Empresa que se encuentra en la lista negra del Banco Mundial hace negocios con el gobierno federal y 14 estados.

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Para la empresa De Lorenzo Of America Corp, filial de la italiana De Lorenzo Engineering, el haber sido incluida, en la lista de empresas con prácticas fraudulentas del Banco Mundial (BM) no ha sido un impedimento para hacer negocios con el gobierno federal, y con gobiernos estatales.

En los últimos cinco años, la empresa ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos (maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didactas, etc.) a dependencias, como la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN y los gobiernos de los 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos entidades con las que han todos los contratos más altos.

Una revisión a la base de datos de contratos de sistema Compranet, a través de la página Contratobook, muestra que desde mayo de 2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.

La sanción impuesta por el BM no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

De Lorenzo no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco Mundial pero si es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y estados tras la acusación.

En una revisión a las 231 empresas boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno estatal, aunque presuntamente forman parte de lavado de dinero.

(Con información de Animal Político)

El secreto de Antúnez: Los beneficios de la impunidad

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El próximo 19 de marzo se cumplen 6 años del lamentable enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en el cual murieron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Hasta el día de hoy, y a pesar de la exigencia de la sociedad civil regiomontana y del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, los hechos no han sido esclarecidos.

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública…

Fue el mismísimo actual Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien en ese entonces era comandante de la Séptima Zona Militar ubicada en el municipio de Escobedo, que redacto un informe con fecha de 5 de abril de 2010, con atención “a la superioridad” y con folio 08739.

En el documento al cual Mexicoleaks y el medio de comunicación Proceso tuvieron acceso, el General Antúnez comenta que en la noche del 19 de marzo de ese año, varios individuos en una camioneta tipo Yukón dispararon contra las fuerzas militares en las inmediaciones del Tec de Monterrey sobre la Av. Eugenio Garza Sada, adicionalmente a esto Antúnez escribió, “Descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”.

En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos.

Aunque desde el 20 de marzo del 2010 se había informado que las dos personas abatidas durante el enfrentamiento eran estudiantes del la institución educativa y no miembros del crimen organizado, e incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa enviaron condolencias a las familias de los dos jóvenes a través de un comunicado, el General Antúnez siguió defendiendo la versión de que los dos estudiantes de excelencia habían agredido a los militares.

A 10 días del enfrentamiento el ombudsman nacional, Raúl Pascencia Villanueva, abrió la queja CNDH/2/2010/1508/Q por la muerte de los dos jóvenes estudiantes. En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos. Adicional a esto, el ombudsman solicitó que se limpiara el nombre de Javier y Jorge puesto que no eran miembros de la delincuencia organizada como lo había manejado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública. Tal parece como si fuera un regalo tras tal irresponsabilidad del militar, esos son los beneficios de la impunidad.

#TodosSomosJorgeyJavier

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