No es secreto que en México la informalidad representa una parte importante la nuestra actividad económica nacional. Los mercados rodantes son desde hace muchísimos años, un mecanismo donde comerciantes de diversos rubros pueden vender sus productos y servicios de manera accesible en colonias populares y zonas con mucha concentración poblacional. Lamentablemente este sistema se ha visto corrompido y ha presentado fallas desde hace muchos años, en especial en las últimas semanas en nuestro estado, donde se han registrado diversos conflictos entre sindicatos, autoridad y los propios oferentes. Un ejemplo es la riña que se desenvolvió la semana pasada entre cetemistas y oferentes de un mercado en el norponiente de Monterrey donde resultaron varios heridos y se afectó el patrimonio de quienes se dedican a vender en estos lugares. Según testigos, integrantes de la CTM NL que dirige Ismael Flores arribaron al mercado soltando golpes y lanzando objetos contra los oferentes quienes grabaron todo con sus teléfonos celulares dejando evidencia de los hechos en redes sociales y en los propios medios de comunicación que lo retransmitieron.

La Ley Estatal para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial da la atribución de regular y administrar el tema de los mercados a cada municipio por medio de sus respectivos reglamentos. En esta ley se contempla en su artículo 4º que los permisos pueden ser otorgados de manera colectiva en el caso de mercados rodantes pero también menciona que los permisos deben otorgarse salvaguardando el bienestar del municipio y de la actividad comercial de los vendedores, además de que en el caso de los mercados rodantes nadie puede obligarlos a pedir permiso de manera colectiva ya que la ley  establece que en primera instancia pueden ser solicitados de manera personal y directa, además de que son autorizados de manera individual por cada comercio.

No nos confundamos, una cosa es que la ley permita cobrar de manera colectiva y otra muy distinta es que haya una central obrera como la CTM NL que obligue a todos los oferentes de un municipio a pagarles cuotas injustificadas, extorsionándolos y quedándose con el dinero que debería ir a las arcas municipales. Inclusive esta central roba y luego cobra a los oferentes por el uso de los servicios públicos como la luz y el agua que deberían pagarse de manera individual.

La mayoría de los reglamentos municipales del estado son muy claros y buscan proteger al comerciante, en ningún lado dice que se les puede obligar a pagarle piso a una central obrera ni mucho menos condiciona su trabajo. Por citar algunos ejemplos, el artículo 21 del reglamento municipal de mercados rodantes de San Nicolás de los Garza menciona las obligaciones de los oferentes donde se establecen los lineamientos que deben de cumplir y que no está cumpliendo la central obrera antes mencionada. El artículo 22 del reglamento de mercados municipales del municipio de Monterrey menciona en su apartado XII la obligación de los oferentes de cumplir con el pago de cuotas al municipio, cosa  que a veces no ocurre por ser recolectado por una central que cobra de más y por cosas que no debería. El artículo 43 del reglamento de mercados del municipio de Escobedo menciona que el pago de cuotas deberá realizarse por los locatarios directamente en las oficinas recaudadoras, esto con el fin de evitar que intermediarios innecesarios cobren de más y/o no hagan llegar los recursos.

El tema de los abusos por parte de la CTM en los mercados rodantes no es exclusivo en este rubro. Taxistas y transportistas han abandonado la central denunciando extorsiones y el cobro indiscriminado de cuotas, inclusive los propios paqueteritos de algunos supermercados han sido víctimas de estas prácticas por parte de la central obrera. El problema de los mercados rodantes no obedece a colores en los municipios, la culpa en si no es de los alcaldes, pero si hay que reconocer que varios munícipes han asumido su responsabilidad y  han metido orden para hacer cumplir la ley con el fin que los recursos del cobro lleguen al municipio y evitar que intermediarios innecesarios abusen de la necesidad de la gente.

Aunque hay argumentos a favor y argumentos en contra, la realidad de las cosas es que el cobro colectivo solo se ha prestado a intereses personales y a extorsiones contra los comerciantes. Nadie debería lucrar con la necesidad de la gente, los mercados son una parte importante de la economía popular de nuestro estado y son los municipios quienes deben tomar su papel como defensores de los derechos de estos oferentes. Con el tiempo más personas se han ido sumando a la iniciativa de poner orden en los mercados rodantes y estoy seguro tarde que temprano se logrará dejar atrás esas prácticas que no caben en el México del siglo XXI.