La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

#HojaDeRuta: “Combatir la desmemoria”

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La memoria crítica es flamable: indaga, escarba, alumbra, incendia. Hace las preguntas incómodas, alborota el gallinero. Resulta, en una palabra, peligrosa para el establishment. De ahí que la historia muchas veces pretenda ser reducida a la inofensiva dureza del bronce o a la mesa de los best-sellers.

No hay cirugía reconstructiva, ni mucho menos estética, para las heridas históricas. La única forma de sanarlas en exponerlas al sol. Curarlas lenta y dolorosamente al observarlas, analizarlas, conversarlas, socializarlas. Visitarlas una y otra vez, escuchar a quienes las vivieron, explicarlas a quienes no, pero están marcados por ellas.

En Monterrey parece haber un sistemático miedo a la memoria: mejor barrer la suciedad bajo la alfombra. Para qué hacer escándalo, si ya lo pasado, pasado. El más reciente episodio de esta deliberada desmemoria intentada desde el poder corresponde al Ayuntamiento de Monterrey que dirige Adrián de la Garza.

Por alguna razón, el Ayuntamiento de Monterrey borró el mural dedicado a la memoria de Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por efectivos del Ejército Mexicano la noche del 19 de marzo de 2010. La obra no tenía alto valor pictórico, pero su valor social era tremendo, pues era el único vestigio público del crimen ocurrido a unos metros de ahí. Un crimen que hoy sigue impune.

Recuerdo que originalmente en ese lugar -los bajos de la joroba ubicada en el cruce de Garza Sada y Luis Elizondo- el mural estaba dedicado a los deportistas del Tec, destacando los Borregos Salvajes de futbol americano. Tras aquella fatídica noche, quedaron impactos de bala incrustados sobre el mural. La metáfora lastimaba: una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad era quebrantada por la ola de violencia. Aunque la pregunta no fuera formulada, flotaba sobre el colectivo: si asesinan a estudiantes del Tec ¿quién podía estar seguro en esta ciudad? A las pocas semanas, los hoyos dejados por los proyectiles fueron resanados. Urgía rellenar los huecos hirientes, como si las tinieblas pudieran cubrirse con yeso.

El movimiento “Todos somos Jorge y Javier”, encabezado por las familias de los deudos y por personas de la comunidad del Tec ya envió una carta dirigida al Alcalde, donde le recuerdan (o quizá, le informan, uno ya no sabe) que el mural fue hecho por el movimiento en coordinación con las familias y el Instituto de la Juventud Regia durante la pasada administración. Lo definen como “un espacio público vivo que recuerda los grandes retos que la sociedad mexicana enfrenta en materia de derechos humanos, enviando al mismo tiempo un mensaje de esperanza y apoyo por la justicia”.

Quizá el alcalde de formación policiaca no conozca que las sociedades que atraviesan episodios oscuros solo pueden avanzar si hacen las paces con su pasado. Por eso se puede visitar el horrendo campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Por eso el Estadio Nacional de Chile en Santiago recuerda los crímenes ahí cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet bajo el proyecto: “Estadio Nacional, Memoria Nacional”. El inmueble, donde la selección chilena juega sus partidos de local, tiene inscrito en una de sus tribunas emblemáticas: “Un pueblo sin memoria no tiene futuro”. Por eso la plaza de Tlatelolco tiene una pequeña estela que recuerda la masacre ocurrida en 1968 y sigue siendo un epicentro de la concentración sociopolítica. Por eso existen tours en los barrios de Medellín donde se cometieron las peores atrocidades durante la época más violenta de esa ciudad. Existen, alcalde, porque el intento de olvidar es estéril, como querer ignorar una infección bajo la piel.

El maestro Hobsbawm decía que la función de la historia era ser un dolor de cabeza para los mitos nacionales. Se refería a que la historia, aunque sea impuesta por vencedores y poderosos, nunca es absoluta, y que es producto de transformaciones sociales, no de los designios de nadie.

Defender la memoria pública es nuestro derecho, pero también nuestra responsabilidad. La ausencia, el fingir demencia nos ha costado muy caro. La justicia para Jorge y Javier no depende de ese muro, pero sí de lo que ese muro representa: la necesaria terquedad por exigir justicia.

Matan a 7 personas que transportaban recursos de Prospera en Guerrero.

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El vocero de Seguridad del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que durante una emboscada fallecieron siete personas -cinco policías y dos trabajadores bancarios-, quienes transportaban recursos del Programa de Inclusión Social Prospera, que serían entregados en comunidades del municipio de Ahuacuotzingo.

En un comunicado, señaló que los trabajadores del Banco Nacional de Ahorro y Servicios Financieros (Bansefi), iban acompañados por policías preventivos municipales y recorrían una brecha cerca de la comunidad de Zompazolco, Ahuacuotzingo, cuando fueron interceptados por desconocidos, quienes provocaron la muerte de los policías municipales y los empleados bancarios.

Luego de recibir el reporte de los hechos, indicó que se trasladaron elementos del Ejército Mexicano y la Policía del Estado, quienes implementaron un operativo para ubicar y detener a los responsables. A su vez, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado integraron una Carpeta de Investigación contra quienes resulten responsables e iniciaron los dictámenes de Ley.

Señaló que una mujer que labora en la institución bancaria y sirve de enlace con el gobierno resultó herida, pero logró comunicarse con las autoridades para informar sobre el hecho que ocurrió alrededor de las 09:00 horas.

Añadió que los responsables de este ilícito sustrajeron del vehículo de la empresa transportadora la cantidad de 977 mil pesos y huyeron con rumbo desconocido.

Mireles pide apoyo de autodefensas ante operativo del ejército en Tepalcatepec.

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El líder de los autodefensas del municipio de Tepalcatepec, Michoacan, José Manuel Mireles Valverde,  convoco a través de su cuenta de Twitter a todos los grupos de autodefensa del estado a levantarse en armas ante un operativo contra narcotraficantes que esta realizando el ejército en este pueblo de la región de Tierra Caliente.

A través de un vídeo en su cuenta de Twitter llamo a todos las autodefensas a llevar sus armas y apoyar a los pobladores de Tepalcatepec.

Pidió a los militares retirarse del lugar y a la población evitar confrontaciones.

Mas tarde en su cuenta compartió un vídeo en el que mostraba a los pobladores rodeados de soldados.

Al respecto, el gobierno de Michoacan informó que se trata de un operativo por una denuncia ciudadana que daba cuenta de la presencia de civiles armados en Tepalcatepec, sin embargo, al momento no hay detenidos.

De acuerdo con medios locales, elementos de la Policía Estatal y del Ejército realizaron este día, por instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, un operativo en Tepalcatepec y en otras localidades aledaños para “brindar seguridad a la población”.

En el operativo, las autoridades dieron cuenta del aseguramiento de un vehículo con varias armas de fuego y droga en su interior.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Dimes y Diretes: “Palmarito: Si, fue el Estado”

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Desde ya hace varios meses el tema de los huachicoleros en el estado de Puebla y a nivel nacional ha ido tomando relevancia. Los huachicoleros son grupos que se dedican a extraer combustibles de Pemex de forma clandestina, ciertamente representan una pérdida de dinero grave para el país, se habla de casi 2 mil millones de dólares anualmente, pero lo que sucedió el Palmarito, llego a otro nivel.




Según videos proporcionados por el Diario Cambio, el ejército mexicano realizó una ejecución extrajudicial mientras se encontraba realizando un operativo contra los famosos huachicoleros. La ejecución, según se puede apreciar en uno de los videos que más ha estado circulando en las redes sociales, fue mientras la persona ya estaba sometida por el ejército y se encontraba en el piso.

No hay forma de justificar la ejecución, no hay forma de que el ejército se deslinde de la misma, hay video, hay pruebas, no hay mucho que investigar. Algo que justamente está haciendo en estos momentos la PGR, pero ¿quién puede confiar en sus investigaciones? No han podido resolver el caso de Ayotzinapa, su titular en ese entonces, Murillo Karam, habló de una “verdad histórica” que ha faltado de veracidad y de pruebas. Sin olvidar los dos casos de asesinatos extrajudiciales que ha protagonizado el ejército en Tlatlaya y Tanhuato.




¿Qué no se da cuenta el Ejército Mexicano que el país está en una crisis? ¿No se da cuenta que tenemos a candidatos que lo acusan de asesino? Claramente nuestras fuerzas armadas ignoran lo que sucede en el país y los cuestionamientos que hay en su contra. Por esto, y muchas otras razones, me veo obligado a decir, si fue el Estado.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”