La no tan invisible discriminación

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A raíz de la reforma del artículo 1ro de la Constitución en 2001 se busca asegurar el respeto y protección de derechos de tod@s l@s mexican@s estableciendo la base para la prevención, investigación, sanción y reparación a sus violaciones. Esto crea en 2004, con base en ley federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) organismo responsable de velar por la protección, respeto y promoción del derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Con el fin de conocer el impacto, consecuencias y alcance de la discriminación se realiza en 2005 una primer versión de la Encuesta Nacional sobre discriminación (ENADIS). La encuesta evoluciona para en 2017 darnos una tercer versión con un primer alcance en las 32 entidades del país. Esto de la mano con estudios realizados en COLMEX y por otras universidades y académicos, ha logrado llevar el tema de la discriminación a la agenda pública. 

Nos encontramos en un momento histórico donde se está retando al status-quo arraigado en muchos países con problemáticas raciales, especialmente en EEUU donde la desigualdad y discriminación está fundada en sus instituciones políticas y de seguridad. En México no estamos muy lejos de esa realidad, nuestro mestizaje es un punto importante que ha llevado a que nos identifiquemos como un país con una preponderante combinación española con nuestras raíces de los pueblos indígenas originarios en el que 67% identifica su tono de piel como moreno o moreno claro. Pero también se cuenta con prejuicios racistas históricos donde la piel clara se considera más atractiva que la piel oscura.

Nuestro mestizaje nos ha dado un falso velo de igualdad, donde 72.8% se identifica como blanco o mestizo, haciéndonos creer que el clasismo y racismo que se sufre en el país es limitado a unos cuantos, cuando la realidad no puede ser más distante. Gracias a estos estudios contamos con datos claros que nos dan una aproximación a la desigualdad que día a día sufre la mayoría de los mexicanos por su tono de piel, manera de hablar, peso, estatura, vestimenta, clase social, lugar donde vive, sexo, creencias, edad y orientación sexual. Es tan diversa la discriminación que al menos 1 de cada 5 mexican@s ha sido discriminad@ en el último año.  

Una de las consecuencias más graves ha sido la limitación de derechos y desarrollo de las personas, así como el acceso a servicios financieros, créditos, apoyos de vivienda, y hasta el acceso y permanencia en lugares. Las principales víctimas suelen ser grupos vulnerables como personas con discapacidad física, la población indígena, grupos religiosos, mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

Apenas estamos rasgando la superficie de un problema que llevamos siglos invisibilizando, siempre negando que hay una clara limitación de oportunidades a la mayoría de los mexicanos. Un estudio de Oxfam México nos da más claridad respecto a las consecuencias generacionales de la desigualdad. El estudio analiza cómo las características sociales o personales como el nivel socioeconómico de la familia de origen, el género, la escolaridad de los padres y las condiciones de las comunidades de origen de las personas inciden sobre sus logros educativos, ocupacionales o económicos. Es decir, hablar una lengua indígena, identificarse como parte de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro reduce las posibilidades de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o escalar a la parte más alta de la distribución de la riqueza.

Si quieres salir adelante en educación, patrimonio o trabajo en el México de hoy importa más tu color de piel y donde naciste que tu esfuerzo por una mejor vida. Es urgente asegurar la protección a sus derechos y la igualdad de oportunidades a través de intervenciones sociales y legales. Acceso a empleo y derechos laborales a la población indígena; inversión en infraestructura de acceso universal para la población con discapacidad física; cursos y educación a niños, jóvenes y adultos en temas como tolerancia, respeto, diálogo y empatía; apoyo económico que de seguridad alimentaria a los adultos mayores; programas de prevención social a través de las artes, la cultura, la música, el deporte y el trabajo a jóvenes; fortalecimiento en las investigaciones y protección a las mujeres que sufren de violencia; y la urgente formalización laboral y respeto a derechos laborales de tantas trabajadoras domésticas en México. 

Si queremos un mejor país es necesario que cada un@ de nosotr@s haga una introspección a sus actitudes discriminatorias, es necesario darnos cuenta de nuestros errores del pasado y abrir espacios para diálogos y soluciones. Es necesario cambiar en lo individual y en lo familiar para que haya un impacto social real y construyamos ese país con igualdad de oportunidades, donde el pasado, tu familia, tu casa o tu piel no sea lo que defina tu futuro. 

Contrapeso a la arbitrariedad

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El martes 16 de junio, a través del comunicado 22/2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, hicieron público un crimen atroz que todos los mexicanos debemos deplorar.

Se trata, del asesinato en el Estado de Colima y en su domicilio del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas.

Lo cual, verdaderamente constituye un hecho que como sociedad debemos lamentar.

Primero, por que se trata de la privación ilegítima de dos vidas humanas, lo cual, además de un delito, siempre será una tragedia.

Pero también, porque el fallecido se trata de un Juez federal, es decir, de un funcionario público que no es elegido por sufragio, que constantemente es susceptible de ser calumniado y difamado pues su único pecado es el no encontrarse inmerso en la política y, que al igual que la gran mayoría de su gremio alcanzó su puesto y necesariamente se desempeño cumpliendo con los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que exige la carrera judicial.

Lo anterior, realizando su noble e invaluable labor, con los únicos propósitos de garantizar a todos los mexicanos el derecho humano de acceso a la justicia y salvaguardar nuestra Constitución.

Ambas, cuestiones que en nuestros días resultan para quien aún no lo tenga claro, prácticamente de procura existencial, pues implican la posibilidad efectiva del ciudadano de movilizar el aparato judicial para la defensa de sus derechos e intereses y además priorizando la interdicción de la arbitrariedad.

Así, el hecho de que nos hayan privado de un funcionario judicial no constituye únicamente un agravio en derecho penal, sino que también implica una vulneración total a la sociedad, pues precisamente para poder entablar una defensa efectiva de nuestros derechos es indispensable contar con un tribunal (juzgador).

Nunca debemos perder de vista, que son nuestros jueces quienes en esta sociedad constituyen el verdadero contrapeso contra la iniquidad e ignominia, pues precisamente son quienes someten a los legisladores y autoridades a la legalidad.

De igual forma, son quienes definen cuestiones verdaderamente relevantes para el País, cuando por irresolutos y timoratos los otros poderes no las quieren abordar.

En este sentido, hoy aprovecho para recordar:

– Que fueron nuestros juzgadores quienes declararon inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social del IMSS.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes resolvieron que las personas con discapacidad tienen el derecho de estar, aprender y participar en las escuelas sin ser discriminados, con todos los apoyos y ajustes razonables y que es obligación del Estado hacer lo necesario para garantizarles la educación.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes en principio reconocieron el derecho de todas las personas a contraer matrimonio independientemente de su sexo.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes han sometido a las autoridades de salud a garantizar el servicio médico a quienes se los han negado.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes condenaron a la autoridad a indemnizar a quienes han sufrido un daño derivado de la actividad estatal irregular.

De ahí, que sea lamentable para todos los mexicanos la pérdida de un miembro del poder judicial.

Finalmente, invito a todo aquel que hoy me lee, a reconocer el trabajo y velar siempre por la integridad de los miembros del poder judicial, pues son precisamente ellos quienes sin titubear en última instancia nos protegen de la arbitrariedad.

Déficit de optimismo

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A pesar de que la administración actual trata de ser optimista frente a la desaceleración económica que se ha observado en el país desde el primer trimestre del 2019, las tres grandes calificadoras no han compartido ese sentimiento de próxima recuperación que caracteriza a la cuarta transformación. Moody’s recortó por primera vez nuestra deuda a largo plazo, dejándonos en el grado medio inferior de inversión. S&P nos dejó a un escalón de distancia de estar en grado especulativo y Fitch en menos de un año nos bajó del techo al piso del último grado de inversión. 

Esta incertidumbre sobre la capacidad de financiación de la deuda nace a partir de una serie de proyectos de los cuales no se prevé un retorno a corto ni mediano plazo, contrastando son sus enormes costos de construcción. Dígase el Tren Maya, el cual está envuelto en controversia por el impacto negativo que puede significar a comunidades indígenas del sureste mexicano así como las implicaciones ambientales sobre el ecosistema por donde pasará el tren. Por otro lado se tiene a la refinería Dos Bocas, la cual pretende salvar a PEMEX ignorando las repetidas ocasiones en las cuales se ha señalado que la inversión de la petrolera debería ir enfocada a la exploración y extracción, no a la refinación. Por último tenemos el cuento de nunca acabar de Santa Lucía, con costos que cual águila en vuelo no dejan de subir por los cada vez peores estorbos en el proyecto, como los fósiles encontrados en la zona de construcción o el cerro que estorba las rutas de aproximación.

Todos estos “faraónicos” derroches (como diría nuestro presidente) dieron como resultado un incremento en la fragilidad de nuestras cuentas públicas y una tendencia recesiva en el crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto, por lo que el gobierno optó por gastar la mayor parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) ya que este fondo para eso existe, para tomar medidas contra cíclicas, sin embargo no se tenían proyectados tantos trimestres consecutivos a la baja. Al perder casi todo el dinero que se tenía guardado en el FEIP, nos encontramos más a la deriva de las presiones que la actual coyuntura económica presente sobre nosotros. 

Debido a que no se tiene previsto un incremento en el FEIP ya que este solo crece en momentos de superávit fiscal, lo cual no pasará en ningún momento cercano, ahora se está buscando poder incrementar el gasto gubernamental como política fiscal expansiva a través de préstamos por parte del Banco Mundial y el manejo de activos de los Afores, sin embargo este último entra en conflicto con especialistas quienes consideran peligroso que el Estado tenga toda la concentración de los fondos de retiro, pues podría colapsar a dicho mercado si no se administran de manera adecuada. 

El Banco de México por su parte, ha tomado agresivas pero necesarias políticas monetarias expansivas, tales como los 5 recortes consecutivos que ha habido en el año en la tasa de interés interbancaria, acelerando la tendencia expansiva que se traía desde 2018. Por otro lado, en lo que va del 2020 se ha visto un incremento de alrededor de 500 mil millones de pesos en el agregado monetario M1, el más líquido de nuestro banco central y que concentra los billetes, monedas y depósitos de exigibilidad inmediata, esto para incrementar la propensión marginal a consumir y que crezca la cantidad de insumos y bienes que conforman el flujo circular de la economía. 

Estas medidas han logrado funcionar como un enorme contrapeso a las cuestionables medidas que se están tomando por parte del gobierno de México y a pesar de que se ha incrementado la masa monetaria, no se han observado presiones inflacionarias de gran relevancia por la caída en el consumo que presentó la actual pandemia, por lo tanto considero que por parte de decisiones de política monetaria, aún se puede tener un enfoque optimista por lo que nos espera.

La transformación debe incluir a la policía

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Además de la terrible corrupción que buscó encubrir durante casi un mes el caso del joven asesinado por policías; donde un gobierno estatal y municipal aún hoy se echan la bolita para no asumir responsabilidades; además de la represión por parte de la policía estatal de Jalisco a las protestas, la desaparición forzada de un grupo de jóvenes y su posterior conducción al penal de Puerta Grande sin una carpeta abierta o sin tener una abogada, los sucesos acontecidos a partir del caso del joven Giovanni, detenido, torturado y asesinado por policías en Jalisco por el simple hecho de no llevar un cubrebocas, pone al descubierto el problema de la brutalidad policiaca que hemos tenido durante muchos años en este país. Ahora desafortunadamente a este caso se suma el del pequeño Alexander de 16 años quien fuera confundido en Oaxaca con narcotraficantes y asesinado de un balazo por un policía.

Todo esto que sucede es abrumante, y sin embargo no es sorpresa para nadie. Entre 2006 y 2014 hubo ante la CNDH 11 mil quejas -atención que fueron solo las denunciadas dentro de un delito que se reporta poco por miedo a denunciar a la autoridad- por tortura y maltrato policial. De acuerdo con Amnistía Internacional, 7 de cada 10 mujeres detenidas en México han sido torturadas o han sufrido violencia sexual. No es de a gratis que las torturas policiales mexicanas sean famosas: el “tehuacanazo”, la “chicharra” y el “buzo”. Definitivamente en México tenemos un problema con la policía, y más que con la policía con la autoridad, ya que la policía no es sino otro eslabón mal preparado de una cadena de elementos de autoridad que han sido corrompidos y descuidados al menos durante cuarenta años.

El error de lo acontecido en Jalisco está en tres partes: 1) en la narrativa del autoritarismo, en la mano dura del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que desplegó a la policía para hacer acatar el confinamiento y criminalizó tajantemente a quienes salieran de sus casas. 2) No habría ocurrido la brutalidad policiaca de no ser que tenemos una policía mal preparada al momento de realizar sus tareas, y es que el tener una paración técnica no implica que tengan una preparación humanitaria basada en el respeto a los Derechos humanos. 3) El último gran error es el de no entender que este país la justicia es accesible de manera diferenciada de acuerdo a temas de género, de color de piel y por supuesto del estrato socioeconómico del que venimos. Hay que reconocer los patrones de abuso policial e impunidad para entender desde dónde atenderla: en la práctica el acceso a la justicia en nuestro país es un tema de privilegios. 

Cualquier reforma a las policías municipales y estatales, así como a encargados de procuración de justicia debe necesariamente tomar en cuenta una sensibilización en temas de género, una conciencia de la discriminación que hay en México vinculada a un tema de raza y, por supuesto también, a la opresión y la violencia que se ven sometidas las y los mexicanos de los estratos económicos más pobres. Solo así, prestando especial atención a quienes han sido más vulnerados, podemos partir de un principio de justicia igualitaria para evitar que más  -jóvenes, morenos y de clase baja- sean asesinados a sangre fría por autoridades que simplemente saben que pueden hacerlo.

 

Camila Martínez Gutiérrez. 

Estudiante de Comunicación Política en la UNAM. Consejera Editorial en Regeneración. Feminista. Obradorista.

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Nueva Normalidad Urbana y Movilidad

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Ante la esperada o inesperada llegada del COVID 19 en todo el mundo enfrentamos nuevos retos para el trabajo, los estudios, la convivencia y los traslados.

La Organización Mundial de la Salud ha catalogado el COVID 19 como una enfermedad endémica, es decir, que estará presente siempre, como el caso de otros virus como el VIH o la influenza.

En este contexto somos nosotros los que debemos adaptarnos a la nueva realidad exista o no exista en un futuro algún anti viral efectivo o una vacuna.

Las respuestas de las diferentes autoridades del sector salud y de otros entes gubernamentales, tanto estatal como federal, han sido confusas y divergentes.

Ya es motivo de humor en las redes sociales que cada semana aplazan más el fin de la pandemia o del pico de contagios.

Lo que es una realidad es que en Nuevo León la semana recién transcurrida tuvo un nuevo récord de contagios de COVID 19, y muchos jóvenes y adultos continúan con paseos o reuniones, sin embargo, lo que no puede detenerse es la actividad productiva, ya que muchos trabajadores y muchos comerciantes viven prácticamente de los ingresos diarios por su trabajo.

Ante esta situación y ante una realidad de una ciudad dispersa urbanísticamente hablando, con grandes distancias a recorrer entre trabajo y casa, así como a los comercios indispensables, nos lleva a la reflexión de replantear el modelo urbano y de movilidad que actualmente tenemos.

Se dan casos de trabajadores que viven en un municipio como Apodaca o Escobedo y tienen que trasladarse a Monterrey o San Pedro para trabajar, y la gran mayoría de los trabajadores utilizan el transporte público.

Recientemente se promulgó la nueva Ley de Movilidad del Estado que prevé mejores condiciones para los usuarios, así como para los prestadores del servicio para que puedan brindar mayor frecuencia de paso entre unidades de autobuses y mayores condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios.

Sin embargo, en lo que termina de aplicarse a cabalidad la nueva ley nos enfrentamos a la realidad que ha prevalecido los últimos años en el área metropolitana de Monterrey, y esto es que no existe una frecuencia adecuada de paso de autobuses y que los que pasan permanecen saturados.

Lo anterior obedece a una cuestión de costos y de oferta y demanda, es decir, que para un prestador de servicios no es factible bajo la tarifa vigente brindar una frecuencia de paso adecuada porque representaría pérdida, dadas las largas distancias que recorren las diferentes rutas. Bajo este contexto tenemos que un autobús que sale del municipio de García tiene la mayor demanda de pasaje en su municipio, pero en el camino el autobús levanta relativamente pocos pasajeros, lo que no hace rentable el servicio y tampoco se encuentra el servicio en condiciones de poner a disposición de los usuarios mayor cantidad de unidades para reducir la frecuencia de paso y poder implementar medidas como la sana distancia dentro de las unidades.

La autoridad del Instituto de Movilidad tiene un gran reto para resolver dicha problemática, sin embargo dicha responsabilidad y reto no son exclusivos de dicha dependencia, sino que también se debe replantear el diseño urbano de la ciudad.

Si existieran distritos urbano ampliamente densificados y con usos mixtos permitiría que la población pudiera caminar apenas unas cuadras de su departamento a su oficina, pero la realidad es que vivimos en una metrópoli en que abundan los usos de suelo separados y el crecimiento horizontal.

Es importante que las autoridades estatal y municipal permitan un nuevo diseño urbano mediante nuevas reglas de densificación en la ley, en los planes de desarrollo urbano y en los permisos, lo que permitiría la creación de distritos urbanos como los hay en otras grandes ciudades del mundo, que hacen rentable el transporte público y permiten los traslados a pie entre casa y trabajo a la población.

#ParidadEnTodo: deuda pendiente con las mujeres

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A la histórica integración paritaria de las Cámaras Alta y Baja, le siguieron una serie de reformas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Una de ellas fue la reforma constitucional para marcar la obligación de la integración de todos los organismos, de todas las instancias, en paridad. Esto quiere decir que tanto mujeres y hombres ocuparían, en igualdad de condiciones y de oportunidades, los puestos del poder público. Con ello, México tomó pasos firmes para poner fin a una deuda histórica con las mujeres en relación a su obstaculización para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Al interior de la República mexicana, la paridad en la integración de órganos legislativos se vio materializada en varias entidades, incluida Nuevo León. 

Hoy, a unos días del vencimiento del plazo para la armonización legislativa sobre las reformas de paridad en los tres poderes del Gobierno estatal, el Congreso de NL aún no ha tomado cartas en el asunto. 

Recordemos que fue apenas en 1953 cuando el reconocimiento al sufragio femenino fue efectivo en nuestro país. Recordemos también que, a partir de ahí, una serie de nuevos obstáculos y barreras se han presentado en el camino para que las mujeres puedan acceder a candidaturas y al poder público.  Con la reforma #ParidadEnTodo México demostró un claro compromiso para derribar dichas barreras. 

El problema no es que no haya mujeres capaces, es que no las voltean a ver. El problema no es llegar “gracias a una cuota”, el problema es esa enorme resistencia a nombrar mujeres para dirigir, administrar, decidir. El problema también consiste en seguir viendo la paridad como algo nocivo para alguna de las partes, cuando en realidad presenta igualdad de oportunidades para ambas. 

Necesitamos un Congreso local que entienda que la paridad de género no es parte de ninguna agenda política, sino un esfuerzo de reconocimiento a la igualdad de derechos, a la igualdad al acceso a un cargo público: un tema de contrarrestar la deuda pendiente con las mujeres del estado. 

Urge que los Congresos estatales, incluido el de Nuevo León, demuestren que la garantía de la igualdad de género forma parte de sus prioridades. Urge que diputadas y diputados aprueben los cambios legislativos que nos ayuden a acercarnos a una democracia de calidad, una democracia en la que las mujeres participemos en igualdad. 

Explicar la desigualdad racial estructural

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Las protestas en Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, tienen su fundamento en la historia del país. La lógica detrás de la violencia policial excesiva hacia las personas afrodescendientes se encuentra arraigada a las dinámicas de poder bajo las cuales se construyó lo que hoy es Estados Unidos. Es aquí donde entra en función la historia, que sirve “para entender por sus orígenes los vínculos que prestan cohesión a una comunidad humana y permitirle al individuo asumir una actitud consciente ante ellos.” (Villoro, pág. 46), por lo que la historia proporciona además de contexto para la comprensión, un sentido de responsabilidad entre los individuos en el presente. Al igual que en otros países del continente americano, los conquistadores provenientes de potencias de Europa Occidental, trajeron consigo mano de obra explotada y abusada a través de esclavos africanos desde el siglo XVI y hasta 1860 con el último barco “Clotilde”. Tras el período de varios siglos en los que la esclavitud fue legal en Estados Unidos, se abolió a mediados del siglo XIX, pero siguió una época de segregación en la que los afrodescendientes no podían compartir escuelas, bebederos, bancas, o áreas de convivencia común, con personas blancas. Aún en la actualidad, tras algunas décadas donde la segregación racial ya no forma parte del marco normativo en dicho país, las ideas históricas que denominaban a la persona de piel negra, inferior a la de piel blanca, perduran en el sistema que rige la justicia de este lugar. En diversas protestas se ven carteles con leyendas como “el sistema no puede fallarle a aquellos para los que nunca estuvo diseñado” en referencia a la consolidación de los Estados Unidos como un país que solo consideraba a los habitantes euro descendientes, ciudadanos; y a los afrodescendientes, almas que servían de fuerza de trabajo. De esta manera, la presente coyuntura no puede ser comprendida sin un panorama histórico de la desigualdad racial estructural por la que ha pasado el país norteamericano a lo largo de varios siglos. Entender el origen de la desigualdad permite a los individuos conocer su posición en la sociedad, admitir su privilegio heredado, o luchar por vivir en un ambiente progresivamente más tolerante. 

Fuera de Estados Unidos, los afrodescendientes que habitan en diferentes partes del continente americano, también enfrentan muchos obstáculos. El actual nivel de desarrollo y de calidad de vida de los países en El Caribe donde hay una mayoría de habitantes afrodescendientes, no es muy alto. Haití es un ejemplo de esto, debido a que es, según el Banco Mundial en 2019, el país con el mayor índice de pobreza del continente americano. De manera parcial, su vulnerabilidad se explica con base en las condiciones de la isla en la que se encuentra el país y su propensión a sufrir de terremotos constantes; sin embargo, es importante considerar que República Dominicana se encuentra en la misma isla que Haití y la diferencia en el nivel de vida entre ambos países es importante. La historia muestra que tras el fracaso bélico de España frente a Francia en el siglo XVII, Francia tomó posesión del lado Occidental de la Isla La Española, y con ello, control de lo que hoy es Haití. En un inicio se convirtió en un territorio para el sembradío de productos como el algodón o el café y era trabajado a manos de miles de esclavos africanos, con lo que era una colonia preciada por la ganancia económica que generaba. Tras la independencia de la colonia a comienzos del siglo XIX, Haití inicia su rumbo como un país autónomo y pronto se muestra en un estancamiento de crecimiento económico considerable. Al conocer que el pasado de la población de Haití yace en la explotación laboral de esclavos africanos para la optimización de la producción agrícola, se entiende al abuso como la herramienta fundacional del país que Haití es hoy. ¿Qué tipo de crecimiento económico se puede esperar de una nación que se construyó con el mero fin de proveer de riqueza a una potencia, por medio de la “posesión” de seres humanos?

Ahora, es interesante conocer las acciones del pasado con base en el contexto en el que tomaron lugar. El respeto a la vida y a la dignidad humana no se valoraban por encima de la expansión territorial y la acumulación de riqueza durante el siglo XIX, pero aún así, hay conductas que deben ser condenadas, o al menos reconocidas en su erroneidad y gravedad. La discriminación racial y el rezago en el desarrollo entre afrodescendientes tiene una razón histórica detrás, que se basa en la esclavitud de una raza entera a manos de otra. Las crisis que se viven en la actualidad, como lo dice Villoro, obligan a revisar el pasado, “las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una nación, una colectividad cualquiera” (Villoro, pág. 42); la búsqueda de justicia como una necesidad de la comunidad afrodescendiente, nos obliga como sociedad a hacer historia. 

Villoro explica la relevancia histórica aquí:

Villoro (2005) Historia, ¿para qué? Siglo XXI Editores S.A. de C.V. págs. 35-52

Impuestos, el tabú que paraliza México

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La historia de México ha sido definida por su amplitud geográfica y variada. Hemos sido víctimas de un país con tanto territorio y un centralismo político histórico, sobretodo a partir de la revolución y el nacimiento del PNR. Ese centralismo político creció entretejido a un centralismo económico y ha definido la recaudación y gasto del dinero público por más de cuatro décadas.

La concentración de poder político estableció un sistema fiscal en el que la federación fuera la principal beneficiada. No sólo en una mayor recaudación y recolección de impuestos, sino en una distribución que la presidencia en turno establecería a placer. Fue así como se creó el Pacto Fiscal a través de la Ley de Coordinación Fiscal en 1978. 

La palabra prohibida en México es impuestos. No se habla al respecto, no se pregunta al respecto. Es un suicidio electoral y quien llegue a decir que son necesarios más impuestos es llevado a la hoguera pública. Como tantos tabúes, lo que no se platica y dialoga se queda en la ignorancia y no se soluciona. 

La constitución en el art. 72 fracción XXIX establece algunos impuestos pero no hay claridad recaudatoria en temas de consumo, ingreso y otras actividades económicas de importancia. Esto termina en una concentración fiscal federal donde el IVA, ISR y IEPS son un 80% del total de impuestos en el país. Esta concentración impositiva, el vacío legal constitucional y el centralismo político fueron la tormenta perfecta para secuestrar al sistema fiscal mexicano. El PRI vio la oportunidad y la tomó, pero ese PRI ya no existe y el México de hoy es muy distinto al de hace 4 décadas. Morena tiene mayoría, pero es otorgada por el pueblo y no es eterna. Y es ahora quien tiene la oportunidad de diseñar un sistema fiscal equitativo.

No sólo la historia es nuestro verdugo, también la pésima administración y la falta de rendición de cuentas. México es el país con una de las peores recaudaciones de la OCDE. Recaudamos sólo 16.2% del PIB del país, mientras que el promedio de los países de la OCDE es 34.2%, prácticamente el doble. El control federal es claro ya que recauda 93 centavos de cada peso de impuestos en México. Pero a pesar de ser los principales responsables en IVA como en ISR su recaudación es muy baja, con 6.4% y 7.2% del PIB mientras que en la OCDE el promedio es de 11% y 11.3% respectivamente. La situación empeora cuando la pasamos a la recaudación estatal y municipal donde sólo hay esfuerzos para recaudar menos de 5 centavos y menos de 2 centavos de cada peso de impuestos. Esto termina siendo un 0.7% del PIB por las entidades y 0.3% del PIB por los municipios, mientras que el promedio de la OCDE es 5.5% y 3.8%. Básicamente tenemos uno de los peores sistemas recaudatorios a nivel internacional cuando podríamos estar recaudando más del doble a nivel federal y hasta 8 y 10 veces más a nivel estatal y municipal.

Los culpables son muchos, principalmente una enorme informalidad que produce 22.7% de la economía mexicana y tiene el 57% de los trabajos. A esto hay que sumarle un endeble Estado de Derecho y una aplicación de la ley a cuentagotas y preferencial. Además hay pésima repartición de los recursos, con fórmulas que no promueven una mejor recaudación y castiga a las entidades y municipios que intentan resolver este problema. Es tan clara la mala distribución que el presupuesto de las entidades depende en 80% de la federación. Sumado a los problemas operativos llega el jaque mate con la democracia y la división política, donde el sistema fiscal mexicano es abusado por parte de los políticos y los partidos. Donde se señalan unos a otros eternamente para jalar recurso a su molino y lo que nunca llega es una solución integral. En la lana cada quien protege sus bolsillos y todos terminan perdiendo al mantener el mismo sistema inequitativo. 

Urge claridad impositiva, reformar la Constitución y las leyes a fin de priorizar el desarrollo local mediante sistemas fiscales estatales. Es imprescindible que sean las entidades quienes tengan la preponderancia impositiva dada la necesidad de usar los impuestos de acuerdo al contexto, economía y necesidades locales. Los estados saben dónde hay mayor urgencia de gasto, y la economía premia la inversión local y el desarrollo social. Además hay una reducción burocrática importante que promoverá la eficiencia administrativa. 

Pero todo esto se debe de acompañar con transparencia en cada centavo, un registro total de los recursos públicos. No más opacidad sindical, no más opacidad partidista y congresional. Necesitamos auditorías independientes y contralorías ciudadanas que ataquen el desvío de recursos sin necesidad de la validación de sus ejecutivos. Ya no se puede ser juez y parte. 

Si bien la reforma al Sistema Fiscal no es la única solución, sí asegura que los recursos sean invertidos de una mejor manera de acuerdo a las necesidades locales y no las impuestas por la federación. Y lo mejor de todo esto es que hay mucho espacio para mejorar antes de empezar a cargar más el bolsillo de la ciudadanía.

Para más información del Sistema Fiscal Mexicano escucha el episodio de “Impuestos y su recaudación” de Kristian con K

https://open.spotify.com/episode/5xk1Ne9DVdUiv8VeKcOiqy

#Kleroterion: “Los sabios de las Redes”

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Un fenómeno se repite cada vez más en redes sociales. Repentinamente aparecen por todos lados personas que saben de todo y denostan sin contemplaciones el esfuerzo o trabajo de quien sea. No importa si la persona a quien critican ha invertido décadas capacitándose o tomando experiencia en alguna disciplina. Para los sabios de las redes eso no tienen ningún valor y a su juicio experto los demás siempre hacen las cosas mal y ellos tienen la solución para todo.

No importa que su experiencia se limite a publicar contenido en redes sociales y su conocimiento provenga de lo que encuentran en google o, si bien nos va, de lo que leyeron en wikipedia. Estos personajes opinan sin descaro de lo que sea. Desde economía, salud, energía hasta de fútbol o incluso, si el tren del mame del momento es ese, hasta de física.

Por supuesto que todo mundo tenemos derecho a un opinión, pero vale la pena reflexionar si esa opinión tiene el mismo valor que la de los expertos a quienes estos sabios de sofá, sin contemplación, señalan de mentirosos, ignorantes, criminales, pen$&#* o hasta vendidos. 

Vale la pena reflexionar si una búsqueda en google vale lo mismo que un doctorado. Si 500 mil seguidores en una red social son equiparables a 10, 20 0 30 años de experiencia ejerciendo cualquier profesión u oficio. Vale la pena reflexionar si lo que dice un “influencer” sobre cualquier cosa tiene el mismo valor que tiene la opinión de un experto reconocido en un campo específico.

Que cualquier se atreva a opinar de cualquier cosa no es el problema, lo lamentable, lo alarmante es que le creemos a cualquiera que habla sobre cualquier cosa y despreciamos, en base a lo que estos sabios de las redes dicen, a las personas que invirtieron años de su vida ganando experiencia para ejercer, COMO EXPERTOS, una profesión u oficio. 

Y así un día escuchamos al que denosta a un médico y recomienda, contra su opinión, que no te tomes tal medicina. Al que nos dice qué debe hacer el país con el petróleo o al que tiene la solución para acabar con la pobreza o con el coronavirus. Repito, los alarmante no es que quien sea tenga su opinión, lo alarmante es que la gente le crea a cualquiera, esa es la plaga que como sociedad nos está llevando al precipicio. 

Tal vez tengamos que empezar a pensar en un solución, así como twitter ya lo hizo con Trump al ponerle una etiqueta de “potencialmente engañosos” a su comentarios, o como google hace al etiquetar como tal a un anuncio. Se me ocurre una etiqueta para utilizar cada que se identifique a alguien opinando sobre algo de lo cual no tiene conocimiento experto:

Opinión de un amateur. ¡PELIGRO!