2017: Democracia costosa

Hace dos semanas el nuevo Secretario de Hacienda, Antonio Meade, entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto Federal 2017. Ahora si el 2016 pintó negro para el país, el 2017 es un severo retroceso para México. La mayoría de las dependencias sufrirán duros recortes y por esto mismo programas sociales y de ayuda tendrán que ser cancelados o suspendidos ya que no hay dinero para mantenerlos. Pero no todos fueron víctimas de estos recortes.

La Secretaría de Educación que tuvo un presupuesto en el 2016 de $303 mmdp sufrirá una reducción y tendrá $265 mmpd, una disminución del 12.54%. Mientras atanto la Secretaría de Salud obtuvo en el 2016 $132 mmdp y el 2017 recibirá $121 mmdp, una reducción del 8.33%.

Pero los partidos políticos son otra historia, ellos para el 2017 tendrán un aumento en sus presupuestos, mismos que resumo a continuación:

pfederal

Así es estimado lector, mientras que dependencias que le responden a la gente, que ayudan a los ciudadanos, en teoría, como lo son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, tienen que amarrarse el cinturón, los partidos políticos hacen todo lo contrario y se aumentan sus presupuestos para poder financiar sus actividades diarias y campañas políticas.

Este aumento viene en un momento muy extraño, ya que a diferencia del 2015 y 2016 donde hubo elecciones en más de cinco entidades federativas. En el 2017 sólo cuatro estados tendrán elecciones, de los cuales solo tres tienen elecciones a gubernatura, y sólo uno elegirá ayuntamientos, diputaciones, regidurías y gubernatura. Entonces, ¿por qué el aumento?

mapa

Nuevamente los partidos políticos nos dan una lección, pero a la mala, la lección es que la democracia en México nos cuesta mucho y en el 2017 nos costará más. Mucha gente está siendo engañada con la cantaleta que, si los partidos no tienen este presupuesto público, probablemente consigan dinero por de la delincuencia organizada y/o el miedo irracional de muchos, por los empresarios.

Esto es falso, puesto que ya sucede en la actualidad y tenemos dinero que proviene de lugares oscuros y claro de empresarios que terminan en las campañas políticas de muchos candidatos.

Lo repito, es hora de que la democracia cambie en México, que tú como ciudadano tengas el poder de desde día uno elegir con quien se va tu dinero, que candidato se merece tus $20 pesos, $50 pesos, $500 pesos o $100,000 pesos.

No que como en la actualidad, mantenemos a partidos políticos que son negocios familiares y que cumpliendo con el mínimo de votos seguiremos financiando sin que nos den resultados.

Te invito a firmar la siguiente petición, que tiene ya algunos meses, y pongamos fin al financiamiento público de los partidos:
https://www.change.org/p/abajo-al-financiamiento-público-de-los-partidos-pol%C3%ADticos

El origen del gasto electoral

El fin de semana pasado culminamos un proceso electoral en el que más de 30 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar en elecciones para elegir a 12 gobernadores, 966 alcaldes y los representantes de 13 congresos estatales. Además, nuestro país vivió un momento histórico al elegir a los integrantes de la asamblea que habrá de diseñar la Constitución de la Ciudad de México. Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Según el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, en México es posible recibir recursos económicos por dos fuentes: el financiamiento público que es aquel otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento privado que son las aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se monitorea el origen del dinero utilizado por los partidos políticos y candidatos, el cual debe provenir de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

No obstante, durante las campañas políticas se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales no están permitidas por la ley porque es difícil llevar un control de quién otorga el apoyo y para qué es utilizado. Además, los partidos o candidatos que reciben el recurso económico pueden estar incentivados a otorgar beneficios una vez que resulten electos. La cifra oficial del gasto que se realiza en los procesos electorales puede discrepar de la real.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010. El gasto en las elecciones se ha incrementado de forma importante en los últimos años, principalmente derivado de la reforma político-electoral. Permitir la participación de candidatos independientes, fomentar el voto en comunidades alejadas y llevar una mayor fiscalización de los recursos implica un gasto adicional para la nación. Incentivar la democracia en el país cuesta.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010.

Como toda inversión, se espera que el gasto durante las campañas electorales brinde un beneficio. Como país esperamos que el financiamiento público a los partidos políticos nos permita fomentar la democracia y tener a los gobernantes que queremos. Pero el financiamiento privado puede ser visto de la misma forma, por lo que surge la interrogante de qué es lo que se espera recibir con el apoyo brindado por particulares en época electoral.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Ley de Disciplina Financiera : ¿Control o Freno?

Recientemente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene como objetivo que las administraciones públicas subnacionales tengan un mejor manejo de sus finanzas a través de mayores controles en el gasto. Esta nueva ley no solo contempla mayores candados al endeudamiento bancario de los estados y municipios, también impacta a otras fuentes de financiamiento público como son la revolvencia del pago a proveedores y las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con la Ley de Disciplina Financiera se busca dar mayor transparencia a la administración pública y que exista una regulación más estricta y homogénea para la celebración de contratos que comprometan ingresos de los estados y municipios, lo anterior ayudará al saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo en el corto plazo puede dificultar el desarrollo de proyectos. Como toda nueva ley, la curva de aprendizaje para muchos de los estados y municipios puede significar que las administraciones públicas retrasen el desarrollo de proyectos de inversión hasta conocer con exactitud las implicaciones de la nueva legislación.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores.

En consideración al panorama económico actual y la proyección a la baja del crecimiento del PIB para este año, las nuevas leyes y reglamentos deberían de estar enfocadas a flexibilizar el desarrollo de proyectos. Lo anterior no se contrapone a que existan mayores controles a las finanzas públicas y una mayor transparencia. Nuestro país necesita leyes que propicien el desarrollo económico y la estabilidad de las finanzas públicas.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores. En la mayoría de los casos el pago de la inversión no tiene que realizarse en el momento de inicio del proyecto, sino que se extiende por la vida de este, permitiendo que los gobiernos desarrollen proyectos que sean autosustentables o bien, que puedan ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por lo anterior, las APPs son una buena alternativa para impulsar el desarrollo económico.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades. Establecer mayores controles a la administración pública no significa dificultar la realización de proyectos de inversión, debemos de tener cuidado que con las nuevas leyes y reglamentos no detengamos el crecimiento económico de nuestro país.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Sobre el financiamiento de los partidos políticos en México

A raíz de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que supo tomar la oportunidad presentada en luz de las elecciones extraordinarias de Aguascalientes para aliarse con Movimiento Ciudadano y el PRD, resurge como tema el costo económico que representan los partidos políticos para México y con ello, algunas confusiones. A diferencia de lo que se piensa, el hecho de que el PT conserve su registro, o incluso aunque hubiera cinco partidos políticos nuevos, no nos cuesta un peso adicional a los mexicanos.

Los partidos políticos nacionales obtienen financiamiento público por tres rubros: para sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades de obtención del voto durante elecciones federales, y para las actividades específicas.

Enseguida lo expongo. Los partidos políticos nacionales obtienen financiamiento público por tres rubros: para sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades de obtención del voto durante elecciones federales, y para las actividades específicas.

El artículo 41, fracción II de la Constitución Federal dispone el financiamiento de los partidos políticos de la siguiente forma: el financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se efectuará de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (85’647,870) por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo (El salario mínimo es de 70.1 pesos en 2015, el 65% del mismo es 45.565 pesos). Esto arroja 3,902’545,197 pesos anuales, que habrá de repartirse entre todos los partidos políticos. El 33% de esa cantidad se divide en partes iguales, y el restante se reparte en función de la última elección de diputados federales.

Ojo, del monto que reciba cada partido por este rubro, deberán destinar el 3% a actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales. Sumado a lo anterior, cada vez que haya elecciones federales, existe un financiamiento adicional equivalente al 50% del ordinario (1,951’272,599 pesos) cuando se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, y equivalente al 33% (1,300’848,399 pesos) cuando se elijan solamente a los últimos.

Se puede apreciar fácilmente que, independientemente del número de los partidos políticos, el costo que nos representan va a sernos exactamente el mismo mientras este imperativo constitucional permanezca inmodificado.

En luz de lo anterior, se puede apreciar fácilmente que, independientemente del número de los partidos políticos, el costo que nos representan va a sernos exactamente el mismo mientras este imperativo constitucional permanezca inmodificado.

Así que al margen de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que en muy poco nos afecta a los ciudadanos, la atención debemos ponerla en la cantidad exorbitante que nos cuestan los partidos políticos. Este año costaron más de cinco mil millones de pesos, y en tres años que sean las elecciones presidenciales se estima nos cuesten seis mil millones de pesos (y esto solo a nivel nacional, pues sumado a esto, existe financiamiento estatal).

Si en Nuevo León quedó demostrado que con un financiamiento público inferior a los cuatrocientos mil pesos no sólo se puede ganar una elección, sino arrasarla, entonces, ¿para qué gastar tanto en los partidos?

Si en Nuevo León quedó demostrado que con un financiamiento público inferior a los cuatrocientos mil pesos no sólo se puede ganar una elección, sino arrasarla, entonces, ¿para qué gastar tanto en los partidos?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”