El peor de la historia

El pasado martes del presente año, los mexicanos conmemoramos un aniversario más del natalicio de uno de los personajes de la historia del país más conocidos y respetados por los acontecimientos históricos que le preceden; el abogado y expresidente Benito Juárez.

Una historia cargada de heroísmo y superación personal donde un oaxaqueño de origen zapoteca contra toda adversidad logra llegar a la presidencia y promulgar una serie de reformas que enaltecían el nombre de México en el ámbito legislativo. Un avance en la historia liberal y democrática del país en aras de una igualdad social absoluta.

Sin embargo, muchos historiadores tildan a Juárez como “la mejor mentira jamás contada en la historia del país” dejando entrever la verdadera faceta en torno a esta figura histórica. De traición, racismo e hipocresía está llena la vida de este expresidente, con reformas de dudosa autoría y procedencia, con un repudio al indigenismo y con tratados internacionales que debilitaban fuertemente la soberanía del país, se caracteriza la época juarista.

Juárez duró en el poder 11 años, pudiendo haber sido más, pero la muerte le encontró una mañana de 1872, candidato y vencedor en tres distintas elecciones mismas que se recuerdan con tintes fraudulentos o que debido a la situación bélica con potencias internacionales sirvieron de contrapeso para catapultar al oaxaqueño al cargo presidencial.

Recordado como el mejor presidente de México

Mucho se habla de su contemporáneo Antonio López de Santa Anna, el ya conocido como el mayor traidor a la patria, donde por salvar su vida cede territorios norteños a los Estados Unidos, resultando en la perdida de la mitad del territorio nacional que poseía México a mediados del siglo XIX.

Pero poco se habla del tratado McLane-Ocampo, negociado y firmado por el juarista Melchor Ocampo, una de las manos derechas del presidente y que contaba con el total respaldo de Juárez, estableciendo un contrato en el cual México cedía el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec a cambio del reconocimiento del gobierno juarista y de dinero para enfrentar la guerra de Reforma. Un documento que de facto dañaba la soberanía nacional y convertía a México en una nación dependiente de los Estados Unidos.




Benito Juárez era capaz poner en jaque la autonomía de México y hacerlo un peón más del adoctrinamiento estadounidense en pro de conseguir y satisfacer sus propios intereses, se dice que con él comienza el régimen clientelar, de represión y sometimiento que continúa sufriendo México hasta nuestros días. Y que podemos verlo en tratados como el Tratado de Libre Comercio (TLC), aplaudido y criticado por propios y ajenos, pero que subyuga al país a las necesidades mercantiles de nuestros vecinos del norte.

O en reformas como las establecidas por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, como la reforma energética que este año entra en total funcionamiento, cediendo recursos públicos mexicanos a manos de corporaciones privadas nacionales e internacionales, con la excusa del avance globalizado e internacionalización del mercado. Y que asimismo como a Juárez sus reformas no tuvieron gran aceptación al inicio de su promulgación y que no eran vistas con buenos ojos por gran parte de la población mexicana debido a los cambios radicales que generaría su instauración.

En la actualidad a EPN se le ha etiquetado como al peor presidente de la historia, inclusive por debajo de “villanos” presidenciales como Porfirio Díaz o López de Santa Anna, todo esto en parte a su total impopularidad, su ineficiencia política, su pésima administración y su incapacidad intelectual que lo han caracterizado.

Pero Peña Nieto no ha sido tan diferente a Juárez, viéndolo fríamente, han mantenido similitudes y que solo el tiempo y la historia dará juicio correcto en posicionar a Peña Nieto como héroe o villano, todo esto como el resultado obtenido de sus reformas, peculiaridad directa de su administración.

Por un lado, la historia ha sido benéfica con Juárez y hasta el momento le recordamos como un héroe que pese a sus fallas contribuyó a la democratización del país, mas nadie recuerda las campañas de desprestigio en su contra, los fraudes electorales o su mala administración, pero le recordamos sus reformas, con sus beneficios obtenidos a largo plazo y su triunfo por defender el gobierno nacional ante invasiones, como la francesa.




Pudo haber sido el peor presidente que ha gobernado al país, pero la historia misma lo beatificó y hoy a más de 144 años de su muerte conmemoramos sus acciones y celebramos su vida.

Por lo que esto me hace pensar si la historia ejercerá de igual manera su juicio sobre las acciones del actual presidente, dándole a la sociedad la última palabra y siendo el verdugo en definirlo como alguien que beneficio o perjudico a México.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Qué celebramos este #8M?

Al cierre de 2016, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León registró un total de 17 mil 773 denuncias por violencia familiar [cuyas víctimas son generalmente menores y mujeres], que de acuerdo con el análisis del Observatorio Ciudadano de Nuevo León (OCNL) representa un 4.2% más que durante todo el 2015.

Aunque en apariencia la incidencia de este delito se contuvo en nuestra entidad, las cifras se tornan alarmantes si se miran desde una perspectiva amplia. Tan sólo de 2012 a 2016, los casos de violencia familiar se dispararon un 78%, un alza sostenida de acuerdo con cifras oficiales.

Tan sólo en el último trimestre del año pasado, los municipios que más casos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes registraron fueron García, con 146; Juárez, con 114; y Cadereyta, con 105, cifras que superan la tasa estatal, según el análisis del Observatorio Ciudadano de Nuevo León.

Pese a que es un problema que las autoridades pasan con frecuencia por alto, la insistencia de implementar estrategias integrales de prevención que hacen organizaciones y colectivos que trabajan de cerca en el tema no es para menos, y es que la violencia sigue cobrando vidas desde el seno familiar.

Pero, ¿por qué traer a la mesa este tema?, desde las organizaciones de la sociedad civil consideramos, ante la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, que no hay nada que celebrar si no existe justicia y respeto, por el contrario, es urgente reforzar esfuerzos y la voluntad de nuestros gobiernos para contener la violencia que lastima y asesina a nuestras mujeres.

Desde el inicio de 2017 hasta el 23 de febrero pasado, registros periodísticos y organizaciones como Alternativas Pacíficas reportan al menos 10 feminicidios en Nuevo León. Casos que en su mayoría no fueron atendidos con seriedad ante los primeros signos de violencia.




Con impotencia vemos que a más de tres meses desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Nuevo León, en noviembre de 2016, este instrumento no se ha traducido en la protección de la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres en la entidad.

Recordemos que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia. Y en el país, Chiapas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz la han declarado.

Y si bien sabemos que la Alerta de Violencia de Género, no representa por sí misma la solución sino más bien una medida correctiva y de emergencia, creemos que puede ser un detonador de una reflexión colectiva y de una amplia movilización social e institucional para abatir la violencia de género, como lo señala el colectivo No Somos Medias Naranjas.

Como sociedad necesitamos participar activamente y vigilar los avances de nuestros gobiernos en la materia, necesitamos hacer conciencia hacia el respeto de nuestras mujeres y reducir las brechas tan marcadas.

Desde aquí, nos sumamos al llamado de Cadhac y el Grupo Amores, este 8 de marzo a las 7:30 de la mañama, en la calle Morelos y Dr. Coss, en el centro de Monterrey, donde darán un posicionamiento público junto a mujeres familiares de personas desaparecidas en contra de la violencia.




En solidaridad, también Nuevo León desde diversos colectivos y organizaciones se ha sumado al Paro Internacional de Mujeres #8M y el Día Sin Mujeres, en la Explanada de los Héroes, a partir de las 8:00 pm., concentraciones convocadas en más de 30 países. Sin duda, una jornada en la que todas y todos serán bienvenidos, con el fin de que la causa perdure en todos los ámbitos por el respeto a nuestras mujeres.

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El Diezmo Estatal

Todo parece indicar que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y varios diputados del Congreso Local, tienen el cielo asegurado.

Según una investigación el gobierno de Nuevo León ha donado de octubre 2015 a septiembre de este año, dieciséis terrenos valuados en millones de pesos, a la Arquidiócesis de Monterrey, A.R.

La práctica de regalar terrenos a la Iglesia Católica también se realizó durante el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz. De hecho, durante su último año de gobierno, Medina de la Cruz, regaló seis terrenos, uno de ellos por medio de donación. Pero durante lo que va de la administración de Rodríguez Calderón, se han dado más del doble de terrenos, todos bajo comodato.

De los dieciséis terrenos que se han dado, once tienen un comodato que durará por 99 años, el resto de 10 a 19 años. La mayoría de los terrenos han sido otorgados a la Arquidiócesis de Monterrey, A.R. C

abe mencionar, que, aunque no se ha incurrido realmente en ninguna irregularidad, ya que los comodatos han sido publicados en el Diario Oficial del Estado y además se han entregado a una organización registrada legalmente, no han cumplido con un requisito en especial.

 




Cuando una institución pide un terreno bajo comodato a un municipio y entidad federativa, uno de los requisitos es aclarar con qué motivo se va a utilizar el terreno que se solicita. En la mayoría de los terrenos que el Estado ha donado, no se especifica con que finalidad se van a utilizar los terrenos.

Por otro lado, llaman la atención dos cosas, la primera es que todos los terrenos están valuados, a nivel comercial, en los millones de pesos. La segunda, la mayoría de los predios se encuentran en el municipio de Juárez, Nuevo León. De los dieciséis terrenos otorgados a la Iglesia Católica, doce están situados en el municipio que forma parte del Área Metropolitana de Monterrey.

Este último punto llama la atención, dado que usualmente uno de los pretextos, por parte de las autoridades para realizar este tipo de donaciones, es que se cumplen con las peticiones de los creyentes en los municipios, además de que otorgan espacios de libre expresión para la religión. Pero el municipio de Juárez, tiene apenas una población de 256,000 habitantes, según cifras del 2010 del INEGI

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¿Acaso la Arquidiócesis de Monterrey tiene el objetivo de construir doce iglesias en el municipio? No lo sabemos, puesto que, en ninguno de los casos la organización especifico cual será el uso de los terrenos, aún así se les otorgaron los comodatos. Esto a pesar, que el terreno más barato que se dio en comodato, tiene un valor comercial de $321,963.00 MXN y el más caro $24,454,807.52 MXN.

 




Parece increíble que a pesar de la crisis financiera por la que pasará el estado el próximo año, el gobierno del Estado, junto con el Congreso Local, se hayan puesto a regalar terrenos, en lugar de ver de qué forma se podían sacar recursos de los mismos, ya sea a través de ventas de los mismos o encontrando un beneficio a la sociedad de los municipios, que no solo beneficie a unos cuantos.

Pero la pregunta principal a todo esto es, ¿por qué su mayoría están en Juárez? Lo dejamos para la reflexión.

 

Con Información de Animal Político.

Revocación de mandato en Juárez

En un hecho inusitado en la historia de Nuevo León se presentó por primera vez una convocatoria para realizar la revocación de mandato del actual alcalde Heriberto Treviño. Este movimiento lo está encabezando un grupo de ciudadanos denominado “Curul Ciudadano”.

Es muy prematuro hacer pronósticos o de plano descartar la situación. El tema es interesante e importante para la ciudadanía y debiera tener mayor difusión por la relevante histórica del tema.

La ley de Participación Ciudadana de Nuevo León afirma en su artículo 71 sostiene estas condiciones:

  1. El cincuenta por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea menor a cuatro mil electores;
  2. El cuarenta y cinco por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea de cuatro mil a veinte mil electores; y
  3. El cuarenta por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista nominal del municipio sea mayor a veinte mil electores.

La lista nominal a fecha de la elección de 2015 era de 170,059 personas porque lo que técnicamente se ocupan poco más de 40 mil personas que firmen.

El movimiento es legítimo, los argumentos para destituir a Treviño siempre serán discutibles, principalmente el tema de que ganó con un amparo de por medio.

Sin embargo, es importante que el colectivo o quien impulse este tipo de iniciativas no pierda el objetivo ni la mira en lo que se busca. Es decir que para llegar a este punto se necesita que se haga un debate, un análisis a conciencia de la problemática y no firmar por firmar o quitar por quitar.

 

El esfuerzo es válido, veremos cómo responde la gente de Juárez y grupos que estén interesados en este tipo de movimientos deberán tomar nota del resultado de este intento.

Hay que seguir de cerca este movimiento, sus repercusiones pueden ser históricas.

Lo dicho, dicho está.

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Reestructura de la deuda del Estado y bursatilización de la REA

Ya son dos importantes organizaciones nacionales de la Iniciativa Privada que no solo apoyan, sino que peticionan expresamente a los Diputados del Congreso de Nuevo León la aprobación de las solicitudes del Ejecutivo sobre la reestructuración de la deuda de la parte centralizada del Gobierno Independiente, así como la de bursatilizar ingresos futuros de la Red Estatal de Autopistas (REA): La Coparmex y la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), ambos por medio de sus respectivos Presidentes, César Montemayor y Marco Córdova.

Y es que tras el lamentable suceso ocurrido la semana pasada en nuestro recinto parlamentario local (protagonizado por el Partido Acción Nacional, causando la interrupción abrupta de la sesión y consecuente clausura del periodo extraordinario), que impidió la discusión en el Pleno sobre estas temáticas fundamentales en la revitalización de las finanzas del estado tras el desastre financiero orquestado por administraciones anteriores, el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas.

Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

…el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas. Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

Sobre la reestructura de la deuda, la Coparmex considera que realizarla sería benéfico en el saneamiento de las finanzas estatales. Tomando como punto de referencia la opacidad en el destino de la deuda en los sexenios de 2003 hasta 2015, afirman que es imperativo que ahora sí se transparenten de manera total los detalles de la misma, lo cual coincide cabalmente con lo anunciado por parte del Gobierno Independiente al respecto. La idea toral sobre este tema es que puede conseguirse una tasa de interés más favorable que la actual, ahorrando alrededor de 600 millones de pesos, que en vez de pagársele a un banco, se invertirían en los ciudadanos de Nuevo León.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia que no tienen otra ruta qué tomar. El dinero que se obtendría a través de este mecanismo se utilizaría exclusivamente para la tercera etapa del periférico, construyendo una autopista que abarcaría los municipios de Juárez, Cadereyta, Allende y Montemorelos. Este mecanismo permite que el financiamiento obtenido prácticamente “se pague solo”, pues se pagaría con las cuotas de peaje que se obtengan de las personas que transiten por dicha autopista.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia…

Además de desahogar el tortuoso tráfico de la carretera nacional, la CMIC puntualiza los beneficios de la derrama económica que conllevaría, así como la creación de 6.5 mil empleos directos e indirectos durante el siguiente año.

¿Les gusta el proyecto? Invitemos a los Diputados a no sujetarse a intereses partidistas en este tema ni utilizar (como lo ha hecho Acción Nacional) la aprobación de las cuentas públicas como “moneda de cambio” sobre un tema ajeno, cuyo único beneficiado será el ciudadano.

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LOS RETOS DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS

En Nuevo León, especialmente en el área metropolitana de Monterrey, la percepción de seguridad ha tendido a estabilizarse, comparado lo que vivíamos apenas en 2011 en nuestra metrópoli. Sin embargo, aún quedan retos que atender y vale la pena hacer la reflexión sobre lo avanzado en esta materia a nivel municipal.

Entre los municipios que fueron a la baja en sus delitos se encuentran: Monterrey y San Nicolás quienes tuvieron una baja de 17.3% y 17.6%, respectivamente; mientras que el municipio de Guadalupe bajo sus números en un 2.1%.

Del total de delitos denunciados en la administración 2012-2015 se registró un incremento comparado con lo registrado en el periodo 2009-2012 en la zona metropolitana de Monterrey, según datos publicados en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Entre los municipios que fueron a la baja en sus delitos se encuentran: Monterrey y San Nicolás quienes tuvieron una baja de 17.3% y 17.6%, respectivamente; mientras que el municipio de Guadalupe bajo sus números en un 2.1%.
En tanto García tuvo un aumento del 116%, Juárez con 108%, Santa Catarina con 45.9% y Escobedo con 39%. Del total de los delitos hubo algunos que fueron a la baja de manera significativa, como lo es el robo a vehículo que a nivel metropolitano tuvo un decremento del 79.5%, y el homicidio doloso que bajó en un 58.7%.

Del total de los delitos hubo algunos que fueron a la baja de manera significativa, como lo es el robo a vehículo que a nivel metropolitano tuvo un decremento del 79.5%, y el homicidio doloso que bajó en un 58.7%.

Si bien los alcaldes salientes arrancaron en el 2012 su gestión justo al terminar un período de mucha violencia, durante estos últimos 3 años la mayoría de ellos lograron mantener una tendencia a la baja. Para las nuevas administraciones municipales la prioridad deberá ser no sólo cuidar que los delitos no suban, sino trabajar para que las cifras vayan a la baja.

Aunque en el área metropolitana hubo avances, no se puede decir lo mismo de los municipios del resto del estado. Principalmente los que se encuentran a la periferia del área metropolitana, finalizan el trienio con un preocupante aumento comparando el primer año con el último de la administración.

De esta forma analizaremos principalmente los casos de Cadereyta, Juárez y Pesquería. En Cadereyta, durante el primer año de la administración, entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, se tuvo un registro del total de los delitos de 1,220 denuncias por cada 100,000 habitantes, mientras que para el mismo período 2015 la cifra fue de 2,203 delitos cometidos. El incremento de la tasa fue del 80.5%. Para los delitos patrimoniales en el mismo período, considerando robo a vehículo, robo a casa, robo a persona y robo a negocio, el alza es del 50.7%.

Durante el mismo período el municipio de Juárez tuvo un aumento del 74% del total de delitos. Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 se denunciaron 1,043 delitos por cada 100,000 habitantes, mientras que de noviembre de 2014 a octubre de 2015 cierra con una tasa de 1,815 delitos. En delitos patrimoniales el incremento por tasa es del 58.8%.

El municipio de Pesquería registró entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 una tasa de 2,969 delitos; mientras que para noviembre de 2014 a octubre de 2015 cerró con 5,623. De esta forma el alza presentada para este municipio fue de 1.08 veces su proporción, mientras que para delitos patrimoniales el incremento fue del 62.6% por cada 100,000 habitantes.

Mientras que a nivel metropolitano los delitos patrimoniales tuvieron una disminución de 33.4%, en el período 2012-2015, Pesquería, Juárez y Cadereyta cerraron a la alza.

Mientras que a nivel metropolitano los delitos patrimoniales tuvieron una disminución de 33.4%, en el período 2012-2015, Pesquería, Juárez y Cadereyta cerraron a la alza. La zona periférica situada al oriente de nuestra ciudad, ha sido y seguirá siendo receptora de importantes inversiones extranjeras, lo que traerá consigo un considerable aumento de habitantes en esta zona. Estimamos que estos municipios deben anticiparse y estar preparados para enfrentar los retos que conlleva este flujo de inversiones y habitantes. Entre las variables que deben de considerar están: cantidad de elementos, equipamiento adecuado y formación para responder con confiabilidad a las demandas de seguridad de la ciudadanía. La importancia de poner atención en estos municipios es no verse rebasados por la delincuencia en corto plazo.

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¿Cómo terminan los municipios?

CINLACC

Durante noviembre comienza una nueva etapa para los municipios del estado de Nuevo León al cambiar de estafeta por tres años. La administración que justo concluye es especial para la ciudadanía, al ser la primera que es vigilada muy de cerca mediante la herramienta Alcalde, ¿cómo vamos?.

La administración que justo concluye es especial para la ciudadanía, al ser la primera que es vigilada muy de cerca mediante la herramienta Alcalde, ¿cómo vamos?.

Aunque hay muchos temas municipales de interés para la ciudadanía, menos hacen más y se eligió poner énfasis en tres: Seguridad, Transparencia y Espacios Públicos. ¿Cómo estamos a tres años? En seguridad la petición versó en aplicar las Pruebas de Control y Confianza a los elementos de seguridad, el municipio de San Pedro Garza García llegó a la meta con el 100% de sus elementos aprobados, el resto de los municipios registraron un avance de entre el 73 y 90%, salvo el municipio de San Nicolás que se quedó con sólo el 64%.

Aunque hay muchos temas municipales de interés para la ciudadanía, menos hacen más y se eligió poner énfasis en tres: Seguridad, Transparencia y Espacios Públicos.

Para la Acción 2, el objetivo fue que los policías recibieran al menos el sueldo neto de un policía raso de Fuerza Civil fijado en $10,343 pesos netos; 8 de los 9 municipios participantes superaron la cifra, Santa Catarina se quedó con $8,846 pesos, aunque con las prestaciones que entregan incrementan el ingreso de los efectivos. En la Acción 3: 3 policías por cada 1,000 habitantes, sólo San Pedro y la zona protegida por la policía de Monterrey llegaron a la meta. La Acción 4: 8 de los 9 municipios disminuyeron los Delitos Patrimoniales y la percepción de inseguridad, salvo García que aumentó la incidencia en un 21% y la percepción de inseguridad pasó de 2 a 3 de cada 10 habitantes que dicen sentirse inseguros en el municipio.

En la Acción 3: 3 policías por cada 1,000 habitantes, sólo San Pedro y la zona protegida por la policía de Monterrey llegaron a la meta.

En el área de Transparencia se les solicitó dentro de la Acción 5 realizar el cambio de uso de suelo en sus Planes de Desarrollo Urbano, a fin de no permitir la instalación de más casinos a futuro, al inicio de la administración solo 2 de los 9 municipios contaba con este candado, y a la fecha todos han hecho las modificaciones correspondientes.

Durante el trienio que finaliza no se abrieron nuevos casinos. Otra de las solicitudes fue la transparencia en los permisos de los casinos que se encuentran operando, 7 de los 9 municipios publicaron los estatus actuales: sólo en Guadalupe y Monterrey aún faltan transparentar algunos de los permisos. Aunque no estaba contemplado dentro de los objetivos, la transparencia llevó a que algunas administraciones tomaran la decisión de cerrar establecimientos, al inicio de la administración en el área metropolitana se encontraban operando 40 negocios de este giro, actualmente hay 20.

Durante el trienio que finaliza no se abrieron nuevos casinos. Otra de las solicitudes fue la transparencia en los permisos de los casinos que se encuentran operando, 7 de los 9 municipios publicaron los estatus actuales: sólo en Guadalupe y Monterrey aún faltan transparentar algunos de los permisos.

La Acción 6 se cumplió, hoy todos los municipios publican la nómina, contratos, padrón de proveedores y compras en formatos accesibles; además de que todos integraron a al menos 3 contralores ciudadanos al Comité de Adquisiciones y Servicios. Aún queda trabajo por hacer para verdaderamente construir un Gobierno Abierto.

Para el tema de Espacios Públicos hubo importantes avances: en la Acción 7, 8 de los 9 municipios realizan semanalmente su Vía Recreativa, únicamente el municipio de Juárez no ha logrado concretarla. En la Acción 8, Reforestación Intensiva, 4 de los 9 municipios llegaron a la meta teniendo 1 árbol por cada 30 habitantes siendo los municipios que lo lograron García, Juárez, San Pedro Garza García y Santa Catarina; Guadalupe y San Nicolás se quedaron lejos al registrar sólo 31% y 32% de avance respectivamente. La Acción 9, que solicita al menos 1 unidad deportiva por cada 50,000 habitantes, se cumplió en todos los municipios.

Para el tema de Espacios Públicos hubo importantes avances: en la Acción 7, 8 de los 9 municipios realizan semanalmente su Vía Recreativa, únicamente el municipio de Juárez no ha logrado concretarla.

La asistencia a las reuniones de los alcaldes y sus enlaces también fue evaluada por la Plataforma, Juárez y San Pedro fueron quienes atendieron todos los eventos convocados por Alcalde, ¿cómo vamos?; por otra parte el munícipe que menos acudió fue Raymundo Flores, participando en 11 de las 16 reuniones convocadas.

¿Qué sigue para Cómo Vamos? A partir de esta nueva etapa con los gobiernos entrantes funcionará como Góber, ¿cómo vamos? y Alcalde, ¿cómo vamos?. En tanto, para la ciudadanía sigue el continuar vigilantes y recordar que nuestra ciudadanía la seguimos ejerciendo aún después de las elecciones.

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¿Por qué es necesario reformar los reglamentos de tránsito del Estado de Nuevo León?

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Un reglamento de tránsito debe ser un instrumento que nos indique como debemos movernos con seguridad, cortesía y respeto en las calles de nuestra ciudad. Actualmente los reglamentos de tránsito que existen en el Estado de Nuevo León no tienen coherencia entre sus capítulos, cuentan con artículos obsoletos, no son incluyentes y son muchos los reglamentos que existen, aproximadamente uno por municipio.

Actualmente los reglamentos de tránsito que existen en el Estado de Nuevo León no tienen coherencia entre sus capítulos, cuentan con artículos obsoletos, no son incluyentes y son muchos los reglamentos que existen, aproximadamente uno por municipio.

Por ejemplo de esta falta de coherencia, los artículos del Capítulo Octavo. Circulación Vehicular del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey 2012 – 2015, hablan sobre las normas de circulación de los vehículos, pero también mencionan las disposiciones de los peatones y excluyen a los ciclistas. Las normas de éstos usuarios de la vía pública no pueden ir en el mismo capítulo y considerarlos del mismo nivel, por el simple hecho de que su forma de transitar las calles no es igual.

Los usuarios que más mueren en un hecho de tránsito son los peatones. Si queremos revertir este problema es necesario reconocer en nuestras leyes y reglamentos la jerarquía del espacio público, donde el peatón tiene la prioridad, seguido del ciclista y al final el conductor de autos.

Los usuarios que más mueren en un hecho de tránsito son los peatones.

Con estos reglamentos es muy difícil distinguir cuales son los derechos y obligaciones que cada usuario tienen. Además este orden, inconscientemente, minimiza el lugar del peatón y ciclista y prioriza al automóvil.

Por otro lado, en Nuevo León, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA). Hay artículos en los reglamentos de tránsito del Estado de Nuevo León que deben ser cambiados para reducir el número de muertes y lesiones por esta causa.

Por otro lado, en Nuevo León, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García 2012 – 2015, la edad para usar Sistemas de Retención Infantil (SRI) es hasta los 4 años: “Los niños de hasta cuatro años de edad y/o estatura menor de 95 centímetros deberán utilizar portabebé y estar sujetos por el cinturón de seguridad, debiendo viajar en el asiento posterior cuando el vehículo cuente con él”.

Sin embargo, organizaciones que trabajan en pro de la seguridad vial como la ONU y la STCONAPRA plantean que deben usarse hasta los 12 años de edad para prevenir o minimizar las heridas que sufren los niños ocupantes de vehículos.

Organizaciones que trabajan en pro de la seguridad vial como la ONU y la STCONAPRA plantean que deben usarse hasta los 12 años de edad para prevenir o minimizar las heridas que sufren los niños ocupantes de vehículos.

Los nuevos alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey han anunciado su disposición de homologar los reglamentos de tránsito, pero esta buena voluntad debe ir más allá. Es necesario reformarlos, identificar las principales causas de muerte en hechos de tránsito para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en D.F. prohibieron la vuelta continua por ser unas de las principales causas de atropellamiento, se debe integrar, adoptar la Visión Cero como fundamento, que implica cero muertes en hechos de tránsito, se debe dejar de usar el termino accidente…

Los nuevos alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey han anunciado su disposición de homologar los reglamentos de tránsito, pero esta buena voluntad debe ir más allá.

Desde 1997, Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en hechos de tránsito. No es un problema exclusivamente de las autoridades, nos concierne a todos, pero cambiar los reglamentos de tránsito y hacerlos más acordes a las exigencias actuales depende de su disposición, ¿serán vanguardistas y contarán con una estrategia integral de seguridad vial o ignorarán el problema como se ha hecho en años anteriores y sacarán un reglamento por mero protocolo?

El costo de hacer trampa

Hacer trampa tiene costos. Recientemente, fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

Fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

No me refiero únicamente a los costos económicos de organizar una nueva elección en Colima y al costo político derivado del cambio en el resultado de la planilla ganadora en Juárez. Me refiero, además, a las consecuencias institucionales y sociales de que se normalicen prácticas contrarias al derecho que ponen en riesgo la libertad del sufragio. Me explico.

Para 2015, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima ascendió aproximadamente a 90 millones de pesos, lo que implicaría un costo por voto de 180 pesos, de haber votado el cien por ciento del casi medio millón de electores de ese estado. Ahora se espera por el INE que la elección extraordinaria en 2016 ascienda a 35 millones. Ya esto es un costo inadmisible para la ciudadanía, derivado de la trampa de servidores públicos del gobierno estatal a favor de una candidatura.

Pero este no es el único costo de la anulación. Uno más tiene que ver con el diseño de competencias entre el INE y el Instituto Electoral de Colima. En resumidas cuentas, el Tribunal Electoral determinó que la intervención del poder Ejecutivo en las elecciones hacía inviable la organización de éstas por parte del referido Instituto Electoral local, por lo que el INE debía hacerse cargo de la elección extraordinaria. El costo de la trampa impacta en lo poco que queda del federalismo electoral en México. Ahora tendremos un Organismo Público Local desacreditado e inoperante. Un buen pretexto para que los legisladores terminen su labor de recentralización de la organización de las elecciones.

El caso de Juárez en Nuevo León tiene un primer costo en la dimensión política. En efecto, sin la trampa acreditada en el expediente, tal vez la planilla postulada por el Partido Encuentro Social estaría ahora gobernando el municipio. Gracias a la presión en los electores que se probó en las 7 casillas de la sección 841 de dicha población, el PES y su candidato a la Alcaldía intercambiaron la mayoría por solamente dos regidurías de representación proporcional. Mal negocio para dicho partido.

Un costo adicional en el caso de Juárez es la insatisfacción social derivada de la sentencia del Tribunal Electoral. Es prácticamente imposible imaginar que los cientos de electores que votaron por el PES y sus candidatos estén contentos con el resultado de la sentencia. Ahora, con los resultados tan cercanos entre primer y segundo lugar, es decir, con la polarización que implican éstos, hace previsible que una buena parte de la sociedad juarense esté inconforme con el resultado derivado del fallo.

Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

Finalmente, tanto en el caso de Colima como en el de Juárez, creo que el mayor costo de hacer trampa es el efecto anti-pedagógico que tienen dichas conductas (intervención del Ejecutivo y presión sobre los electores) en el conjunto de la sociedad. Cuando podíamos empezar a creer en la erradicación de ciertas prácticas corruptoras, nos damos cuenta que aún pueden resultar algo “común”, “normal” de la vida política electoral en nuestro país. Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

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