TEE permite a partidos cambiar de candidatos para elección extraordinaria de Monterrey

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El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), dió marcha atrás al acuerdo de la Comisión Estatal Electoral (CEE) que establecía  que en la elección extraordinaria del 16 de diciembre en Monterrey participarían los mismos 10 competidores y coaliciones de la elección del 1 de julio.

El proyecto original, presentado por Carlos Leal Isla, planteaba dejar los mismos candidatos y coaliciones, pero el TEE resignó el caso al magistrado Jesús Eduardo Bautista, quien en su proyecto estableció que el acuerdo de la CEE vulnera los derechos de auto organización y asociación de los partidos de coalición.

La ponencia de Bautista fue apoyada por Gastón Enríquez, y con eso basto para que   el proyecto fuera aprobado.

La resolución del TEE no plantea una modificación en el calendario electoral, por lo que la elección extraordinaria de Monterrey se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre.

Cabe recordar que fue Morena quien impugnó el acuerdo de la CEE, por lo que con el falló del TEE podrán escoger a otro candidato que no sea Patricio Zambrano, y no ir en coalición con el PT y PES.

El “guardadito” de la Comisión Estatal Electoral

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Mientras el Estado de Nuevo León y el recién nombrado Concejo Municipal se siguen peleando acerca del mando único, decretado por un Secretario de Seguridad quien ahora lo rechaza en su calidad de Concejal Presidente, en un guión digno de Kafka y que el gobernador independiente no es capaz de clarificar (o no quiere clarificar), mientras el propio Concejo no sabe si integrar comisiones de 3 o 5 miembros, mientras sus concejales síndicos (¿o serán síndicos concejales?) entienden que les corresponde de trabajo por hacer,  sigue sin definirse quien soportará el costo de una elección extraordinaria en Monterrey que quiso el PRI y que decretaron unos jueces a su servicio. 

El PRI sí se está preparando con todo su ejercito de mapaches y de acarreados pero la Comisión Estatal Electoral pretende jugar con el gobierno del estado para sacarle más recursos. 

Muy oportunamente, el Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra,  soltó la información  del avance de gestión financiera del tercer trimestre 2018 de la Comisión Estatal Electoral, revelando así que dispone de un “guardadito” (como hubiera dicho Fernando Canales) de 161 millones de pesos, que los angelitos constituyeron para construirse un palacio. Sin embargo, exigen del gobierno del estado que le apoquine 44.7 millones para sufragar la próxima elección extraordinaria. 

Por lo visto, la CEE no entiende lo que es austeridad ni lo que es ser solidario con un estado que tiene muy apretadas sus finanzas (el Tesorero insiste que le faltan 3,400 millones para cerrar el año decorosamente). La CEE debería tomar ejemplo de su hermano mayor, el INE, el cual también tenía sueños guajiros de construirse un palacio de las mil y unas noches en la capital del país, pero que se resignó a esperar vientos más favorables cuando el gasolinazo de Peña vino a derrumbar más de un sueño y más de unas aspiraciones a ser maestro de obra a parte de ser comisionado electoral. 

Además, la CEE debería tener la humildad de reconocer que el lio electoral actual es consecuencia de su ineptitud a controlar adecuadamente el proceso electoral. ¿Quién extravió las boletas? ¿No es responsabilidad de la CEE asegurar la cadena de custodia desde las casillas hasta su recinto en dónde las debe resguardar y cuidar? Es conveniente que la CEE doble las manos rápidamente, si no quiere que se indague más a fondo lo que ocurrió con dicha cadena de custodia y que no se destape una cloaca apestosa que no le conviene. Su edifico que pretende levantar como tributo al orgullo de una casta que no ha sabido merecer el respeto que exige, puede esperar tiempos más prósperos. 

¿Tendrá la democracia nuevoleonesa el merito suficiente para levantar un monumento a su gloria? Esto merece una elección extraordinaria, o ¡una consulta popular!

Coordinadores piden a CEE usar sus ahorros en elección

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Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y Morena pidieron a la Comisión Estatal Electoral utilizar los ahorros del árbitro electoral para realizar la elección extraordinaria del municipio de Monterrey.

Mario Garza, presidente de la CEE, dijo que el presupuesto que tienen ahorrado es para adquirir un nuevo edifico, pues pagan 15 millones de pesos anuales en rentas.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, aseguró que el Poder Legislativo revisará utilización del ahorro de la CEE para las elecciones.

“No veo por qué el Congreso tiene que avalar el uso de ese recurso salvo que esté etiquetado, lo vamos a revisar, hay que ver cómo se etiquetó ese recurso, si nada más se dejó abierto el recurso para la Comisión o si se especificó para algo.

“Definitivamente la prioridad es la elección en el municipio de Monterrey y ya después podremos encontrar los recursos para cualquier otra necesidad que tenga la Comisión“, recalcó el panista.

Al respecto, Francisco Cienfuegos, líder de la fracción del PRI, coincidió en que es necesario el uso de dichos recursos para darle certeza a los regiomontanos, por lo que exhortó a la CEE para que llegue a un acuerdo con la Auditoría Superior del Estado y el Gobierno del Estado.

“Si el proceso administrativo no requiere al Poder Legislativo nosotros exhortamos a la Comisión Estatal Electoral a que haga uso de los recursos, que vea las vías necesarias, con sólo la autorización de la Auditoría Superior del Estado y la solicitud del Gobierno del Estado, se pueden poner de acuerdo para que con voluntad se fije el mecanismo de cómo se van a garantizar los recursos y que haya una elección extraordinaria en el municipio de Monterrey“.

Por su parte el coordinador de MorenaRamiro González, se pronunció a favor para que la Comisión use sus recursos para los comicios.

“La elección extraordinaria tiene que manejarse como algo extraordinario y si efectivamente ahorita estos recursos están ahí y no se están utilizando, o en un tiempo muy cercano no se van a utilizar, pues su uso ahorita sería la viabilidad para que se realice la elección”, concluyó González.

 

“El Bronco” asegura que CEE puede pagar elección de Monterrey

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El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, aseguró que la Comisión Estatal Electoral (CEE) puede pagar la elección de Monterrey con sus ahorros, aunque rechazó que estos estén etiquetados para la compra de un inmueble y que sean ahorros, sino recursos no ejercidos por la CEE.

“La Comisión Estatal nunca tuvo la autorización para comprar un edificio. el dinero que han estado, no ahorrando, sino, no utilizando, queremos decir que la Comisión Estatal ha estado teniendo dinero que no ejerce”, dijo el mandatario.

El día de ayer la CEE propuso pagar los 44.7 millones de pesos que costará la elección extraordinaria por la Alcaldía de Monterrey el 16 de diciembre, siempre y cuando el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado le aprueben usar ahorros que tiene para la compra de un inmueble.

Rodríguez Calderón, pidió al Congreso dar el visto bueno, aunque no sean recursos etiquetados para la compra de ese edificio.

“Ya veremos el año que entra si se requiere o no el edificio, eso lo platicaré con el presidente de la Comisión Estatal Electoral, hay muchos edificio, nosotros tenemos muchos edificios en el Gobierno que pudiera ser autorizados para usarse por parte de la CEE”, dijo “el Bronco”.

¿Sirven de algo las elecciones?

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¿Habrá sido responsable el tribunal al anular las elecciones del 1º de julio en el municipio de Monterrey, o habrá obedecido a intereses políticos en vez de impartir justicia? Cuando se presentan estas situaciones y que las mayorías partidistas bloquean la búsqueda de soluciones, es deber y obligación de las minorías ser más participativas y sobre todo más propositivas. 

Poco se puede esperar del PRIAN. La calidad de su debate está a la altura de un pleito de lavanderas (con el perdón de las lavanderas). Tomamos en cuenta la inutilidad de la Comisión Estatal Electoral, la cual se limita a hablar de dinero (¿porqué será?) en vez de preocuparse por su capacidad de convocatoria para asegurar la participación de los 11,000 ciudadanos voluntarios que requiere para organizar la elección. La responsabilidad de encontrar soluciones recae en los partidos minoritarios, y si no pueden o no quieren, entonces los organismos de la Sociedad Civil organizada deben multiplicar las propuestas para no permitir que la parálisis buscada por los partidos permanezca, en beneficio de sus intereses particulares.  Peor todavía,  en beneficio de un poder ejecutivo quien, no sin razón, actúa como zopilote para aprovecharse de las carroñas potenciales. 

El embrollo desatado por unos jueces de dudosa respetabilidad, pone a la clase política del estado frente a sus responsabilidades y demuestra su verdadera capacidad de acción. Por lo pronto, no han surgido liderazgos arrolladores. Nadie ha demostrado tener la clase o la autoridad suficiente para imponer otra solución que no sea de irse a disfrutar del puente. Tomamos nota. Ha sido el único consenso logrado por quienes pretenden representarnos. Irse de puente. Por lo demás, ha prevalecido la metodología del “porque no” en vez de la del “cómo sí”. 

Constatamos un vacío de capacidad política y la ineficiencia de los partidos minoritarios que no han logrado quitarle la batuta a un PRI derrotado en las elecciones pero que sigue actuando cómo si fuera la voz determinante. Falta oficio político. Falta claridad de visión. ¿O solamente se trataba de estorbar sin impedir que la partidocracia real siga sus negocios y sus enredos, en detrimento de la ciudadanía?  

¿Sirven de algo las elecciones? En ningún momento parece que el PRI fuera rechazado al punto de tener un solo diputado de mayoría entre los 26 del Congreso. Por falta de liderazgos, este 4% pesa más en el pleno y en las negociaciones que la tropa desordenada que, después de dos meses, resulta incapaz de organizarse. El resultado de esta elección extraordinaria será un reflejo de esta ausencia de liderazgo y de la mediocridad de la clase política que pretende gobernarnos.      

Elección Extraordinaria de Monterrey será el 16 de diciembre

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La Comisión Estatal Electoral (CEE) dio a conocer este miércoles que la elección extraordinaria de Monterrey se realizará el próximo 16 de diciembre y tendrá un costo de entre 48 y 50 millones de pesos.

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, informó en conferencia de prensa que las campañas se realizarían del 28 de noviembre al 12 de diciembre y que habría tres días de veda.

Garza, confirmó que el costo será menor que los comicios del 1 de julio, debido a que se trata de una elección solamente a la alcaldía y no también de Diputados y Senadores.

El Presidente del órgano electoral, dio a conocer que habrá debates, pero que por el momento no hay fecha establecida.

¡Histórico! TEPJF anula elección en Monterrey

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A cuatro meses de resoluciones en tribunales, Monterrey no ha definido quien será su Alcalde, ya que por primera ocasión la elección tendrá que repetirse.

En un resultado dictado una hora antes del limite, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular los comicios del 1 de Julio y ordenar la celebración de  una nueva elección en la que participaran todos los contendientes.

Esto se dio tras considerarse que hubo un sin fin de anomalías en el manejo de los paquetes electorales que fueron determinantes para la resultado de la elección ya que vulneraron el principio de la certeza.

“Por lo anterior, se propone revocar la sentencia impugnada y por ende la declaración de valide de la elección y el otorgamiento de constancias de mayoría y validez entregada a la planilla postulada por el PAN”, mencionó Felipe Fuentes.

“Así mismo se propone ordenar a la Comisión Estatal Electoral de esa entidad convoque a elección extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León”.

La propuesta de Fuentes fue respaldada por los magistrados; Monica Soto, José Luis Vargas y Janine Otálora, presidenta del Tribunal.

Por otra parte los magistrados Reyes Rodriguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata se mostraron en contra de la resolución planteada por considerar que no hubo errores judiciales graves.

Ante esta resolución se prevee que tanto Felipe de Jesus como Adrian de la Garza participen en la elección extraordinaria a la que tendrá que convocar la CEE en los próximos días.

 

Decisiones para la integración del Congreso del Estado

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En mi colaboración anterior me referí a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que reconfiguró, por breve tiempo, el Congreso del Estado (JI-257/2018 y acumulados). En esta ocasión presento el efecto de eterno movimiento que se aprecia en el Congreso en el número de diputaciones por ambos principios, por partido político, como consecuencia del dictado de sentencias y acuerdos de los órganos y tribunales electorales. Asimismo, sintetizaré las razones que motivaron en definitiva estos cambios.

En primer lugar, debe destacarse que entre el 10 de julio y el 31 de agosto se requirieron 2 acuerdos de distribución y asignación por parte de la Comisión Estatal Electoral, 1 sentencia del Tribunal Electoral del Estado y 2 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Monterrey y Sala Superior). Para apreciar mejor este movimiento presento el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Decisiones emitidas para la integración del Congreso del Estado
Decisión No.  Fecha (2018) Contenido de la Decisión Emitida por
1 10 de julio 1ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
2.1 10 de agosto Modificación de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y orden a la CEE de realizarla de nueva cuenta conforme a los parámetros señalados en la sentencia Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
2.2 13 de agosto 2ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional, en cumplimiento a lo ordenado por el TEE Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
3 27 de agosto Revocación de la sentencia del TEE de fecha 10 de agosto, deja sin efectos el acuerdo de la CEE de fecha 13 de agosto, y en plenitud de jurisdicción realiza la asignación de las diputaciones de representación proporcional Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4 31 de agosto Modificación de la sentencia de Sala Regional Monterrey de fecha 27 de agosto Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Si bien esta cadena de decisiones no podría evitarse por la forma en que está diseñado nuestro sistema de justicia electoral, una explicación de la percepción de incertidumbre en los resultados, al menos en lo que hace a las decisiones de la CEE, se produce porque este órgano lleva a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional inmediatamente después de realizar el cómputo definitivo de la elección de mayoría relativa para el Congreso. Esto es, asigna diputaciones de representación proporcional con una votación (la de mayoría relativa) que aún no ha sido impugnada y que, por ende, puede variar según las inconformidades que se presenten.  A diferencia de este modelo, el Consejo General del INE lleva a cabo la asignación de curules federales de representación proporcional “una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto (…) y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.” (Art. 327.2 LGIPE). 

Sin embargo, la mayor fuente de problematización en los resultados está en la interpretación que de las normas jurídicas del sistema electoral para la integración del Congreso realizan los órganos y los tribunales electorales. Veamos, también por medio de un cuadro, el movimiento que tuvo la integración del Congreso a lo largo de estos 45 días, en cuanto al total de diputaciones por ambos principios:

Cuadro 2. Total de diputaciones por ambos principios por partido en cada decisión y mayor diferencia entre dos decisiones
Partido Decisión 1

(CEE)

Decisión 2.1 (TEE) /

Decisión 2.2

(CEE)

Decisión 3

(TEPJF Sala Monterrey)

Decisión 4

(TEPJF Sala Superior)

Diferencia entre  decisión local (1 ó 2) y decisión definitiva  (4)
PAN 16 16 15 15 -1
PRI 6 8 6 6 -2
PT 4 4 4 4 0
PVEM 1 1 1 1 0
MC 3 3 4 4 +1
NA 1 1 1 1 0
MORENA 8 6 8 8 +2
PES 3 3 3 3 0
TOTAL 42 42 42 42 N/A
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Como puede apreciarse, el núcleo del movimiento en la integración del Congreso se centra en cuatro partidos políticos: PAN (-1), PRI (-2), MC (+1) y MORENA (+2). Particularmente resalta el caso del PRI que solo con la sentencia del TEE alcanzó 8 curules en total. Veamos las razones definidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que configuraron en definitiva el número de curules por partido con representación en el Congreso del Estado.

El principal tema de interpretación que modificó la integración del Congreso fue lo relativo a la sobre representación y a la sub representación, particularmente respecto a dos cuestiones. En primer lugar, si la Coalición Juntos Haremos Historia debía ser tomada en cuenta como un solo partido político para la asignación y por ende para la verificación de dichos límites; y, en segundo lugar, el momento en que debía llevarse a cabo la verificación de ambas cuestiones (sobre y sub representación) y, respecto a lo segundo, cómo debía compensarse.

Con relación al primer problema, contrario a lo que sostuvo en su decisión del 10 de agosto el TEE, tanto la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-721/2018 y acumulados, p. 19) como la Sala Superior (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 26), confirmaron que la asignación de representación proporcional debe ser por partido político y no por coalición. Sobre el segundo problema, afirmaron que la verificación de la sobre y la sub representación debe realizarse en tiempos distintos: a) Por lo que hace a la sobre representación, debe tener lugar en cada una de las etapas de asignación; b) y respecto a la sub representación, ésta se efectuará solamente al concluir el procedimiento. Esto último fue lo que distorsionó la integración del Congreso derivado de la decisión del TEE el 10 de agosto pasado, porque este tribunal llevó a cabo tres rondas para compensar la “sub representación” del PRI (JI-257/2018 y acumulados, p. 35).

Respecto a la compensación, cuando un partido político se encuentra en sobre representación en cualquiera de las etapas de asignación, dicho partido deja de continuar en la asignación y su votación debe ser descontada para depurar las siguientes operaciones con los partidos que aún tienen derecho a que se les repartan curules. (Art. 267 LEE). Sin embargo, esta regla no es posible aplicarla tal cual cuando, al final de las operaciones, se advierte que un partido político está sub representado, como fue el caso del PRI; en este caso, la pregunta es a qué partido político se le debe restar una curul de representación proporcional para compensar al ente partidista sub representado: Según la sentencia definitiva de la Sala Superior, la compensación debe realizarse con aquel partido político que, aun cuando esté dentro de sus límites constitucionales, cuente con mayor sobre representación; este fue el caso del PAN, de forma que fue a este partido al que se le restó una curul para compensar la sub representación del PRI en el Congreso de Nuevo León para esta Legislatura, quedando el PAN con 15 diputaciones y el PRI con 6, por ambos principios.

Aunque no afectaron el número de curules de representación proporcional para cada partido político, el TEPJF también definió otros criterios respecto a género y a la simultaneidad de candidaturas por mayoría relativa y por representación proporcional, lo que impactó más bien a quién se le debía expedir la constancia de una diputación de representación proporcional.

En efecto, respecto a lo primero, la Sala Superior revoca la decisión de la Sala Regional Monterrey del pasado 27 de agosto en donde la y los Magistrados habían decidido, contrario a lo que se señala expresamente en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado, que la compensación por género debía iniciarse con los partidos políticos más votados al efecto de armonizar los principios de autodeterminación de los partidos políticos y democrático. Por ello la Sala Superior confirma que la Sala Regional debió haberse ajustado tanto a la Ley como a los Lineamientos emitidos por la CEE, porque no se advertía una “razón clara y objetiva que justifique la inaplicación de las directrices establecidas por el legislador local y reglamentadas por el instituto electoral estatal.” (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 62).

Finalmente, la Sala Superior del TEPJF decidió que (a) cuando una fórmula de candidaturas al Congreso es registrada de forma simultánea para contender tanto por un distrito electoral de mayoría relativa como en la lista plurinominal; (b) la fórmula es exactamente igual en cuanto a propietario y suplente; y (c) es electa por mayoría relativa en un distrito uninominal, la fórmula completa está obligada a acceder al Congreso por este principio. Este fue el caso de las fórmulas registradas por el PAN para dos distritos uninominales y a la vez para la lista plurinominal.

En resumen, las decisiones de los órganos administrativos y de los tribunales en donde se interpretaron las reglas que conforman el sistema electoral de Nuevo León llevaron a que, en escasos 45 días, el número de curules de representación proporcional por partido en el Congreso del Estado se viera modificado hasta en cuatro ocasiones. Sin duda, debería hacerse una adecuación en la legislación electoral para que, al menos, la asignación de las diputaciones de representación proporcional sea realizada por la CEE hasta que estén firmes en el nivel local las elecciones de mayoría relativa al Congreso; además, el Poder Legislativo debería realizar un esfuerzo para crear o modificar normas con mayor claridad y, sobre todo, evitar la inclusión de múltiples principios jurídicos en una sola norma, tal como acontece en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado.

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.

En Nuevo León, la Justicia Electoral asesinó la Democracia

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Manuel Bartlett se ha de quedar estupefacto. Ahora ¡se puede tumbar una elección sin que se caiga el sistema! ¡Cuantos progresos hizo el sistema electoral en treinta años! 

Basta de un par de jueces corruptibles, y de unos cuantos millones de pesos para voltear las situaciones más comprometidas. La mecánica es muy simple: decretas que las elecciones fueron irregulares, y eliminas del conteo final todas las casillas contrarias a tu objetivo, hasta llegar a un resultado matemático satisfactorio, aún que sea con mil votos de diferencia. ¡Genial! Solamente faltaba imaginarlo, disponer de recursos suficientes para las exigencias de los jueces (escogidos a modo hace varios años, nunca sabes cuando te va servir este trique viejo que tenías guardado), y ya está realizado el truco. 

Con estas decisiones anunciadas (sin la menor vergüenza) el viernes 17 de agosto  a mediodía, se obtendrán varios resultados. Uno ya visible, zipizapes electorales bochornosos, dignos de cualquier república bananera (la expresión circula libremente desde el sábado pasado). 

El otro que supongo que veremos en esta semana: la renuncia colectiva y masiva de todos los integrantes de la Comisión Estatal Electoral cuya razón de  ser desapareció. Para qué mantener a costos de cientos de millones de pesos un órgano que puede ser favorablemente sustituido por dos individuos que a pesar del alto valor de los sobornos que requieren, le salen bastante más económico al estado que siete individuos con alto sueldo, numerosos sobresueldos, abundantes prestaciones y ética bastante floja, para no decir que suelta. Además, los sobornos, los pagan los partidos políticos, no el erario público. (Aún si sabemos que los recursos de los partidos políticos salen del erario gracias a empresas fantasmas y universidades condescendientes). (Este resultado, eminentemente deseable, está en veremos, ya que lo que debería ocurrir por dignidad, no ocurrirá, justamente porque la dignidad es un concepto desconocido en estas instancias). 

El otro resultado que observaremos dentro de tres años es que nos podremos ahorrar el costo de la elecciones. Por un lado quién querrá ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades que su voto sea descartado por dos individuos al que les habrán regalado el título de “juez”. Por otro lado, el nuevo estado omnipotente muy sabio, considerará que se recortarán muchos gastos al suprimir el INE y los múltiples CEE por unos cuantos jueces bien aleccionados. 

RIP la democracia, RIP la voluntad popular. Los jueces saben mejor. Que desaparezca la democracia, que aparezca la justicia popular y electoral. Ya era tiempo. Pobre México. Pobre Nuevo León. Pobre PRI, pobre PAN. Serán responsables de los tiempos descompuestos que se avecinan. Y los jueces también. Pero a los jueces, los pusieron el PRI y el PAN. A nombre de una falsa democracia.