Dimes y Diretes: “¿Nos quedamos sin diputados?”

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Muy interesantes son las revelaciones del día de ayer por parte de un medio local, pues destapo los moches, digo las nobles contribuciones monterías de algunos operadores de negocios a los diputados a cambio del favorsito legislativo de aprobar una Ley Antitabaco retrograda pues permite que se fume dentro y fuera de bares, restaurantes y prácticamente cualquier lugar donde usted este conviviendo con su familia.

Según el medio de comunicación, fueron 20 millones lo que operadores de negocios le dieron a los diputados locales, cabe mencionar que solamente a 40 de ellos, no a los 42 pues Concepción Landa y Samuel García se negaron al moche de 500 mil pesos, pues era la cuota por cabeza.

En dado caso que sea real lo de los 20 millones, 40 diputados tendrán que auto desaforarse con el fin de permitir las indagaciones pertinentes y en su caso de haber moche, pues sanciones…

Me pregunto yo, y es por que soy bien curioso, ¿Quién habrá hecho los tratos de los moches? Algo me huele a que fue el mismísimo Héctor García, pues no olvidemos que este distinguido diputado es el que se trae el estire y afloje para pasar lo más pronto posible la Ley Antitabaco y justificar que se puede fumar en restaurantes y bares incluso con la encuesta de un periódico de dudosa reputación, El Horizonte.

Hablando de Héctor García, ayer en la comparecencia con el Subprocurador Ernesto Canales, medio se alebresto el diputado del PRI, pues después de que Canales lo amenazará con investigarlo, este fue al final con Canales y le dijo “¡Usted no me puede faltar al respeto señor!” ¿Entonces investigarlo es una falta de respeto? ¡No pues, mejor no investiguemos a nadie, por que vamos a insultar a todo el mundo!

¿Quién habrá hecho los tratos de los moches? Algo me huele a que fue el mismísimo Héctor García, pues no olvidemos que este distinguido diputado es el que se trae el estire y afloje para pasar lo más pronto posible la Ley Antitabaco y justificar que se puede fumar en restaurantes y bares…

En dado caso que sea real lo de los 20 millones, 40 diputados tendrán que auto desaforarse con el fin de permitir las indagaciones pertinentes y en su caso de haber moche, pues sanciones, pero bueno esto es algo que obviamente lo veo muy difícil, no veo 40 legisladores quitándose el fuero así como así.

Pero bueno, entre que si son peras y son manzanas nosotros nos tenemos que poner bien truchas por que en los próximos días aprueban o rechazan esta Ley Antitabaco y posiblemente las cuentas de Rodrigo “Golden Boy” Medina y Margarita “Margara” Arrellanes. ¡Chalé!

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La Civil War: Super AET vs Bati CROC

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Tal como la película tan de moda en estos días entre Superman y Batman, está el conflicto entre el gobierno de Jaime Rodriguez vs la sección de la CROC que dirige la familia Serna como parte de una guerra fratricida entre grupos de choque dentro de CROC.

En estos días la batalla trató acerca del retiro de unidades de la Ruta 314 por parte de la Agencia Estatal del Transporte. Según información de El Norte, la Ruta 314 habría sido retirada en su totalidad quitándole la concesión al grupo que la maneja. Pero, pongamos las cartas sobre la mesa. El asunto está así: La Ruta 314 es dirigida y controlada como otras rutas por la CROC, sin embargo, quienes ejercen ese control son agremiados aliados a Alberto y Ramón Serna, hijos del fallecido líder Agustín Serna Servín.

La “Batalla de la Ruta 314” es una de tantas que se libren en las Guerras fratricidas sindicales que cada sexenio o líder muerto vemos. Una “Civil War”, destellante, muy nuestra, pero croquista…

Al morir Serna Servín a principios del 2015, grupos opositores intentaron tomar el control de la CROC nombrando a Jorge Gloria en agosto del año pasado. Sin embargo, Alberto Serna se sigue pronunciando como líder de la CROC. A diferencia de los Serna, Gloria cuenta con apoyo de parte importante de la facción priista del Congreso y se habla de haberse “arreglado” con el Gobernador, por tanto, es un claro golpeteo político contra los hijos de Serna auspiciado por la AET y el Gobierno Estatal.

Ahora, ¿Qué va a pasar con la Ruta 314?, La AET designó a otras empresas como Martinez Chavarria y Transregio para operar un servicio temporal que cubrirá los ramales que recorre la ruta que va del norte de Monterrey (San Bernabé, Solidaridad, Alianza) a la zona colindante de Escobedo (Alianza Real, Monclovita).

Según Jorge Longoria, dirigente de la AET, existían quejas de usuarios sobre la mala calidad del servicio y los constantes accidentes, que si bien tienen sustento dado que si usted ve una unidad de esta ruta se da claramente cuenta de la pésima y triste calidad en que las tienen. Además, cuentan con la peculiaridad de no contar con el Sistema Feria en sus unidades.

Sea culpable Gloria, Serna o Longoria, tanto los usuarios de la Ruta 314 como los choferes y agremiados croquistas son los perdedores de siempre, pues son víctimas de sindicatos obsoletos, líderes ignorantes, anticuados, traidores a los principios obreros y retrógradas que no protegen a nadie ni representan a nadie…

El operativo de la AET es un golpe directo a la CROC sernista y una señal de alarma a los sindicatos, es incoherente tener un sistema de transporte caro y deficiente para los usuarios. La CROC es culpable totalmente de este problema por la falta de modernización y la falta de planes de acción para transformar el servicio que ofrecen. Pero, es la CROC, una organización con ideologías de los años 40, con mecanismos internos con todas las agravantes de la corrupción, nula democracia y controles de facto que la mantienen como una organización decadente, oscura, podrida y que no representa los intereses de los trabajadores del 2016.

Y por si fuera poco, actualmente la misma ruta tiene un conflicto interno tanto así que algunos choferes iniciaron el proceso de huelga que según los Serna es un esfuerzo de los empresarios para arrebatarle a la CROC la concesión.

Sea culpable Gloria, Serna o Longoria, tanto los usuarios de la Ruta 314 como los choferes y agremiados croquistas son los perdedores de siempre, pues son víctimas de sindicatos obsoletos, líderes ignorantes, anticuados, traidores a los principios obreros y retrógradas que no protegen a nadie ni representan a nadie, lucran con los choferes y los permisionarios y solo cuidan los oscuros intereses de un grupo que incluso va más allá de ideologías o sindicatos.

La “Batalla de la Ruta 314” es una de tantas que se libren en las Guerras fratricidas sindicales que cada sexenio o líder muerto vemos. Una “Civil War”, destellante, muy nuestra, pero croquista…

Lo dicho, dicho está.

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Un Estado más poderoso

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Paulette no fue asesinada, murió al pie de su cama y nadie se percató de que estuvo ahí atorada durante varios días. La muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue consecuencia de haber sido violada y golpeada por los militares sino de una gastritis crónica. En 2001,“El Chapo” escapó dentro de un carrito de lavandería.

Las versiones oficiales mexicanas suelen generar escepticismo.

El video de Florence Cassez siendo arrestada junto a una banda de secuestradores resultó ser un montaje filmado un día después de su captura. Osvaldo Aguilar Martínez no murió después de un enfrentamiento a balazos en la calle sino que miembros de la Policía Federal ingresaron a su domicilio y lo asesinaron.

El proceder de las autoridades mexicanas no es precisamente de fiar.

Los anteriores son, tristemente, muy pocos ejemplos del deficiente sistema de justicia de nuestro país y de la escasa credibilidad de la que goza. Algunos olvidan que ese es el mismo sistema al que hoy le exigen ser más enérgico y no perder el tiempo en los derechos de los criminales ni en “tecnicismos” como el debido proceso.

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales…

Yo reconozco que el descontento social ante las recientes determinaciones del poder judicial local es perfectamente entendible. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en impunidad de acuerdo al Índice Global de Impunidad México (UDALP) mientras que Nuevo León es uno de los 13 estados de la república que más la sufre.

Sin embargo, contrario a lo expresado por algunas personas e incluso editorialistas, yo creo firmemente que la solución no está en solicitar medidas justicieras que impliquen reducir los derechos de los gobernados y aumentar el poder de las autoridades.

Y es que tanto la constitución como las leyes deben ser entendidas precisamente como un límite al poder. Idea que proviene desde la Magna Carta de 1215 firmada después de que unos barones apresaran a Juan I para exigirle el respeto de ciertos derechos , creando así el más antiguo documento que inicia en el mundo el proceso de formación de las constituciones y el más importante precedente de limitación al poder absoluto.

El poder absoluto no es deseable y mucho menos para un sistema con un historial como el nuestro. Me parece también que los medios de comunicación han sido torpes y omisos al informar a la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada, un presunto ladrón fue vinculado a proceso sin prisión preventiva y sujeto a medidas cautelares que implican no acercarse a la casa donde fue sorprendido y presentarse cada semana al juzgado para firmar. Esto de ninguna manera implica que haya sido exonerado sino que se encuentra en espera de sentencia.

Todo esto en concordancia con el artículo 19 constitucional. Sin embrago, la información difundida es que ha quedado libre por “tecnicismos”, expresión que se ha repetido recientemente sobre todo en relación al debido proceso.

… si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Seamos claros: el debido proceso no es un simple “tecnicismo”, una laguna o un pretexto para liberar a quien no debería ser liberado. Mucho menos consiste en un mimo o una sobreprotección a los presuntos criminales.

El debido proceso, en muy resumidas cuentas, pretende otorgar tanto al indiciado como a la sociedad, la certeza de que se cuentan con suficientes elementos para procesar a alguien y, si así corresponde, condenarle.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?, ¿Qué límites encontraría el Estado para procesar a quien se le antoje si no tuviese que circunscribirse a ciertas normas y principios?

La fundación RENACE, hace casi una década publicó un documental llamado “El Túnel” en dónde de forma muy deprimente se evidenciaban las constantes injusticias cometidas a personas que terminaron en prisión. Falta de pruebas, negativa de acceso a abogados, torturas, cárcel a personas por el simple hecho de ser indígenas con el objetivo de que los policías cobren cuotas de efectividad e incluso condenas sin juicio previo, son sólo algunos de los horrores que se denuncian.

Reducir los derechos en todo caso sólo agravaría nuestros problemas y empoderaría a un Estado que ha demostrado ser deficiente en la administración de justicia a pesar de, supuestamente, encontrarse obligado a someterse a la ley.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?…

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales; transparencia en los procesos que no dé pie a que exista corrupción que permita a culpables sobornar o a inocentes terminar presos, en resumidas cuentas, un trabajo arduo que no será breve ni sencillo y ese es precisamente el mayor riesgo: si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Nunca olvidemos que el problema no son nuestros derechos sino la ineptitud e ineficacia del Estado.

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Lo que no se dice de KIA: Complemento a Inspector Político

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La Ley puede ser modificada mediante reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones, entre otras figuras jurídicas, para adecuar la legislación a la realidad presente y a los cambios que sufre nuestro entorno. La propuesta del Ejecutivo de reformar una Ley es enviada al Congreso para su discusión y en su caso aprobación, resultando en una Ley 2.0 que sustituye a la anterior.
Lo anterior sólo como antecedente de que tratándose de un proyecto tan basto como el de KIA es lógico y plausible reformar leyes para poder atraer mayores beneficios a una entidad o municipio.

Por otra parte, es obvio que para una empresa automotriz del tamaño de KIA la decisión de dónde realizará una nueva planta armadora que producirá más de 300,000 unidades al año será dónde se encuentre el mejor postor. Así son los negocios. Nuevo León “compitió” contra otros lugares para lograr la inversión y es lógico que KIA evaluara económica y financieramente dicho proyecto, partiendo de dónde habrá menores costos y mayores rendimientos.

La presencia de KIA en suelo regio traerá un aumento en el PIB estatal y una fuerte derrama económica, así como grandes flujos comerciales de bienes y servicios. A cambio de una inversión de más de 2,500 millones de dólares (entre KIA y proveedores), la generación 3,000 empleos directos y 7,000 indirectos…

Una inversión de la magnitud de KIA en nuestro estado nos posiciona a nivel global en el sector de armadoras automotrices y nos separa del resto de los estados improductivos del país. El hecho de que Nuevo León haya sido escogido por la empresa surcoreana es muestra de la solidez económica y del liderazgo de la sultana del norte no sólo en México sino en otros lugares de América Latina.

Sin embargo, no es responsable que por querer legitimarse ante su electorado el Gobernador Rodríguez quiera tumbar un proyecto que traerá enormes beneficios a Nuevo León. ¿Por qué nadie habla del gran conflicto de interés que representa que Fernando Turner, siendo dueño de una empresa de autopartes, sea Secretario de Desarrollo Económico y principal funcionario en el tema KIA? ¿Quién realmente ha cuantificado el costo de los incentivos tontamente satanizados y lo ha comparado con el beneficio de este proyecto?

La propuesta del Ejecutivo de reformar una Ley es enviada al Congreso para su discusión y en su caso aprobación, resultando en una Ley 2.0 que sustituye a la anterior … es lógico y plausible reformar leyes para poder atraer mayores beneficios a una entidad o municipio.

La presencia de KIA en suelo regio traerá un aumento en el PIB estatal y una fuerte derrama económica, así como grandes flujos comerciales de bienes y servicios. A cambio de una inversión de más de 2,500 millones de dólares (entre KIA y proveedores), la generación 3,000 empleos directos y 7,000 indirectos, desarrollo económico en una zona hasta hace poco rural, posicionamiento global ante otras armadoras de autos, bien vale la pena los incentivos otorgados a la empresa surcoreana. ¿Quién no quisiera que Nuevo León sea visto mundialmente como el líder en plantas automotrices?

Hay que saber diferenciar lo político de lo económico, y separar la agenda política del gobierno independiente de los resultados palpables que la armadora dará al estado. La también automotriz Hyundai y la sueca IKEA ya dijeron adiós a Nuevo León gracias al torpe manejo de la actual administración. Es una irresponsabilidad categórica que por caer en enredos políticos se pierda la confianza de inversionistas internacionales.

El proyecto de inversión de KIA logrado por el Gobierno de Rodrigo Medina representa un sólido avance para el desarrollo económico de Nuevo León.

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¿Democracia en riesgo? Crítica a la reforma del artículo 59 constitucional

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Las anécdotas, relatos e historias que nos contaban cuando niños sobre aquella lucha revolucionaria, en la que el pueblo mexicano derrocó a Díaz y cuyos resultados fueron, entre muchas cosas, el establecimiento del principio “No reelección” en las bases democráticas, parecen ir camino al olvido; esto debido a que, a partir del 2018, los diputados federales y locales, senadores y alcaldes podrán ser reelectos en forma consecutiva.

De acuerdo a la reforma del artículo 59 constitucional, realizada en el 2014, se establece que “Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.”

Asimismo, en cuanto a los presidentes municipales, regidores y síndicos, cada constitución local adecuó la reelección dentro de la misma; en el caso de la constitución de Nuevo León se estipuló en el numeral 124 lo siguiente: “Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, podrán ser electos consecutivamente hasta por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los presidentes municipales de los ayuntamientos no podrán ser electos para el periodo inmediato, en municipio diverso al cual se desempeñaron como tales.”

…es altamente posible que los partidos políticos no postulen nuevamente a aquellos que prefieran los ciudadanos, sino a aquellos que más acoplados se encuentren a sus intereses; dejando así la gran probabilidad de hacer a un lado a los diputados o senadores que hicieron una buena labor pero que no supieron alinearse a los intereses de sus respectivos partidos.

Ahora bien, en virtud de mantener la fidelidad con el encabezado del artículo, y tomando en cuenta que todo juicio de valor debe encontrarse dotado de un análisis objetivo con el fin de fortalecer una postura determinada, se procederá a dictar los puntos que explican el motivo por el cual se considera a las reformas actuales de reelección inmediata como un problema para instituir una democracia progresiva.

En primer lugar, cabe destacar el sometimiento al que se encuentran los servidores públicos ante el partido del que forman parte, ya que, de acuerdo con la reforma, serán los partidos políticos a los que pertenecen los que se encargarán de postular nuevamente a los mismos como candidatos de la agrupación política. Dicho esto, surgen dos interrogantes. La primera ¿Qué pasaría en el supuesto donde la ciudadanía desee reelegir a un funcionario público mas, sin embargo, su partido debido a cuestiones internas, opte por no otorgarle la reelección consecutiva? ¿Ahí donde quedó aquel poder del pueblo que se supone, estas reformas a la constitución iban a fortalecer?

No debemos olvidar que actualmente, en los partidos políticos existen intereses particulares que bien podrían considerarse por encima de la voz del pueblo. Es por esto mismo que me mantengo escéptico en el hecho de que los partidos vayan a otorgar nuevamente la postulación al funcionario que los ciudadanos acepten, y en su lugar, sean guiados en primera instancia por aspectos ajenos a la aprobación del pueblo. Resumiendo lo anterior, es altamente posible que los partidos políticos no postulen nuevamente a aquellos que prefieran los ciudadanos, sino a aquellos que más acoplados se encuentren a sus intereses; dejando así la gran probabilidad de hacer a un lado a los diputados o senadores que hicieron una buena labor pero que no supieron alinearse a los intereses de sus respectivos partidos.

Considero que un grupo considerable de jóvenes… no tendrían oportunidad frente a una persona que lleva mayor número de años y sobretodo, mayor número de contactos en su partido los cuales opten por postularlo nuevamente como candidato.

Por otra parte, la segunda cuestión habría de ser la siguiente: ¿Qué hay de los funcionarios públicos independientes? En base al mecanismo de requerir un partido político, o coalición, para que un servidor pueda recurrir a la reelección consecutiva, se pone en tela de juicio el destino que les deparará a aquellos diputados, senadores y alcaldes que ganaron en un inicio las votaciones de forma independiente. Tal cuestión debería ser replanteada lo más pronto posible, pues de no ser así, aquellos afectados no tendrían más opción que recurrir a mecanismos como el juicio de amparo.

Asimismo, otra cuestión que vale la pena destacar es la opacidad total en cuanto al distrito por el cual podrán volver a fungir como candidatos aquellos ciudadanos que laboran en el congreso. Prácticamente, no existe especificación alguna en la constitución federal que comprometa a que los partidos postulen nuevamente para el mismo distrito a sus militantes, sino que, al contrario, pareciera que estos podrían ocupar algún otro distrito diferente al que representaron en primer lugar. Este supuesto habrá de aplicar, en el escenario donde un diputado o senador hayan cambiado de domicilio, con el objetivo tal vez, de volver a comenzar en un espacio geográfico donde no se sepa de su ineficiencia.

…actualmente, en los partidos políticos existen intereses particulares que bien podrían considerarse por encima de la voz del pueblo. Es por esto mismo que me mantengo escéptico en el hecho de que los partidos vayan a otorgar nuevamente la postulación al funcionario que los ciudadanos acepten…

Finalmente, un argumento de carácter ajeno a lo estipulado de forma ortográfica en la reforma, es el asunto de la alternancia y de las oportunidades robadas a los que desean incursionar por primera vez en la vida política. ¿Qué pasará con aquellos jóvenes militantes de algún partido, que aspiran iniciar como diputados de su distrito, pero que, lamentablemente se encuentran con que es postulado nuevamente el mismo funcionario de la legislatura pasada? Considero que un grupo considerable de jóvenes pertenecientes a una agrupación política no tendrían oportunidad frente a una persona que lleva mayor número de años y sobretodo, mayor número de contactos en su partido los cuales opten por postularlo nuevamente como candidato.

Son por estos motivos, que antes de optar por esta reforma, sería conveniente defender la no reelección con el mismo ahínco y el mismo amor hacia lo justo y hacia lo que es democrático, tal como lo hizo Madero en su momento.

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Sobre la designación de la titular de la CEDH

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En un acto de total congruencia por parte del Poder Ejecutivo al procedimiento de designación de quien fuera a asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concebido por éste, y puesto en marcha desde diciembre del año pasado, finalmente después de más de tres meses desde la presentación del primer candidato al Congreso para iniciar con el procedimiento establecido por la Constitución Local, Nuevo León ya tiene ombudsperson, en la persona de Sofía Velasco Becerra.Recordemos que su designación fue producto de un proceso transparente, ciudadano e inédito al que libremente se sometió el Gobernador de Nuevo León, en consonancia con el particular estilo de participación ciudadana que ha imperado desde octubre del año pasado.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado…

Ya explicado en anteriores colaboraciones en este sitio, el procedimiento inicia con una convocatoria abierta en donde cualquier ciudadano podía postularse para participar en el procedimiento, y donde el jurado para determinar las propuestas a enviarse al Congreso era mayoritariamente compuesto por representantes de universidades y ONGs (5 personas) y minoritariamente por funcionarios públicos del estado (3 personas), en donde los ganadores del mismo fueron, en este orden: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles (ambos académicos de universidades locales) y la actual Presidenta de la CEDH.

Se preguntarán: ¿Por qué los primeros dos lugares no fueron los designados? Al establecer la Constitución Local que el Congreso del Estado podía legítimamente rechazar las primeras dos propuestas que enviara el Ejecutivo (pues indica que la tercera es por designación directa del mismo), ante la falta de consenso de los legisladores, estos dos primeros lugares fueron refutados, al ser las primeras dos propuestas enviadas, lo cual resultó en que quien obtuvo el tercer lugar fuera la designada para este cargo debido a la procedencia de una designación directa.

… que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado, en cuya conclusión destaca la recepción personal del coordinador de la bancada del PRI el día sábado a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que acudimos a entregar el nuevo nombramiento, que se efectúa en un ambiente de cortesía dentro de un procedimiento que inició generando bastante rispidez entre ambos poderes.

Enhorabuena por que prevalezcan los lazos y acuerdos por encima de las polémicas, y mis mejores deseos para la gestión de Sofía Velasco en la CEDH; que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León. Del éxito o fracaso en ello, se asentarán precedentes torales para los procedimientos ciudadanos del futuro en nuestro país.

A mucha responsabilidad, mayor voluntad y esfuerzo en el trabajo; que así lo sea.

PIÉ DE PÁGINA: Si son aficionados de la franquicia “DC COMICS”, no vayan a ver Batman v Supermán si no quieren salir decepcionados con las personalidades que equivocadamente le pusieron a la mayoría de los protagonistas. Si lo hacen, no digan que nadie les avisó.

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Dimes y Diretes: “Medina a declarar y sin fuero”

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Desde el mes de octubre cuando “el Bronco” tomo protesta como nuevo gobernador del estado de Nuevo León, la gente se empezó a preguntar “¿Y Medina para cuando?”. Pues todo parece indicar que por lo menos en el mes de abril ya tendremos respuesta a esta pregunta, según lo que dijo el Subprocurador Ernesto Canales en una entrevista ante un medio de comunicación de la capital del país.

¿Dónde está Medina? Es la pregunta que nos debemos de comenzar a hacer. Si nos vamos por la respuesta más rápida y fácil, debe seguir en la Ciudad de México esperando a que le den algún puesto en el Gobierno Federal…

Según Ernesto Canales, se han encontrado un sin fin de irregularidades en varios expedientes relacionados con obras públicas. Las irregularidades van desde la licitación de la obra y precios inflados para la realización de las mismas (que es un modus operandi en todo el país). ¿Cómo es que han encontrado las pruebas? Muy fácil, son los mismo proveedores que fueron contratados para hacer estas obras públicas y proyectos, los que han dado todas las pruebas a cambio de inmunidad en caso de que haya algún tipo de proceso legal, lo cual no podemos dudar.

¿Dónde está Medina? Es la pregunta que nos debemos de comenzar a hacer. Si nos vamos por la respuesta más rápida y fácil, debe seguir en la Ciudad de México esperando a que le den algún puesto en el Gobierno Federal, pues si mal no recuerdan después del evento de toma de protesta en el Congreso Local, Medina se fue casi agarradito de la mano del Secretario de Gobernación, Osorio “el Chino” Chong. Pero a la mera hora se lo hicieron de agua y quedo peor que novia de rancho, pues no le dieron ni maíz.

¿Cómo es que han encontrado las pruebas? Muy fácil, son los mismo proveedores que fueron contratados para hacer estas obras públicas y proyectos, los que han dado todas las pruebas a cambio de inmunidad en caso de que haya algún tipo de proceso legal, lo cual no podemos dudar.

De hecho haciendo una pequeña reflexión en Semana Santa, sí fue mi reflexión durante esa semana, me di cuenta que todos o la mayoría de los miembros del “Medina Team” tienen algún puesto que les da fuero, por ejemplo Paco Cienfuegos, Francisco “el Bailarín” Vargas y Álvaro Ibarra, por mencionar algunos por que me faltan, es solo “Golden Boy” el que esta totalmente al descubierto.

¿Será que el PRI le hizo el “fuchi”?

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La lucha por nuestra integridad

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“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.

Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.

A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].

En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo LeónCEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.

Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.

El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.

[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.

[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html

[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/

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“Clavo Ardiente para Fumar”

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Toma la la encuesta también en Twitter: https://twitter.com/Altavozmex

En mi columna de la semana pasada les platicaba de que ciertos diputados, por que aclaro no todos quieren, están a favor de llenar de humo y cáncer los restaurantes y bares de nuestro Estado (Nuevo León) y no sólo eso, sino también ir en contra de la legislación nacional de prohibir el consumo de tabaco en establecimientos, pues la Ciudad de México es zona libre de humo desde el 2008, nosotros desde el 2014 aproximadamente, vamos atrasados y nos quieren atrasar más.

Está extraño lo que afirma el diputado pues yo no veo que ningún otro estado incluso país se ponga en debate el “derecho de fumar” como una “libertad fundamental” ¿Cuánto le estarán pagando a Héctor García?

Pero también les contaba que el diputado que le anda dando con todo para que la fantasía de algunos restauranteros se haga realidad es el diputado priista Héctor García. García dijo en algún momento que encontraría un punto medio entre los ciudadanos que están en contra de que se fume y los restauranteros y gente que quiere consumir tabaco. Pero esta semana fue más allá, pues el diputado ahora quiere incluir una encuesta como prueba de que la gente quiere que se fume en restaurantes ¿De donde viene la encuesta? El Horizonte, si ese mismo que se la pasa echándole al Bronco, al Gobierno Estatal y hasta inventándose chismes políticos con su columna copia de Ma.Kiavelo, Protágoras. Sin contar el sin fin de “favorcitos” que le hicieron por muchos años a Rodrigo “Golden Boy” Medina.

La encuesta de este periódico tuvo la participación de alrededor de “500 ciudadanos” de los cuales 62% estuvieron a favor de que se fume dentro de restaurantes. Héctor García dice que esta encuesta junto con otras “dos o tres” muestran que los ciudadanos quieren la “libertad de fumar, por que es fundamental”. Está extraño lo que afirma el diputado pues yo no veo que ningún otro estado incluso país se ponga en debate el “derecho de fumar” como una “libertad fundamental” ¿Cuánto le estarán pagando a Héctor García?

…pues la Ciudad de México es zona libre de humo desde el 2008, nosotros desde el 2014 aproximadamente, vamos atrasados y nos quieren atrasar más.

Propongo lo siguiente, hagamos una encuesta, he hablado con los encargados de este medio y los convencí de hacer una encuesta en Twitter y aquí mismo en el artículo para comprobar si El Horizonte y Héctor García están en lo correcto. La pregunta es simple:

¿Estás de acuerdo que se fume en restaurantes y antros?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Guardaespaldas: Un problema en México

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En las semanas recientes el tema de los guardaespaldas, o mejor conocidos como “guaruras”, se ha vuelto muy popular en las redes sociales y en los noticieros a nivel nacional. #LordMeLaPelas y #LordFerrari se han vuelto conocidos por el hecho de utilizar a sus guardaespaldas para ir y golpear o intimidar a alguien que los este molestando. Pero el tema va más allá, en México tenemos una crisis de falta de control a la seguridad privada, una industria que ha crecido un 17,000% en la última década.

David Nieto, un guardaespaldas en la Ciudad de México, en entrevista con Vice News comentó que en el pasado había tenido jefes que le pedían que se deshiciera de alguien que les era incómodo, situación a la cual siempre se negó a hacer, pero no siempre es el caso. El año pasado seis personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, sus cuerpos fueron mutilados y quemados por los escoltas de un importante empresario de Puebla, el motivo de esta persona para ordenar a sus cuerpos de seguridad a realizar tal atrocidad fue una venganza por un robo. Dos de las personas que los guardaespaldas asesinaron eran inocentes.

Si volteamos a la capital del país tenemos el caso del City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, quien fue brutalmente golpeado por los guardaespaldas de Raúl Libién, director general ejecutivo de Grupo Miled. Arne fue golpeado por los guaruras de Libién sólo por el hecho que él estaba transmitiendo vía Periscope como las camionetas de estos cuerpos de seguridad privada se estacionaban sobre la banqueta y tapaban un rampa para discapacitados. Un nuevo caso se presentó la semana pasada cuando los guaruras de Alberto Sénties Palacio golpearon a un automovilista, se presume que por órdenes del empresario.

…tenemos que tomar en cuenta que existen compañías que no están registradas. Según la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada, existen aproximadamente 8 mil o 9 mil empresas de seguridad privada irregulares, en otras palabras, hay más empresas irregulares que regulares lo que complica más las cosas.

La industria de la seguridad privada ha crecido en exceso en la última década; Según una investigación por parte del sitio Animal Político, en el 2005 existían 173 compañías de seguridad privada, en el año pasado este número incremento a 1,103 compañías. De igual manera la cantidad de guardias creció, ya que en el 2005 había 419 guardias contratados y en el 2015 llegaban a 73,411 guardias.

El problema no es el crecimiento de la industria, sino la falta regulación de la misma, pues a nivel nacional no existen leyes homologadas y no se exigen pruebas de control de confianza, algún tipo de capacitación y en algunos casos ni pruebas antidopaje y psicométricas. Como dice el analista político y columnista semanal de El Universal, Alfonso Zárate, en México existe una especie de ejercito, irregular, informal, disperso y fragmentado.

Adicionalmente a los números que mencione más arriba, tenemos que tomar en cuenta que existen compañías que no están registradas. Según la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada, existen aproximadamente 8 mil o 9 mil empresas de seguridad privada irregulares, en otras palabras, hay más empresas irregulares que regulares lo que complica aun más las cosas.

Nuevo León no está exento de problemas con las compañías de seguridad privada, pues en el 2014 guardias de la empresa Consorcio de Seguridad Privada y Traslado de Valores del Norte (CSPT) sometieron en vía pública a Jonathan Israel de la Rosa Castillo, vecino de la colonia Alfareros, en Monterrey. Ante tal hecho, tanto la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas (AMPPPAC) y la organización civil CADHAC reprobaron el proceder de los guardias que fueron más allá de sus poderes al esposar y someter a una persona en la vía pública, acto que es exclusivo de las fuerzas públicas.

El problema no es el crecimiento de la industria, sino la falta regulación de la misma, pues a nivel nacional no existen leyes homologadas y no se exigen pruebas de control de confianza, algún tipo de capacitación y en algunos casos ni pruebas antidopaje y psicométricas.

En cuestión de regulación, actualmente existe una Ley Nacional de Seguridad Privada que esta estancada en el Senado de la República, esta ley contempla más control sobre las compañías de seguridad privada, como lo es pruebas de control de confianza, capacitación y pruebas antidopaje.

En su caso, Nuevo León existe desde el 2010 una Ley para Seguridad Privada, pero podemos considerar que ésta es una ley “light”, puesto que no considera controles de confianza, ni capacitación, solamente es una un reglamento dedicado 100% a la certificación y regulación por encimita de las compañías de seguridad privada.

Es momento de que pongamos lupa en este tema para no sufrir de situaciones como las que se han estado viviendo en la Ciudad de México o peor aún en la ciudad de Puebla. Monterrey y su Área Metropolitana es una de las regiones con mayor crecimiento en el país y consigo vienen problemas de cualquier metrópoli grande, como es delincuencia, por lo tanto, no dudemos que el número de agentes de seguridad privada vaya en aumento también en nuestro estado y se deben desde ya tomar medidas que aseguren la integridad de las personas y el respeto a la ley.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”