El origen del gasto electoral

El fin de semana pasado culminamos un proceso electoral en el que más de 30 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar en elecciones para elegir a 12 gobernadores, 966 alcaldes y los representantes de 13 congresos estatales. Además, nuestro país vivió un momento histórico al elegir a los integrantes de la asamblea que habrá de diseñar la Constitución de la Ciudad de México. Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Según el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, en México es posible recibir recursos económicos por dos fuentes: el financiamiento público que es aquel otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento privado que son las aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se monitorea el origen del dinero utilizado por los partidos políticos y candidatos, el cual debe provenir de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

No obstante, durante las campañas políticas se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales no están permitidas por la ley porque es difícil llevar un control de quién otorga el apoyo y para qué es utilizado. Además, los partidos o candidatos que reciben el recurso económico pueden estar incentivados a otorgar beneficios una vez que resulten electos. La cifra oficial del gasto que se realiza en los procesos electorales puede discrepar de la real.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010. El gasto en las elecciones se ha incrementado de forma importante en los últimos años, principalmente derivado de la reforma político-electoral. Permitir la participación de candidatos independientes, fomentar el voto en comunidades alejadas y llevar una mayor fiscalización de los recursos implica un gasto adicional para la nación. Incentivar la democracia en el país cuesta.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010.

Como toda inversión, se espera que el gasto durante las campañas electorales brinde un beneficio. Como país esperamos que el financiamiento público a los partidos políticos nos permita fomentar la democracia y tener a los gobernantes que queremos. Pero el financiamiento privado puede ser visto de la misma forma, por lo que surge la interrogante de qué es lo que se espera recibir con el apoyo brindado por particulares en época electoral.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Qué hacer con los árbitros de las elecciones locales

El próximo 5 de junio habrá elecciones en 13 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Con excepción de Baja California, en todos ellos se renovará la Gubernatura del Estado. Además, en la Ciudad de México los capitalinos seleccionarán a una parte de las personas que redactarán la primera Constitución de la CDMX.

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales: Secretarías Ejecutivas removidas (Veracruz y Durango); elecciones locales atraídas por el INE (Durango); denuncias de intervención de los Gobernadores en turno en las decisiones de las y los Consejeros Electorales de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs); inacción para sancionar, en suma, árbitros electorales sin confianza y sin legitimidad.

También es de mencionarse el caso de Chiapas, en donde la totalidad de sus 7 Consejeras y Consejeros fueron removidos de sus cargos por actuar fuera de la Ley (SUP-RAP-118/2016). De hecho, el próximo 31 de mayo concluirá el concurso para la designación de nuevos integrantes del Consejo General en el OPLE de Chiapas (también se designa en esa fecha a un nuevo Consejero de la CEE, aunque la vacante se deriva de la renuncia de una de sus integrantes, actual Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León).

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales…

Recordemos que en la reforma constitucional de 2014, se expresó como razón para la construcción del nuevo modelo de la administración electoral en México que existía control por parte de los Gobernadores en los Institutos Electorales de los Estados. En este sentido, se aprobó otorgar la rectoría de ciertos procedimientos al nuevo INE (fiscalización, integración de casillas, capacitación, ubicación de casillas, Servicio Profesional Electoral Nacional…).

Una actividad esencial que se atribuyó al INE fue la de nombrar y, en su caso, remover, a las Consejeras y Consejeros en los OPLEs. Esta facultad correspondía antaño a los Congresos Locales en donde, se argumentaba, los Ejecutivos Locales operaban libremente para designar a personas afines a sus proyectos políticos. Ahora, con dos procesos de designación de Consejeros de los OPLEs bajo la conducción del INE (2014 y 2015), tal parece que los problemas siguen siendo los mismos.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción (aunque haya personas que así lo propongan: Consejero Electoral Roberto Ruiz y Magistrado Electoral Flavio Guzmán). La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

En ese sentido, lo primero que debe hacerse es reconocer que, igual que el INE, los OPLEs cuentan con una estructura de doble naturaleza: Una de corte profesional y de carrera. Y otra con una dimensión política. Para los servidores públicos de base profesional ya comienza a operar el Sistema Profesional Electoral Nacional. Para la segunda, aún con los procedimientos implementados por el INE, no se logra generar confianza.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción … La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

Por tanto, una segunda decisión que debe tomarse es asumir la profesionalización completa de quienes deseen ser Consejeras y Consejeros. Esto implica al menos dos decisiones normativas importantes: Por una parte, que la designación recaiga en la mejor opción posible, de acuerdo a parámetros objetivos; y, por la otra, la oportunidad de reelección hasta por un período más de Consejeras y Consejeros, con lo cual pueda garantizarse una trayectoria profesional medianamente estable.

En suma, la clave respecto a lo que se debe hacer con los árbitros electorales en los estados reside en aquello que hemos hecho en el IFE-INE desde 1989-90: La profesionalización y el espíritu de cuerpo que responda a la Constitución, a la Ley y a una ética pública de carácter democrático. En ese sentido, dejemos en el Consejo General del INE la dimensión política de las elecciones y en los OPLEs el aspecto técnico y operativo, bajo estándares profesionales y objetivos.

Si no tomamos ese paso adicional, seguramente en 2017 y 2018 sabremos de más cuestionamientos de los árbitros electorales, de más remociones de Consejeras y Consejeros en los estados, de más elecciones atraídas por el INE o, tal vez…, estaremos discutiendo la creación del Instituto Central Electoral (ICE).

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Superman y otras hierbas

No. No se trata del mundialmente reconocido y fortachón súper héroe. Hoy se trata lisa y llanamente de drogas.

El narcotráfico es una de las industrias que mueve más dinero, y para ello se sirve de redes que se conectan a través de todo el globo terráqueo. Redes de las que forman parte desde políticos poderosos, empresarios, fuerzas policiales, ejércitos, hasta mujeres y niños que ofician de mulas. También han llegado a cooptar a muchos organismos que se encargan, en teoría de acabar con ellos; como ha quedado más que claro tras los repetidos hechos de corrupción en los que se ha visto involucrada a la DEA (Drug Enforcement Administration).

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso que lleva la droga cada rincón del mundo.

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso…

Según el Informe Mundial sobre la Drogas 2014 de la ONU, los laboratorios de droga se las rebuscan cada vez más para no ser impedidos. Es así como ante el reforzamiento mundial de la fiscalización de precursores (sustancias que son necesarias para sintetizar las drogas, como por ejemplo la efedrina) ahora forman parte de un intrincado proceso para la obtención de ellos. De esta manera se sirven de los países con sistemas de fiscalización débiles, como por ejemplo a través del establecimiento de empresas ficticias para ocultar importaciones ilegales. También utilizan preparados farmacéuticos (en particular los que contienen efedrina y seudoefedrina) y buscan nuevos precursores no sujetos a fiscalización, incluidos varios preprecursores de fácil conversión en los precursores necesarios.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

A la desidia y la corrupción se le suman las políticas públicas débiles o ineficientes, fronteras sin vigilar, falta de transparencia, desidia, abandono; y por supuesto, en América Latina, la más que clásica distribución desigual de las riquezas. Estos factores hacen un país más permeable a la instalación y propagación del narcotráfico.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

Además de la conocida marihuana, y las drogas más comunes, últimamente el debate público se ha enfocado en las drogas de diseño, más precisamente pastillas como la mediatizada “Superman”. Tanto la Superman como las Love, Luna o NBOMe, son drogas que son habitualmente consumidas en fiestas electrónicas. Más precisamente Superman fue la responsable de la muerte de cinco jóvenes que asistieron a la edición argentina de la fiesta electrónica Time Warp. Otros cinco quedaron en terapia intensiva y difícilmente se logren recuperar por completo.

Este hecho abrió la puerta a una serie de debates que se centraron básicamente en: ¿La culpa es del chancho o de quién lo alimenta? ¿Los culpables fueron los narcotraficantes por no proveer un buen producto o de los consumidores por no tomar más recaudos a la hora de consumir sustancias?, ¿O tal vez fue su culpa por drogarse?

Es hora de tomarse esta discusión con mayor seriedad para poder comenzar a reflexionar sobre la complejidad del tema.

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