Luego de llevar a cabo su primera sesión con una duración de nueve horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
El aval se logró con 266 votos a favor, 205 en contra y 0 abstenciones.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, indicó que quedaban aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Ahora, la ley pasará al Senado.
Durante la sesión de la discusión de las reservas, fue aceptada la propuesta de modificación del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, a los artículos 19 y 33 para que las sesiones para discutir el juicio político sean siempre presenciales; así como a los artículos 37 y 41 para evitar que los legisladores se erijan como jueces y se respete siempre la presunción de inocencia, y que en el turno de los senadores la votación sea favorable por mayoría calificada de dos tercios, respectivamente.
Tras discutir 60 reservas del dictamen, se dio pie a la aprobación de la ley que en el apartado del juicio político establece la regulación del procedimiento para someter a un proceso judicial, actuando bajo la figura del desafuero, al presidente de la República y a cualquier servidor público en funciones, ya sean gobernadores, legisladores o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros del INE, entre otros.
De acuerdo con el dictamen, se establece que se puede emprender con el juicio cuando alguno de estos actores ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos, o cometa cualquier violación a la Constitución y las leyes que de ella emanen.
En este sentido, se señala además que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, una denuncia contra una persona servidora pública.
Se plantea también que el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones a la ley por los que podría ser enjuiciados cualquier ciudadano y ciudadana.
En cuanto a la declaración de procedencia, se tiene como objetivo la obligación de los congresos locales a acatar del mismo modo los acuerdos que defina el Congreso federal.
La nueva legislación de juicio político, que abroga la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, se genera a modo de evitar la repetición de casos como el ocurrido con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Cámara de Diputados decidió, el pasado 30 de abril de 2020, retirarle el fuero para someterlo a juicio; sin embargo, la medida no fue homologada por el Congreso local que, contrario a eso, decidió ofrecer un fuero definitivo.