El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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