La seguridad nacional y la ley de Seguridad Interior

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El Foro Internacional “La Seguridad Nacional de México: La perspectiva multidimensional y los retos del siglo xxi” que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017 contó con la participación de actores del ámbito político y académico, unos expertos y conocedores de esta área del quehacer nacional, y otras con alguna responsabilidad en distintos ámbitos de la seguridad.
El que suscribe estas líneas, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que al presidir esta comisión lo ha hecho sin una línea o compromiso político, y sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que en esa Comisión debe construirse Patria. Uno de los factores que inciden de forma negativa en la capacidad para fortalecer nuestras instituciones de seguridad nacional e interior proviene, en parte, de sobreestimar factores políticos sobre la propia seguridad del país.
Esta expresión, no es gratuita porque la evidencia muestra que la mezquindad y la poca voluntad política tiene a los ciudadanos y las Fuerzas Armadas de México en la incertidumbre: no se querido aprobar un marco jurídico que regule el actuar de marinos y soldados. Tener una Ley brindarían garantías y certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas. Es complejo comprender cómo puede ser mejor que las Fuerzas Armadas actúen sin un marco jurídico claro, cómo puede ser mejor no tener metodologías que justifiquen su trabajo, tiempos y lugares definidos para que desarrollen las tareas que se les ordenan,  y generar tramos de decisión específicos.  La realidad es que nada hay que comprender, nuestras Fuerzas Armadas continúan en la indefinición porque hay intereses políticos que buscan comprometer su desempeño y la confianza pública que la ciudadanía les tiene. 
Durante once 11 años los gobernadores, diputados y senadores cuando hay algún foro o reunión con las fuerzas castrenses expresan su apoyo, pero al momento de aprobar las leyes los mismo Legisladores no han querido cambiar la situación en materia de seguridad nacional e interior. Algunas voces dicen que ahora, después de años de estar con lo mismo, el calendario no es el más adecuado, algunos ya piensan en dejar pasar esta temática porque “ya empezó el proceso electoral”, sin embargo, este tema debiera ser prioritario más allá de la coyuntura electoral.
 
Se trata de fortalecer nuestras instituciones, de generar patriotismo, de dar un mensaje contundente sobre que los políticos están con los buenos. La situación no es menor ante el grado de desconfianza que existe hacia los políticos, de acuerdo con la Encuesta nacional 2017 elaborada por del Gabinete de Comunicación Estratégica nueve de cada diez personas contestan que no “confiarían las llaves de su casa”, es decir se registra un déficit de confianza ciudadana.
El actuar político deja que desear, por ello es urgente establecer una agenda que trascienda la coyuntura política y que se proponga resolver los problemas reales de una sociedad real. Este nivel de reprobación contrasta con el de las Fuerzas Armadas ya que al preguntarle a los ciudadanos “¿con la presencia del Ejército en las calles usted se sentiría más o menos seguro?” el 62% de ellos contestó “Más seguro”, es decir la sociedad sí confía en nuestras instituciones castrenses mientras que los políticos con bajos niveles de aprobación no son siquiera para darles las leyes necesarias para trabajar mejor y generar certezas.
Un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por ello deben aprobarse leyes que permitan articular las sinergias necesarias para construir una mejor seguridad, y en materia legislativa, se necesita mejorar las leyes de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional. Dar seguridad a los ciudadanos y a la actuación de las fuerzas castrenses, correspondería a los actores políticos. Lo único que piden las Fuerzas Armadas del Legislador es regular con base en el Estado de derecho lo que hacen desde hace once años, eso no es mucho pedir.

El costo de la democracia en México

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El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para el año 2018, según Ciro Murayama, consejero presidente de su Comisión Temporal de Presupuesto “México vivirá la elección más grande de su historia, porque van a concurrir tres elecciones federales y 30 procesos locales”; la suma tendría que ponderarse porque no es menor si se considera que el presupuesto íntegro en 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 69 mil 408 millones; de SEMARNAT 35 mil 978 millones; de CONACYT 26 mil 963 millones y de la SEMAR 26 mil 336 millones. Es decir, el presupuesto del INE para el proceso electoral de 2018 es equiparable a los recursos que se destinan a los gastos de inversión y operación de la Marina Armada de México así como a los salarios de todos los marinos del país en un año.

Indican las autoridades electorales que 18 mil millones serán para gasto operativo del instituto y 6 mil millones para el financiamiento de los partidos políticos. Estas cifras, dicen también,  que es en proporción el mismo que se aplicó en los años 2000, 2006 y 2012 en tanto que instituciones encargadas de regular los comicios electorales empleaban el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); si se sigue esa declaración en futuras elecciones habrá más y más gastos, y sobra decir que no se traducen en mayor confianza para la democracia o en una mejoría en su calidad; habría de señalarse que tal proporción es equívoca: es hasta mediocre argumentar una relación lineal entre gasto público y gasto electoral.

En los últimos años el INE registra una disminución en la confianza pública. Los resultados de una encuesta del periódico Reforma revelaron que el 60% de los ciudadanos consideran que el INE no está preparado para organizar las elecciones federales y el 55% estima que el Instituto es poco independiente respecto al gobierno.  Ha de decirse que en todo caso el INE actúa de ese modo porque la ley así lo establece, aunque poco ha hecho para reducir costos de operación, salarios y otros gastos. Varios de  sus Consejeros pasaron del cubículo y de escribir libros a una responsabilidad nacional, algunos sin ninguna experiencia de mediano nivel en la administración pública, se les nota a la defensiva y sin saber qué hacer.

Tomando otros indicadores como referencia puede analizarse la situación que atraviesa la democracia mexicana; de acuerdo con Latinobarómetro el 49% de los encuestados respondió de manera positiva respecto al apoyo a la democracia: 49% de los encuestados considera que es preferible la democracia a otros sistemas políticos, y para 51 por ciento no es así, este dato es preocupante  para una democracia que se gasta 25 mil millones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló en un foro en la UNAM que el INE tuvo responsabilidad al no diseñar una estrategia adecuada para informar a la ciudadanía sobre temas electorales y las propias atribuciones del INE, pero sí presupuestó en 2017 para su Coordinación de Comunicación Social 68 millones de pesos. Eso se llama incompetencia en cualquier parte. Sería sano que los partidos políticos y los Consejeros acordaran reducir el gasto de los partidos por lo menos en años no electorales, pactar una renuncia en bloque del Consejo del INE, reducir el costo operativo del instituto, y designar Consejeros con capacidad administrativa y operativa, gente sobra,  aunque no salgan en la tele.

Si bien el INE precisa recursos para sufragar los costos por organizar elecciones estatales, federales y fiscalización. Lo cierto es, que en un país con 50 millones de personas en la pobreza, donde se hicieron ajustes a todas las Secretarías de Estado Federales, donde la Secretaría de Hacienda generó un presupuesto base cero para revisar los éxitos que tienen los programas y con esa base asignar recursos, habría que preguntarse sobre la ética pública de solicitar los recursos que pide el INE, así como  la propia ley y los resultados que se tienen. Porque si bien hoy no sabemos quién ganará la próxima elección, podemos estar seguros que 25 mil millones después alguien alzará la voz alegando desconfianza en el actuar del Instituto Nacional Electoral.

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio todos somos México

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las exportaciones totales de México aumentaron en los años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. En 1994 las exportaciones sumaron un total de 29 mil 843.7 millones de dólares hasta llegar a 197 mil 529.1 millones de dólares en el año 2017; de esa última cifra 165 mil 002.3 millones de dólares fueron exportados a Norteamérica y dentro de la región la cifra que se exportó a los Estados Unidos de Norteamérica fue de 159 mil 730.6 millones de dólares, es decir la mayor cantidad de nuestras exportaciones, poco más de 80 por ciento, se efectúan con socios comerciales en la región que cubre el TLCAN.

El Banco Mundial señala que en 1980 México tenía un volumen de exportaciones de 6 mil 338 mdd mientras que en 2015 tiene un volumen de exportaciones de 155 mil 162 mdd por lo que se puede asegurar el éxito económico de este tratado en términos económicos. Hoy México enfrenta una renegociación del TLCAN: desde la perspectiva del Gobierno de E.U.  que encabeza Mr. Donald Trump, resultó ser un tratado “terrible” para esa nación, dice que genera la pérdida de empleos norteamericanos y un déficit de 65 mil millones de dólares entre E.U. y México. La importancia del TLCAN o NAFTA es fundamental porque E.U. es el comprador mayoritario,  porque se exporta a la región más del 80% de las mercancías elaboradas en México, porque genera empleos y porque es un portal de crecimiento importante para nuestro país.

Como todo proyecto hay elementos que deben mejorarse, en especial en aspectos laborales y ambientales, así como en ramas económicas como el transporte, sin embargo los resultados del TLCAN muestran un balance positivo por lo que ahora, en el  momento de las negociaciones es necesario que México muestre una unidad básica dado que el TLCAN reporta mayores beneficios que aspectos negativos. Es momento de apoyar la negoción de la contraparte mexicana, que se integra  por políticos, empresarios y personas conocedoras del tema, para lograr mejores resultados, para reducir los costos de las presiones crecientes de los sectores de E.U., y para administrar el proceso de negociación.

Todos los temas que afectan al país son importantes, sin embargo, es necesaria una mayor verticalidad y una mejor postura de los actores políticos en la negociación del Tratado de Libre Comercio, y esto va desde la responsabilidad en las declaraciones, hasta la unidad política elemental cuando se entablan mesas de negociación con la nación más poderosa del mundo,  que dicho sea de paso se caracteriza por el pragmatismo en la toma de decisiones.  Hoy México no tiene un amigo en la Casa Blanca, tampoco las élites económicas que gobiernan ese país nos ven con buenos ojos, y los intereses de las grandes empresas presionan a la débil estructura decisional en los Estados Unidos.

México ha mostrado respeto, cautela, y conocimiento técnico en cada uno de los temas que se desarrollarán en la negociación, sin embargo, el equipo encargado de esta negociación precisa capacidad, apoyo y fortaleza política en la nación mexicana.  El momento político actual se define por las imprecaciones, los deslindes, las frases imprecisas, la tensión y hasta la falta al respeto más elemental entre los actores políticos. La ruta hacia el 2018 abre líneas de tensión en que pareciera que muchas cosas se subordinan a los lógicas de la política partidista y de los actores involucrados, antes de voltear a ver que nos estamos jugando el futuro tangible, concreto y efectivo del país.

En una negociación hay diversas mesas, una está en la capacidad de articular una estructura política sólida y posicionamientos razonables que muestren fortaleza política e institucional. Los partidos políticos son piezas estratégicas de conducción política nacional, y las diferentes asociaciones y grupos que existen en México también lo son, por ello,  hay que trabajar en construir unidad y confianza, hay cosas que nos toca hacer como actores políticos cuando lo que se negocia consiste en millones de empleos, inversiones y crecimiento económico, hay mucho que hacer cuando en la mesa del Tratado está un mejor futuro posible. 

Hoy todos somos México,  porque nadie, ningún partido y ningún gobierno o actor político va a suplir los empleos, las inversiones, las plataformas productivas y la interrelación con una de las tres regiones económicas más importantes del mundo. El futurismo político no puede realizarse a costo del desarrollo social y económico de millones de personas, por el contrario, la capacidad de nuestra política nacional es lo suficientemente madura para saber que gobierne, quien gobierne, al ciudadanía necesita trabajo, expectativas, desarrollo y paz.

México y Estados Unidos ante el conflicto en Corea del Norte

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En Corea hace años se desarrolla un conflicto que puede tener consecuencias humanitarias no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. El problema central radica en la alta probabilidad de que Corea del Norte disponga de armas nucleares y que pueda utilizarlas, sin conocer o no su desarrollo y eficacia contra los Estados Unidos, país que más allá de las coyunturas de los últimos seis meses es nuestro vecino, es la nación que adquiere el 80 por ciento de nuestras exportaciones, donde viven millones de personas de origen o bien de nacionalidad mexicana, y con el que tenemos una compleja agenda de relaciones bilaterales, las cuales se inscriben en la frontera más grande del mundo.

La historia del conflicto en Corea inició en 1950 cuando en el marco de la bipolaridad los Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se disputaban la hegemonía global. En ese contexto ambas potencias se dividieron Corea, quedando el norte bajo la influencia soviética y el sur bajo la norteamericana. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte con apoyo de la URSS y China invadió el sur. Estados Unidos envió a sus tropas para ayudar y echar atrás la invasión comunista, en dos meses los norteamericanos habían logrado reconquistar la capital del sur, Seúl.

Bajo la amenaza norteamericana de invadir el norte y con ello unificar toda la península, China intervino de forma más directa y lo que parecía una guerra sencilla se convirtió, tres años después, en un escenario  que generó más de tres millones de personas muertas, 100 mil huérfanos, aproximadamente 10 millones de desplazados y una devastación en infraestructura, recursos naturales y cualquier otro medio humano para la vida y la sobrevivencia, fue una tragedia.

El 27 de julio de 1953 las dos partes firman un armisticio como medida para asegurar el cese de hostilidades, tras 60 años Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra, esto explica por qué razón el Ejército de Corea del Norte suma un millón de efectivos, quizá cinco millones en sus reservas y el enorme gasto militar que eroga cada año. Hoy día han crecido las hostilidades en la región, y el eventual uso de alguna arma nuclear contra los E.U. tendría consecuencias inequívocas para México. En estos momentos clave nuestra solidaridad con E.U. es relevante, con independencia a las tensiones de los últimos meses, lo que ocurre en Corea del Norte tiene otro sentido, y representa una amenaza latente y próxima por vecindad con E.U. que sigue siendo el país del mundo con el que tenemos la mayor relación económica, política, ambiental, social, cultural y de seguridad hemisférica. 

El coronel retirado del ejército de E.U. y analista del Centro de Estudios para la Seguridad de la Universidad de Georgetown, David Maxwell señala que “la zona desmilitarizada (aquella que divide a ambas Coreas) es una de las áreas más fuertemente armadas del mundo.”, y que del Ejército de Corea del Norte el “70% de las fuerzas están desplegadas entre Pyongyang y la zona desmilitarizada”; agrega que los actos recientes, donde Corea del Norte ha realizado pruebas nucleares y lanzado misiles han reactivado una zona que tiene mucha tensión; y que si se iniciara una guerra entre E.U. y Corea del Norte, tan sólo en el primer día de combate podría haber 64 mil muertos por los ataques de la nación norcoreana hacia Corea del Sur. Otro analista el profesor Bruce Bechtol del Departamento de Estudios para la Seguridad y la Justicia Criminal de la Universidad de Angelo State, en Texas, E.U., indica que las bajas en la primera semana serían entre 300.000 y 400.000 muertos tanto civiles como militares y quizá unos dos millones de muertos después de tres semanas.

En las últimas semanas el conflicto escaló en declaraciones y movimientos estratégicos en la zona, lo que comenzó con la prueba de un misil de alcance medio por Corea del Norte generó reacciones del Presidente de los E.U., y ahora de China, este país señaló que no intervendrá si Corea del Norte ataca primero pero que no será indiferente si lo hace E.U. y generó un mensaje con conceptos quizá tendentes a la disuasión militar de las partes: mano dura, intereses, riesgo militar, y que no permitirá un cambio de régimen. Así las cosas, los países se alinean para que no haya armas nucleares en Corea del Norte, para que este no inicie un conflicto y a la vez para que E.U. no lo haga tampoco, sin embargo, las presiones estratégicas crecen en China, Rusia y las dos Coreas, los puntos de diálogo son necesarios ante la magnitud de las consecuencias de un conflicto.  

La seguridad Pública Guanajuato y Querétaro

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En el marco de gira de trabajo Ruta Centenario de la Constitución, en que llevamos a diferentes puntos del país un Cortometraje sobre el 100 aniversario de la Ley Fundamental, y se impartirá una conferencia en la materia, estaremos esta semana en los estados de Guanajuato y Querétaro; es conveniente aprovechar las visitas a estos estados para exponer datos sustanciales sobre el estado de la seguridad pública a fin de informar a la ciudadanía y considerar acciones que sirvan al fortalecimiento del Estado de derecho.

La tasa de homicidios en el estado de Querétaro es una de las más bajas del país, en los últimos 17 años osciló entre los 3.03 y los 6.9, que en comparación con otras entidades lo coloca como un referente de seguridad. En términos absolutos equivalen a 139 homicidios dolosos en 2015, 119 en 2016 y 88 en lo que va del año 2017. Junio de 2017 presentó un pico inesperado al registrar 22 homicidios dolosos. El robo de vehículo en Querétaro va a la alza. En el periodo de enero- junio de 2016 se cometieron mil 740 robos de vehículo, mientras que en mismo periodo de 2017 se cometieron 2 mil 763: un incremento del 59 por ciento; este delito se ha colocado ligeramente por debajo del promedio nacional en los últimos meses, inclusive en algunos meses lo ha superado, por ello habría que poner especial atención a este fenómeno pues la incidencia de robos de vehículo contrasta con la ocurrencia de delitos en general.

En Guanajuato, su incidencia delictiva se ubica hace años por encima del promedio nacional, esto se debe en parte al alto índice poblacional (según el censo 2010, Guanajuato es la Sexta entidad más poblada del país), empero a partir del 2014 las cifras de incidencia delictiva escalaron, llegando en 2016 a las 106 mil 265 ocurrencias delictivas: la cifra más alta de la que se tenga registro.

Por otra parte, a partir del año 2009 los datos muestran que Guanajuato empezó a desplazarse hacia una dinámica criminal más intensa. Esta crisis se muestra al analizar el cálculo de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes particularmente a partir del 2009 la tasa muestra una escalada que inició con 4.73 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2009 y pasó a los 16.39 en cinco años, un incremento de más del 250%. A junio de 2017 se cometieron 704 homicidios: un incremento del 39% con respecto al mismo periodo del 2016.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el documento “Incidencia Delictiva del Fuero Común” del año 2017 se tiene un total de 891 mil 747 de denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público; a partir de ese dato, se puede indicar la siguiente información. En Guanajuato se han presentado 57 mil 613 denuncias ante las agencias del Ministerio Público y en Querétaro 25 mil 896 denuncias lo que representa el 6.4% y el 2.9% del total respectivamente durante el 2017. De las 891 mil 747 denuncias nacionales los delitos se dividen de la siguiente manera: 324 mil 244 son robos, 95 mil 068 lesiones, 20 mil 344 homicidios, 113 mil 222 a delitos patrimoniales y 331 mil 833 a otros delitos (entre los que se incluyen amenazas, estupro y otros sexuales por mencionar algunos).

Al considerar estos rubros y analizar los que presenta el estado de Guanajuato, se obtienen las siguientes cifras: en robos hay 19 mil 344 denuncias, lesiones 5 mil 744; homicidios mil 612 casos; delitos patrimoniales 6 mil 187 denuncias y 24 mil 557 en otros delitos. Contrastando ambos universos de análisis, el nacional y el estatal durante el 2017, se obtienen las siguientes ponderaciones: en robos Guanajuato representa el 5.9% del total nacional; en 6.04%; en homicidios el 7.9% total; en delitos patrimoniales representa el 5.4%, y en e rubro de otros delitos el 7.4% del total nacional.

Al ponderar las cifras nacionales que arroja el SESNSP con las aportadas por el estado de Querétaro se tiene que hay: 12  mil 009 denuncias por robo, 2 mil 830 lesiones, 238 homicidios, 4 mil 213 delitos patrimoniales y 6 mil 396 por otros delitos. Estas denuncias representan de acuerdo a las aportadas a nivel nacional los siguientes porcentajes: para robo, en Querétaro se denuncia el 3.70% del total nacional; lesiones representa 2.97%; homicidio el 1.1%; delitos patrimoniales 3.7%, y para otros delitos el 1.9% del total nacional. La seguridad debe seguir siendo una prioridad en ambas entidades y realizar acciones para reducir la escalada de violencia que se registra en país.

Seguridad, Medio ambiente y Clima

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Los estudios en materia de seguridad e inseguridad vertebran círculos académicos y de profesionales en la toma de decisiones. Estos estudios consideran múltiples variables que van de la marginación social al género, pasando por condiciones económicas y por la capacidad para generar riqueza, por sólo  enunciar algunas. Las investigaciones especializadas abordan la problemática de seguridad pública, humana, global y nacional desde perspectivas diversas y sus conclusiones son en múltiples casos divergentes, polémicas y contradictorias.                                        

En este marco de análisis y reflexiones sobre la seguridad pública, en fechas recientes se publicó un estudio de Paul A.M. Van Lange de la Universidad Vrije en Amsterdam,  en que propone un modelo para explicar las razones de la violencia. En esta investigación se explica que el clima es un factor primario que conlleva a la violencia. Bajo esta premisa existirían dos grandes tendencias en la población  en su relación con el tipo de clima.

Paul A.M. Van Lange denomina la primer tendencia “De vida lenta” (slow life de acuerdo con la investigación) en que existe una definición marcada de las estaciones del año y temperaturas bajas, aquí la población está más orientada hacia el futuro y valora de forma preponderante el autocontrol. La segunda tendencia expresada como “De vida rápida” (fast life) se asociaría con climas más calientes, las poblaciones se hallan geográficamente casi siempre cerca del ecuador, y su característica, indica el investigador, es más una propensión hacia actitudes violentas.

Antes de esta investigación, diferentes análisis habían establecido relaciones entre las temporadas de calor con el incremento de ciertos delitos como el homicidio, la violación y la violencia doméstica, fundamentalmente en entornos urbanos. Básicamente se trata de propuestas de corte ambiental, es decir, al entorno cultural, social, y también climático en que viven las personas, donde el incremento de la temperatura actuaría como un ambiente o circunstancia detonadora de ciertas conductas violentas, aunque no la única.

Tal vez los resultados que expone Paul A.M. Van Lange sean debatibles o en su caso la correlación que vincula un fenómeno con el otro sea un tanto novedosa; sin embargo permite plantear un hipótesis especulativa: si como indica el “Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU habrá en el futuro un aumento entre uno y dos grados en la temperatura planetaria lo que tendrá como consecuencia zonas de mayor calor, entonces esto tendría como consecuencia que un mayor número de poblaciones tiendan a respuestas más violentas.

El medio ambiente sería por tanto, además de vida, flora y fauna, pensar en un tema de seguridad dado que los cambios climáticos pueden trastocar ecosistemas, provocar huracanes más fuertes, así como cambios bruscos en las temperaturas. Es decir, se transformaría a las poblaciones y el entorno en que habitan y, de ser cierta la investigación antes citada, tendría como consecuencia un aumento en la violencia ya que las zonas de calor ya no quedarían suscritas a la región ecuatorial sino que se ampliaría a todo el mundo.

El medio ambiente se posiciona en el análisis de la agenda de seguridad y sobre cómo sus cambios tendrán un impacto real sobre las personas y su conducta. Dicho en otros términos el cambio climático además de generar más calor afecta la relación de las personas con el medio en que viven,  lo que supone prepararse para fenómenos meteorológicos inéditos en sus comunidades, responder a la aparición de plagas, insectos y otros seres vivos que no se presentaban en su hábitat, y desde luego al cambio en su medida del tiempo y de las estaciones. La seguridad aparece ligada al cómo vivimos, con qué expectativas, con qué medida del tiempo, y hasta a la temperatura en que las personas y sus familias desarrollan sus actividades.

Nuevo León y su permanente crisis política

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El estado de Nuevo León en el año 2015 vivió un proceso electoral que llevó  a la alternancia en el poder bajo el liderazgo de un candidato que al abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentó ante el electorado como independiente. Los problemas en las finanzas públicas del estado, la percepción y evidencias de corrupción, la inseguridad pública, y otros problemas financieros en los municipios también en materia de déficit público, endeudamiento e inseguridad, son algunos de los contextos en que se generó la contienda electoral.

De ese 7 de junio de 2015 a la fecha las cosas comenzaron a perfilarse en un clima de alta expectativa ciudadana sobre lo que debería hacerse para recuperar económicamente las finanzas públicas, la seguridad y en evidencia un orden institucional que diera certeza al desarrollo futuro de una de las entidades más importantes de la República Mexicana. Por su importancia, Nuevo León requiere gobiernos con la capacidad de ser actores estratégicos para el desarrollo social y humano así como económico, cultural y jurídico, pues es evidente que la fortaleza de las instituciones está asociada directamente con el desarrollo de una sociedad.

Sin embargo, durante 2016 y lo que va de 2017, se han registrado en la entidad una serie de problemas, desencuentros, crisis institucionales, y debates que afectan de forma negativa la posibilidad de lograr acuerdos, de caminar juntos a favor del desarrollo social y humano, y de enfrentar los riesgos y amenazas que se tienen en materia de seguridad pública.  Lo que he venido señalando una y otra vez en los más diversos foros es que Nuevo León precisa consensos, acuerdos, pactos y compromisos comunes para trabajar, para restablecer el orden público, y para brindar certezas y confianza a la economía y con ello a las inversiones que se necesitan para generar más y mejores empleos.

Uno desencuentro reciente que motivó la participación jurídica de actores institucionales, es una reforma electoral donde el Congreso del estado aprobó, sin iniciativa de reforma, la creación de diputaciones plurinominales por lista,  en lugar de que lleguen los candidatos que obtuvieron menos votos que los ganadores. Esta ley se envió para su publicación al Poder Ejecutivo, que en voz del gobernador señaló que la estudiarían y que difícilmente podría publicarse en los tiempos legales para que estuviese vigente y aplicarla en el año 2018, con base en estas declaraciones del Tribunal Electoral de Nuevo León a iniciativa del Congreso del estado, exigió al Gobernador publicar de forma inmediata la Ley; el Gobernador acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia que suspendió la resolución del Tribunal Estatal Electoral que ordenó la publicación de la ley.

Así las cosas, el Gobernador aparece confrontado con el Congreso del estado y con dos partidos políticos de influencia nacional: PRI y PAN; por su parte el Tribunal Estatal Electoral se confronta directamente con el Titular del Poder Ejecutivo; líderes políticos y del Congreso del Estado acusan contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y la lista sigue. La pregunta es si Nuevo León puede  avanzar a la mitad de una crisis política e institucional permanente.

Sin bien se han presentado planes y programas de trabajo con una evidente vocación prospectiva, como son el Plan Estratégico para Nuevo León 2015-2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021,  el problema está en cómo se van a lograr cuando se registran sucesivas diferencias entre los poderes públicos, cuando se asume como gobierno que es el uno contra todos.

Un gobierno no debería salir en la mañana de un día, y de otro también, a decir que tiene razón, sino a lograr que las cosas se logren con la suma del mayor número de actores posible, a tener objetivos claros que puedan compartirse y estrategias comunes para enfrentar los problemas y rezagos. Pareciera que se olvida que la delincuencia también vive en N.L y que se da cuenta de la división.

Finalmente la clase política en general, diputados locales, alcaldes, Organismos Intermedios y ONGs tampoco han estado a la altura de las circunstancias pues en lugar de contribuir de forma propositiva han caído en el juego de la denostación y el desprestigio, un camino que sólo hace daño. Por extraño que parezca, la única voz que ha venido pugnando por encontrar caminos de gobernabilidad y civilidad política ha sido la mía. Tal vez por ser ciudadano o tal vez porque la izquierda progresista empieza a mostrar su real aporte.

Recursos y campañas políticas

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En materia de recursos para los partidos políticos y las campañas básicamente hoy dos grandes modelos en el mundo. Uno de baja regulación que permite la participación de los privados, las empresas y diversos sectores para financiar las campañas políticas. El ejemplo de este modelo es Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de acudir a la Convención Nacional Demócrata el año pasado una de las cosas que más llamó mi atención era que compañías privadas se ostentaran como patrocinadoras de dicho evento.

El otro existente es uno que tiende a regular los recursos en los procesos de elección pública, sobra decir que nuestro país debido a diferentes razones se encuentra en este segundo grupo. Prácticamente cada acto de los procesos electorales está normado, y desde hace por lo menos 20 años se crean nuevas leyes.

Sin embargo, la realidad de las cosas es que existe una percepción y evidencias mayores respecto a que los procesos electorales se mueven desde márgenes en que se busca cumplir la ley para no cumplirla. Las campañas cuestan mucho más de lo que reciben los partidos políticos, el día de la jornada electoral se presentan operativos de compra del voto, y bajo el signo de las libertades políticas diferentes actores hacen campaña año con año, haya o no haya elecciones, ya sea con la excusa de ser Presidentes de un partido o líderes de un movimiento social alimentado con recursos públicos.

Hoy nuevamente el financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos está a debate, el cual gira sobre aspirantes a cargos de elección popular que se promocionan y hacen gastos que no son considerados en la ley electoral, por lo que se presume rompen con el principio de equidad en futuras contiendas. El tema es que estos actores sin ser candidatos, ocupando un cargo público y sin estar vigente el proceso electoral invierten en posicionamientos que van más allá del gasto en comunicación social, es decir, se trata de inversiones para buscar que sectores amplios de la población los conozcan y con ello dispongan de mayores márgenes de  negociación política, lo cual por cierto es ingenuo y no al mismo tiempo.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 242 punto 3 asienta “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”; así las cosas se regulan elecciones con periodos establecidos, empero hay actos que salen del esquema, casos en los que funcionarios públicos o actores políticos que “no están en campaña”, pero se comportan como si estuvieran; por tanto, cabría preguntarse qué regulación aplicaría si se parte del supuesto de que destinan recursos públicos para promover aspiraciones futuras, las cuales son inciertas. Tocaría el turno entonces a las flamantes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que corresponda de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo será por demás complicado ponerles freno, dada la tendencia a que actúen con amplios márgenes de discrecionalidad en este y otros rubros.

En su caso, habría de preguntarse si la autoridad electoral regularía esta materia para evitar que los funcionarios en lugar de trabajar atendiendo sus responsabilidades ocupen cargos y recursos de áreas comunicación social para posicionarse.  También está el caso de que sin destinar recursos públicos, grupos de interés si los destinen para posicionar al actor político en cuestión. Sólo que la pregunta es cómo se podría evitar esto, si existe un régimen de libertades y cada quien puede apoyar a quien quiera más aún sino hay elecciones.

Las respuestas están en las leyes porque en un país con tantas carencias no deberían gastarse miles de millones de pesos cada año en campañas con o sin elecciones, además hay que reconocer que la última reforma electoral aunque trató de ser equitativa terminó por fortalecer a las castas, pues lo únicos que aparecen en los medios son los que tienen un puesto público, coartando la libertad de ser votados para el resto ante la imposibilidad de generar conocimiento ante la opinión pública. Pero la respuesta sustancial está en la ética política, materia casi olvidada ante la creencia de que en política todo se vale, sólo que eso no es política.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Hacia un Gobierno de Coalición

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En Europa existen  gobiernos de coalición entre izquierda y derecha, si bien los sistemas políticos son de orden parlamentario, y en varios de los casos con monarquías constitucionales,  sus élites políticas han encontrado fórmulas para construir gobiernos en que la unidad surge de la racionalidad política, y aún de principios ideológicos en que izquierda, centro  y derechas moderadas se unen en ciertas coyunturas para formar un gobierno de coalición en el Parlamento.

También se presentan coaliciones bajo la fórmula de balotaje, esto es una segunda vuelta electoral para cargos públicos en el poder ejecutivo o bien para los Parlamentos. Básicamente consiste en que para llegar a un cargo público  es necesario obtener una mayoría de los votos emitidos que le de representatividad y legitimidad a los gobiernos, fórmulas que varían por porcentajes sobre el total de votos emitidos o bien por una diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar o las dos cosas, sin desestimar otras combinaciones existentes. En el caso de América Latina algunos países con sistemas presidencialistas  han introducido esta fórmula para darle mayor legitimidad al Poder Ejecutivo.

En suma, los gobiernos de coalición existen, son posibles y han dado en algunos casos resultados, con independencia a si el cargo de Presidente de la República es de un partido y el cargo de Primer Ministro es de otro partido, a lo que se le denomina cohabitación; sin embargo, debe subrayarse que se trata de un orden político parlamentario, donde el poder Ejecutivo se divide en Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y donde el Parlamento elige al jefe de Gobierno o Primer Ministro mediante precisamente una coalición que es mayoritaria. O bien se trata de sistemas semi-presidencial.

No se pide en una coalición política que los involucrados piensen lo mismo, ni que renuncien a sus ideologías, en cambio se pide unidad en objetivos comunes. En algún sentido, una fórmula básica para una coalición radica en la pregunta “qué tanto estamos dispuestos a ceder”, más todavía cuando se trata de enfrentar problemáticas de envergadura, posiciones políticas que cuestionan el propio orden democrático o elaborar un programa de gobierno viable.

En el caso de las coaliciones electorales, México tiene fórmulas para realizarlas, desde parciales hasta totales, así como un aleccionador compendio de coaliciones electorales a lo largo de su historia.  Sin embargo hoy se habla en un sentido distinto de coalición, por un lado unos se refieren a un sistema presidencial de mayoría absoluta con doble vuelta -semi-presidencial-; otros un sistema parlamentario donde los partidos políticos representados en el Legislativo se ponen de acuerdo en un Programa de Gobierno y eligen un Primer Ministro. Suponer un régimen parlamentario en México, implicaría crear la figura de Primer Ministro o algo parecido, toda vez que orgánicamente debe tener sentido formar una coalición en el Poder Legislativo, que por supuesto debe trascender el repartir los cargos del gabinete.

Por otra parte se habla de realizar una segunda vuelta electoral como vía de una coalición en el gobierno, pero eso requiere un cambio de régimen y que se establezca que si el ganador no obtiene el 50 por ciento de los votos entonces se transite a una segunda vuelta electoral, por tanto se perfila una estructura semi-presidencial, por lo menos. Ha de decirse que al considerar los tiempos electorales establecidos por la ley, es complicado abrir una nueva fórmula de votación para la elección de Presidente de la República por segunda vuelta. Debe considerarse que la experiencia muestra que en América Latina las fórmulas de segunda vuelta electoral no se han traducido de manera lineal en gobiernos con mayores consensos.

Es posible, aunque quizá no en un momento mediato, avanzar hacia un cambio de régimen que asegure la representación del Parlamento, del Presidente y genere una nueva figura constitucional donde la representación del Estado y el ejercicio de gobierno recaigan en figuras distintas. En otros términos sería dejar atrás el Sistema Político Presidencialista; empero, será por demás complejo, dados los tiempos legales, realizar una reforma a la estructura política nacional.

Si en cambio lo que se busca es un Convenio de Coalición electoral, entre los Partidos Políticos para alcanzar la Presidencia de la República en 2018, entonces el tema es otro, toda vez que la ley actual dispone de los medios para que esto ocurra, empero, la construcción de esta coalición -o alianza como la denominaron en el año- reclama: condiciones al interior de los partidos para ir en unidad a una elección: alguno deberá aceptar que el candidato sea de otro partido; y el partido que logre poner el candidato habría de aceptar que elegirá el que mayor confianza le genere a su aliado electoral y no el que quiera. Un asunto que podría unir a izquierda y derecha en la próxima elección Presidencial sería generar un cambio de régimen político con un sistema coalición en el Gobierno. México podría avanzar bajo un orden político de este tipo. El bien del país es siempre algo que puede unir la diversidad.