Elección Coahuila: Riquelme y Anaya rebasaron el tope de gastos de campaña.

La elección para elegir gobernador en Coahuila está en el aire, pues la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizó los montos de rebase de tope en los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme, del PRI, con 10.5%, así como de Guillermo Anaya, del PAN, con 8.7%.

En el caso de Riquelme, quien recibió constancia de mayoría el pasado 11 de junio, se detectó un gasto no reportado por 501 mil pesos, acumulando un monto de 2 millones 23 mil pesos, un 10.5% por encima del tope de gasto.

Mientras que en caso del candidato de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, el panista Guillermo Anaya, el INE acreditó un gasto no reportado por 801 mil pesos, que sumado al monto anterior del 17 de julio, suma un millón 680 mil pesos,  8.7% sobre el límite permitido.

Ambas alianzas no acreditaron que el trabajo de representación fuese de forma gratuita y desinteresada para más de dos mil representantes de casilla, informó la autoridad electoral.

De acuerdo con lo establecido en la reforma político-electoral de 2014, es causa de nulidad de una elección el hecho de que un candidato rebase por más de 5 % el tope de gasto de campaña, y la diferencia entre el primero y segundo lugares sea menor a 5 % de la votación.

El pasado 18 de julio, el consejero electoral Ciro Murayama, aseguró que tras las cifras preliminares, había elementos para pensar en la nulidad de la elección; en contraste, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, dijo que la nulidad no está en las manos del INE y que los dictámenes pasarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se resolverá el caso.

El costo de la democracia en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para el año 2018, según Ciro Murayama, consejero presidente de su Comisión Temporal de Presupuesto “México vivirá la elección más grande de su historia, porque van a concurrir tres elecciones federales y 30 procesos locales”; la suma tendría que ponderarse porque no es menor si se considera que el presupuesto íntegro en 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 69 mil 408 millones; de SEMARNAT 35 mil 978 millones; de CONACYT 26 mil 963 millones y de la SEMAR 26 mil 336 millones. Es decir, el presupuesto del INE para el proceso electoral de 2018 es equiparable a los recursos que se destinan a los gastos de inversión y operación de la Marina Armada de México así como a los salarios de todos los marinos del país en un año.

Indican las autoridades electorales que 18 mil millones serán para gasto operativo del instituto y 6 mil millones para el financiamiento de los partidos políticos. Estas cifras, dicen también,  que es en proporción el mismo que se aplicó en los años 2000, 2006 y 2012 en tanto que instituciones encargadas de regular los comicios electorales empleaban el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); si se sigue esa declaración en futuras elecciones habrá más y más gastos, y sobra decir que no se traducen en mayor confianza para la democracia o en una mejoría en su calidad; habría de señalarse que tal proporción es equívoca: es hasta mediocre argumentar una relación lineal entre gasto público y gasto electoral.

En los últimos años el INE registra una disminución en la confianza pública. Los resultados de una encuesta del periódico Reforma revelaron que el 60% de los ciudadanos consideran que el INE no está preparado para organizar las elecciones federales y el 55% estima que el Instituto es poco independiente respecto al gobierno.  Ha de decirse que en todo caso el INE actúa de ese modo porque la ley así lo establece, aunque poco ha hecho para reducir costos de operación, salarios y otros gastos. Varios de  sus Consejeros pasaron del cubículo y de escribir libros a una responsabilidad nacional, algunos sin ninguna experiencia de mediano nivel en la administración pública, se les nota a la defensiva y sin saber qué hacer.

Tomando otros indicadores como referencia puede analizarse la situación que atraviesa la democracia mexicana; de acuerdo con Latinobarómetro el 49% de los encuestados respondió de manera positiva respecto al apoyo a la democracia: 49% de los encuestados considera que es preferible la democracia a otros sistemas políticos, y para 51 por ciento no es así, este dato es preocupante  para una democracia que se gasta 25 mil millones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló en un foro en la UNAM que el INE tuvo responsabilidad al no diseñar una estrategia adecuada para informar a la ciudadanía sobre temas electorales y las propias atribuciones del INE, pero sí presupuestó en 2017 para su Coordinación de Comunicación Social 68 millones de pesos. Eso se llama incompetencia en cualquier parte. Sería sano que los partidos políticos y los Consejeros acordaran reducir el gasto de los partidos por lo menos en años no electorales, pactar una renuncia en bloque del Consejo del INE, reducir el costo operativo del instituto, y designar Consejeros con capacidad administrativa y operativa, gente sobra,  aunque no salgan en la tele.

Si bien el INE precisa recursos para sufragar los costos por organizar elecciones estatales, federales y fiscalización. Lo cierto es, que en un país con 50 millones de personas en la pobreza, donde se hicieron ajustes a todas las Secretarías de Estado Federales, donde la Secretaría de Hacienda generó un presupuesto base cero para revisar los éxitos que tienen los programas y con esa base asignar recursos, habría que preguntarse sobre la ética pública de solicitar los recursos que pide el INE, así como  la propia ley y los resultados que se tienen. Porque si bien hoy no sabemos quién ganará la próxima elección, podemos estar seguros que 25 mil millones después alguien alzará la voz alegando desconfianza en el actuar del Instituto Nacional Electoral.

INE confirma, PRI y PAN rebasaron tope de gastos en elección de Coahuila, pero…

En la sesión de este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que los candidatos a la gubernatura de Coahuila del PRI y el PAN, rebasaron el tope de gastos establecido en 19.2 millones de pesos.

Durante la sesión los consejeros del INE señalaron que Miguel Ángel Riquelme, candidato del PRI, superó el tope por 8%, lo que equivale a más de un millón y medio de pesos, mientras que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, lo rebaso por 5%, es decir casi un millón de pesos.

Para el consejero Ciro Murayama, existen elementos y razones para la nulidad de la elección, mientras que el consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la nulidad de la elección no esta en el poder del instituto, sino que tendrán que enviar los dictámenes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y será este el que decidirá si anular la elección en Coahuila.

Cabe recalcar que las cifras presentadas son preliminares, y que los gastos de los candidatos podrían aumentar, ya que el INE tiene que revisar los pagos realizados a sus representantes de casilla el día de las elecciones. Por lo que el organismo volverá a votar la revisión completa de los gastos de las campañas del PRI y el PAN hasta el mes de agosto, debido a que este viernes 21 de julio, comenzará el periodo vacacional del organismo electoral.

El INE no rechaza denuncias en contra del PRI, OHL y entrega de tarjetas

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las denuncias impuestas sobre el presunto financiamiento ilegal por parte del PRI a la empresa española OHL.

Al puro estilo proteccionista, el árbitro electoral declaró improcedentes las quejas sobre la supuesta irregularidad de la entrega de tarjetas que realizó el PRI en el Estado de México y Coahuila.

Ciro Murayama, consejero del INE, expresó que las denuncias presentadas por Morena en contra de Alfredo del Mazo y OHL resultaron sin perjurio una vez realizada la investigación, la cual se dio por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien no encontró elementos que vincularan en tal delito en los comicios del Estado de México.

De igual forma y ante la presión de Morena, Ciro Murayama explicó que se decidió darles vista a las distancias de la PGR, la Auditoria Superior de la Federación, la contraloría interna de Banobras y la contraloría interna del Estado de México, con el fin de que indaguen las denuncias presentadas.

Con mayoría de tres votos y dos en contra, se decidió dar como infundadas las denuncias sobre las tarjetas entregas por el PR en el Estado de México y Coahuila, denominadas “Salario Rosa”.

Murayama, quien votara en favor de la declaración del agravio, mencionó que la Comisión de Fiscalización decidió que las tarjetas del PRI no condicionaban la entrega de programas sociales, sino que únicamente era propaganda en los cartoncillos.

El viernes, el Consejo General buscará que se someta a consideración nuevamente el caso del PRI en Coahuila y Estado de México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación admite recurso del Verde contra #SinVotoNoHayDinero

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en contra de la reforma al financiamiento de partidos políticos que se aprobó en Jalisco, conocida como la ley #SinVotoNoHayDinero.

El Partido Verde Ecologista de México exige la invalidez de la fracción IV, inciso A y B del artículo 13, fracción II del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Así como el numeral 1 del artículo 5, fracción IV artículo 15, numeral 1 fracciones III y IV, numeral 2 del artículo 19, numeral 1 del artículo 21, numeral 1 del artículo 22, numeral 3 del artículo 24, numeral 2 del artículo 89, numerales 3 y 5 del artículo 237, numeral 2 del artículo 253 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, publicado el 2 de junio de 2017 en el Diario Oficial del Estado de Jalisco.

De acuerdo con el consejero del INE, Ciro Murayama, la reducción del financiamiento público para los partidos es un asunto que corresponde al Congreso de la Unión, por lo que no es factible que los Congresos locales lo modifiquen, como sucedió en Jalisco.

Murayama precisó que el financiamiento de las fuerzas políticas está establecido en la Ley General de Partidos Políticos, la cual reproduce una fórmula constitucional, por lo que los cambios en la materia no corresponden al ámbito local, sino al Congreso de la Unión.