Reestructura de la deuda del Estado y bursatilización de la REA

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Ya son dos importantes organizaciones nacionales de la Iniciativa Privada que no solo apoyan, sino que peticionan expresamente a los Diputados del Congreso de Nuevo León la aprobación de las solicitudes del Ejecutivo sobre la reestructuración de la deuda de la parte centralizada del Gobierno Independiente, así como la de bursatilizar ingresos futuros de la Red Estatal de Autopistas (REA): La Coparmex y la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), ambos por medio de sus respectivos Presidentes, César Montemayor y Marco Córdova.

Y es que tras el lamentable suceso ocurrido la semana pasada en nuestro recinto parlamentario local (protagonizado por el Partido Acción Nacional, causando la interrupción abrupta de la sesión y consecuente clausura del periodo extraordinario), que impidió la discusión en el Pleno sobre estas temáticas fundamentales en la revitalización de las finanzas del estado tras el desastre financiero orquestado por administraciones anteriores, el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas.

Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

…el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas. Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

Sobre la reestructura de la deuda, la Coparmex considera que realizarla sería benéfico en el saneamiento de las finanzas estatales. Tomando como punto de referencia la opacidad en el destino de la deuda en los sexenios de 2003 hasta 2015, afirman que es imperativo que ahora sí se transparenten de manera total los detalles de la misma, lo cual coincide cabalmente con lo anunciado por parte del Gobierno Independiente al respecto. La idea toral sobre este tema es que puede conseguirse una tasa de interés más favorable que la actual, ahorrando alrededor de 600 millones de pesos, que en vez de pagársele a un banco, se invertirían en los ciudadanos de Nuevo León.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia que no tienen otra ruta qué tomar. El dinero que se obtendría a través de este mecanismo se utilizaría exclusivamente para la tercera etapa del periférico, construyendo una autopista que abarcaría los municipios de Juárez, Cadereyta, Allende y Montemorelos. Este mecanismo permite que el financiamiento obtenido prácticamente “se pague solo”, pues se pagaría con las cuotas de peaje que se obtengan de las personas que transiten por dicha autopista.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia…

Además de desahogar el tortuoso tráfico de la carretera nacional, la CMIC puntualiza los beneficios de la derrama económica que conllevaría, así como la creación de 6.5 mil empleos directos e indirectos durante el siguiente año.

¿Les gusta el proyecto? Invitemos a los Diputados a no sujetarse a intereses partidistas en este tema ni utilizar (como lo ha hecho Acción Nacional) la aprobación de las cuentas públicas como “moneda de cambio” sobre un tema ajeno, cuyo único beneficiado será el ciudadano.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

LOS RETOS DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS

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En Nuevo León, especialmente en el área metropolitana de Monterrey, la percepción de seguridad ha tendido a estabilizarse, comparado lo que vivíamos apenas en 2011 en nuestra metrópoli. Sin embargo, aún quedan retos que atender y vale la pena hacer la reflexión sobre lo avanzado en esta materia a nivel municipal.

Entre los municipios que fueron a la baja en sus delitos se encuentran: Monterrey y San Nicolás quienes tuvieron una baja de 17.3% y 17.6%, respectivamente; mientras que el municipio de Guadalupe bajo sus números en un 2.1%.

Del total de delitos denunciados en la administración 2012-2015 se registró un incremento comparado con lo registrado en el periodo 2009-2012 en la zona metropolitana de Monterrey, según datos publicados en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Entre los municipios que fueron a la baja en sus delitos se encuentran: Monterrey y San Nicolás quienes tuvieron una baja de 17.3% y 17.6%, respectivamente; mientras que el municipio de Guadalupe bajo sus números en un 2.1%.
En tanto García tuvo un aumento del 116%, Juárez con 108%, Santa Catarina con 45.9% y Escobedo con 39%. Del total de los delitos hubo algunos que fueron a la baja de manera significativa, como lo es el robo a vehículo que a nivel metropolitano tuvo un decremento del 79.5%, y el homicidio doloso que bajó en un 58.7%.

Del total de los delitos hubo algunos que fueron a la baja de manera significativa, como lo es el robo a vehículo que a nivel metropolitano tuvo un decremento del 79.5%, y el homicidio doloso que bajó en un 58.7%.

Si bien los alcaldes salientes arrancaron en el 2012 su gestión justo al terminar un período de mucha violencia, durante estos últimos 3 años la mayoría de ellos lograron mantener una tendencia a la baja. Para las nuevas administraciones municipales la prioridad deberá ser no sólo cuidar que los delitos no suban, sino trabajar para que las cifras vayan a la baja.

Aunque en el área metropolitana hubo avances, no se puede decir lo mismo de los municipios del resto del estado. Principalmente los que se encuentran a la periferia del área metropolitana, finalizan el trienio con un preocupante aumento comparando el primer año con el último de la administración.

De esta forma analizaremos principalmente los casos de Cadereyta, Juárez y Pesquería. En Cadereyta, durante el primer año de la administración, entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, se tuvo un registro del total de los delitos de 1,220 denuncias por cada 100,000 habitantes, mientras que para el mismo período 2015 la cifra fue de 2,203 delitos cometidos. El incremento de la tasa fue del 80.5%. Para los delitos patrimoniales en el mismo período, considerando robo a vehículo, robo a casa, robo a persona y robo a negocio, el alza es del 50.7%.

Durante el mismo período el municipio de Juárez tuvo un aumento del 74% del total de delitos. Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 se denunciaron 1,043 delitos por cada 100,000 habitantes, mientras que de noviembre de 2014 a octubre de 2015 cierra con una tasa de 1,815 delitos. En delitos patrimoniales el incremento por tasa es del 58.8%.

El municipio de Pesquería registró entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 una tasa de 2,969 delitos; mientras que para noviembre de 2014 a octubre de 2015 cerró con 5,623. De esta forma el alza presentada para este municipio fue de 1.08 veces su proporción, mientras que para delitos patrimoniales el incremento fue del 62.6% por cada 100,000 habitantes.

Mientras que a nivel metropolitano los delitos patrimoniales tuvieron una disminución de 33.4%, en el período 2012-2015, Pesquería, Juárez y Cadereyta cerraron a la alza.

Mientras que a nivel metropolitano los delitos patrimoniales tuvieron una disminución de 33.4%, en el período 2012-2015, Pesquería, Juárez y Cadereyta cerraron a la alza. La zona periférica situada al oriente de nuestra ciudad, ha sido y seguirá siendo receptora de importantes inversiones extranjeras, lo que traerá consigo un considerable aumento de habitantes en esta zona. Estimamos que estos municipios deben anticiparse y estar preparados para enfrentar los retos que conlleva este flujo de inversiones y habitantes. Entre las variables que deben de considerar están: cantidad de elementos, equipamiento adecuado y formación para responder con confiabilidad a las demandas de seguridad de la ciudadanía. La importancia de poner atención en estos municipios es no verse rebasados por la delincuencia en corto plazo.

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¿Cómo terminan los municipios?

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CINLACC

Durante noviembre comienza una nueva etapa para los municipios del estado de Nuevo León al cambiar de estafeta por tres años. La administración que justo concluye es especial para la ciudadanía, al ser la primera que es vigilada muy de cerca mediante la herramienta Alcalde, ¿cómo vamos?.

La administración que justo concluye es especial para la ciudadanía, al ser la primera que es vigilada muy de cerca mediante la herramienta Alcalde, ¿cómo vamos?.

Aunque hay muchos temas municipales de interés para la ciudadanía, menos hacen más y se eligió poner énfasis en tres: Seguridad, Transparencia y Espacios Públicos. ¿Cómo estamos a tres años? En seguridad la petición versó en aplicar las Pruebas de Control y Confianza a los elementos de seguridad, el municipio de San Pedro Garza García llegó a la meta con el 100% de sus elementos aprobados, el resto de los municipios registraron un avance de entre el 73 y 90%, salvo el municipio de San Nicolás que se quedó con sólo el 64%.

Aunque hay muchos temas municipales de interés para la ciudadanía, menos hacen más y se eligió poner énfasis en tres: Seguridad, Transparencia y Espacios Públicos.

Para la Acción 2, el objetivo fue que los policías recibieran al menos el sueldo neto de un policía raso de Fuerza Civil fijado en $10,343 pesos netos; 8 de los 9 municipios participantes superaron la cifra, Santa Catarina se quedó con $8,846 pesos, aunque con las prestaciones que entregan incrementan el ingreso de los efectivos. En la Acción 3: 3 policías por cada 1,000 habitantes, sólo San Pedro y la zona protegida por la policía de Monterrey llegaron a la meta. La Acción 4: 8 de los 9 municipios disminuyeron los Delitos Patrimoniales y la percepción de inseguridad, salvo García que aumentó la incidencia en un 21% y la percepción de inseguridad pasó de 2 a 3 de cada 10 habitantes que dicen sentirse inseguros en el municipio.

En la Acción 3: 3 policías por cada 1,000 habitantes, sólo San Pedro y la zona protegida por la policía de Monterrey llegaron a la meta.

En el área de Transparencia se les solicitó dentro de la Acción 5 realizar el cambio de uso de suelo en sus Planes de Desarrollo Urbano, a fin de no permitir la instalación de más casinos a futuro, al inicio de la administración solo 2 de los 9 municipios contaba con este candado, y a la fecha todos han hecho las modificaciones correspondientes.

Durante el trienio que finaliza no se abrieron nuevos casinos. Otra de las solicitudes fue la transparencia en los permisos de los casinos que se encuentran operando, 7 de los 9 municipios publicaron los estatus actuales: sólo en Guadalupe y Monterrey aún faltan transparentar algunos de los permisos. Aunque no estaba contemplado dentro de los objetivos, la transparencia llevó a que algunas administraciones tomaran la decisión de cerrar establecimientos, al inicio de la administración en el área metropolitana se encontraban operando 40 negocios de este giro, actualmente hay 20.

Durante el trienio que finaliza no se abrieron nuevos casinos. Otra de las solicitudes fue la transparencia en los permisos de los casinos que se encuentran operando, 7 de los 9 municipios publicaron los estatus actuales: sólo en Guadalupe y Monterrey aún faltan transparentar algunos de los permisos.

La Acción 6 se cumplió, hoy todos los municipios publican la nómina, contratos, padrón de proveedores y compras en formatos accesibles; además de que todos integraron a al menos 3 contralores ciudadanos al Comité de Adquisiciones y Servicios. Aún queda trabajo por hacer para verdaderamente construir un Gobierno Abierto.

Para el tema de Espacios Públicos hubo importantes avances: en la Acción 7, 8 de los 9 municipios realizan semanalmente su Vía Recreativa, únicamente el municipio de Juárez no ha logrado concretarla. En la Acción 8, Reforestación Intensiva, 4 de los 9 municipios llegaron a la meta teniendo 1 árbol por cada 30 habitantes siendo los municipios que lo lograron García, Juárez, San Pedro Garza García y Santa Catarina; Guadalupe y San Nicolás se quedaron lejos al registrar sólo 31% y 32% de avance respectivamente. La Acción 9, que solicita al menos 1 unidad deportiva por cada 50,000 habitantes, se cumplió en todos los municipios.

Para el tema de Espacios Públicos hubo importantes avances: en la Acción 7, 8 de los 9 municipios realizan semanalmente su Vía Recreativa, únicamente el municipio de Juárez no ha logrado concretarla.

La asistencia a las reuniones de los alcaldes y sus enlaces también fue evaluada por la Plataforma, Juárez y San Pedro fueron quienes atendieron todos los eventos convocados por Alcalde, ¿cómo vamos?; por otra parte el munícipe que menos acudió fue Raymundo Flores, participando en 11 de las 16 reuniones convocadas.

¿Qué sigue para Cómo Vamos? A partir de esta nueva etapa con los gobiernos entrantes funcionará como Góber, ¿cómo vamos? y Alcalde, ¿cómo vamos?. En tanto, para la ciudadanía sigue el continuar vigilantes y recordar que nuestra ciudadanía la seguimos ejerciendo aún después de las elecciones.

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¿Por qué es necesario reformar los reglamentos de tránsito del Estado de Nuevo León?

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Un reglamento de tránsito debe ser un instrumento que nos indique como debemos movernos con seguridad, cortesía y respeto en las calles de nuestra ciudad. Actualmente los reglamentos de tránsito que existen en el Estado de Nuevo León no tienen coherencia entre sus capítulos, cuentan con artículos obsoletos, no son incluyentes y son muchos los reglamentos que existen, aproximadamente uno por municipio.

Actualmente los reglamentos de tránsito que existen en el Estado de Nuevo León no tienen coherencia entre sus capítulos, cuentan con artículos obsoletos, no son incluyentes y son muchos los reglamentos que existen, aproximadamente uno por municipio.

Por ejemplo de esta falta de coherencia, los artículos del Capítulo Octavo. Circulación Vehicular del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey 2012 – 2015, hablan sobre las normas de circulación de los vehículos, pero también mencionan las disposiciones de los peatones y excluyen a los ciclistas. Las normas de éstos usuarios de la vía pública no pueden ir en el mismo capítulo y considerarlos del mismo nivel, por el simple hecho de que su forma de transitar las calles no es igual.

Los usuarios que más mueren en un hecho de tránsito son los peatones. Si queremos revertir este problema es necesario reconocer en nuestras leyes y reglamentos la jerarquía del espacio público, donde el peatón tiene la prioridad, seguido del ciclista y al final el conductor de autos.

Los usuarios que más mueren en un hecho de tránsito son los peatones.

Con estos reglamentos es muy difícil distinguir cuales son los derechos y obligaciones que cada usuario tienen. Además este orden, inconscientemente, minimiza el lugar del peatón y ciclista y prioriza al automóvil.

Por otro lado, en Nuevo León, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA). Hay artículos en los reglamentos de tránsito del Estado de Nuevo León que deben ser cambiados para reducir el número de muertes y lesiones por esta causa.

Por otro lado, en Nuevo León, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García 2012 – 2015, la edad para usar Sistemas de Retención Infantil (SRI) es hasta los 4 años: “Los niños de hasta cuatro años de edad y/o estatura menor de 95 centímetros deberán utilizar portabebé y estar sujetos por el cinturón de seguridad, debiendo viajar en el asiento posterior cuando el vehículo cuente con él”.

Sin embargo, organizaciones que trabajan en pro de la seguridad vial como la ONU y la STCONAPRA plantean que deben usarse hasta los 12 años de edad para prevenir o minimizar las heridas que sufren los niños ocupantes de vehículos.

Organizaciones que trabajan en pro de la seguridad vial como la ONU y la STCONAPRA plantean que deben usarse hasta los 12 años de edad para prevenir o minimizar las heridas que sufren los niños ocupantes de vehículos.

Los nuevos alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey han anunciado su disposición de homologar los reglamentos de tránsito, pero esta buena voluntad debe ir más allá. Es necesario reformarlos, identificar las principales causas de muerte en hechos de tránsito para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en D.F. prohibieron la vuelta continua por ser unas de las principales causas de atropellamiento, se debe integrar, adoptar la Visión Cero como fundamento, que implica cero muertes en hechos de tránsito, se debe dejar de usar el termino accidente…

Los nuevos alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey han anunciado su disposición de homologar los reglamentos de tránsito, pero esta buena voluntad debe ir más allá.

Desde 1997, Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en hechos de tránsito. No es un problema exclusivamente de las autoridades, nos concierne a todos, pero cambiar los reglamentos de tránsito y hacerlos más acordes a las exigencias actuales depende de su disposición, ¿serán vanguardistas y contarán con una estrategia integral de seguridad vial o ignorarán el problema como se ha hecho en años anteriores y sacarán un reglamento por mero protocolo?

El costo de hacer trampa

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Hacer trampa tiene costos. Recientemente, fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

Fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

No me refiero únicamente a los costos económicos de organizar una nueva elección en Colima y al costo político derivado del cambio en el resultado de la planilla ganadora en Juárez. Me refiero, además, a las consecuencias institucionales y sociales de que se normalicen prácticas contrarias al derecho que ponen en riesgo la libertad del sufragio. Me explico.

Para 2015, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima ascendió aproximadamente a 90 millones de pesos, lo que implicaría un costo por voto de 180 pesos, de haber votado el cien por ciento del casi medio millón de electores de ese estado. Ahora se espera por el INE que la elección extraordinaria en 2016 ascienda a 35 millones. Ya esto es un costo inadmisible para la ciudadanía, derivado de la trampa de servidores públicos del gobierno estatal a favor de una candidatura.

Pero este no es el único costo de la anulación. Uno más tiene que ver con el diseño de competencias entre el INE y el Instituto Electoral de Colima. En resumidas cuentas, el Tribunal Electoral determinó que la intervención del poder Ejecutivo en las elecciones hacía inviable la organización de éstas por parte del referido Instituto Electoral local, por lo que el INE debía hacerse cargo de la elección extraordinaria. El costo de la trampa impacta en lo poco que queda del federalismo electoral en México. Ahora tendremos un Organismo Público Local desacreditado e inoperante. Un buen pretexto para que los legisladores terminen su labor de recentralización de la organización de las elecciones.

El caso de Juárez en Nuevo León tiene un primer costo en la dimensión política. En efecto, sin la trampa acreditada en el expediente, tal vez la planilla postulada por el Partido Encuentro Social estaría ahora gobernando el municipio. Gracias a la presión en los electores que se probó en las 7 casillas de la sección 841 de dicha población, el PES y su candidato a la Alcaldía intercambiaron la mayoría por solamente dos regidurías de representación proporcional. Mal negocio para dicho partido.

Un costo adicional en el caso de Juárez es la insatisfacción social derivada de la sentencia del Tribunal Electoral. Es prácticamente imposible imaginar que los cientos de electores que votaron por el PES y sus candidatos estén contentos con el resultado de la sentencia. Ahora, con los resultados tan cercanos entre primer y segundo lugar, es decir, con la polarización que implican éstos, hace previsible que una buena parte de la sociedad juarense esté inconforme con el resultado derivado del fallo.

Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

Finalmente, tanto en el caso de Colima como en el de Juárez, creo que el mayor costo de hacer trampa es el efecto anti-pedagógico que tienen dichas conductas (intervención del Ejecutivo y presión sobre los electores) en el conjunto de la sociedad. Cuando podíamos empezar a creer en la erradicación de ciertas prácticas corruptoras, nos damos cuenta que aún pueden resultar algo “común”, “normal” de la vida política electoral en nuestro país. Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

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