Capturar la justicia, debilitar la democracia

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La reforma judicial de 2024 no es una simple reorganización del Poder Judicial. Es una transformación radical que altera la naturaleza misma de la justicia en México. En nombre de una supuesta “democratización”, lo que se ha aprobado es una reingeniería institucional que cambia las reglas de origen del sistema judicial, lo deja vulnerable al poder político y reduce su función de contrapeso a la voluntad popular coyuntural.

Su esencia está en subordinar al Poder Judicial mediante cinco mecanismos clave. El primero, y más visible, es la instauración del voto popular para elegir a jueces, magistrados, y ministros. Esta medida rompe con el modelo de carrera judicial y convierte los nombramientos en contiendas electorales, en las que el mérito y la experiencia pesan menos que la capacidad de hacer campaña. El segundo es la creación de órganos sancionadores como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para investigar y castigar a juzgadores, pero sin salvaguardas claras ni controles internos efectivos. En tercer lugar, se observa una preocupante falta de transparencia: los procesos se diseñaron sin deliberación técnica, sin estudios de impacto, y con reglas opacas tanto para candidaturas como para sanciones.

A ello se suma, en cuarto lugar, una creciente politización de la justicia. Al someter al Poder Judicial a dinámicas electorales y a estructuras de vigilancia sin contrapesos, se incentiva la alineación ideológica y la dependencia de respaldos políticos. La judicatura deja de ser un espacio técnico y se convierte en un campo de representación, donde se responde más al voto que a la Constitución. Finalmente, el quinto impacto es la ruptura del principio de imparcialidad. En este nuevo diseño, juzgar deja de ser un ejercicio sereno y técnico-jurídico, y se convierte en una función condicionada por el temor a sanciones políticas, por la necesidad de agradar al electorado, o por la búsqueda de permanencia. Así, la justicia pierde su columna vertebral: la autonomía para decidir, incluso cuando eso incomoda al poder.

Este debilitamiento estructural no solo pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones judiciales: compromete directamente la garantía de los derechos humanos. Si el sistema de justicia deja de ser imparcial, quienes más lo necesitan pierden su principal vía de defensa. Un juez que actúa condicionado por intereses externos no puede garantizar el derecho a un juicio justo, ni la protección efectiva de los derechos fundamentales. La captura de la justicia es también, en el fondo, una forma de debilitar la democracia.

Bajo el argumento de acercar la justicia al pueblo, lo que se ejecuta es una captura institucional. La independencia judicial, requisito básico en cualquier Estado de derecho, se pone en entredicho al someter a las personas juzgadoras al juicio del voto popular. Un juez que debe hacer campaña para llegar al cargo es un juez condicionado por intereses, simpatías y clientelas. La autoridad moral y técnica que exige la judicatura se sustituye por la lógica de la representación. En lugar de impartir justicia desde la imparcialidad, se les pide que representen intereses o ideologías. Y eso no es justicia: es populismo judicial.

Peor aún, este rediseño se dio sin deliberación pública real, sin procesos de consulta transparentes, sin estudios de impacto técnico, y con tiempos legislativos “fast-track” que impidieron cualquier análisis serio. La reforma judicial, más que una corrección democrática, representa un caso ejemplar de cómo se puede utilizar la Constitución como un arma: un texto que debiera proteger los derechos se convierte en instrumento de poder. Un acto de desmembramiento institucional disfrazado de reforma.

No es abstracto: es personal.

A veces se habla de la independencia judicial como si fuera una preocupación de élites o una discusión técnica lejana. No lo es. Es un asunto que nos afecta a todas las personas, todos los días.

La justicia está presente desde el momento en que alguien sufre un robo y necesita que se investigue con seriedad. Pero también cuando eres acusado de un delito que no cometiste y esperas que un juez escuche tu versión sin prejuicios. Es lo que define si te pueden desalojar de tu casa sin notificación legal, si un rentero puede quedarse con tu depósito injustificadamente, o si una empresa puede incumplir un contrato sin consecuencias.

La justicia está presente desde el momento en que alguien es víctima de un delito y necesita que se investigue con seriedad. Pero también cuando te acusan sin fundamento y esperas que alguien te escuche sin prejuicios. Es lo que define si puedes divorciarte sin trámites eternos o violencia institucional, si puedes quedarte con la custodia de tus hijos, si tu herencia será respetada, si una deuda fue mal calculada, si el SAT te embargó con razón o sin ella, si una compraventa tuvo vicios ocultos, si puedes exigirle al seguro que te pague tras un accidente, o si la pensión alimenticia de tus hijos llega a tiempo.

Es la justicia la que determina si un acto de autoridad fue conforme a derecho, si tu rentero puede echarte sin causa, o si tu banco puede cobrarte una comisión no prevista. Lejos de ser un lujo técnico o un debate lejano, la justicia es ese mecanismo que organiza la vida cotidiana con reglas claras y consecuencias justas. Cada vez que alguien acude a un juzgado esperando imparcialidad, se pone a prueba el sistema. Y si ese sistema ha sido politizado, si sus operadores responden a cuotas o lealtades, la justicia deja de ser garantía y se vuelve moneda de cambio.

Por supuesto que el Poder Judicial que teníamos no era perfecto. Es una institución perfectible, con áreas de mejora evidentes: ha sido percibido como distante, con procesos lentos, y no siempre accesible para todas las personas. Pero esta reforma no corrige esos vicios: los agrava y los muta. No se trata de una mejora estructural ni de una renovación de fondo. Se trata, más bien, de un reemplazo desordenado que está atrayendo a perfiles sin experiencia, a personas sin vocación judicial y con claras ambiciones de poder, y a profesionistas que, ante el miedo de perder su carrera en la judicatura, se ven forzados a participar en un proceso que no eligieron y que no garantiza ni continuidad institucional ni excelencia profesional.

Se corre el riesgo de que lleguen a las posiciones más delicadas del sistema de justicia personas sin herramientas técnicas ni jurídicas para ejercer esa función. Porque juzgar no es simplemente opinar: es realizar uno de los ejercicios más complejos que puede delegar un Estado. Requiere método, formación, rigor, y una ética que no nace en campaña. Lo que está en juego no es solo la integridad del sistema judicial, sino la vida concreta de millones de personas que alguna vez dependerán de una sentencia bien fundada.

Una reforma que debilita al Poder Judicial no solo afecta a los jueces. Nos afecta a todas las personas que, alguna vez en la vida, por voluntad o por necesidad, tendremos que acudir a él para defender nuestros derechos, nuestra familia o nuestro patrimonio.

Entre el hartazgo y la ausencia

Muchos han optado por la abstención como forma de rechazo. Es comprensible. Pero me inquieta que la única forma visible de disentir sea desaparecer. En un país donde históricamente se ha excluido a las mayorías de la conversación pública, ausentarse, aunque sea por razones legítimas, corre el riesgo de ser leído como indiferencia.

Disentir no debería significar hacerse a un lado. También se puede disentir estando ahí. Anular el voto, por ejemplo, no es resignación: es testimonio. Es una forma de ocupar el espacio sin avalarlo. De decir “no estoy de acuerdo” de forma explícita.

Me duele la reforma, y me duele no poder marcar una boleta para decir que no. No puedo votar desde donde estoy, pero sí puedo decir esto: ojalá más personas se atrevan a estar presente y explícitamente en contra. Incluso cuando el proceso esté torcido. O precisamente justo por eso.

Yo sí quiero creer en las instituciones

Puedo pecar de ignorante o idealista, pero yo sí quiero creer en las instituciones. No quiero una democracia sin ellas. Quiero instituciones que resistan al poder, no que se acomoden a él. Y eso solo es posible si dejamos de ser una ciudadanía dócil, complaciente, fácil de ignorar.

La democracia no se construye únicamente con votos favorables, sino con voces críticas. No se sostiene solo con quienes aplauden, sino con quienes vigilan. No se transforma desde la ausencia, sino desde la exigencia.

Sí, el proceso está mal diseñado. Sí, hay simulación. Pero el poder también se alimenta del silencio. Por eso necesitamos hacernos presentes. No necesariamente para legitimar lo que está ocurriendo, sino para incomodarlo.

Esta no es una elección más

Esta elección no resolverá los problemas de la justicia en México. Pero sí puede mostrar hasta qué punto hemos normalizado que las instituciones se usen para consolidar el poder en vez de limitarlo. La anulación del voto, pública, crítica, razonada, puede ser una forma de rechazar el juego sin abandonar el tablero.

No me interesa idealizar el voto, ni romantizar su impacto. Pero sí me importa que el mensaje no sea la resignación. Porque lo que está en juego no es solo quién juzga, sino si aún tenemos algo que decir sobre la justicia.

Debemos ser una ciudadanía incómoda al poder

La verdadera democracia no necesita gente agradecida. Necesita gente exigente. Ciudadanía que estorbe, que observe, que incomode. Porque sólo desde esa incomodidad se puede corregir el rumbo.

Ojalá quienes sí pueden votar, lo hagan. No por entusiasmo, sino por responsabilidad. No para legitimar, sino para expresar. Que llenen la boleta con un “no”, con una consigna, con un reclamo. Pero que estén.

Porque el poder quiere una ciudadanía dócil. Y lo que necesitamos hoy, más que nunca, es una ciudadanía incómoda al poder.

El nuevo reto judicial

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Por primera vez, la ciudadanía podrá votar directamente para definir quiénes integrarán los juzgados y tribunales del país. Se trata de un momento que implica grandes retos, pero también una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.

Durante años, el acceso a la impartición de justicia ha estado reservado a quienes han recorrido una carrera larga, rigurosa y muchas veces silenciosa. Esa trayectoria no debe minimizarse. La formación jurídica, la experiencia, el conocimiento técnico y la ética profesional, deben seguir siendo el fundamento principal de quienes imparten justicia.

Pero ahora se suma una nueva dimensión: la confianza social. No para sustituir los méritos, sino para complementarlos. La legitimidad judicial, hoy más que nunca, se construye en el equilibrio entre la preparación sólida y la conexión con las exigencias de una ciudadanía que espera instituciones cercanas, transparentes y eficaces.

Este proceso ha generado críticas, y muchas de ellas son válidas. Cambiar las reglas en un poder que históricamente se ha mantenido al margen del debate público genera incertidumbre. Pero ante ese escenario, la respuesta no puede ser la indiferencia. Debemos asumir con responsabilidad este nuevo modelo y participar activamente en él. Porque si de algo depende su éxito, es de que las mejores mujeres y los mejores hombres lleguen a ocupar estos espacios.

No basta con tener buenas leyes. Necesitamos buenas personas aplicándolas. Personas que sepan decidir en contextos complejos, que escuchen, que argumenten, que resuelvan. Personas juzgadoras con vocación, con carácter, con claridad y con gran sentido humano.

Quienes hemos trabajado en la justicia sabemos lo que implica una resolución. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia, un derecho, una vida. Por eso es tan importante que esta elección sirva para consolidar perfiles con integridad y compromiso real con el país.

Esta es una gran oportunidad para abrir el Poder Judicial a la participación democrática sin renunciar a su rigor. Para renovar la confianza sin debilitar la técnica. Para recordar que la justicia debe sostenerse sobre principios firmes y no sobre intereses subjetivos.

Y eso empieza por no olvidar nunca, lo más importante: que las personas juzgadoras deben ejercer su cargo sin presiones, sin manipulaciones, con justicia.

Noroña reconoce presencia de abogados ligados al narco entre aspirantes al Poder Judicial

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Gerardo Noroña, presidente del Senado, reconoció errores en la selección de aspirantes al Poder Judicial. Confirmó que perfiles ligados al crimen organizado y otros casos polémicos pasaron los filtros de evaluación.

Algunos candidatos defendieron a narcotraficantes o respaldaron públicamente a líderes religiosos condenados. A pesar de eso, se les permitió seguir en el proceso. Noroña pidió cancelar esas candidaturas antes de la elección.

Responsabilizó al Comité de Evaluación del Poder Judicial, aunque admitió que el Senado asumió la revisión tras la suspensión del proceso. Afirmó que el INE puede aún retirar a quienes no cumplan con el requisito de probidad.

Organizaciones como Defensorxs exhibieron a varios aspirantes con antecedentes graves, incluidos vínculos con narcotráfico, corrupción y abuso. Aun así, el Tribunal Electoral no ha hecho cambios en las listas ni en la papelería electoral.

Entre cuotas y cuates: arrancaron las campañas del Poder Judicial

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El 30 de marzo iniciaron las campañas electorales para el Poder Judicial, 3,422 personas compitiendo por: nueve cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF; 464 magistraturas de circuito y 386 personas jueces de distrito. Es decir, 881 cargos. 

Si bien podría dedicar páginas enteras a cada una de las irregularidades del proceso desde que este inició, en esta columna me centraré en dos aspectos que han sido particularmente notorios en el inicio de las campañas: El flagrante nepotismo y la presencia de candidatos afines al régimen, y por otro lado, la superficialidad de algunas campañas. 

Primero, es paradójico que, pese a los reiterados pronunciamientos de la Presidenta en contra del nepotismo en candidaturas, en la elección del Poder Judicial, los líderes de Morena volvieron a aplicar la misma receta y permitieron la participación de hijos, parientes y personas afines a la cúpula de su partido. 

Ejemplo de lo anterior, es la candidatura de la hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, y su sobrino, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Otros más, como Lenia Batres, quien busca repetir como ministra y es hermana del ex jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres. Por supuesto, también quiere repetir la que plagió su tesis, Yasmín Esquivel. Bernardo Batiz, otro afín obradorista, y María Estela Ríos, consejera jurídica del ex Presidente López Obrador, y así podríamos nombrar a muchísimas personas que pretenden poner al poder judicial al servicio del régimen. 

Aunque estas personas se encuentran en su derecho de postularse, ignoraron por completo una supuesta “máxima” del Obradorismo: Si no es ilegal, es inmoral. 

Por otro lado, es decepcionante ver cómo se transforma la credibilidad de este proceso en un circo disfrazado de democracia. La campaña de algunas candidatas y candidatos roza lo ridículo: desde figuras que adoptan apodos como “Dora la Transformadora”, haciendo alusión a la caricatura “Dora la Exploradora” sí, no es broma… hasta un candidato que, preparando un “durito”, hace alusión a que él está igual de preparado que ese “chicharrón”. 

Estos ejemplos no hacen más que evidenciar la superficialidad de un proceso que, en teoría, debería regirse por principios de seriedad, compromiso y profesionalismo.

Nos esperan todavía más de 55 días de insensateces que, a dos meses de la elección, se puede pronosticar una participación nula y no es para menos: el desinterés generalizado ante una contienda que, en realidad, nadie pidió, es el síntoma de un desencanto que ya se empieza a vislumbrar en un panorama electoral invadido por cuotas y cuates.

Ministras de la 4T arrancan campaña por la Presidencia de la SCJN

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Un total de 3 mil 422 candidatos federales comenzaron este domingo la inédita campaña para la primera elección popular del Poder Judicial, el 1 de junio, cuando casi 100 millones de votantes pueden escoger 881 cargos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las actuales ministras de la SCJN, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines al Gobierno, arrancaron su campaña en la Ciudad de México y el Estado de México para buscar la mayor cantidad de votos y ser la primera presidenta electa de la Suprema Corte.

“Gracias por acompañarme en el inicio de esta campaña histórica, por primera vez en la historia de México se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial federal y local, es una fecha trascendente”, declaró Ortiz en su primer evento, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las tres ministras actuales de la Corte, propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), defendieron la reforma constitucional al Poder Judicial que promulgó el exmandatario en septiembre con el respaldo de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum.

“Si sale bien esta elección, y va a salir bien porque ustedes van a ir a votar, la decisión está en sus manos, vamos a tener un Poder Judicial que va a ser la envidia de todos los países”, expuso Ortiz, una fundadora del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ortiz, exdiputada federal (2012-2015) por Morena y el Partido del Trabajo (PT), aliado del actual Gobierno, prometió priorizar los derechos laborales y energéticos, los “intereses de México” ante los extranjeros, y la perspectiva de género.

“Yo quiero ser ministra de la Suprema Corte porque les quiero servir a ustedes, al pueblo de México, todos somos pueblo de México”, manifestó. “Además de ser mujer, (soy) mujer justa porque veo por las causas justas, no es nada más aplicar la ley técnicamente”, reivindicó.

 

La elección popular de jueces en México: lecciones de Bolivia y un debate abierto

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Hace trece años Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en el que los jueces son elegidos en votación popular. En estos momentos, México aprobó una reforma en el mismo sentido. Ambos sistemas comparten la idea de democratizar la elección de jueces, pero Bolivia ya ha implementado el modelo con resultados cuestionables, mientras que en México la reforma es aún un debate abierto, con preocupación en algunos sectores sobre la independencia judicial y los riesgos de politización.

A continuación se ofrece una comparación entre ambos modelos.

Contexto político y legal

Bolivia:

– En 2011 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el Gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites.

– Los magistrados de tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, son elegidos directamente por el voto ciudadano.

México:

– La reforma de México -aprobada ya en el Parlamento y la mayoría de los 32 estados-  busca que los jueces federales, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por votación popular, lo que sería un cambio radical en un sistema en el que tradicionalmente jueces y magistrados son designados por el Consejo de la Judicatura, y el presidente nomina a los integrantes de los máximos tribunales ante el Senado.

– La reforma es impulsada por sectores que buscan reducir la influencia política y presidencial sobre el poder judicial.

Proceso de elección

Bolivia:

– Los candidatos a jueces y magistrados son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone listas de candidatos basadas en criterios de mérito y experiencia. Estas listas son luego sometidas a votación popular.

– La elección es universal y no se requiere formación jurídica para participar como votante, aunque la campaña política está estrictamente limitada, lo que restringe la publicidad y la proyección mediática de los candidatos.

México:

– La reforma en México elimina la llamada carrera judicial y establece que los candidatos propuestos por los tres poderes sean elegidos directamente por el voto popular. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad, en 2027.

– Se espera que, de aprobarse, la reforma incluya una preselección de candidatos por parte de algún órgano judicial o legislativo antes de someter a los candidatos a votación pública

Transparencia y legitimidad

Bolivia:

– El sistema boliviano ha sido criticado por la falta de independencia, ya que la preselección de los candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, controlada generalmente por el partido mayoritario, lo que introduce un sesgo político.

– La baja participación en las elecciones judiciales (con un alto porcentaje de votos nulos y blancos) ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.

México:

– La reforma en México plantea dudas similares sobre la independencia judicial, ya que si los candidatos son seleccionados previamente por instancias políticas, podría comprometer la imparcialidad del proceso.

– Además, la reforma ha generado debate sobre si los jueces electos por voto popular serán menos técnicos y más susceptibles a presiones políticas y populistas.

Objetivos y argumentos

Bolivia:

– El objetivo declarado es democratizar el sistema judicial y permitir que los ciudadanos tengan una voz directa en la elección de los magistrados, combatiendo así la corrupción y los intereses de las élites.

– Sin embargo, los críticos argumentan que el proceso no ha mejorado significativamente la administración de justicia ni ha reducido la influencia política en los tribunales.

México:

– Los defensores de la reforma en México argumentan que la elección popular de jueces fortalecería la independencia judicial, al reducir la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos, y combatiría el nepotismo que consideran que se ha instalado en su seno.

– Los opositores temen que la reforma politice aún más la justicia y que los jueces, al ser electos, puedan inclinarse hacia posiciones populistas en lugar de interpretar la ley de manera imparcial, y algunos sectores incluso advierten del riesgo de penetración del crimen organizado.

Impacto en el sistema judicial

Bolivia:

– La implementación del voto popular ha resultado en un sistema judicial que sigue enfrentando críticas por su ineficiencia y falta de independencia.

– La elección de jueces mediante el voto popular no ha resuelto los problemas crónicos de corrupción ni la percepción pública negativa hacia el sistema de justicia en Bolivia.

México:

– El impacto aún es incierto, pero los críticos advierten de que la elección directa de los jueces podría llevar a una mayor politización del sistema judicial, e incluso podría afectar a la certidumbre jurídica, necesaria para garantizar las inversiones extranjeras.

– Si se aprueba, la reforma podría cambiar la naturaleza de la justicia en México, influyendo en cómo los magistrados interpretan la Constitución y las leyes, dependiendo de las dinámicas electorales. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial podría actuar contra los jueces cuyos fallos no fuesen del agrado del Ejecutivo.

Participación ciudadana

Bolivia:

– La participación en las elecciones judiciales ha sido históricamente baja. A pesar de que en Bolivia el voto es obligatorio, muchos ciudadanos optan por anular su voto o emitirlo en blanco, lo cual evidencia una desconfianza general hacia el sistema

México:

– Se espera que la participación ciudadana sea un tema central. Los críticos señalan que la complejidad de los temas judiciales, con más de mil 600 vacantes y al menos seis candidatos por cada una de ellas, pueda dificultar una elección informada por parte de la ciudadanía.

(Fuente: EFE)

Septiembre de incertidumbre

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“Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.” — Un epigrama de Jean-Baptiste Alphonse Karr en la publicación de enero de 1849 de su diario Les Guêpes (“Las avispas”).

Me había propuesto que estas publicaciones pudieran funcionar más allá de la coyuntura en que se lean, es decir, hablar de ideas y no de noticias. Sin embargo, hoy es necesario abordar un tema coyuntural que será el marco teórico para entender lo que sucederá en las próximas décadas en nuestro país.

Lo que ocurra durante septiembre de 2024 promete marcar el rumbo de la nación. Y no, no me refiero a las últimas semanas de La Casa de los Famosos. Es sorprendente lo poco mediático que ha sido el tema de la transición presidencial, en la cual, durante un mes, coinciden la nueva legislatura y los últimos días del actual presidente. Para sorpresa de nadie, resulta más cómodo ver 24 horas de un reality show que tomar conciencia de la compleja realidad que vive y vivirá nuestro país.

La nueva legislatura que entra en funciones este mes trae consigo una reconfiguración del poder digna de los giros más dramáticos de cualquier guion televisivo. La coalición Morena-PT-Partido Verde no solo ha asegurado la mayoría en ambas cámaras, sino que ha alcanzado la codiciada mayoría calificada. En términos prácticos, esto significa que tienen los votos suficientes para modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.

Este “Congreso oficialista” llega en el momento más oportuno para el presidente López Obrador, quien se encuentra en la recta final de su sexenio. Con apenas un mes por delante, AMLO tiene la oportunidad de consolidar su legado a través de una serie de reformas que podrían aprobarse de manera “fast track”.

Este último tema ha sido especialmente polémico para quienes han seguido de cerca las elecciones de los últimos meses. Existe un término político llamado “sobrerrepresentación”, que ocurre cuando un partido obtiene, en función del mecanismo electoral correspondiente, un porcentaje de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitido por ley. Sin embargo, esta limitante dejó de aplicarse para las coaliciones a principios de este milenio. La coalición que impulsó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 59.7% de los votos en las elecciones presidenciales, y hoy cuenta con 373 diputados (el 74.6% de la Cámara de Diputados), quedándose solo a un curul de la mayoría calificada. De manera similar, alcanzan 83 escaños en el Senado, de los 128 disponibles.

A partir de esta semana y hasta el último día de su mandato, el presidente tiene la oportunidad de impulsar una cantidad considerable de iniciativas, pero sobre todo retomar aquellas que no lograron convencer al Congreso en su momento.

Entre las iniciativas que más resuenan está la polémica reforma al Poder Judicial. Este proyecto de ley, presentado originalmente el 5 de febrero de 2024 por el todavía presidente López Obrador, incluye 20 iniciativas que abarcan diversas modificaciones constitucionales y reformas secundarias.

La reforma judicial propone un cambio radical en el funcionamiento actual del Poder Judicial a nivel federal. En el centro de la reforma está la “democratización” de la elección de autoridades judiciales, sometiendo a elecciones populares más de 1,600 puestos gubernamentales, incluidos jueces, magistrados y ministros. En 2025, se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito; la otra mitad sería elegida en 2027. También se plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, con un sistema de rotación para la presidencia cada dos años. Además, se propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano encargado de administrar (y controlar) al Poder Judicial, y limitar las remuneraciones de magistrados y jueces, quienes no podrían percibir salarios superiores al del presidente.

Busquemos argumentos a favor…

No es ningún secreto que el sistema de justicia mexicano no es motivo de orgullo, plagado como está de corrupción y nepotismo. Los defensores de la reforma argumentan que la elección popular de jueces aumentará la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la justicia sea más accesible para todos los ciudadanos y fomentando una mayor participación ciudadana. La reforma se presenta como un paso hacia la democratización del sistema judicial, “asegurando que jueces y magistrados reflejen mejor la voluntad del pueblo”.

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual…

La realidad es que la reforma al Poder Judicial nos dejará en el mismo lugar, quizá incluso algunos pasos atrás. Una reforma de este calibre en un sistema de justicia donde solo el 10% de los delitos son denunciados, y de esos casos, apenas el 1% llega a ser presentado ante un juez, no cambiará nada. La reforma no toca las fiscalías, ni las policías estatales, locales o comunitarias, donde ocurren las primeras injusticias sociales.

Me cuesta trabajo imaginar a cualquier ciudadano tratando de seleccionar a jueces entre hasta mil 600 boletas. La Reforma permitirá que los jueces deban favores políticos, inclusive anonimizando su participación en juicios a su placer. Hoy será posible ser parte del sistema judicial con 8 de promedio y la “recomendación” de un vecino.

La reforma, tal como se presenta, es una oportunidad desperdiciada para robustecer la justicia en nuestro país, donde la corrupción no termina, solo cambia de manos cada sexenio. La reforma quebrantará la autonomía de uno de los tres poderes, haciendo al partido hegemónico casi “dueño” de todos ellos: controlando el poder Ejecutivo con Claudia, el Legislativo con un Congreso sobrerrepresentado, y el Judicial con un sistema politizado que hace “valer la voluntad del pueblo”. Un pueblo manipulado, desconcertado, cansado y que ha decidido creer que las cosas cambiarán tanto, pero tanto, hasta dejarlas igual.

 

Estudiantes de Derecho piden a legisladores “abrirles las puertas” para discutir reforma judicial

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Estudiantes de Derecho solicitaron a senadores y diputados abrirles un espaciopara discutir la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más de 3 mil 500 alumnos de universidades públicas y privadas, entre ellas la UNAM, presentaron solicitudes de petición ante la Cámara de Diputados.

“Que nos abran las puertas de San Lázaro, que nos abran las puertas del Senado… queremos decirles qué pensamos, queremos externar nuestras preocupaciones, queremos plantear nuevas opciones para esta reforma que se propone”, refirió el estudiante Luis Antonio Figueroa a medios de comunicación.

El exhorto a abrir el diálogo fue especialmente dirigido al senador Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de la Jucopo y docente de Derecho en la UNAM, así como al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Pero también se extendió al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Ellos también vienen de escuelas públicas, tanto el presidente como la futura presidenta vienen de esta universidad (UNAM), y queremos ser escuchados, y exigimos ser escuchados como estudiantes”, concluyó el alumno.

Las solicitudes de petición ocurren un día después de la marcha que los estudiantes encabezaron para manifestarse contra la reforma judicial.

Los alumnos marcharon del Ángel de la Independencia al Senado de la República, caminata durante la cual negaron ser “engañados” por sus profesores, tal y como lo presumió el presidente López Obrador.

“¡Juventud informada, reforma rechazada!”, corearon mientras avanzaban por el Paseo de la Reforma, al tiempo que lanzaron reclamos a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien apoya la iniciativa.

“Señor presidente, señora presidenta electa, a los jóvenes, a los estudiantes, no los engañan”, manifestó uno de los oradores, de los que algunos no se identificaron por temor a represalias.

A la manifestación se unieron jueces y trabajadores del Poder Judicial, que realizan un paro nacional contra la reforma desde el 21 de agosto.

También el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que apoyó “firmemente la defensa de la independencia del Poder Judicial y el respeto al Estado de derecho en México”.

(Fuente: López-Dóriga Digital)

López Obrador defiende su reforma judicial ante EE.UU. y los jueces

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, en su último Informe de Gobierno, la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial ante las críticas de Estados Unidos y los jueces, quienes suman una semana y media de huelga.

“Para que lo internalicen nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces, que no olviden eso”, declaró el mandatario en el evento en el Zócalo de Ciudad de México.

López Obrador rindió este domingo su último Informe de Gobierno, en el que hizo un balance de su sexenio (2018-2024) antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre a su sucesora, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante cientos de miles de funcionarios y simpatizantes, el presidente hizo una “consulta” en la que pidió alzar la mano si estaban de acuerdo con que “el pueblo” eligiera en las urnas a la Suprema Corte, lo que comenzaría en 2025 de avalara la reforma que discutirá esta semana en el nuevo Congreso.

“Aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque, como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos”, expresó en el momento de mayor interacción con el público.

Momentos antes de que empezara su discurso, miles de estudiantes universitarios de Derecho y trabajadores del Poder Judicial protestaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado, donde argumentaron que la iniciativa terminaría con la carrera judicial y abriría los comicios de jueces “a intereses”.

Pero el presidente aseguró que la “iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros” de la Suprema Corte” busca que “impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo”.

También sostuvo que su Administración ha “denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial”.

Y defendió que, “al igual que la corrupción, se ha combatido la impunidad y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes, hasta el extremo”.

“Respetuosos porque no nos hubiera costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndices los otros dos poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo”, consideró.

(Fuente: EFE)

Fallece el juez Roberto Elías tras ser atacado en Zacatecas.

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El presidente magistrado del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nahle García, confirmó el fallecimiento del juez Roberto Elías Martínez tras haber sido atacado por un comando armado después de salir de su domicilio.

“El Tribunal de Zacatecas está de luto. Hace unos minutos falleció uno de sus juzgadores más competente y comprometido con el alto valor de la justicia”, confirmó Nahle mediante un tweet.

El titular señaló que no se tenían antecedentes de que Martínez haya sido amenazado con anterioridad pues se consultó a sus compañeros del Juzgado de Control y a familiares cercanos y no estaban enterados de que el juez tuviera antecedentes o alertas rojas previas.

La investigación corre a cargo por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

“Realmente se desconoce el móvil y no sabemos qué pudo ocurrir”.