El estado de Nuevo León en el año 2015 vivió un proceso electoral que llevó a la alternancia en el poder bajo el liderazgo de un candidato que al abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentó ante el electorado como independiente. Los problemas en las finanzas públicas del estado, la percepción y evidencias de corrupción, la inseguridad pública, y otros problemas financieros en los municipios también en materia de déficit público, endeudamiento e inseguridad, son algunos de los contextos en que se generó la contienda electoral.
De ese 7 de junio de 2015 a la fecha las cosas comenzaron a perfilarse en un clima de alta expectativa ciudadana sobre lo que debería hacerse para recuperar económicamente las finanzas públicas, la seguridad y en evidencia un orden institucional que diera certeza al desarrollo futuro de una de las entidades más importantes de la República Mexicana. Por su importancia, Nuevo León requiere gobiernos con la capacidad de ser actores estratégicos para el desarrollo social y humano así como económico, cultural y jurídico, pues es evidente que la fortaleza de las instituciones está asociada directamente con el desarrollo de una sociedad.
Sin embargo, durante 2016 y lo que va de 2017, se han registrado en la entidad una serie de problemas, desencuentros, crisis institucionales, y debates que afectan de forma negativa la posibilidad de lograr acuerdos, de caminar juntos a favor del desarrollo social y humano, y de enfrentar los riesgos y amenazas que se tienen en materia de seguridad pública. Lo que he venido señalando una y otra vez en los más diversos foros es que Nuevo León precisa consensos, acuerdos, pactos y compromisos comunes para trabajar, para restablecer el orden público, y para brindar certezas y confianza a la economía y con ello a las inversiones que se necesitan para generar más y mejores empleos.
Uno desencuentro reciente que motivó la participación jurídica de actores institucionales, es una reforma electoral donde el Congreso del estado aprobó, sin iniciativa de reforma, la creación de diputaciones plurinominales por lista, en lugar de que lleguen los candidatos que obtuvieron menos votos que los ganadores. Esta ley se envió para su publicación al Poder Ejecutivo, que en voz del gobernador señaló que la estudiarían y que difícilmente podría publicarse en los tiempos legales para que estuviese vigente y aplicarla en el año 2018, con base en estas declaraciones del Tribunal Electoral de Nuevo León a iniciativa del Congreso del estado, exigió al Gobernador publicar de forma inmediata la Ley; el Gobernador acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia que suspendió la resolución del Tribunal Estatal Electoral que ordenó la publicación de la ley.
Así las cosas, el Gobernador aparece confrontado con el Congreso del estado y con dos partidos políticos de influencia nacional: PRI y PAN; por su parte el Tribunal Estatal Electoral se confronta directamente con el Titular del Poder Ejecutivo; líderes políticos y del Congreso del Estado acusan contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y la lista sigue. La pregunta es si Nuevo León puede avanzar a la mitad de una crisis política e institucional permanente.
Sin bien se han presentado planes y programas de trabajo con una evidente vocación prospectiva, como son el Plan Estratégico para Nuevo León 2015-2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el problema está en cómo se van a lograr cuando se registran sucesivas diferencias entre los poderes públicos, cuando se asume como gobierno que es el uno contra todos.
Un gobierno no debería salir en la mañana de un día, y de otro también, a decir que tiene razón, sino a lograr que las cosas se logren con la suma del mayor número de actores posible, a tener objetivos claros que puedan compartirse y estrategias comunes para enfrentar los problemas y rezagos. Pareciera que se olvida que la delincuencia también vive en N.L y que se da cuenta de la división.
Finalmente la clase política en general, diputados locales, alcaldes, Organismos Intermedios y ONGs tampoco han estado a la altura de las circunstancias pues en lugar de contribuir de forma propositiva han caído en el juego de la denostación y el desprestigio, un camino que sólo hace daño. Por extraño que parezca, la única voz que ha venido pugnando por encontrar caminos de gobernabilidad y civilidad política ha sido la mía. Tal vez por ser ciudadano o tal vez porque la izquierda progresista empieza a mostrar su real aporte.