En México, no es ninguna novedad como, a pesar de los “grandes esfuerzos” de los que tanto se habla, relativos a la promoción de un sistema de justicia acusatorio fehaciente pintado como una de las grandes reformas que se han llevado a cabo, la impunidad y las leyes injustas continúan imperando en nuestro país.

Asimismo, cabe destacar cómo las acciones gubernamentales destinadas a enfrentar las violencias machistas, han sido insuficientes y ejercidas de una forma tardía. Dichas situaciones, impunidad y violencia hacia la mujer, han sido “encaradas” de una manera considerablemente escueta, y en el fondo, carentes de un verdadero compromiso para con la sociedad; tal como lo refleja un sistema de justicia que promete muchas cosas, pero que lamentablemente salta la tarea más importante de todas: empoderar al pueblo.

Sucede algo similar, en el caso de los mecanismos que pretenden reconocerles (y posibilitar, pues el reconocimiento en papel no es nada sin la práctica de dicho reconocimiento) a las mujeres que habitan en el territorio mexicano aquella dignidad inherente, y aquella igualdad frente al hombre: se establecen aspectos como la paridad de género, se emiten alertas de género y  nuevas figuras penales (como el acoso sexual en el estado de Nuevo León); pero no se lucha auténticamente contra una serie de prácticas sociales, políticas y culturales que fungen como la verdadera raíz de la violencia y la desigualdad contra la mujer.

Ahora bien, como habitantes de un estado cuya justicia es solo una palabra que parece no trascender al mundo real, una parte de nosotros ha aguantado una cantidad interminable de abusos: apreciar a ex gobernadores, como los Duartes, como Medina, como Borge en plena libertad; atestiguar el incipiente aumento de feminicidios, el disparo de los casos de acoso que viven diariamente las mujeres en las calles y en el transporte público.

Un sinfín de casos que nos revelan como la violencia y la inexistencia de la justicia (pues como diría Flores Magón, “La justicia con trabas no es justicia”) se han apoderado de nuestra sociedad. No obstante, llega un momento en que dicha tolerancia del pueblo se quebranta, ante casos, tan cínicos, tan inimaginables, que convierten en intolerable (por parte de una mayoría, pues personas luchando contra estos males y nunca tolerando los mismos siempre ha habido) el status quo.

Tal es el caso del reciente fallo emitido por el  juez Anuar González Hemadi, el cual ha concedido un amparo a Diego Cruz, mejor conocido como uno de los “porkys”, que junto a otros llevó a cabo lo que en Nuevo León se entendería como el delito equiparable a violación contra Daphne Fernández, mujer menor de edad.

Bajo el argumento de no haber “fines lascivos en la conducta”, el juzgador González Hemadi ha estipulado que el delito de pederastia imputado a Diego Cruz, no se encuentra comprobado; que el hecho de tocar los senos de la víctima, que meter la mano debajo de la ropa interior de la persona y que insertar sus dedos en los genitales de Daphne Fernández no constituyen un motivo suficiente para acreditar que había fines lascivos.

Más que no comprender, considero que cualquier persona con un poco de conciencia estará de acuerdo en que dicha resolución constituye una escupida para toda la sociedad, para nuestras madres, compañeras, amigas, hermanas; esta sentencia es la afirmación de la impunidad imperante en nuestro país, de la inmensa necesidad de, no fortalecer, sino de recuperar las instituciones, para así hacerlas del pueblo y para el pueblo.

Así mismo para refrendar la importancia del movimiento feminista y las luchas que este conlleva, para que no vuelva a haber ninguna otra víctima como Daphne, para que no estén en la administración de justicia personas como este juez; y por supuesto, para no hacer que esta situación termine en un lamento solamente, sino que exigir junto a las compañeras que abanderan la lucha del feminismo, así como junto a aquellos que abanderan la lucha por un gobierno popular, la revocación de la sentencia dictada por el juez, la impartición de una justicia real (pronta y expedita) hacia el caso de Daphne y de todas aquellas personas que han sufrido por este tipo de cinismo y de aplicación de la más pura injusticia, como la del juez “porky”.

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