticos desplazados por un régimen que los ha ninguneado públicamente. Algunos de ellos solo calumnian y buscan desestabilizar a un gobierno democrático (guste o no). Ser oposición es mucho más que solo ser crítico, por lo visto algunos no han madurado como ciudadanos, ni como políticos. Les ha ganado el ansia de protagonismo perdido, se ha acentuado la falta de perfiles nuevos con arraigo en dichos partidos y se han vuelto en ternuritas en palabras de Andrés Manuel.

Aún más ridículo es ver a tipos como Corral que fue una voz interesante y disidente dentro del panismo, con comentarios y análisis por encima del político ramplón. Terminó peleado y reconciliado “a huevo” con Anaya en plena campaña, intentó integrar a una célula perdedora del PRD, se ha cachondeado entre izquierda, derecha y ahora como gobernador, los resultados han sido de medio pelo y con un César Duarte aún prófugo. Desde su show contra Peña Nieto hasta esto, la caída en todo de Corral es como para que no represente a nadie.

De Belaunzarán, pues, ni en su partido lo quieren. Defendió a AMLO a muerte en 2012, en 2018 defendió la expresión más dura de la derecha mexicana. Otro ridículo.

Acerca del resto de las figuras, son de muy medio pelo o venidas a menos que ni siquiera me referiré a ellas, con excepción de las activistas Martha Tagle y Lucía Riojas, que tienen mi respeto por sus luchas por los derechos humanos y el feminismo, pero que al hacerle el juego a grupos políticos abiertamente anti trabajadores y en contra del progresismo me parece que es una contradicción de principios.

Esta es la primera expresión de una oposición débil que tiene que trabajar para fortalecerse y generar un “contrapeso” en el Congreso, en la sociedad civil, no es Twitter y a las habladas.

El sábado pasado, AMLO visitó Chihuahua siendo recibido por Corral que evitó el tema del contrapeso. Una semana le duró lo gallito al gobernador. Esa es la oposición…

Lo dicho, dicho está.

Tatiana Clouthier critica Guardia Nacional de AMLO: “No es lo que se prometió en campaña”

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Tatiana Clouthier señaló que sí quiere una Guardia Nacional, pero no como la están planteando y asegura que eso no fue lo que se prometió en campaña. Mientras que, Alfonso Durazo dijo que “sí eventualmente el Congreso tomara la decisión retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles”.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que si el Congreso no aprueba la creación de la Guardia Nacional, será motivo para que los militares sean retirados de las calles.

La declaración de Durazo se dio durante un encuentro con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde Tatiana Clouthier, diputada de Morena, cuestionó si la afirmación se trataba de una amenaza y alertó que, de serlo así, se convertiría en algo preocupante.

Durazo aseveró ante los diputados: “Tenemos que dar paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles”.

“Sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo” añadió.

En respuesta, Clouthier dijo “Nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve una parte muy preocupante”. La diputada señaló que sí quiere una Guardia Nacional, pero no como se está planteando, pues eso no fue lo que se prometió en la campaña.

“Decía (Alfonso Durazo) muy claramente ‘desechamos la propuesta de campaña, recorrimos el País y dijimos otra cosa y 30 millones nos dieron la confianza porque dijimos otra cosa, y hoy les estamos diciendo que no’. Entonces yo me pongo ahí y me da nervio y empiezo a preguntarme ¿por qué tan pronto y por qué en la Constitución?”, añadió.

La también llamada, en redes sociales, “Tía” Tatiana, cuestionó que si los militares van a mandar a través de la Guardia Nacional y Alfonso Durazo va a obedecer a través de una estrategia.

La legisladora solicitó que se promueva la estrategia de paz con el Ejército.

“Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario”, aseveró, “Y me quedo con el último punto, donde la pregunta sería: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio”, agregó.

Asimismo, Durazo respondió que no se trataba de una amenaza sino de una realidad, pues aseguró que el Gobierno de México no va a violar la Ley manteniendo a las fuerzas federales en las calles de forma irregular.

“El Ejército está ahorita, está la Policía Militar y la Policía Naval en la calle, pero aún están en una condición legal irregular”. “No es una amenaza, es un argumento que expreso aquí con pleno respeto”, puntualizó.

También indicó que la prisa por crear la Guardia Nacional es debido a la necesidad de construir y contar con los instrumentos para combatir la seguridad.

“Esta necesidad es apremiante y nos obliga a pensar en una respuesta cercana e inmediata”, dijo.

También, la diputada Martha Tagle expresó que, si Durazo no estaba amenazando, alguien sí está chantajeando y cuestionó si se trataba del Ejército.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)

Rosario Robles acusa a investigación La Estafa Maestra de violencia política de género

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La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)Rosario Robles, acusó violencia política de género por La Estafa Maestra, investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Robles, dijo que aunque la investigación habla de 11 dependencias públicas y ocho universidades, el trabajo se centró en ella y nadie recuerda el nombre de otros funcionarios o rectores.

“La investigación periodística que habla de estos convenios con las universidades habla de 11 dependencias públicas y de ocho universidades. Investigación que está en procedimiento y que hay que solventar.

Y yo le pregunto, ¿se acuerda usted del nombre de algún otro de los funcionarios o de alguno de los rectores? ¿por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada”, respondió la secretaria a los cuestionamientos de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

“No te equivoques”, reviró Tagle. Señaló que la condición de género no tiene nada que ver con “solapar los actos de corrupción, ni mucho menos con cometerlos”.

En su intervención, Tagle Martínez señaló a Robles como parte de la red de corrupción de la administración federal actual además acusó que su gestión al frente de Sedatu ha sido ineficiente.

También le cuestionó que a pesar de las observaciones hechas a la Sedesol continuó con el mismo personal en Sedatu.

“¿Por qué su Oficial Mayor sigue al frente del cargo cuando hay –sospechas de corrupción– sobre él? y ¿Por qué seguir laborando con las mismas personas que en Sedesol?”.

Además del trabajo de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu, La Estafa Maestra señala las gestiones de Alfredo del Mazo al frente del Banco Nacional de Obras, y de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. Estas son las principales dependencias responsables de los desvíos de más de 7 mil millones de pesos del gobierno federal a través de 186 compañías entre los años 2013 y 2014.

Otras dependencias y funcionarios señalados en la investigación son: en la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas al frente.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

La diputada de Morena, Sandra Simey Olvera, dijo a Robles que “feminismo no es sinónimo de corrupción”.

Destacó que los entregables documentados sobre los trabajos para los que fueron contratadas las universidades son falsos.

“¿Dónde quedaron los más de dos mil millones de pesos de la Sedesol y por qué fue cómplice de la –Estafa Maestra-, así como sobre el destino de más de seis mil millones de pesos?”, cuestionó.

La diputada panista Adriana Dávila Fernández acusó a Robles de ser orquestadora y cómplice de los desvíos y aseguró que la titular de Sedatu será beneficiada con una amnistía anticipada del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no necesito que nadie me de una amnistía (…) a mí que se me investigue lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras (…) Si hay alguna responsabilidad con alguna prueba en la mano que se castigue”, respondió Robles.

Robles defendió a las universidades. Aseguró que cree en las dichas instituciones públicas, añadió que no se puede “actuar en función de notas periodísticas”, puso como ejemplo la línea dorada del Metro en Ciudad de México, sobre la cual, dijo hubo más de 139 notas que hablaban de sus fallas y acusaban injustamente al titular del gobierno local, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que no hay ninguna denuncia penal contra ella por los desvíos y confió en “que el tiempo dirá la verdad, creo en la justicia y creo que esta justicia es la que va a prevalecer”.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

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Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Oposición respalda en Senado a Corral

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La oposición en el Senado de la República mostró su respaldo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y reprochó que el Partido Revolucionario Institucional haya frenado una discusión en el pleno sobre el Mandatario.

En el patio de la Cámara alta, legisladores del PAN, PRD y el bloque PTMorena recibieron a Corral, quien acusa al Gobierno federal de encubrir a su predecesor, el prófugo César Duarte.

El coordinador panista Fernando Herrera; Manuel Bartlett, del bloque PT-Morena; y Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, así como la independiente Martha Tagle, hablaron en favor del Gobernador.

Bartlett hizo el mismo llamado, pero al coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa, y acusó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de incumplir el acuerdo firmado con el Gobernador de Chihuahua.

En tanto, Corral informó que hoy presentó un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, por la resolución judicial que ordenó llevar al fuero federal el proceso que inició la Fiscalía de Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del PRI, por desvío de recursos.

En ese sentido acusó al Gobierno federal de encubrir a César Duarte, ex Gobernador prófugo que se presume que está en Estados Unidos.

“No sólo chicanean el proceso de extradición de César Duarte, lo protegen y, como ustedes saben, la propia PGR lo ha exonerado de varias de las acusaciones que se le presentaron hace más de tres años”, planteó.

El Gobernador agregó que el foro anticorrupción que anunció el domingo en una asamblea en la ciudad de Chihuahua se realizará en aquel estado el 18 y 19 de mayo.

Ahí, especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos e intelectuales discutirán casos como el de Chihuahua, pero también el caso de la Casa Blanca, el de Odebrecht, el de OHL, el tren México-Querétaro y el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

Aunque apoya abiertamente a Ricardo Anaya rumbo a la Presidencia, Corral rechazó que el movimiento que encabeza en exigencia de justicia tenga tintes electorales.