La Taquería

#Kleroterion: La Reunión de AMLO y Trump en el arranque del T-MEC

by Waldo Fernández
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Tan pronto anunció el Presidente López Obrador que viajaría a Washington para verse con el Presidente Trump en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, comenzaron a llover las críticas asegurando que dicha reunión sería utilizada por Trump, tal como los hizo con Peña Nieto, para fines electorales. 
Más allá de que el tema México seguramente sea utilizado electoralmente por Trump se reúna o no se reúna con el Presidente, sus críticos pasan por alto una sutileza que vale la pena mencionar.
Esta reunión próxima a llevarse a cabo será entre jefes de estado, es decir entre dos o incluso tres “iguales”, porque todavía se contempla que Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, confirme asistencia. Cuando Trump se reunió con Peña Nieto no había motivo diplomático para que este se reuniera con el estadounidense que  sólo era candidato.
Los críticos del Presidente pasan por alto también que esta reunión se da en el marco de la entrada en vigor de un tratado de libre comercio que marcará época hacía la integración de norteamérica. 
Es curioso, por decir lo menos, que constantemente expresan su preocupación porque la economía no va bien, pero pasan por alto el impacto positivo que le traerá a la economía del país la entrada en vigor de este tratado.
Me parece todavía más absurdo que se quejen de que el gobierno de México debe dar certidumbre a los inversionistas, pero no se les ocurre tampoco que asistir a esa reunión  es precisamente abonar a esa certidumbre. 
Tan empeñados están en que al país le vaya mal que no les importa ser incongruentes en sus posturas y absurdos en sus críticas. Para ellos no importa no que el gobierno haga o no haga, todo está mal.
Me ha dado por pensar que lo que los críticos del presidente no toleran es que el personaje al que ellos, con total ignorancia y guiados por el hígado, tachan de comunista sea uno de los artífices y el protagonista principal del tratado de libre comercio más importante que haya firmado un presidente mexicano. 
No le perdonan que  no fracase, que contra todos sus pronósticos y esperanzas el país no se está cayendo a pedazos ni haya un estallido social. No le perdonan que en las cosas que importan, como en la relación con el Presidente del país más poderoso y la economía más grande del mundo, López Obrador haya sacado su madera de estadista y se conduzca con dignidad y decoro, respaldado por el apoyo de millones de mexicanos.

El monstruo de la corrupción

by Kristian Macías
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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

Siempre a medias

by Alejandra Treviño Arias
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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias. 

La lección de Chumel

by Camila Martínez
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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

¿Y la corrupción?

by Rene Ramírez
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El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que fue abanderado por la actual administración durante las elecciones del 2018. Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado múltiples veces que la corrupción es el origen de diversos problemas en México, y que él barrería estas prácticas como a una escalera “de arriba hacía abajo”. Si bien, el análisis es correcto y la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, las estrategias y políticas públicas no pueden justificarse sin evidencia científica, ya que no entender el fenómeno de la corrupción impacta de manera considerable en su disminución o aumento. 

Recientemente, el INEGI emitió los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, y podemos ver que existen aciertos y retrocesos que son importantes insertar dentro del debate público. De acuerdo con dicha encuesta, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de la corrupción, tuvo una disminución de 91.1% en 2017 a 87.0% en 2019, ello quiere decir que existe un avance del 4.1%., podemos atribuir la disminución a la narrativa loprezobradorista sobre la ética en el servicio público y la manera discursiva con la cual se ha manejado sobre este tipo de temas. 

Si bien, por primera vez en nuestro país se formuló una Política Nacional Anticorrupción por el Comité Nacional Anticorrupción sumado con el énfasis de López Obrador sobre este tema, lamentablemente, la prevalencia de hechos de corrupción aumentó a una tasa del 15,732 en 2019, una diferencia de 1,097 sobre el 2017. Esto quiere decir que existe una mayor frecuencia de reportes de hechos  relacionado a la corrupción durante el año pasado. Esto va relacionado a un tema muy preocupante que es el aumento costo de la corrupción, ya que respecto al 2017, en 2019 subió un 68%, teniendo un valor total de 12,770 millones de pesos y 3,822 pesos por persona, lo que quiere decir que a la población le está costando de manera significativa la realización de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, afectando el acceso e ingresos de las personas. Aquí debemos hacer un paréntesis y aclaración, si analizamos los tipos de contactos con la autoridad en donde existió dicho aumento de prevalencia y costo, vemos que en su gran mayoría son temas locales como tenencia o impuestos vehicular, seguridad, educación, etc. Esto es importante que refuerza este señalamiento de diversos académicos y expertos en temas de corrupción, que señalan las estrategias locales son imperativas para poder combatir de manera efectiva la corrupción, ya que son el primer contacto con el ciudadano, haciendo especial énfasis en los ayuntamientos. 

En temas específicos, vemos que la corrupción aumentó en rubros como de servicios municipales que son permisos para vender en vía pública, servicios de agua potable y drenaje, etc. Si bien, los índices de corrupción sobre contacto con elementos de seguridad pública se mantiene casi igual, aún así continúa elevado el porcentaje ya que el 59.5% de la población que tuvo contacto con la policía sufrió de un hecho de corrupción, lo cual nos obliga a atender los orígenes y medios de control para evitar las malas prácticas dentro de los cuerpos policiacos. Todo lo anterior contrasta con la percepción de la confianza en instituciones públicas, ya que se percibe un aumento en la confianza al gobierno federal, gobiernos municipales estatales, jueces y magistrados, policías, etc. 

Otra evaluación que puede sumar al análisis es el índice de Percepción de la Corrupción de 2019 realizado por Transparencia Internacional ya que nuestro país avanzó 8 lugares en dicha evaluación, y lo más importante es que se detuvo la caída que durante 5 años consecutivos se tuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. En gran medida, esto se debe al énfasis de López Obrador en combatir la corrupción y los casos que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han llevado a cabo. 

Debemos que repensar la estrategia. Estos datos son reveladles ya que confirma lo que se  ha señalado desde un inicio: no se puede basar la estrategia únicamente en el ejemplo del de arriba. La corrupción es un fenómeno completo con múltiples aristas, la administración pública federal es sólo 1 elementos de los muchos que existen sí queremos tener un avance significativo. Debemos que incluir la perspectiva local y enfatizo a los ayuntamientos ya que son ese primer contacto ciudadano y el aspecto más vulnerable dentro del federalismo mexicano. Tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y verlo no cómo una herencia priista sino como una herramienta muy efectiva para el combate a la corrupción. Un tema importante además de la sanción y la impunidad, es la prevención, ya que uno de los pendientes es evitar futuros actos de corrupción, y creo que Andrés Manuel López Obrador debe medir el impacto de su llamada “austeridad republicana” y el recorte al gasto operativo de la administración pública federal, que si bien, aquí existe un tema de impacto negativo en la  eficacia de la gestión pública, es claro que dejar inoperante a los órganos públicos puede incidir en la prevalencia de casos y costos de la corrupción. Considero positivo que existe un interés y voluntad de la actual administración en estos temas, sin embargo, la voluntad política debe ir acompañada de acciones bien pensadas y estructuradas que vayan más allá del discurso y la narrativa. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

Mientras la pobreza aumenta a causa de la pandemia, México limita los estímulos a la economía

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

El Financial Times expone que mientras otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulo u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar empleos, la principal respuesta del Presidente López Obrador fue otorgar créditos a microempresas.

El único incentivo económico anunciado por el gobierno federal durante la pandemia -los microcréditos- ha tenido un impacto de apenas el 25% de su público objetivo.

Si bien un préstamo de 25,000 pesos podría ayudar a personas con cierto tipo de micronegocios, le sirve de muy poco a pequeñas y medianas empresas. Por ello no se espera que contribuyan considerablemente a proteger los empleos.

Como lo expusimos en Reporte-19, más de 12 millones de personas han visto suspendidas sus actividades laborales según el INEGI, y más de 10 millones de personas tienen riesgo de caer en la pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Aproximadamente la mitad de la población mexicana trabaja en el sector informal sin beneficios como cobertura de salud y no existe seguro de desempleo.

Aunque la tendencia global es usar el gasto público para proteger a las familias más vulnerables, proteger el empleo y reactivar la economía, la postura de la administración López Obrador no ha variado.

Esto a pesar de la reciente línea de crédito otorgada a México por el Banco Mundial y la recuperación de 28 mil millones de pesos en impuestos pendientes, que fueron cobrados a multinacionales como Wal-Mart y FEMSA.

México tiene una línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI, por la cual paga 163 millones al año, incluso si no la aprovecha. Esto podría usarse para financiar un paquete de estímulo económico más amplio.

La decisión del gobierno federal de no brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios podría tener un efecto considerable en aumentar la desaprobación de la clase media a la gestión de AMLO.

Mientras tanto, está por verse si el Presidente y su partido apoyan la propuesta del Ingreso Vital de Emergencia.

#ElNidoDelGavilán: “Batallas innecesarias”

by José de Jesús Galindo
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En los recientes días, el Presidente ha estado en el ojo del huracán (nada nuevo) por empezar una serie de discusiones vacías y sin sustancia que le han generado más críticas, incluso de sectores de votantes suyos. Me refiero a la cancelación del foro de CONAPRED donde se invitó a Chumel Torres y a la posterior insinuación de la desaparición de CONAPRED.

La primera discusión la empezó, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller quien en una crítica a Chumel por lo que ha dicho este sobre su hijo, ironizó sobre la participación del influencer en el susodicho foro.

Esto levantó la polémica en Twitter y medios, haciendo que CONAPRED se echara para atrás y no realizara dicho foro. Sin embargo, dicho foro se realizó días después bajo otras condiciones, pero con los mismos invitados. 

La polémica no terminó ahí y el Presidente con su ya característica de responder preguntas de más, equiparó la invitación a Chumel como si se invitase a un torturador a una charla sobre tortura… Eso, aparte de innecesario, le dio una importancia nacional a un tema que no lo ameritaba.

Chumel, puede ser gracioso o no, clasista, racista y un sinfín de adjetivos que cada quien podrá juzgar, pero el Presidente no tenía que dedicarle espacio en su Conferencia. Por el simple motivo de que la oposición de plástico que se tiene empieza a tomar como banderas estas polémicas bobas para demeritar el trabajo del Presidente, intentar dividir a los votantes de AMLO y ridiculizar su gestión.

No bastó el sainete, para entrar a otro, en conferencia mañanera el Presidente insinuó con la desaparición de CONAPRED, que luego matizó, diciendo que “siempre no”. La existencia de organismos autónomos está discutida desde hace muchos años, pero en general (y entre otras funciones), llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno y tienen autonomía de gestión. En el caso de los organismos autónomos presentes en la Constitución (como el INEGI o Banco de México), pues tienen incluso más funciones, incluso como equilibrio de poderes. En este caso, CONAPRED está sectorizado dentro de la Secretaría de Gobernación.

El Presidente acusó de que “se hicieron muchos organismos para simular” generando una polémica mayor. Sin embargo, al ratificar la existencia de CONAPRED afirmó que él quisiera que una mujer indígena llevara las riendas de este Consejo.

Lo cierto, es que al día de hoy, la titular Mónica Maccise, presentó su renuncia, y el Presidente, sumó otra batalla innecesaria y sin sentido que no suma sino resta.

Estas batallas alejan a la 4T de su convicción de cambio, de impulsar un México menos desigual y con más derechos sociales, que ha sido la plataforma oficial. Distraen la atención pública hacia detalles fútiles y abonan a la erosión de la imagen presidencial (que se mantiene alta aún).

Ni AMLO ni la 4T necesitan estos enemigos, porque no lo son ni siquiera son pares en fuerza. El Presidente tiene que “serenarse” como dice él y no contestar a todo, evitar enfrascarse en politiquería y abocarse al abatimiento de la pandemia -que aún vivimos-. Si bien, la oposición es débil para sacar rédito político de esto, si desgasta al Gobierno de cara a cumplir sus misiones y objetivos trazados.

Lo dicho, dicho está.

Las mentiras de la 4T

by Daniel Butruille
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Afirmar que el problema del Covid-19 está dominado es una mentira peligrosa, ya que las de por si, muy flojas recomendaciones de distanciamiento social, se respetan cada día menos. La actitud del presidente y de su gobierno es responsable de miles de muertos y de decenas de miles de contagios que podrían fácilmente evitarse.

Quien siembra descuido cosecha muerte. ¿Será esto el bienestar prometido por el nuevo régimen? ¿La irresponsabilidad social no debería ser enfrentada con medidas más severas de contención? El presidente, padre del pueblo bueno, ¿tendrá miedo de generar reacciones adversas en sus electores potenciales? Prefiere claramente los miles de muertos que se acumulan a diario a molestar a su pueblo bueno y sabio. No debería olvidar que cada muerto evitable genera decenas de dolientes resentidos.

Afirmar que el problema de la Seguridad Nacional está superado y que la Guardia Nacional y el Ejercito dominan la situación, es una mentira absurda, cuando a diario aparece más evidente el dominio territorial que ejerce el crimen organizado, el cual se da el lujo adicional de amenazar a estados enteros.

¿Habrá realmente una estrategia de Seguridad o la ineptitud y los convenios pre establecidos con el propio crimen organizado impiden a las fuerzas policiacas y militares de intervenir?

Afirmar que vamos requeté bien en términos económicos es una mentira imbécil cuando todos los organismos internacionales pronostican una caída de más de 10% del PIB. Ignorar el PIB no es ninguna solución, ni siquiera ha salido la propuesta, sin fundamento, de presentar una medición más eficiente que el PIB para medir el estado de bienestar del país. Solamente ha surgido la propuesta de limitar la propiedad a un par de zapatos y de comer maíz y tortillas. ¿Será que la desnutrición del pueblo bueno y sabio es una condición de bienestar del nuevo paraíso que nos quieren proponer?

Sostener mentiras es una manera de evitar resolver los problemas vitales del país. Evidentemente, no existe ninguna voluntad de resolverlos. La curva plana seguirá vertical, el narco seguirá imponiendo su fuerza al orden público y la miseria general será la nueva medida de la economía del país. A menos que los hombres de buena voluntad y de gran capacidad se unen para enderezar este barco que se hunde bastante más rápido que anunciado.

El régimen de las mentiras

by Javier Scheiman Flores
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Desde que existe el famoso “Proyecto de Nación” de Andrés Manuel López Obrador, mucho antes de que llegara a la silla presidencial, su movimiento y base política ya tomaban como estandarte la lucha contra la corrupción. Para él, absolutamente todo es una consecuencia de la corrupción que ha lastimado profundamente a nuestro México. Y en parte, no está equivocado.

En ese proyecto confiaron más de 30 millones de mexicanos. El sentimiento era el mismo: se debía poner fin a las prácticas corruptas para construir un país justo y libre. México merecía más que lo que había vivido antes.

Personas como Javier Duarte, Emilio Lozoya y Genaro García Luna, entre muchísimos otros, terminaron por romper la poca confianza que el mexicano tenía en las instituciones y en los políticos. Ahí es dónde entra AMLO a devolverle la esperanza a sus seguidores.

Hay un pequeño problema: López Obrador y su equipo son iguales.

Verán, hay que reconocer que durante su vida, el presidente ha sabido hacer algunas cosas bien. Por eso llegó hasta donde está. Pero algo que ha hecho mal a lo largo de toda su carrera política es elegir a sus colaboradores más cercanos. Curiosamente, siempre termina defendiendo a los personajes más corruptos de la política mexicana.

Es un insulto para sus seguidores, que creen ciegamente en la transformación “austera”, que le haya asignado a Manuel Bartlett una dependencia federal tan importante como lo es la CFE. A ese personaje se le recordará siempre por deshonesto, y esa es la verdad.

También es una burla a la inteligencia de sus seguidores el haber asignado a la Secretaría de la Función Pública a Irma Eréndira Sandoval.

La SFP tiene como una de sus principales obligaciones combatir la corrupción. Recientemente salió un reportaje que afirma que la Secretaria tiene un patrimonio de 60 millones de pesos, con diversas propiedades, que desarrolló mientras laboraba en la UNAM, con salario de académica. La familia de Sandoval critica la exigencia de la ciudadanía de publicar su patrimonio, cosa que al ser funcionaria pública, se vuelve obligatoria. Curioso, ¿No?

Preocupa también que Irma Sandoval tiene a varios familiares dentro de la Administración Pública Federal, incluyendo a su hermano. Justo cuando López Obrador prometió combatir el nepotismo. Y los Sandoval no son la única familia así en este gobierno.

Gran parte de los funcionarios federales (incluyendo al Dr. Hugo López-Gatell, que debería estar atendiendo temas de urgencia) salieron en defensa de Irma Sandoval y su familia. Desde diputados hasta el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (que también se supone que lucha contra la corrupción).

La Secretaria llamó “sicarios mediáticos” a los periodistas que la acusan. Algo que a simple vista parecería como un ataque a la libertad de expresión.

Ellos no son los únicos políticos corruptos con los que López Obrador se ha involucrado. De hecho, la lista es bastante larga.

Carlos Lomelí, René Bejarano, Dolores Padierna, Miguel Barbosa, Yeidckol Polevnsky, Ana Gabriela Guevara, por mencionar algunos.

Todos estos personajes fueron arropados por el Presidente, haciendo parecer que la única corrupción que hay que combatir es la que ejercen quienes no comulgan con su proyecto de nación. Evitan establecer un suelo parejo, para poder construir desde ahí, un México para todos. Estos políticos de izquierda se burlan descaradamente de sus votantes, que creen genuinamente que ellos son los indicados para transformar a México.

Y para no dejarlo afuera, ahora Morena aprobó una coalición con el Partido Verde para las elecciones de 2021. El Partido que ya estuvo con el PAN y con el PRI, ahora se une a Morena. ¿A qué huele? A corrupción.

Recuerden que mentir, ocultar cifras, regalar cargos y proteger corruptos también son actos de corrupción. Esto es una burla para todos los mexicanos, y un insulto a la inteligencia de los seguidores de la Cuarta Transformación.

Pensemos bien el rumbo que queremos darle a nuestro país.

#Kleroterion: “La línea que nadie debe cruzar”

by Waldo Fernández
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Mucho se ha dicho en redes sociales y en diversos medios sobre la polémica invitación que hizo la CONAPRED al  influencer y comediante Chumel Torres para que participara en un foro de racismo y discriminación y que terminó convirtiéndose en un escándalo que motivó la renuncia de la titular del organismo.

Más allá de dar una postura sobre si tal personaje debería o no participar en un foro sobre ese tema, lo que quiero es reflexionar sobre un punto que nadie ha tocado. Los derechos del hijo del Presidente y la primera dama. El jovencito de nombre Jesús Ernesto con apenas 13 años que desde la campaña del 2018 ha recibido ataques e insultos constantes por buena parte de quienes no simpatizan con su papá.

En su afán por cuestionar o incluso abiertamente golpear al Presidente sus adversarios se han pasado de la raya. Meterse con el hijo menor de alguien, así sea el de una figura pública, es algo grotesco e inmoral. Pero lo más grave es que esos ataques terminan por tener un impacto negativo en la vida de una ser humano cuyo único pecado es ser hijo de su papá. 

Si nos detenemos a pensarlo resulta imposible que esos insultos se queden en las redes sociales y no aparezcan en la vida diaria de este pequeño joven. Que no sea señalado por otros chicos y chicas  de su entorno con los apodos y calificativos que le dirigen en redes sociales. 

Sin deberla ni temerla este joven tiene que aprender a vivir siendo objeto de burlas y toda clase de insultos clasistas y racistas. Me pregunto como reaccionarían quienes en nombre de la libertad de expresión lo atacan de esa manera si fueran sus hijos quienes enfrentan una situación similar.      

Y no, no estoy defendiendo al Presidente, estoy defendiendo a un niño, a un jovencito que tiene la misma edad que mi hija y quien también, al igual que él, ha tenido que lidiar con el peso de ser hija se una figura pública. Que también ha tenido que aguantar la ira de quienes no simpatizan o concuerdan, la mayoría de las veces sin siquiera conocerlo, con su papá.

Habrá quién diga que ese es el precio de ser una figura pública, pero en estos tiempos cualquiera que tenga una cuenta de redes sociales se expone al escrutinio público y si bien los adultos saben a lo que se meten, los niños NO e insultarlos  es una línea que no debemos permitir a nadie cruzar. 

Así que no nos equivoquemos. Nada justifica que nadie ataque al hijo menor de nadie. Cuando un niño “bullea” a otro se le llama bullying, pero cuando un adulto “bullea” a un niño se convierte en un acosador, aún y cuando quiera esconderlo como libertad de expresión.