La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su visto bueno a la nueva Ley Electoral de Nuevo León, por lo que tendrá validez en las elecciones del 2018.

El ministro Ramón Cossío presentó ante el pleno la petición de inconstitucionalidad que promovieron por separado los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, así como la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Luego de la discusión, con seis votos en contra y dos a favor, fue desechado el proyecto, ya que se requerían ocho votos a favor para invalidar la ley.

Esta reforma fue aprobada en el Congreso Local el 29 de junio, generando la inconformidad de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el Gobierno del Estado.

En la sesión se ausentaron los magistrados Luis María Aguilar, presidente, Tomás Medina Mora y Alberto Pérez, por lo que Cossío, quien fungió como presidente, solicitó al pleno se retornara el tema.

La ministra Margarita Luna votó en contra basándose en el precedente 13/2001, en el cual la Suprema Corte estableció que “la obligatoriedad de las normas ocurre en dos momentos, uno al publicarse en el periódico oficial y otro en que la propia ley lo disponga. Por ese solo hecho adquiere obligatoriedad por imperio constitucional”.

Aunque Luna se dijo en desacuerdo con ese criterio e invitó a cambiarlo, consideró que se debía seguir el precedente para dar certeza jurídica al proceso electoral.

Además encontró extemporánea la acción de inconstitucionalidad, ya que dijo esta fue promovida cuando el pleno se encontraba en receso.

Luego de realizada la votación, el ministro Fernando Franco indicó que “el pleno esta desintegrado y faltan tres ministros que podrían definir una mayoría que me parece que por la importancia del asunto valdría la pena esperar”.

Sin embargo su petición igualmente fue desechada y se definió que el año electoral empezará, para Nuevo León, en Noviembre próximo como establece la ley vigente.

En esta resolución sólo se definió la ley en lo general, queda pendiente definir la validez de los diputados plurinominales, los límites de los candidatos independientes, el proceso de reelección y la paridad horizontal.