Informes camerales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron entre 2006 y 2018 un hueco de 32 mil millones de pesos en materia de fideicomisos.
De ellos, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.
Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibieron observaciones de la Auditoría por 11 mil millones de pesos.
Entre los aspectos que destaca la Auditoría, está la falta de normatividad para la entrega de apoyos tras los terremotos de 2017, pues, por ejemplo, no se contó con un mecanismo de control que permitiera a las autoridades comprobar que no hubo duplicidades en el otorgamiento de financiamiento para la reconstrucción.
Para la cuenta pública de 2018, la ASF se remitió a años previos y concluyó que con relación a la gestión financiera de los recursos autorizados al Fonden 2003, en términos generales las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, los institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la SEP y Banobras “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia”.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo entre 2012 y 2018 una partida de 14 mil 448 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales, pero de acuerdo con revisiones en terreno, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro en ese periodo.
Durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, se cuenta con algunos ejemplos de observaciones al dinero depositado en fideicomisos como la construcción del proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, en el cual el Fonatur invirtió 1 mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender ni un solo lote.
Aunado a ello, de acuerdo con los argumentos presentados por los diputados de Morena en San Lázaro, no existe información disponible sobre los rendimientos, uso o destino de 9 mil 646 millones de pesos que realizó el Conacyt mediante operaciones bancarias.
Esta semana, en la Cámara Baja se concretó la extinción de 109 fideicomisos cuyos recursos darán a la Federación una bolsa de más de 60 mil millones de pesos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 10 días exhibirá a las personas que se beneficiaron de los fideicomisos que se están desapareciendo y aseguró que, de configurarse un delito, se presentarán las denuncias correspondientes.
Los legisladores que avalaron la extinción de dichos fondos y fideicomisos aseguran que se busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
La determinación de eliminarlos ha generado un descontento en los sectores afectados (científicos, deportistas, víctimas de delitos, artistas y demás), a quienes se les ha afirmado que continuarán recibiendo los recursos con los que se beneficiaban, sólo que ahora sin intermediarios.
(Fuente: El Mañanero)