Campo del Club Pumas es aseguro nuevamente por la Procuraduría.

Personal de la Procuraduría de Justicia Estatal aseguró de nuevo las instalaciones del campo de fútbol americano del equipo Pumas, en la Colonia Fuentes de Valle, en San Pedro.

Aunque no se dieron detalles de la acción legal, solo que pudieron observar hojas con la leyenda “PGJNL” Inmueble Asegurado, carpeta de investigación 205/2017-UIMTY-PNV01.

El predio ubicado en 1a Monte Palatino, Fuentes del Valle Oriente y Vía Valeria, en la mencionada colonia, fue asegurado por la unidad estatal alrededor de las 14:00 horas, dijo una fuente.

El mismo terreno ha sido asegurado por las autoridades municipales y estatales en otras ocasiones.

La vigilancia del campo continua por parte de los elementos y patrullas de Fuerza Civíl por ambos accesos .

Además de las hojas del aseguramiento, fue colocada una lona de unos 4 metros cuadrados.

Empresario identifica a escolta de ex procurador como uno de sus secuestradores.

El empresario Agustín Villarreal Budnik reconoció a un escolta del ex procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores, y a otros agentes ministeriales asignados a cuidar a altos funcionarios del gabinete del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como los hombres que lo secuestraron.

Villarreal Budnik, director general de la empresa regiomontana Ladrillera Mecanizada, presentó a medios de comunicación las fotografías de varios policías ministeriales que estuvieron involucrados en su plagio, imágenes que solicitó durante más de un año a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y que le fueron entregadas recientemente.

El empresario agregó que siete personas y un líder se identificaron como Agentes Ministeriales y le preguntaron si era Agustín Villarreal, a lo cual respondió afirmativamente.

Los hombres le dijeron que tenía problemas con muchas personas y le ordenaron que subiera a una camioneta donde lo comenzaron a golpear con sus armas en la cabeza.

El empresario ha estado involucrado en un caso legal familiar por la disputa de propiedades de la compañía inmobiliaria Torrevillas, ubicada en San Pedro, filial de Ladrillera Mecanizada y Laminados de Barrio, dirigidas hasta el 2010 por Villarreal Elizondo. Este caso estuvo involucrado por presuntas injerencias con argucias legales que generaron que se solicitara el remate de estos terrenos.

Tras el plagio, un agente ministerial se comunicó a la casa de la familia para exigir al hijo del empresario un rescate de 20 millones de dólares. Como muestra de “buena voluntad” para negociar la liberación exigieron 15 millones de pesos que Villarreal Budnik mantenía en una caja de seguridad en su residencia.

Meses después, la dicción del negociador fue sometida a un programa de reconocimiento de voz que la comparó con las de agentes ministeriales. El programa confirmó que las llamadas las hizo Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez, quien en esa época estaba asignado como escolta del procurador Roberto Flores.

El agente Rodríguez y Rodríguez fue acribillado junto con Carlos Arturo Valle Novelo, director de Inteligencia de la Agencia Estatal de Investigaciones y amigo de El Bronco. En su vehículo fue localizado una maleta con 100 mil dólares.

Mientras los secuestradores negociaban, el empresario aprovechó un descuido del solitario hombre que lo cuidaba para escapar de la vivienda. Posteriormente a su huida tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la cabeza por los golpes que le propinaron los agentes ministeriales.

Tras recuperarse y protegerse, Villarreal solicitó al procurador Roberto Flores las fotografías de todos los agentes ministeriales para reconocer a sus secuestradores. Le fueron proporcionadas un año y cinco meses después, hasta que llegó a la dependencia el nuevo procurador, Bernardo González.

El empresario presume que su secuestro fue ordenado por su padre y un hermano con quien mantiene una disputa familiar, pero que fue ejecutado por funcionarios del gobierno de Rodríguez Calderón, quien es amigo de su papá.

Sobre este caso, el gobernador Jaime Rodríguez aseguró que lo que tiene que hacer Villarreal Budnik es “arreglarse con su papá”.

Rodríguez Calderón indicó que están investigando a los agentes ministeriales pero que no han encontrado nada, sólo se concretó a minimizar el caso, al calificarlo como una “disputa familiar”.

 

 

Inseguridad; cuando percepción y realidad nos alcanza

El índice de delitos de alto impacto se ha elevado de forma paulatina en el primer semestre de 2016 según observamos en las cifras reportadas por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y análisis de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el último reporte trimestral del Observatorio Ciudadano de Nuevo León se advirtió a manera de alerta a las autoridades locales —estado y municipios— que rebasar el promedio de 300 robos de vehículos mensuales es sintomático de una oleada de inseguridad.

En los primeros tres meses del año hubo un promedio de 344 denuncias mensuales por este delito, cifra que tan sólo es superada por los 389 casos presentados en el mes de mayo de 2013.

Entre enero y junio de 2016, la Procuraduría General de Justicia Estatal reportó 2 mil 31 denuncias por robo de vehículos, que contrasta con los mil 537 casos reportados en el mismo periodo de 2015, presentando así un incremento de 32%.

En un reporte relacionado, la AMIS hace un análisis respecto a los vehículos asegurados robados en el periodo de junio de 2015 a mayo de 2016 en el que refleja que Nuevo León registra un incremento de 16% frente al mismo periodo anterior.

De esta forma, la entidad ocupa el tercer lugar nacional en dicho ranking, sólo después de Edomex y la CDMX.

Vemos como las cifras reportadas por las autoridades del estado no distan de la percepción ciudadana de inseguridad que prevalece en el área metropolitana de Monterrey y el resto de la entidad. En el primer levantamiento del Pulso Metropolitano de Seguridad de 2016 expuso que 52.7% de los ciudadanos considera inseguro vivir en la metrópoli.

A lo anterior se agregan los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Inegi que se publicó el pasado 6 de julio, que refieren que 67.9% de la población mayor de 18 años y más considera que vivir en esta ciudad es inseguro.

El reporte evidencia que los espacios o lugares donde la población consultada por el Inegi se siente más insegura son los cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, en el banco y las calles que habitualmente usa.

A la percepción del regiomontano se suma que sólo 23.4% de la población de 18 años y más considera al gobierno de la ciudad como “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más importantes, apenas ligeramente superior a la media nacional de 21.5%, de acuerdo con la ENSU.

Este es el panorama con el que llegamos a la mitad de 2016, por lo que este texto es preámbulo para las observaciones y señalamientos precisos que preparamos para el siguiente reporte del Observatorio Ciudadano de Nuevo León que entregaremos en los próximos días.

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