Alejandro Moreno hará gira internacional para denunciar a AMLO

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El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que saldrá del país para realizar una gira en el extranjero con el propósito de denunciar al gobierno del presidente López Obrador ante organismos multilaterales por la violencia que se vive en el País.

“Este gobierno prefirió cuidar a la delincuencia que proteger a la sociedad. Este gobierno atroz e inhumano que de una frase populista como ‘abrazos y no balazos’ pretendía hacer una estrategia de seguridad que, evidentemente, ha sido un desastre y tiene convertido a nuestra país en un cementerio”, señaló Moreno.

Por otro lado, advirtió que de seguir la tendencia de homicidios dolosos en el país, el sexenio de AMLO estaría terminando en 2024 con una cifra de más de 200 mil asesinatos.

“Ya sea por incapacidad, por omisión o por silenciosa complicidad, este gobierno es el causante de que México sea el país del mundo con grandes registros históricos, en homicidios dolosos, feminicidios y secuestros”.

El priista explicó que la gira internacional que realiza desde este martes tiene como objetivo visitar las sedes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo.

“Vamos a denunciar a este gobierno corrupto y represor y que quiere instaurar una dictadura en nuestro país. Lo vamos a denunciar ante todos los organismos internacionales”, expresó Moreno.

También señaló que no solo él está enfrentando una campaña de desprestigio y hostigamiento del gobierno de López Obrador.

Además, acusó al gobierno Federal de utilizar espacios de comunicación oficial para emprender campañas de desprestigio contra todos los que considera adversarios, incluidos reporteros y publicistas.

AMLO propone sustituir a la OEA y formar bloque como la Unión Europea

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El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso a los países de América Latina y el Caribe considerar la sustitución de la Organización de Estados Americanos (OEA) «por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”, algo parecido a la Unión Europea. 

El mandatario federal propuso a cancilleres miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) lograr una integración regional, apegada a la identidad, historia y realidad de cada país.

«Lo aquí planteado puede parecer una utopía; sin embargo, debe considerarse que, sin el horizonte de los ideales, no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo», puntualizó el jefe del Ejecutivo.

Enfatizó la necesidad de integrar una nueva convivencia entre todos los países de América, al argumentar que la influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en Latinoamérica.

Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos u oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación con los países de América Latina es posible«, finalizó.

Pese a reclamo internacional, Bukele anticipa más destituciones en El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó este lunes la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución de un grupo de magistrados y del fiscal general por parte del Parlamento el fin de semana.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.

La junta directiva de diputados de la Asamblea Legislativa, luego de una reunión, acordó volver a sesionar el próximo miércoles.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 84 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación” de Washington “por la democracia de El Salvador”.

Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.

A los reclamos se sumó este lunes la Unión Europea (UE). Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones “atentan contra el Estado de derecho” y pidió “salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador”.

– China interviene –

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992 [fin de la guerra civil], dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas”, respondió Bukele.

En tanto, la embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU”, en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.

El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde.

– “Ejercer la soberanía” –

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la carta magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

Bukele los había criticado duramente y acusado de no permitirles cuidar de la vida de sus ciudadanos.

Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido electos por la anterior legislatura controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoría opositora.

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, subrayó Bukele este lunes.

Su vicepresidente, Félix Ulloa, cuestionó también las críticas internacionales: “para una superpotencia no hay señalamientos, pero para un pequeño país que comienza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con la que las élites, los políticos y funcionarios corruptos lo tenían sometido, le salen al paso hipócritas y mojigatos”.

– Socava negociación con el FMI –

Para Rubén Zamora, un exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele “está metiendo al país a una crisis tremenda”.

Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 6%, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10%.

Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.

Según un reporte del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la “agenda política [de El Salvador] socava la negociación” con el FMI y su relación con Washington y organismos internacionales.

(Fuente: AFP)

PAN lleva caso de elecciones en Coahuila a la OEA

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Este fin de semana el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya y el candidato a la gubernatura de Coahuila del mismo partido, Guillermo Anaya, sostuvieron una reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El objetivo fue exponer el caso de las elecciones a la gubernatura de Coahuila, donde el PAN asegura que hubo irregularidades y por la misma razón impugnaron la elección y buscan que sea anulada.

En un comunicado el PAN informo que tanto Ricardo Anaya y Guillermo Anaya le expusieron al Secretario General, el cúmulo de graves irregularidades ocurridas durante el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de Coahuila. También, mostraron las razones de la impugnación interpuesta ante los tribunales competentes, por el PAN y por otros cinco candidatos que integran el Frente por u  Coahuila Digno.

En el encuentro los panistas solicitaron al Luis Almagro, seguir de cerca lo que estaba sucediendo en Coahuila y le solicitaron que preparará una comitiva de observadores para los comicios presidenciales del 2018, con el fin de evitar que se repitiera lo sucedido en Coahuila.

#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

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Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017

Trabajar por la honestidad en México

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En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”