Author: Javier Náñez Pro

La inmunidad de los diputados de Nuevo León

by Javier Náñez Pro
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Desesperanzadora y frustrante mañana con la que despertó Nuevo León ayer, al ser puesto en evidencia otro escándalo más de MOCHES en el Congreso de Nuevo León. Si las cuentas no me fallan, ya es el tercer caso en apenas cuatro meses.

El primero siendo el de diciembre en donde se ventiló en redes sociales (quizá porque no salió en medios tradicionales para no exhibir su complicidad algunos no lo sabían) que los diputados les organizaron una posada en donde regalaron televisiones, pantallas y otros premios (de acuerdo a la publicación [https://www.facebook.com/AnonMty/posts/187975711553875], comprado todo esto con dinero público y avalado por la Comisión de Adquisiciones del Congreso) a periodistas de El Horizonte, Televisa, Reporte Índigo, Milenio, Multimedios y otros medios de comunicación que se dedican a golpear y desprestigiar al Gobierno Independiente de Jaime Rodríguez, pero que guardan silencio de la gran mayoría de tropelías que sufrimos los ciudadanos a manos de los partidos políticos.

El segundo escándalo, publicado por El Norte no hace más de un mes, en donde por lo menos ocho alcaldes rurales de Nuevo León acusaron anónimamente (debido a que fueron amenazados) a diputados del PRI y del PAN, de condicionarles apoyos del Fondo de Desarrollo Municipal y de Ultracrecimiento…

¿Hubo renuncias, culpables señalados o comparecencias en donde se les cuestionara o exigiera la renuncia? No.

El segundo escándalo, publicado por El Norte no hace más de un mes, en donde por lo menos ocho alcaldes rurales de Nuevo León acusaron anónimamente (debido a que fueron amenazados) a diputados del PRI y del PAN, de condicionarles apoyos del Fondo de Desarrollo Municipal y de Ultracrecimiento (fondos recién creados con la Ley de Coordinación Hacendaria que aprobaron apenas en diciembre del año pasado) al pago de un porcentaje (moche) de hasta el 40% del monto total de las obras. Y no solo eso, sino que solamente podrían realizar cierto tipo de obras con ese dinero y con constructoras favoritas que ellos les indicarían. Para acabarla, fueron AMENAZADOS que de no aceptar, bloquearían sus apoyos federales y les rechazarían las cuentas públicas de sus municipios, lo que les podría representar responsabilidad penal.

Y la gran vergüenza de ayer, hecha pública por Periódico ABC, donde se revela un acuerdo económico de 20 millones de pesos entre los operadores de negocios afectados por la Ley Antitabaco de Nuevo León

¿Hubo renuncias, culpables señalados o comparecencias en donde se les cuestionara o al menos exigiera la renuncia? Tampoco.

Y la gran vergüenza de ayer, hecha pública por Periódico ABC, donde se revela un acuerdo económico de 20 millones de pesos entre los operadores de negocios afectados por la Ley Antitabaco de Nuevo León con los diputados para lograr una reforma en donde permita fumar en espacios cerrados dentro de establecimientos como restaurantes, bares y discotecas; misma reforma que de hecho aprobaron en diciembre del año pasado los diputados, pero que fue oportunamente detenida por el veto del Gobernador. Así es, de no ser por el Gobierno Independiente, el Congreso ya habría vendido el derecho a la salud de los nuevoleoneses por unos milloncitos.

Yo no sé si habrá renuncias, culpables o comparecencias en donde los diputados respondan a estos cuestionamientos, pero lo que sí sé como abogado, es que los diputados son los ÚNICOS funcionarios de todos los poderes de Nuevo León que prácticamente gozan (y abusan) de inmunidad total sobre sus acciones.

Como tienen fuero, no se les puede iniciar una acción penal, salvo que sean desaforados. ¿Y quién decide si se desafora o no a un funcionario? Los diputados.
De igual forma, ¿quién decide sobre el inicio o no de un juicio político contra un funcionario? Los diputados.

¿Cómo ven? ¿Estaremos condenados a funcionarios que además de no rendirle cuentas a nadie, creen sus propias reglas y se autojuzguen? ¿O ustedes qué sugieren?

Así es: La Constitución Estatal (que ellos mismos modifican a su voluntad, sin intervención de nadie más), establece que la única manera de sancionar a un diputado es si ellos mismos se autojuzgan.

¿Cómo ven? ¿Estaremos condenados a funcionarios que además de no rendirle cuentas a nadie, creen sus propias reglas y se autojuzguen? ¿O ustedes qué sugieren?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Sobre la designación de la titular de la CEDH

by Javier Náñez Pro
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En un acto de total congruencia por parte del Poder Ejecutivo al procedimiento de designación de quien fuera a asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concebido por éste, y puesto en marcha desde diciembre del año pasado, finalmente después de más de tres meses desde la presentación del primer candidato al Congreso para iniciar con el procedimiento establecido por la Constitución Local, Nuevo León ya tiene ombudsperson, en la persona de Sofía Velasco Becerra.Recordemos que su designación fue producto de un proceso transparente, ciudadano e inédito al que libremente se sometió el Gobernador de Nuevo León, en consonancia con el particular estilo de participación ciudadana que ha imperado desde octubre del año pasado.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado…

Ya explicado en anteriores colaboraciones en este sitio, el procedimiento inicia con una convocatoria abierta en donde cualquier ciudadano podía postularse para participar en el procedimiento, y donde el jurado para determinar las propuestas a enviarse al Congreso era mayoritariamente compuesto por representantes de universidades y ONGs (5 personas) y minoritariamente por funcionarios públicos del estado (3 personas), en donde los ganadores del mismo fueron, en este orden: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles (ambos académicos de universidades locales) y la actual Presidenta de la CEDH.

Se preguntarán: ¿Por qué los primeros dos lugares no fueron los designados? Al establecer la Constitución Local que el Congreso del Estado podía legítimamente rechazar las primeras dos propuestas que enviara el Ejecutivo (pues indica que la tercera es por designación directa del mismo), ante la falta de consenso de los legisladores, estos dos primeros lugares fueron refutados, al ser las primeras dos propuestas enviadas, lo cual resultó en que quien obtuvo el tercer lugar fuera la designada para este cargo debido a la procedencia de una designación directa.

… que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León.

Tras un estire y afloje importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el tema (así como internamente entre los mismos diputados que no pudieron llegar al consenso en ninguna de sus dos votaciones plenarias sobre el tema), finalmente queda resuelto este episodio en la historia de nuestro estado, en cuya conclusión destaca la recepción personal del coordinador de la bancada del PRI el día sábado a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que acudimos a entregar el nuevo nombramiento, que se efectúa en un ambiente de cortesía dentro de un procedimiento que inició generando bastante rispidez entre ambos poderes.

Enhorabuena por que prevalezcan los lazos y acuerdos por encima de las polémicas, y mis mejores deseos para la gestión de Sofía Velasco en la CEDH; que se note la diferencia cuando una designación se basa en el dedazo del Gobernador (como sucedió en la administración anterior) y cuando se basa en el consenso de la sociedad civil organizada de Nuevo León. Del éxito o fracaso en ello, se asentarán precedentes torales para los procedimientos ciudadanos del futuro en nuestro país.

A mucha responsabilidad, mayor voluntad y esfuerzo en el trabajo; que así lo sea.

PIÉ DE PÁGINA: Si son aficionados de la franquicia “DC COMICS”, no vayan a ver Batman v Supermán si no quieren salir decepcionados con las personalidades que equivocadamente le pusieron a la mayoría de los protagonistas. Si lo hacen, no digan que nadie les avisó.

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Sobre el rechazo legislativo de Eduardo Román

by Javier Náñez Pro
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De doble filo es la redacción periodística en la forma editorial, pues si bien pueden capitalizarse puntos de vista importantes sustentados y justificados, que resulten en una aportación favorable a la opinión pública, también pueden exhibir el total desconocimiento del tema tratado por parte de su autor o en el peor de los casos, editoriales amañadas dirigidas a desinformar al auditorio correspondiente. Irresponsable es que abusando de las plataformas periodísticas, un autor se pronuncie con certeza sobre algo cuando tiene una carencia absoluta de elementos o siquiera indicios que pudieran sustentar lo que afirma.

El tema de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos vuelve a cobrar relevancia a raíz del gigantesco desacierto de los diputados albiazules tras rechazar la primera oportunidad de tener un ciudadano verdaderamente ajeno a los grupos políticos ocupando este importante cargo.

Si existe un ente político lastimado tras este lamentable hecho, no es el candidato Eduardo Román, ni quienes participaron en el proceso de designación, sino este mismo grupo de diputados que ahora deberán soportar el costo político que lo anterior acarrea no únicamente con la ciudadanía que verificó y percibió la transparencia, apertura y pureza del proceso, sino con cuatro de las universidades más importantes (UANL, ITESM, UDEM y FLDM), no solo de Monterrey, sino del país.

Quizá les faltó asesoría al analizar su decisión, pero el mensaje enviado a las instituciones educativas es de absoluto demérito a su trabajo, pues todas las horas de estudio, esfuerzo y disposición invertidas en el proceso, parecen carecer de total valor para ellos.

Sobre la materia, un desliz común que pone en evidencia el desconocimiento del mismo en algunas personas (tanto diputados como editorialistas), es la versatilidad ideológica con la erróneamente se percibe la función pública en un puesto como el de la CEDHNL.

Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, que además de ser un tema ya definido por la Suprema Corte como jurisprudencia, es consistente con la sintonía en la que la temática se ha desarrollado en luz de los derechos humanos en la escala mundial, tanto en los sistemas regionales como universales, el hecho de tomar como criterio de un candidato a la titularidad de la CEDH su postura sobre el matrimonio igualitario u otros temas de este corte, es vergonzosamente inútil y denota cabal ignorancia, pues concebir la idea de un titular de un órgano de protección a derechos humanos que no únicamente no esté dispuesto a protegerlos, sino que ideológicamente esté en contra de su contenido, sería equivalente a nombrar de obispo a alguien que abiertamente no cree en los santos, la Virgen María y los sacramentos. Risible.

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Lo sucedido en el Congreso ante la visita de Manuel González

by Javier Náñez Pro
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Doblemente mal quedaron los diputados del Congreso de Nuevo León a raíz de la visita del Secretario General de Gobierno al recinto parlamentario el lunes de esta semana.

Como expuse en columnas pasadas, se llevó a cabo el primer procedimiento abierto, ciudadano y transparente para elegir la propuesta que el Ejecutivo habría de enviar al Congreso para definir a la próxima persona a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), mismo en el que participaron como mayoría absoluta universidades del área metropolitana de Monterrey y una organización de la sociedad civil, frente a una minoría en representación del Gobierno del Estado. Al haber sido el ganador del procedimiento de selección, la propuesta del Dr. Eduardo Román como titular de dicha dependencia por parte del Ejecutivo se realizó el día 15 de enero del presente año, mientras el Congreso se encontraba en uno de los dos periodos de receso que tienen de manera anual.

Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Al respecto, es de destacarse lo que establece el artículo 99 de la Constitución del Estado de Nuevo León sobre el momento en que se hace la propuesta del Titular de la CEDH: “(…) Si el Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones”. Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Por razones que no quisiera especular ante carencia de pruebas (aunque una diputada dice que el retraso fue causado por diputados del PAN), llegó a pasar todo un mes desde la presentación de la propuesta sin que llamaran a comparecer al candidato, en una completa violación por omisión en modalidad de tracto sucesivo de los dispositivos constitucionales, ante lo cual el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, en compañía de funcionarios públicos de la dependencia a su cargo, optó por acudir al Congreso a solicitar un pronunciamiento formal por parte de los diputados acerca de la propuesta, pues era inminente la necesidad de contar con un Titular de la CEDH para colaborar en la restauración penitenciaria que el Gobernador ha puesto en marcha en Nuevo León.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”. En pocas palabras, los diputados desviaron la atención de su retraso injustificado rasgándose las vestiduras casi como si hubieran entrado personas armadas a amenazarlos.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”.

Sorpresa la que se llevaron cuando en las redes sociales del Secretario (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1102779819741200?ref=notif¬if_t=like) se publicó un video del suceso en donde los mismos diputados dicen que es un honor recibirlo, lo saludan de beso, abrazo y hasta le abren la puerta del cuarto en donde desarrollaban la sesión para que exponga sus ideas, lo cual puso en evidencia que además de ser indubitablemente invitado a la sesión, realizó sus planteamientos de la forma más cortés, civilizada y cordialmente posible.

Por culpa de los legisladores que polemizaron el tema, vuelve a desprestigiarse la legislatura al quedar exhibido un importante retraso legislativo y por quienes se rasgaron las vestiduras, disminuye la confianza ciudadana en los diputados partidistas que ya de por sí, están muy desprestigiados.

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La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

by Javier Náñez Pro
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Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

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Sobre el Proceso de Selección del nuevo Presidente de la CEDH

by Javier Náñez Pro
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Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

El Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.

Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana?

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Respuesta de Gobierno del Estado a CADHAC

by Javier Náñez Pro
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El siguiente texto es en respuesta a la crítica que surgio el día de ayer por parte de la organización Ciudadanos en Apoyo los Derechos Humanos (CADHAC) donde cuestiona el proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte del Gobierno del Estado:

Agradeciendo atentamente la crítica que hace CADHAC en su sitio de internet (http://www.cadhac.org/comunicado/cadhac-ve-con-preocupacion-el-proceso-de-designacion-del-titular-de-la-cedhnl/) sobre el proceso de designación para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son de nuestra mayor consideración los siguientes puntos:

– Lamentamos que esta organización civil que se ha destacado en la defensa de los derechos humanos no solo a nivel estatal, sino nacional, no se hubiera aproximado antes con nosotros a sugerir formas de perfeccionar la designación, sino que a escasas horas antes de las comparecencias hagan una publicación en su sitio de lo que no les pareció sobre una convocatoria publicada desde hace más de tres semanas. Al Gobierno del Estado, y estamos convencidos que también a la ciudadanía, nos hubiera encantado recibir sus observaciones y comentarios al respecto, y ponerlos oportunamente en práctica para lograr un aún mejor resultado.

– Lamentamos también que hayan declinado nuestra invitación a participar en el proceso, pues de esta forma Nuevo León no puede aprovechar su gran experiencia en la materia para poder hacer una designación más idónea. Es desafortunado que teniendo en nuestro estado a la Hermana Consuelo, Premio Nacional de Derechos Humanos de apenas este año pasado, no vaya a participar en la elección del próximo Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Recordemos que este es un proceso de convocatoria abierta a la ciudadanía para la designación de este cargo, totalmente transparente que nunca había sido realizado con anterioridad en el estado. Tengan todos la certeza de que seguimos trabajando, en estricto apego a Derecho, por un mejor Nuevo León para todos.

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Incongruencia política, Diputados aumentan Predial en Nuevo León

by Javier Náñez Pro
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Incongruencia política monumental, la que demuestran los diputados del Congreso de Nuevo León, que con tanta enjundia y convicción lucharon por eliminar totalmente el pago de tenencia el primer año, echar abajo la verificación vehicular a pesar de la grave situación ambiental de Nuevo León (al grado de que algunos salieron a las calles a pegar calcomanías en los coches oponiéndose a la medida), entre otros medios de ingreso para el Gobierno del Estado que tacharon de “recaudatorios”, y que por otro lado decidieron aprobar sin problema alguno, y prácticamente sin debate, aumentos a los valores catastrales de algunos municipios que implicarían un aumento sustancial en el pago de los impuestos del contribuyente neoleonés, como es el caso específico del Predial.

Vaya sorpresa que se llevarán los ciudadanos de Monterrey, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás que pensaban que los Diputados (y Ayuntamientos) estaban genuinamente preocupados por la cantidad de impuestos que pagaban, pues con una mano se rasgan las vestiduras por una verificación vehicular de 450 pesos (que aún estaba abierto a considerarse un subsidio u otros apoyos), y con otra aumentan el costo del Impuesto Predial hasta en un 30%. Si bien la primera tenía una finalidad ambiental y repercutía en los propietarios de automóviles, la segunda no tiene finalidad más que recaudar y repercute en TODA la población; parejo.

Esta incongruencia que para algunos puede no quedar muy claro al hacer cosas diametralmente distintas, puede explicarse con lo sucedido el 7 de junio del año pasado: Perdieron la elección y con ello, el control de las arcas del Gobierno Estatal.

Esta incongruencia que para algunos puede no quedar muy claro al hacer cosas diametralmente distintas, puede explicarse con lo sucedido el 7 de junio del año pasado: perdieron la elección y con ello, el control de las arcas del Gobierno Estatal. Pero la elección no fue una derrota total, pues 50 de los 51 municipios aún conservan gobiernos de mayoría partidista. Si bien antes de la ola independiente los partidos controlaban todo el dinero público, ahora solo administran los recursos municipales y, por ende, están actuando de conformidad.

Si bien la estrategia de regocijarse en los municipios tras su derrota electoral podrá funcionarles, la pregunta es: Al paso en declive que van los partidos políticos, ¿para dónde se van a hacer en 2018 cuando además de haber perdido la gubernatura, pierdan ahora a los municipios?

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Sobre el financiamiento de los partidos políticos en México

by Javier Náñez Pro
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A raíz de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que supo tomar la oportunidad presentada en luz de las elecciones extraordinarias de Aguascalientes para aliarse con Movimiento Ciudadano y el PRD, resurge como tema el costo económico que representan los partidos políticos para México y con ello, algunas confusiones. A diferencia de lo que se piensa, el hecho de que el PT conserve su registro, o incluso aunque hubiera cinco partidos políticos nuevos, no nos cuesta un peso adicional a los mexicanos.

Los partidos políticos nacionales obtienen financiamiento público por tres rubros: para sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades de obtención del voto durante elecciones federales, y para las actividades específicas.

Enseguida lo expongo. Los partidos políticos nacionales obtienen financiamiento público por tres rubros: para sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades de obtención del voto durante elecciones federales, y para las actividades específicas.

El artículo 41, fracción II de la Constitución Federal dispone el financiamiento de los partidos políticos de la siguiente forma: el financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se efectuará de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (85’647,870) por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo (El salario mínimo es de 70.1 pesos en 2015, el 65% del mismo es 45.565 pesos). Esto arroja 3,902’545,197 pesos anuales, que habrá de repartirse entre todos los partidos políticos. El 33% de esa cantidad se divide en partes iguales, y el restante se reparte en función de la última elección de diputados federales.

Ojo, del monto que reciba cada partido por este rubro, deberán destinar el 3% a actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales. Sumado a lo anterior, cada vez que haya elecciones federales, existe un financiamiento adicional equivalente al 50% del ordinario (1,951’272,599 pesos) cuando se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, y equivalente al 33% (1,300’848,399 pesos) cuando se elijan solamente a los últimos.

Se puede apreciar fácilmente que, independientemente del número de los partidos políticos, el costo que nos representan va a sernos exactamente el mismo mientras este imperativo constitucional permanezca inmodificado.

En luz de lo anterior, se puede apreciar fácilmente que, independientemente del número de los partidos políticos, el costo que nos representan va a sernos exactamente el mismo mientras este imperativo constitucional permanezca inmodificado.

Así que al margen de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que en muy poco nos afecta a los ciudadanos, la atención debemos ponerla en la cantidad exorbitante que nos cuestan los partidos políticos. Este año costaron más de cinco mil millones de pesos, y en tres años que sean las elecciones presidenciales se estima nos cuesten seis mil millones de pesos (y esto solo a nivel nacional, pues sumado a esto, existe financiamiento estatal).

Si en Nuevo León quedó demostrado que con un financiamiento público inferior a los cuatrocientos mil pesos no sólo se puede ganar una elección, sino arrasarla, entonces, ¿para qué gastar tanto en los partidos?

Si en Nuevo León quedó demostrado que con un financiamiento público inferior a los cuatrocientos mil pesos no sólo se puede ganar una elección, sino arrasarla, entonces, ¿para qué gastar tanto en los partidos?

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Sobre la Ley del Derecho de Réplica

by Javier Náñez Pro
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Tras un año y medio de retraso resultante en una flagrante violación a la Constitución Federal, el Congreso de la Unión finalmente expidió la Ley Reglamentaria del Artículo 6º en materia de Derecho de Réplica, entrando en vigor el 4 de este mes de diciembre.

Siendo esta ley garantía del derecho humano de réplica, define al mismo como: “El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.”

Como se aprecia, el ejercicio de este derecho no se limita a temas políticos o electorales, sino que es tan amplio como para abarcar agravios en casi cualquier aspecto. Ni siquiera se limita a personas físicas, pues las personas morales también pueden ejercitarlo a través de sus representantes legales.

La considero positiva en virtud de que su razón de ser obedece a un fenómeno muy real: el gran poder de los medios de comunicación y la irresponsabilidad profesional por la que muchas empresas se han caracterizado.

A pesar de las críticas que han rodeado la aprobación de esta ley, la considero positiva en virtud de que su razón de ser obedece a un fenómeno muy real: el gran poder de los medios de comunicación y la irresponsabilidad profesional por la que muchas empresas se han caracterizado.

No nos vayamos lejos: apenas hace unos meses, cuando los candidatos contendían por la Gubernatura de Nuevo León, algunos medios de comunicación, tanto impresos como televisivos y electrónicos, abusaron muy irresponsablemente de su poder al provocarle agravios a Jaime Rodríguez Calderón por medio de la difusión masiva de información inexacta y hasta falsa de su persona para perjudicar su candidatura. Aunque no lo lograron, eso no significa que sea permisible que los algunos medios de comunicación hagan campañas perjuiciosas de desinformación en contra de una persona para provocarle un daño en sus derechos que sin dicha ley resultaría irreparable.

Como asesor jurídico en su campaña, era muy palpable la necesidad de que esta ley hubiese sido expedida en el plazo constitucionalmente establecido para ello, pues muchos candidatos hubieran podido desmentir públicamente acusaciones infundadas y así nivelar un poco el terreno electoral.

La ley obliga al respeto de este derecho a “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”.

De manera acertada, la ley obliga al respeto de este derecho a “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, estableciendo que en el mismo espacio en que la información fue publicada y de manera gratuita, deberá publicarse la rectificación o respuesta formulada.

En un país donde una película como “La Dictadura Perfecta” se basa en hechos reales, una ley como ésta no sólo es revitalizante, sino necesaria para luchar fuego con fuego y profesionalizar a los desprestigiados medios de comunicación.

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