Honduras

EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

by Fernando A. Chinchilla
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El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

EL TALON DE AQUILES: “EL MANIFIESTO DE PAZ SOSTENIBLE (PRIMERA PARTE)”

by Fernando A. Chinchilla
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El lunes 14 de marzo de 2016 fundamos, en la ciudad de Monterrey, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo nombre oficial es “Laboratorio Transnacional Paz Sostenible”. La ONG, laboratorio de investigación (Think Tank), Grupo de Defensa (Advocacy Group), y Asociación Profesional a la vez, se caracteriza por ser una iniciativa independiente, interinstitucional y multidisciplinaria, de investigación especializada en violencia colectiva y paz. En esta primera parte del “Manifiesto” de la organización, y teniendo como meta explicar los alcances del proyecto, haré hincapié en sus objetivos generales y específicos, la justificación para su existencia, y su aporte a la teoría y praxis en la resolución de conflictos.

Primero pienso, pero luego existo. El objetivo de “Paz Sostenible” es producir y divulgar conocimiento científico (académico) y aplicado (consultorías) para mejorar la gobernanza local, nacional e internacional, favoreciendo así la consolidación de la paz. Para ello, esperamos, por un lado, producir investigación científica en temas relacionados a la paz, inscribiendo nuestra reflexión en las tendencias en los estudios comparados, internacionales, y de otros saberes de las ciencias sociales. Favorecemos el intercambio entre expertos para alimentar la innovación teórica y práctica que originen enfoques multidisciplinarios. Por otro lado, deseamos desarrollar esfuerzos en investigación aplicada, es decir en consultorías a clientes públicos y privados, no solo para generar los recursos que nos permitirán crecer, sino también para incidir en el “mundo real”. Uno de los retos de nuestra generación es ejecutar ideas que cambien el mundo en el que vivimos: diagnósticos ya tenemos de sobra; lo que hace falta es actuar, y hacerlo bien. Por ello, otra de las metas de este Laboratorio es crear convergencias interinstitucionales para que universidades, sociedad civil (empresa privada, ONGs), y el Estado, cooperen más en los temas que nos interesan, e intervengan mejor para lograr una paz sostenible. El Laboratorio nace libre de amarras institucionales y mentales; no tenemos miedo a innovar, sabemos como hacerlo, y no tenemos límites institucionales que nos lo impida.

El objetivo de “Paz Sostenible” es producir y divulgar conocimiento científico (académico) y aplicado (consultorías) para mejorar la gobernanza local, nacional e internacional, favoreciendo así la consolidación de la paz.

Para cumplir con estos objetivos, es primordial desarrollar dos componentes. Primero, debemos tener un programa de publicaciones dinámico y flexible el cual incluya boletines informativos (Newsletters), revistas de divulgación destinadas al público en general, y revistas académicas indexadas a los índices especializados. Dicha diversidad va acorde con las áreas de interés y el tipo de conocimiento que nos interesa desarrollar. También deben nuestros investigadores titulares y asistentes de investigación publicar en nuestro nombre. Segundo, es primordial desarrollar un componente prescriptivo, es decir, esperamos denunciar y tomar posiciones públicas sobre los temas que nos competen, sobre todo en lo que a derechos humanos, la paz, y/o la democracia se refiere. No nos escudaremos con la “neutralidad científica” para justificar ideologías asépticas o para rehuir valores a los que adherimos y que dan sentido a nuestra reflexión. ¿Para qué pensar sin existir?

Lo importante no es el qué, sino el por qué. Hace poco menos de dos años, escribía en el marco de otro proyecto, que existía efervescencia en el campo de la resolución de conflictos, en el estudio de las causas, dinámicas y efectos de la violencia colectiva, y en su prevención, gestión, transformación, y resolución. En efecto, maestrías, doctorados, y especializaciones en temas como la asistencia humanitaria, el nacionalismo, las identidades y los estudios sobre la paz, aumentaban sin cesar, al tiempo que nuevas ONGs, laboratorios de investigación independientes o autónomos, se multiplicaban. Eso era cierto en el 2014, y lo sigue siendo hoy. ¿Entonces por qué saturar con un Laboratorio más? Para responder a esta pregunta, es necesario considerar tres elementos.

…es primordial desarrollar un componente prescriptivo … esperamos denunciar y tomar posiciones públicas sobre los temas que nos competen, sobre todo en lo que a derechos humanos, la paz, y/o la democracia se refiere. No nos escudaremos con la “neutralidad científica” para justificar ideologías asépticas o para rehuir valores a los que adherimos y que dan sentido a nuestra reflexión.

Primero, sigue siendo necesario, ahora más que nunca, apoyar la generación de perspectivas multidisciplinarias y transnacionales. La necesidad de la multidisciplinariedad es un llamado que siempre tendrá acogida, porque está de moda argumentar que la complejidad de los problemas actuales requieren de soluciones holísticas, y porque nadie se opone a la virtud, al menos públicamente. ¿Quién defendería a plena luz del día la idea que es malo que profesionales de diversos horizontes cooperen? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y los enfoques multidisciplinarios no son tan fáciles de encontrar, por razones cuya explicación va más allá de los propósitos de este texto. Eso sí, me interesa resaltar que no hay que subestimar esta contribución ni el esfuerzo que tomará concretizarla.

Segundo, es vital acercar a los sectores académicos, gubernamentales, y de la sociedad civil nacional e internacional para generar mayor coordinación (lo que se conoce usualmente con el nombre de “Gobernanza”). Y esto tampoco será fácil. No es poco común que desde la academia se vea con cierta condescendencia a algunos políticos (a veces considerados “corruptos” y/o “incapaces”), y que la sociedad civil crea que los universitarios viven en una torre de marfil, aislados de la realidad. También el gobierno puede ver a las universidades y a la sociedad civil como actores políticos–enemigos o aliados–con sus propios intereses. Además, afiliaciones partidarias atraviesan de lo nacional a lo local (el gobierno nacional es aliado u oponente de gobiernos locales, dependiendo de la configuración de los partidos en el poder), y administrativos que dirigen centros de educación superior, y que no entienden la palabra “academia”, pueden ver en otras universidades no puntos de coincidencia, sino amenazas de competencia. En síntesis, crear convergencias interinstitucionales no es tarea fácil en ninguno de los sectores con los que trabajaremos.

Tercero, debemos producir simultáneamente una reflexión imparcial, integral, y balanceada, lo cual tampoco será fácil. El Laboratorio es diverso pues creemos que la riqueza está en diferentes formas de pensar. Forjar entonces una visión consensuada, o al menos mayoritaria, será una labor ardua pero necesaria. No solo nuestro rol social depende de ello sino también nuestra credibilidad. Con la diplomacia y el respeto que nuestros interlocutores se merecen, tendremos la claridad mental y la ética profesional que nos comprometen con nuestros principios, y la disposición para defender nuestros valores con los recursos intelectuales que tenemos a nuestra disposición.

El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible explora entonces temas relacionados a la paz viendo la integralidad del fenómeno y relacionándolo con (pero sin limitarlo a) las interacciones intra e interestatales. La paz es un fenómeno que puede y debe ser estudiado desde una perspectiva transnacional.

Nuestra contribución. En América Latina, a pesar de doscientos años de experiencias revolucionarias, contra-revolucionarias, de perniciosos autoritarismos (de izquierda y de derecha), de procesos de pacificación inéditos, de retóricos apoyos a los derechos humanos, y de despliegues multilaterales de mantenimiento de paz, siguen siendo escasos los estudios en resolución de conflicto. África sigue cautivando el interés de más analistas (si bien el Cercano Oriente y el Sur de Asia siguen llamando poderosamente la atención). La reflexión teórica en nuestra región escasea, y aun menos frecuente es la resultante de la experiencia práctica. Mientras tanto, países como Honduras y Guatemala siguen dando signos alarmantes de degradación de capacidades estatales. Subsisten además dependencias crónicas a la presencia externa (Haití). Aunque se vislumbra una salida al conflicto armado colombiano, el mismo sigue activo. Y las organizaciones criminales siguen extendiendo sus tentáculos a lo largo de la región, manteniéndose como actores transnacionales de primer orden.

Paz Sostenible ofrece una contribución innovadora y original. El Laboratorio está llamado a ser un puente que une, con proyectos puntuales, a académicos, sociedad civil, y gobiernos, interesados en estudiar y actuar en temas de paz. El ámbito de acción es entonces local, regional, nacional, e internacional. Se trata además de un proyecto–y esto no lo había desarrollado–que también propone una asociación profesional “tradicional”. Es decir, aceptamos membresías (pronto publicaremos las reglas de adhesión), esperamos organizar congresos, y vamos a cumplir con las típicas funciones que normalmente ejecuta una asociación profesional. Finalmente, se trata de una iniciativa que, al no tener límite geográfico, es libre de desarrollar perspectivas comparadas que saquen a relucir diferencias y similitudes de diversos casos, o internacionales, centradas en la interdependencia de los problemas del mundo globalizado de hoy. Es cierto, por estar basados en México, nos interesaremos más, al menos en este punto de arranque, en América Latina. Pero eso no sucederá en perjuicio de otras regiones o de oportunidades de crecimiento institucional generadas en la ruta. Al fin y al cabo, nuestro enfoque es “transnacional”.

El Laboratorio es diverso pues creemos que la riqueza está en diferentes formas de pensar. Forjar entonces una visión consensuada… será una labor ardua pero necesaria. No solo nuestro rol social depende de ello sino también nuestra credibilidad.

Epílogo (preliminar). Así, desearía terminar esta primera parte del Manifiesto de Paz Sostenible refiriéndome a la noción de “transnacionalismo”: un fenómeno es “transnacional” cuando, aunque suceda en espacios nacionales, trasciende las fronteras, se extiende entre varias naciones (y no necesariamente Estados), y obedece a una lógica que va más allá de lo que sucede entre las fronteras nacionales y por encima de ellas. Hay pues una diferencia entre lo transnacional, lo nacional, lo internacional, y lo supranacional. El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible explora entonces temas relacionados a la paz viendo la integralidad del fenómeno y relacionándolo con (pero sin limitarlo a) las interacciones intra e interestatales. La paz es un fenómeno que puede y debe ser estudiado desde una perspectiva transnacional. Doy gracias, en orden alfabético, a Karina Flores, Oscar Flores, Fernando Jiménez, y Magda Robles, por aceptar aventurarse conmigo en este proyecto. También deseo reconocer el “interés desinteresado” de Alejandra Buitrón y Juan Cortés, nuestros asistentes de investigación, ambos estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), en darnos una mano para lanzar el Laboratorio.

No queda más que enrollarse las mangas y empezar a trabajar. Seamos más que expertos en construcción de paz; seamos constructores de paz. Mayor información sobre el laboratorio es accesible en nuestro sitio web y por la página Facebook. Es posible también escribirnos a: info@pazsostenible.org

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (México), abril de 2016

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El Talón de Aquiles: “El Cuento de Tía Coyote”

by Fernando A. Chinchilla
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Durante la próxima semana, informó el Canciller costarricense, Manuel González, el primer grupo de cubanos varados en los albergues instalados por el Gobierno de Costa Rica en su frontera con Nicaragua, un grupo de 135 familias con niños (son 7,802 cubanos los que están en espera), continuarán su viaje a Estados Unidos. El plan acordado el 28 de diciembre en Guatemala por ese país, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), abre la puerta para que salgan hacia El Salvador, vía aérea, estos viajeros. De ahí, abordarán autobuses hacia Guatemala, y luego a México, país que anunció que les dará un documento temporal. Parece así resolverse una crisis migratoria que estalló el 15 de noviembre de 2015, cuando Nicaragua decidió negar la entrada a su territorio a los 1,791 cubanos que se reportaban en ese momento en Costa Rica. ¿Por qué estalló la crisis migratoria? ¿Se resolvió realmente el problema?

¿Por qué estalló la crisis migratoria? ¿Se resolvió realmente el problema?

La investigación. La historia no inicia el 15 de noviembre sino en enero de 2015, cuando autoridades ticas detienen a cinco ciudadanos cubanos. Al informárseles que se iniciaría el proceso para eventualmente otorgarles el refugio, uno de ellos indicó que no sería necesario, pues iban de paso hacia los Estados Unidos. Se conoció además que llegaban a Ecuador, atravesaban Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, y México, antes de llegar a Estados Unidos. La Ley de Ajuste Cubano, que rige en ese país desde 1966, otorga a los isleños beneficios una vez que tocan suelo estadounidense. Ante temores (infundados) de cambio de esta ley (debido al acercamiento entre Washington y la Habana), y dado el peligro de naufragio y/o de captura por parte de autoridades estadounidenses o cubanas, la ruta por Ecuador se popularizó. El ingreso de cubanos a Costa Rica por Panamá aumentó de 132% entre 2014 y 2015. Y a pesar del peligro —el tramo entre Colombia y Panamá es de los más peligrosos— entre octubre de 2014 y octubre de 2015 entraron 23,213 cubanos a Estados Unidos por México. Solo 8,101 lo hicieron por Miami.

A pesar del peligro —el tramo entre Colombia y Panamá es de los más peligrosos— entre octubre de 2014 y octubre de 2015 entraron 23,213 cubanos a Estados Unidos por México. Solo 8,101 lo hicieron por Miami.

Se determinó además que, desde su salida, las reglas del juego eran claras: sabían los cubanos a quien contactar en cada país, donde comprar el chip telefónico para hacerlo, y cuanto debían pagar (entre USD 7,000 y USD 15,000 en total). En Costa Rica, debían contactar a quien aquí denominaremos La Tía, una coyote encargada de recogerlos en Paso Canoas (frontera con Panamá) y trasladarlos a Peñas Blancas (frontera con Nicaragua). El 10 de noviembre, La Tía y once de sus secuaces son detenidos en un operativo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Policía Profesional de Migración, la Unidad de Intervención Policial (UIP), y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea. A partir de ese momento, cubanos en Panamá trataron de contactarla, sin encontrar respuesta. Decidieron aventurarse, y el 13 de noviembre de 2015, cuando se empezaron a acumular, San José debió darles, por razones humanitarias, una visa temporal de siete días. Sin embargo, el 15 de noviembre, Nicaragua cerró su frontera. Para el 20 de diciembre, cuando el Gobierno decidió suspender la entrega de visas, el número de cubanos amontonados en su frontera norte llegaba casi a los 8,000.

En Costa Rica, debían contactar a quien aquí denominaremos La Tía, una coyote encargada de recogerlos en Paso Canoas (frontera con Panamá) y trasladarlos a Peñas Blancas (frontera con Nicaragua).

La crisis humanitaria y política. La tensión entre Managua y San José, alta por desavenencias fronterizas ventiladas recientemente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), escaló: el Ejército de Nicaragua devolvió a 800 cubanos que intentaron entrar “por la fuerza” al país. Managua alegó violación de su territorio e indicó que la causa de la crisis era la irresponsabilidad tica, que deliberadamente le lanzó miles de ciudadanos a su territorio. Para Daniel Ortega, permitir la travesía era exponer a los cubanos a graves peligros, situaciones inseguras, indignas, desordenadas, e ilegales. Costa Rica y Panamá instalaron entonces albergues para crear condiciones sanitarias mínimas y algo de seguridad.

El 24 de noviembre, los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, Cuba, Ecuador y México se reunieron, sin llegar a un acuerdo. Cada país anunciaría las medidas para resolver la crisis, pero Guatemala se negó a permitir el paso de los cubanos (no habían suficientes garantías que no se quedarían ahí) y Belice adujo carecer de los recursos para garantizar el orden y la seguridad. Luis Guillermo Solís ordenó entonces suspender la participación de Costa Rica en la mesa política del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), como protesta por la falta de solidaridad regional. La crisis humanitaria se convertía así en una crisis política.

El 28 de diciembre, sin embargo, en Ciudad de Guatemala, se llega por fin a un acuerdo: El Salvador aceptó recibir a los cubanos, Guatemala accedió a integrarse al corredor humanitario, y México reiteró su disposición a dejarlos pasar.

El 28 de diciembre, sin embargo, en Ciudad de Guatemala, se llega por fin a un acuerdo: El Salvador aceptó recibir a los cubanos, Guatemala accedió a integrarse al corredor humanitario, y México reiteró su disposición a dejarlos pasar. No se conocen los detalles de la negociación, pero un mes antes, Quito había anunciado que impondría de nuevo la visa a los cubanos. ¿Constituye este un final feliz para este cuento de Tía Coyote?

Conclusión. Aunque la investigación que capturó a La Tía se realizó en conjunto con la Fiscalía colombiana y la Embajada de estadounidense en Costa Rica, lo que esta crisis destapó fue una flagrante falta de cooperación regional para resolver un problema que evidentemente es transnacional. Los coyotes de los otros países no fueron capturados. Y aunque el flujo de cubanos se contrae, Costa Rica determinó que el lucrativo negocio también incluye a personas provenientes de países África y Asia. De hecho, el 30 de diciembre, tan solo dos días después del acuerdo regional, 51 extranjeros indocumentados fueron capturados en la costa pacífica costarricense: 26 nepalíes, 9 bangladeshíes, 9 somalíes, 4 eritreos, 2 Iraquíes, y un pakistaní. ¿Parece este ser un final feliz?

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¿La justicia tiene género?

by Michell Herrera
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¿La justicia tiene género? Es una pregunta que me he estado haciendo tras los últimos atentados en Turquía, Líbano, Francia, Siria, entre otros. ¿Realmente existe la justicia? Y si es que existe, tiene alguna preferencia en el mundo machista y patriarcal en el que vivimos. Mi respuesta es sí, hasta este concepto discrimina a los sectores más vulnerables como lo son las mujeres.

Vivimos en un mundo donde hay millones de desplazados. Tan sólo en el 2011 se estimó una cifra de 43.3 millones de personas desplazadas por conflictos y persecuciones. De acuerdo a la ONU, cada minuto ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Las mujeres son el sector más vulnerable y con mayor riesgo. El problema para ellas no es solamente el desplazamiento, éste es solo el inicio de muchos más.

Denuncian hostigamiento, detenciones arbitrarias, abusos físicos, torturas, violaciones, entre muchas más. Sin embargo, esto es el inicio de lo que para ellas serán las secuelas inmediatas y permanentes de la guerra.

Se han reportado en diferentes organismos internacionales las denuncias de mujeres principalmente provenientes de Siria. Denuncian hostigamiento, detenciones arbitrarias, abusos físicos, torturas, violaciones, entre muchas más. Sin embargo, esto es el inicio de lo que para ellas serán las secuelas inmediatas y permanentes de la guerra.

De acuerdo a un estudio realizado por Human Rights Watch, estas mujeres son víctimas de todos los frentes: de fuerzas gubernamentales y leales al gobierno, también por grupos armados opositores como Liwa’al-Islam y organizaciones extremistas como el Estado Islámico, Iraq y el Levante (EIIL). Muchas mujeres aseguraron, en el reporte elaborado por la ONU “We Are Still Here: Women on the Front Line of Syria’s Conflict”, que fueron detenidas en su país por brindar asistencia médica a los heridos y por manifestarse pacíficamente en contra de los hechos violentos que se viven todos los días desde hace más de 4 años en Siria.

Este reporte se elaboró de testimonios recopilados de mujeres refugiadas en Turquía. Estas mujeres, aunque ya no viven en guerra bélica, sí siguen en guerra al seguir luchando porque se respeten sus derechos y no ser discriminadas por ser refugiadas. Que se respeten sus tradiciones y no les impongan una nueva al llegar.

En nuestro México, de acuerdo al ACNUR, se están deteniendo y deportando un 230% más mujeres centroamericanas que en 2013.

Aunque este conflicto escala todas las dimensiones de la injusticia, no es una realidad propia de los países de Medio Oriente, es una realidad tan cercana que nos es imposible percibirla. En nuestro México, de acuerdo al ACNUR, se están deteniendo y deportando un 230% más mujeres centroamericanas que en 2013. ¿Qué se debe hacer? Estas mujeres viajan buscando una mejor calidad de vida para ellas y sus familias, huyendo de las guerras, pobreza, alejando a sus hijos de la influencia de las guerrillas y de la injusticia que viven todos los días en su país de origen.

Retomando el concepto de justicia, ¿existen en México las condiciones idóneas para que puedan romper el círculo de desigualdad y puedan luchar en contra del sistema que dicta lo que deben hacer?

Deben escoger entre dos de los ritos de iniciación: relaciones sexuales con todos los miembros o una golpiza. Esto sólo para tener un lugar o grupo, el cual les asegura su supervivencia, a través de más violencia y humillaciones.

No, no las hay. A pesar de esto, sigue siendo un país de tránsito y destino para muchas de estas mujeres. En una entrevista, una mujer salvadoreña decía que vivía huyendo de la violencia generada por las pandillas o por el crimen organizado: “En mi país hay que pagar siempre el impuesto de guerra”. Más allá de un impuesto económico, es un impuesto social, donde las mujeres para sobrevivir tienen que ser parte de las pandillas. Para entrar, deben escoger entre dos de los ritos de iniciación: relaciones sexuales con todos los miembros o una golpiza. Esto sólo para tener un lugar o grupo, el cual les asegura su supervivencia, a través de más violencia y humillaciones.

¿Lo correcto es regresarlas a vivir ese infierno o dejarlas aquí y que sean presa fácil de los narcotraficantes, siendo su verdadero destino final una fosa? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda la justicia para todas las mujeres que están sufriendo a causa de la guerra? ¿Dónde está la justicia que todos debemos tener y merecemos? ¿Cómo podemos esperar justicia si los que la prevén, en muchos casos como el de Siria o México, son los mismos que la limitan?

¿Lo correcto es regresarlas a vivir ese infierno o dejarlas aquí y que sean presa fácil de los narcotraficantes, siendo su verdadero destino final una fosa?

La justica sí tiene género y no es feminista.

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