Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

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En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

La SCJN aprueba diputados plurinominales en Nuevo León

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su visto bueno a la nueva Ley Electoral de Nuevo León, por lo que tendrá validez en las elecciones del 2018.

El ministro Ramón Cossío presentó ante el pleno la petición de inconstitucionalidad que promovieron por separado los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, así como la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Luego de la discusión, con seis votos en contra y dos a favor, fue desechado el proyecto, ya que se requerían ocho votos a favor para invalidar la ley.

Esta reforma fue aprobada en el Congreso Local el 29 de junio, generando la inconformidad de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el Gobierno del Estado.

En la sesión se ausentaron los magistrados Luis María Aguilar, presidente, Tomás Medina Mora y Alberto Pérez, por lo que Cossío, quien fungió como presidente, solicitó al pleno se retornara el tema.

La ministra Margarita Luna votó en contra basándose en el precedente 13/2001, en el cual la Suprema Corte estableció que “la obligatoriedad de las normas ocurre en dos momentos, uno al publicarse en el periódico oficial y otro en que la propia ley lo disponga. Por ese solo hecho adquiere obligatoriedad por imperio constitucional”.

Aunque Luna se dijo en desacuerdo con ese criterio e invitó a cambiarlo, consideró que se debía seguir el precedente para dar certeza jurídica al proceso electoral.

Además encontró extemporánea la acción de inconstitucionalidad, ya que dijo esta fue promovida cuando el pleno se encontraba en receso.

Luego de realizada la votación, el ministro Fernando Franco indicó que “el pleno esta desintegrado y faltan tres ministros que podrían definir una mayoría que me parece que por la importancia del asunto valdría la pena esperar”.

Sin embargo su petición igualmente fue desechada y se definió que el año electoral empezará, para Nuevo León, en Noviembre próximo como establece la ley vigente.

En esta resolución sólo se definió la ley en lo general, queda pendiente definir la validez de los diputados plurinominales, los límites de los candidatos independientes, el proceso de reelección y la paridad horizontal.