Gobierno mexicano espía a activistas y periodistas: NYT

El periódico estadounidense, The New York Times, reveló hoy en un reportaje los casos de supuesto espionaje por parte del gobierno mexicano a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Entre los que se destacan dos comunicadores de renombre, un activista involucrado en la lucha contra la corrupción y hasta un menor de edad.

Agencias de investigación mexicanas utilizan un software que debería de ser usado exclusivamente para combatir al crimen organizado y terrorismo. El programa cibernética, conocido como Pegasus, es vendido por NSO Group, firma que tiene cede en Israel y que vende sus programas únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Entre los espiados esta la reconocida periodista Carmen Aristegui y su hijo de 16 años. Aristegui ha denunciado en pasadas ocasiones el acoso que recibe por parte de autoridades mexicanas, desde que en el 2014 dio a conocer la “Casa Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angelica Rivera. La casa, revela el reportaje, fue regalada a la pareja presidencial por un constructor que se beneficio con contratos por miles de millones de pesos. Otro periodista que es supuestamente espiado, es Carlos Loret de Mola, conductor del programa de noticias de la mañana de Televisa.

Otro de los espiados es el director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, mejor conocida como la Ley 3de3, que fue vetada el año pasado por Peña Nieto, al considerar que necesitaba ser discutida más tiempo en el poder legislativo.

La tecnica que utilizan los “hackers” mexicanos, es el envío de mensajes de texto, que van desde alertas de posibles arrestos, problemas con visas, mexicana e incluso en el caso de la esposa de Pardinas, un mensaje donde se demuestra un supuesto amorío de su marido con una trabajadora del IMCO. En el caso de Aristegui, los mensajes iban desde amenazas de que iba a ser arrestada o problemas con su vida estadounidense. También su hijo, Emilio, fue víctima de los mensajes de texto con el fin de hackear y afectar la imagen de la periodistas.

También el reportaje indica que el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mario Patrón, ha sido víctima de espionaje por parte del gobierno mexicano. De igual manera Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, en el Edomex, es espiada con el software.

El espionaje por autoridades mexicanas se da probablemente en la completa ilegalidad, debido a que solamente un juez federal puede autorizar el espionaje de comunicaciones privadas y siempre y cuando se demuestren evidencias que sustenten el pedido.

El NYT destaca que los ataques contra estas personalidades se dan probablemente por qué son personas incomodas para el gobierno de Peña Nieto, especialmente enfatiza el caso de Aristegui, periodista que ha dañado mucho la imagen del presidente mexicano, con reportajes como el de la “Casa Blanca”.

Con información de The New York Times.

 

 

Revienta Sociedad Civil la alianza para Gobierno Abierto por Espionaje

Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que se retiran del proceso de colaboración de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), por prácticas de espionaje que ha hecho el gobierno mexicano en su contra.

Las organizaciones consideran que en México no existen condiciones para una participación libre y segura. Afirman que el gobierno mexicano ha estado realizando espionaje utilizando el programa Software Pegasus, de la firma israelí NSO Group y que fue vendido exclusivamente al gobierno mexicano.

A pesar de quejarse ante el INAI hace tres meses, no han recibido respuesta por parte de la institución o alguna autoridad, por lo que hoy decidieron romper con la colaboración que llevaba cinco años.

Juan E. Pardinas, representante del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), mencionó las acciones de acoso que llevaron a este desenlace, entre ella el espionaje ilegal, las agresiones a periodistas y auditorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a medios de comunicación, activistas y ONGs.