El fin de semana pasado culminamos un proceso electoral en el que más de 30 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar en elecciones para elegir a 12 gobernadores, 966 alcaldes y los representantes de 13 congresos estatales. Además, nuestro país vivió un momento histórico al elegir a los integrantes de la asamblea que habrá de diseñar la Constitución de la Ciudad de México. Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.
Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.
Según el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, en México es posible recibir recursos económicos por dos fuentes: el financiamiento público que es aquel otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento privado que son las aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se monitorea el origen del dinero utilizado por los partidos políticos y candidatos, el cual debe provenir de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.
No obstante, durante las campañas políticas se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales no están permitidas por la ley porque es difícil llevar un control de quién otorga el apoyo y para qué es utilizado. Además, los partidos o candidatos que reciben el recurso económico pueden estar incentivados a otorgar beneficios una vez que resulten electos. La cifra oficial del gasto que se realiza en los procesos electorales puede discrepar de la real.
Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010. El gasto en las elecciones se ha incrementado de forma importante en los últimos años, principalmente derivado de la reforma político-electoral. Permitir la participación de candidatos independientes, fomentar el voto en comunidades alejadas y llevar una mayor fiscalización de los recursos implica un gasto adicional para la nación. Incentivar la democracia en el país cuesta.
Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010.
Como toda inversión, se espera que el gasto durante las campañas electorales brinde un beneficio. Como país esperamos que el financiamiento público a los partidos políticos nos permita fomentar la democracia y tener a los gobernantes que queremos. Pero el financiamiento privado puede ser visto de la misma forma, por lo que surge la interrogante de qué es lo que se espera recibir con el apoyo brindado por particulares en época electoral.
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