Piso parejo o detenemos todo

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La ley siempre debe estar a la par del comportamiento de la sociedad, cuando esto falla existe el caos. La falta de regulación en la ley de transporte en Nuevo León ha traído problemas de interés público. Por un lado, vemos la carencia de aceptación con el shock generacional y cultural por la llegada de la tecnología a modificar la forma de brindar un servicio de transporte de parte de los ejecutantes. Y por el otro, la necesidad de innovar y mejorar las deficiencias de estos servicios para brindar mayor seguridad a los usuarios. 

Antes de la llegada de Uber, DiDi, Cabify u otro servicio similar, se vivía bajo un “monopolio” de transportación. Los taxis fijaban las tarifas, no se sabía con certeza quién sería el conductor y la seguridad que tenían los clientes no era siempre la óptima, ya que los ponía en una situación de vulnerabilidad. Después, con el inicio de estos servicios digitales, las personas que los usaban tenían la confianza y seguridad de quién era su conductor, la ruta exacta que se tomaba para llegar al destino y la tarifa que se pagaría. Viendo desde un punto de vista progresista todo esto suena como la solución de los problemas de transporte, pero las cosas no son tan simples. 

Esta semana, los taxistas se manifestaron ante el Congreso exigiendo piso parejo para todos los conductores, tanto de medios digitales como los convencionales. Ahora bien, es importante definir lo que para ellos es piso parejo. Si esta famosa frase significa que independientemente de la plataforma cada conductor cumpla con requisitos tales como exámenes toxicológicos, licencia de chofer, pago de cuotas requeridas y contar con los registros y permisos necesarios, entonces sí, es más que necesario que el Congreso regule de forma igualitaria a todos los que brindan estos servicios. “Con respecto a la publicación en el Periódico Oficial del Estado sobre las reglas de operación o normas generales estatales de carácter técnico para las Empresas de Redes de Transporte, promovidas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Transporte que encabeza Noé Chávez Montemayor, la compañía de tecnología se muestra a favor de su cumplimiento”, indicó Uber. Pero piso parejo no significa, bajo ninguna circunstancia, que estas plataformas digitales no puedan laborar y se le dé preferencia únicamente a los taxistas. El giro que se le ha dado a sus reclamaciones va más allá que solo exigir que cuenten con estas regulaciones. “Vamos a cerrar aeropuertos, quemar coches… los quieren pues se los vamos a quemar aquí en el Congreso”, amenazaba el dirigente de las manifestaciones frente el Congreso esta semana por considerar estos nuevos servicios una competencia desleal. 

El mundo se encuentra en un constante cambio y movimiento. Es imposible negarse a estos cambios y transformaciones que sufren tanto los empleos como los servicios que se reciben. Los medios de transporte no son la excepción aquí. Sí, la regulación de estos medios es de suma importancia para que exista una competencia justa, pero el innovar y hacer uso de la tecnología para mejorar un servicio, no se le puede considerar nunca una competencia desleal. Por el contrario el acaparar e impedir la entrada de nuevas plataformas por el uso de la fuerza, sí es para mí la definición de competencia desleal. El Estado tiene una tarea muy importante aquí, ya que deben mostrar que no se doblegarán ante amenazas fundadas en terror, si no que harán lo que jurídicamente es correcto, para que tanto plataformas actuales como las tradicionales puedan laborar y, de ese modo, los usuarios puedan elegir la opción que más les convenga. 

Dos servicios, un camino: el taxi

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La vialidad de cualquier ciudad es un tema de importancia. Independientemente de si uno vive en la ciudad o va de paso, ubicarse puede convertirse en todo un dilema. La solución rápida sería que alguien nos lleve, nos olvidemos un rato del estrés y lleguemos a nuestro destino sin ningún tipo de apuro. Hasta hace unos años, los taxis eran la opción preferida de la gente que, desembolsando una cantidad mayor, buscaban viajar de manera más cómoda y rápida hacia su destino. Pero, como todo, al haber una oportunidad hubo varios que se apuntaron para aprovecharla.

El bloqueo que duró poco más de nueve horas en la CDMX es el mismo tipo de bloqueos que se produce en todas partes del mundo cuando de la regulación de las plataformas digitales de trata. La historia es la misma: los taxistas ven en las aplicaciones tipo Uber y Cabify un competidor desleal que les roba la clientela y afecta directamente a su trabajo, mientras que los usuarios ven con buenos ojos que las plataformas se escudan en que ellos ofrecen un servicio de mayor calidad y que satisface más necesidades que las del taxista común.

Y los contraargumentos son los mismos: los taxistas dicen que las plataformas deberían ser reguladas para competir al parejo que ellos y en respuesta obtienen un “hay que buscar la coexistencia entre ambos servicios”, con lo que las plataformas buscan evitar a toda costa gravámenes que supondrían un ajuste en sus precios y por ende pérdidas en términos de clientela.

Las soluciones propuestas también suelen ser las mismas: para los taxistas, ajustes en su modernización y cumplimiento de demandas en regular a las plataformas, lo que permite a éstas continuar con esa “coexistencia” y mantenerse activas en el mercado, pero que les obligan a focalizar su ventaja comparativa en temas de seguridad y comodidad al momento de viajar, algo que es un verdadero reto.

Y justo así fue lo que se acordó desde la Subsecretaría de Gobernación: los taxistas contarán con una aplicación que será desarrollada por el Estado y que estaría disponible a finales de este mismo año. De esta amera, el tema de la inmediatez en el servicio quedaría cubierto, pero falta esperar cuáles son las otras características que contemplaría. Por el poco plazo que hay para desarrollarla, algo me dice que no estará tan completa, pero es preferible dejarse sorprender.

¿Y así de fácil? Pues pareciera ser que sí, pero ¿no será que se está queriendo tapar el sol con un dedo? Hay otros temas pendientes y que son vitales para hacer un buen pronóstico de hasta qué punto la nueva app y los incrementos en tarifas de las plataformas (porque diría que es prácticamente un hecho que sucederá) pueden equilibrar la balanza en favor de los taxistas. ¿Qué va a pasar con los taxímetros? ¿Cómo se calcularán las tarifas? Si no bajo la app ¿entonces mi viaje en taxi va a ser igual que siempre? Si sí, ¿entonces cuál es la diferencia? Estas y más son algunas de las preguntas que quedan pendientes de resolver.

Al final, la uberización del taxi terminará siendo la respuesta, pero algo me dice que las tradiciones no se van a perder del todo. “No, joven, ‘ora sí que nomás lo que me marca aquí en la aplicación. Mire. Yo no tengo cómo moverle”

Pactan taxistas y SEGOB; retiran bloqueos

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Los líderes del Movimiento Nacional Taxista han aceptado retirar sus bloqueos y han pedido perdón por sus acciones. Esto se logró después de cuatro horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación. 

Se acordó que se revisará la legalidad de las aplicaciones como Uber, Cabify y Didi por varios grupos jurídicos de trabajo, los cuales son las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones, los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, y la Consejería Jurídica federal.

“A efecto de considerar la posibilidad de que alguna instancia jurisdiccional señale si son o no legales”, comentó Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la SEGOB.

En una minuta, se llegó al segundo acuerdo de que si se establece la viabilidad de las aplicaciones, los integrantes del Movimiento se integren a una aplicación tecnológica “en igualdad de condiciones”. Según el Movimiento, alrededor de 140 mil taxistas en todo México podrían unirse a dicha plataforma.

“Hay un acuerdo en el cual bajo ninguna circunstancia y en cumplimiento de estos mismos acuerdos, no habrá ningún bloqueo a ninguna vialidad de ninguna de las ciudades donde hoy se han manifestado los miembros del Movimiento”, dice Peralta.

Por otro lado, en la Secretaría de Gobernación, los taxistas se disculparon por las consecuencias de los bloqueos que realizaron el lunes en la Ciudad de México y en otras entidades del País.

Sin embargo, justificaron las protestas con el hecho de que las mesas de diálogo que se habían instalado hace tres meses no habían prosperado.

“Somos gente civilizada, privilegiamos el diálogo, somos sensatos, somos prudentes, pero llega un momento que la desesperación nos nubla el pensamiento y llegamos a tener acciones como las que hoy tuvimos”, explicó Ángel Morales, secretario de finanzas del Movimiento.

“Le ofrecemos una disculpa a la ciudadanía porque sabemos que los molestamos mucho. Nos comprometimos a no interferir en las vialidades para no afectar a las familias”.

 

Con información de Grupo Reforma

Taxistas bloquean Terminal 1 de AICM

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Taxistas manifestándose en contra de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi han cerrado el acceso al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) desde el Circuito Interior hasta la Terminal 1

Como consecuencia a esto, pasajeros han tenido que caminar desde Circuito Interior para poder llegar a la terminal aérea. La cuenta de Twitter de AICM ha sugerido dirigirse a la Terminal 2, ya que estos accesos funcionan de modo normal, y usar como medio de transporte el aerotrén. 

La razón por la cual los taxistas están manifestándose en la Ciudad de México y varios otros lugares del país es porque ya han pasado cinco años desde que las plataformas digitales de transporte han afectado al conjunto de taxistas en el país al usar de manera ilegal autos particulares para poder dar servicio a los pasajeros. 

Interjet ha anunciado que va a apoyar a los pasajeros que hayan sido afectados con diferentes opciones, pero para conocerlas tendrían que acceder al sitio web de www.interjet.com. Viva Aerobus también está al tanto y sugiere tomar todas las precauciones necesarias. 

 

(Con información de El Financiero)

Aportación de Uber de 1.5% será voluntaria: titular de la AET

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El director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Noé Chávez, aseguró que el cobro del 1.5% planteado de forma temporal para aplicaciones de servicio de chofer, tipo Uber, Cabify y Didi, será voluntaria y no será una obligación.

Chávez detalló que el proyecto de reglamento a publicarse en los próximos días, como marco regulatorio de transición mientras el Congreso aprueba la Ley de Movilidad, no establece un impuesto o cargo obligatorio para dichas plataformas, sino una aportación voluntaria.

“Esto no es un impuesto, salió de ellos. Las plataformas ofrecieron aportar un 1.5 por ciento de colaboración para proyectos de transporte y movilidad, no están obligados, ellos lo están ofreciendo, se va a poner el reglamento y el que quiera aportar, lo va a poder hacer”, dijo el funcionario estatal.

El titular de la AET dijo que no es la primera vez que se aplica este tipo de “contribuciones” puesto que ya ha sido aplicado por el Estado antes en materia ambiental, donde se pedía a los desarrolladores aportar un porcentaje de su proyecto para programas de reforestación.

Chávez indicó que el reglamento para plataformas digitales con servicio de chofer particular podría publicarse esta misma semana, ya que el borrador ya está aprobado.

Por último, reiteró que el Estado sigue teniendo el interés de tener un padrón de choferes que cumplan con tener una licencia vigentes, seguro para el pasajero, cumpla un curso de capacitación que por primera vez será en línea, y verificar que no tengan antecedentes penales.

(Con información de Grupo Reforma)

Anuncia el Bronco que será el vocero del estado

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El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”) ha anunciado que él mismo va a ser el “vocero” del Estado a partir de la próxima semana, ya que éste busca evitar más contradicciones entre los funcionarios de su gabinete. Dijo esto después de que el  Secretario de Gobierno, Manuel González, haya declarado el martes que los “cibertaxis” no tenían que pagar un impuesto del 1.5 por ciento, lo cual estaba contradiciendo lo que “El Bronco” había mencionado anteriormente en un acuerdo discutido el pasado viernes, en una reunión del Gobernador con diputados locales.

 

Esto significa que la Ley de Movilidad ha sido modificada para que “cibertaxis” como Uber y Didi sí tengan que pagar un impuesto del 1.5 por ciento.

 

“Yo le di instrucciones hoy (a Manuel González) y a Diana Adame (Directora de Comunicación Social del Gobierno) para que nadie del Gabinete puede opinar de un área que no sea la que él está dirigiendo. A partir de la semana el Gobernador se convertirá en el vocero del Gobierno, para que no haya este tipo de que alguien dijo, y que el otro dijo, y que rectificamos y no rectificamos.”

 

(Con información de ABC Noticias)

Inmovilidad

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En las últimas semanas hemos sido testigos del abandono, ineptitud y lentitud con la que el gobierno de Nuevo León aborda la problemática del transporte y la movilidad en nuestro estado. Si bien, es cierto que el sistema de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey está totalmente rebasado desde hace años por la demanda de la ciudadanía, no podemos dejar pasar por alto que esto se debe a innumerables descuidos y falta de planeación en el crecimiento de nuestra ciudad. Durante décadas Monterrey creció de forma horizontal y desmedidamente, sin criterios para el transporte y la movilidad de los habitantes, lo que hoy ocasiona los graves problemas que tenemos para los traslados de municipios como García, Juárez, Zuazua, etc. hacia el interior de la ciudad. 

Es totalmente inaceptable que han pasado gobiernos enteros y no se ha podido abrir ni un metro más al sistema de metro de la ciudad, o que los proyectos “innovadores” como la ecovía sean un total fracaso, la ciudad metropolitana de Monterrey merece y necesita con urgencia un sistema integral, eficiente y a buen precio, que cubra la necesidad de traslados en la ciudad.

Es innegable que también es necesaria la participación de la ciudadanía para mejorar la movilidad en la ciudad, así como contribuir a aminorar los niveles de contaminación del aire utilizando menos los vehículos privados, sin embargo, los esfuerzos de la iniciativa privada en algunas empresas o algunas universidades como la UDEM, son insuficientes y es necesaria la implementación de políticas públicas coordinadas con una visión metropolitana, porque pareciera que algunos municipios siguen pensando que son entes aislados y que no forman parte de la metrópoli, pues los problemas de la ciudad son intermunicipales y así deben ser tratados. 

Además a todo esto, se suma la reciente y evidente incapacidad de las autoridades estatales para mediar y generar mejores condiciones a los servicios de plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify, así como para los trasportistas tradicionales. Estas problemáticas, por la falta de organización y la ineptitud de la autoridad, afecta principalmente a la ciudadanía más desfavorecida y que se ve afectada por un lado por la ineptitud y abandono de sus representantes, así como por una ciudadanía que no termina de organizarse.

El taxi vs Uber: ¿cuánto cuesta resolver el problema?

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La cacería de brujas que comenzó en estos días contra los choferes de Uber, Didi y Cabify en Monterrey ha puesto a gran parte de la ciudadanía en contra del gobierno del estado. La premisa es que los conductores de las plataformas no siguen los mismos parámetros que los taxistas convencionales ni pagan la misma cantidad de impuestos por prestar un servicio que -en esencia- es básicamente el mismo y, por lo tanto, los pone en el terreno de la ilegalidad. ¿Es esto del todo cierto? ¿Cuál es el verdadero problema?

Por un lado, se encuentran los taxistas; los de toda la vida. En el mejor de los casos, un taxista tiene que hacer una inversión inicial de varios cientos de miles de pesos para comprar un carro y las placas de taxi que, por cierto, a estas alturas las dos cosas cuestan casi lo mismo. Podría decirse que en total se necesitan unos $300,000 para empezar, dependiendo del año y modelo del vehículo. Los problemas vienen cuando los conductores no pueden invertir dicha cantidad y trabajan para alguien más; alguien que puede pagar y que, cual señor o señora que tienen una casita aparte, lo que quieren es “vivir de sus rentas”. Es decir, el negocio está en tener taxis rentarlos. En Monterrey, un chofer paga unos $400 o $450 diarios al dueño del taxi.

El taxi “verde” tuvo el monopolio durante mucho tiempo y logró sobrevivir a pesar de las circunstancias: la inseguridad (tanto por parte de conductores como de usuarios), las bases y taxis “pirata”, el pésimo servicio, los taxímetros alterados. Los taxis “de base” o “de sitio” (los blancos, pues) luego fueron la alternativa: los pedías por teléfono y hasta los podías agendar para que te recogieran en un día y hora específicos; todo ello a cambio de pagar más. ¿Y cuál fue el problema? Pues que, por ejemplo, algunos de los “taxis ejecutivos” cobraban según tarifas sin sentido y a veces con un criterio completamente subjetivo: dependiendo la hora, el lugar, el destino e incluso dependiendo del cliente, cobraban lo que querían. ¿Cuánto vale una carrera al aeropuerto? Lo que el chofer o la compañía quieran (te veo a ti, Totsa).

Luego está Uber, la tecnología; el que abrió la brecha para los demás. Hay una tarifa fija (o no), que garantiza la seguridad de los pasajeros (o no), en la que los pagos se realizan a través de transferencias para evitar robos (o no) y que permite al usuario en todo momento saber la ruta que el conductor seguirá (o no). Uber le arrebató el negocio a los taxis sencillamente porque su servicio es de mayor calidad (o no), aunque ello implique un costo adicional (¿o no?). ¿Has oído hablar de la tarifa dinámica? ¿Te acuerdas del caso de María Fernanda Castilla y Cabify? ¿Qué pasa si mi conductor no trae cambio? ¿Y si no cancela el viaje, aunque ya me haya bajado? ¿O si se va por una ruta por la que yo no le dije? Estoy plenamente consciente de que la proporción es mucho menor (afortunadamente), pero una cosa no quita la otra.

¿Y entonces? ¿Por qué preferimos Uber? Fácil: porque en México desconfiamos de todo aquello que es propiedad del gobierno. ¿Y por qué? Porque nos suena a corrupción, malos manejos, pésima calidad y mal servicio. ¿Por qué pagamos seguros de gastos médicos mayores? Para no ir al IMSS. ¿Por qué pagamos cable o servicios de streaming? Porque no hay nada bueno en la tele abierta (y menos en los canales del gobierno). La gente espera que la administración funcione como un buen intermediario y no como el propietario, pero esto es otro problema.

En Monterrey estamos tan acostumbrados a pagar de más por todo que si alguien nos dijera que con una cantidad se resuelve el tema de Uber, ya estaríamos juntando. Pero bueno, mejor no doy ideas.

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Protestas Contra UBER En El Congreso del Estado

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Esta mañana, frente al congreso del estado, taxistas públicos se levantaron en protesta en la avenida Zaragoza para hacer presente su apoyo a la decisión del Secretratrio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AET), Noé Chávez. Tambien manifestaron en las calles, sus opiniones en cuanto a las diferencias de trato para los taxistas, y los conductores de transporte privados. 

 

Arturo Rodríguez, vocero principal de esta protesta, dio a conocer a los medios, las peticiones y demandas de los taxistas que se organizaron. Dentro de ellas, demandaban la aprobación de una Ley de Movilidad. Una que establesca igualdad en cuanto a la cobranza de impuestos y de misma manera logre dividir los terrenos de operación para un campo de trabajo más justo. 

 

Dicha protesta ocurrió, tras la orden de Chávez, para iniciar una cacería de automóviles registrados para servicios de transporte privado. Esta decisión despertó opiniones polémicas entre los transportistas de servicios públicos y privados. Debido a que aquellos que fuesen miembros de organización de transporte privado, se les confiscó su vehículo, así como se les imponían multas de hasta 42,000 pesos

 

Con infromación de “El Horizonte”