Hoy hablamos de casos de corrupción casi todos los días, es un mal que nos ha acompañado por décadas y que poco a poco gracias a trabajos periodísticos y hasta las redes sociales han permitido que las denuncias se vean reflejada en acciones concretas en su contra.
La gran corrupción política, más allá de la avaricia y el cinismo de la clase política, nos habla de la necesidad de reconstruir nuestro tejido social, volver a las instituciones al servicio de la ciudadanía y recuperar la confianza con buenas prácticas.
Alguna vez la llamaron “la generación que cambiaría al país”, al grupo que conformaron algunos gobernadores y exgobernadores, que sí cambiaron al país; la violencia, los escandalosos contratos, la malversación de recursos y una corrupción sin precedentes. Varios de estos exgobernadores han sido acusados y hasta encarcelados, pero qué ha pasado desde entonces; no solo deberían regresar lo que se llevaron, también debemos trabajar día a día para formar una clase política que responda a las necesidades de los ciudadanos.
Más de dieciséis gobernadores se encuentran actualmente bajo proceso, algunos no sólo por actos de corrupción, también destacan tortura y peculado entre los cargos. Hablar de una clase política que necesita un cambio, ha sido el común denominador en campañas desde hace unos años.
Las recomendaciones que Transparencia Internacional y Transparencia México hicieron al presentar su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 no sólo nos habla de los escenarios que están pasando en la actualidad:
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- Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
- Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular.
- El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
- Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
- En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales.
- En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.” IT. http://www.tm.org.mx/ipc2016/
Las recomendaciones responden además al trabajo que aún queda por delante, un gran camino que aún nos toca recorrer, debemos seguir construyendo políticas públicas que permitan erradicar las malas prácticas y seguir alzando la voz para exigir instituciones más justas y cercanas a todos. Sigamos trabajando y pasando de las palabras a los hechos.
