Acusan ‘mordidas’ para citas con el SAT

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Se ha reportado una disminución en la cantidad de personal en las oficinas administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nuevo León, ante esto, los contribuyentes han tenido que acudir a “coyotes” para que los atiendan en la Entidad o viajar a ciudades de estados vecinos donde haya más disponibilidad de citas.

De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico El Norte y que pidieron mantenerse en el anonimato, incluso antes de la pandemia esto ya ocurría, desde entonces se había generado un mercado negro de citas, por las cuales pagaban personas físicas o morales que tenían urgencia de realizar un trámite. Los pagos sería de 3 mil a 8 mil pesos la cita.

Otra de las fuentes señaló que muchas citas disponibles “se arreglan” entre alguien interno del SAT y un intermediario externo, generalmente un empleado de algún despacho: “El contribuyente paga en efectivo la cita al intermediario externo y éste le entrega parte al empleado del SAT, quien luego facilita la cita rápida“. No obstante, aclaró, también hay casos de intermediarios que no cobran nada, ya que sólo tratan de ayudar a sus clientes y usan sus contactos.

El propio SAT señaló a través de un comunicado el pasado 2 de agosto que había detectado procesos irregulares en las citas en varios estados, incluyendo Nuevo León, y que estaba atendiendo el problema. Se estima que el SAT está trabajando en Nuevo León a un 50% de su personal.

Otro de los trámites que han aumentado fue el de las personas que tuvieron que acudir a darse de baja, al cerrar su negocio, o bien, de las personas que fueron despedidas y que han querido dar de alta en el SAT para emprender un negocio. Se han cancelado también mil 777 citas en Nuevo León precisamente derivada de una revisión que realizó el SAT sobre citas irregulares. 

Por último, “hay contribuyentes verdaderamente desesperados“, expuso una de ellas, al indicar que sin la e-firma no se pueden pedir devoluciones mayores, ni realizar ciertas acreditaciones, por lo que temen que luego el fisco les reclame mayores pagos y multas.

Con información de El Norte

 

Tribunal ratifica sanción por compra de acero de la Estela de Luz, mejor conocida como la “suavicrema”

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A más de ocho años de su inauguración, la polémica Estela de Luz, sigue dando de qué hablar.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la compra de acero a un mayor precio para la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.

Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.

Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.

León y Bravo aparentaron un cambio de acero inoxidable para el proyecto que incrementó el costo en 316.5 millones de pesos.

No obstante que el TFJA confirmó que éste era igual al original.

León y Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, que corresponderá al SAT ejecutar.

 

AMLO anuncia que Sedena y Semar estarán a cargo que aduanas y puertos

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Esta mañana, el presidente de la República anunció que la vigilancia y administración de las aduanas terrestres así como de los puertos estarán a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, esta vez en la ciudad de Manzanillo, Colima, el titular del ejecutivo aseguró que esta determinación tiene como objetivo evitar la corrupción y el contrabando de drogas.

Este puerto de Manzanillo, como lo mencionó el gobernador, es histórico, muy importante, pero al mismo tiempo se introduce contrabando y droga. Ya no solo son los plantíos los que predominan, ahora son los químicos que entran por estos puertos, droga de lo más dañina que destruye a jóvenes, por eso hemos tomado la decisión (…) para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas“, explicó.

Al respecto aseguró que la decisión ha sido ya comunicada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo y al administrador general de Aduanas del SAT, Horacio Duarte Olivares.

Por su parte, Duarte Olivares ha indicado que el acompañamiento de las Fuerzas Armadas permitirá garantizar la seguridad nacional y establecer el mecanismo para que las administraciones de las aduanas sean ocupadas por personal de la Sedena y Semar.

Tienen que pasar a la parte civil, ahí vamos a buscar el mecanismo legal que nos permita tener varios objetivos: mantener y aumentar la recaudación de las aduanas, recordando que las aduanas le significan al país un ingreso de alrededor de 900 mil millones de pesos al país. Una parte importante del IVA se cobra a través del sistema aduanero, por lo tanto lo que hemos planteado siempre es que no se rompa ese esquema fundamental que es garantizar el ingreso a las arcas públicas por el mecanismo de las aduanas“, abundó.

Así mismo, informó que en la Administración General de Aduanas se combate la corrupción con la remoción de administradores que han cometido posibles actos ilícitos. Por estos hechos se han presentado denuncias.

Finalmente, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, destacó que en Manzanillo anteriormente se desempeñó como administrador de Aduana un almirante de la Semar y la recaudación subió. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, también se incrementaron los ingresos con un almirante al frente. 

Con información de El Universal

SAT denuncia fraude por 55 mmdp

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La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó este martes que hallaron un fraude por 55 mil millones de pesos por parte de al menos 43 empresas factureras.

“El ejercicio y el caso que vamos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que están relacionadas, no solo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en éstas participaron 8 mil 212 personas físicas y morales, las operaciones y el monto de las facturas ascendía a 93 mil millones de pesos”, explicó Buenrostro en conferencia de prensa matutina desde Palacio.

“En total”, dijo, dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos”.

La funcionaria aseguró que dichas empresas serán indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pues tienen investigaciones no solo por defraudación fiscal, sino también por lavado de dinero.

Entre las 43 firmas indagadas están Costa Bella, Dig, SA de CV, T & T Soluciones, Dalga, S.C., Sav Dell, Koglem, Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee, Black Systes, entre otras.

Al respecto, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, indicó que se va a mandar un exhorto a los contribuyentes y se les darán tres meses para que se regularicen, de lo contrario se presentarán denuncias.

“Presentaremos denuncias por defraudación fiscal y por defraudación fiscal equiparada, que implica hasta nueve años de prisión, el perjuicio que tenemos en las querellas son 55 mil 125 millones de pesos, esto es por el ejercicio fiscal 2017”, afirmó.

La delincuencia organizada, dijo, amerita penas de hasta 16 años y el decomiso de bienes.

“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir hacia delante, todos debemos pagar impuestos”, aseveró.

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Denunciarán fraude fiscal con factureras por 48 mil mdp

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Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la próxima semana informará sobre un fraude por más de 40 mil millones de pesos que involucra a factureros.

La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más“, señaló el mandatario.

Además, apuntó que los factureros estaban coludidos con funcionarios de Hacienda del sexenio pasado y el antepasado: “Sí, del Gobierno pasado y del otro. Entonces vamos a presentar denuncias penales contra estos encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo“.

Agregó también que darán un plazo para que los contribuyentes se pongan al corriente con el SAT, ya que: “mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen, ya lo están haciendo“, comentó.

Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en la espectacularidad y además debemos respetar la privacidad, que han ido al SAT y se han puesto al corriente porque habían manejado sus contadores, les habían pagado sus impuestos con facturas falsas, entonces ahora le vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente“.

Con información de El Norte

Empresarios responden a AMLO “tu petición es ilegal”

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, se negó a la petición que hizo presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la ayuda para realizar el cobro de 50,000 millones de pesos de empresarios pertenecientes al consejo que le adeudan al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Según el empresario, ayudar en la recaudación de impuestos rebasa sus atributos como líder del organismo y agregó que resulta ilegal.

Recibo con asombro una carta en donde usted me pide ayuda para cobrar supuestos adeudos de compañías al Servicio de Administración Tributaria. Eso escapa a mis atribuciones y representaría una violación de la ley que, por principio personal, no puedo hacer. Tanto usted como yo estamos obligados a cumplir con el principio de legalidad, y liderar con ese ejemplo”, señala en la carta Salazar. 

Carlos Salazar exhortó a que el gobierno adopte las medidas urgidas por el CCE y que en vez de realizar la recaudación que presume el ejecutivo, mejor se haga el plan de 90 días que ellos crearon.

Aprovecho este medio para reiterarle nuestro llamado a que usted y yo trabajemos nuevamente para lograr un gran acuerdo entre el gobierno, los trabajadores, el sector social y los empresarios; y a que pongamos en marcha un plan de acción de 90 días, con medidas concretas que nos permitan hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia Covid-19″, expresa en el documento.

La carta fue publicada por el comunicador Carlos Loret de Mola, por medio de un artículo en las redes sociales de W Radio.

Al parecer el documento difundido por la radiodifusora debía ser un documento privado, ya que una hora y media después de la publicación, el CCE, desde su cuenta oficial de Twitter explicó que:

“La carta difundida el día de hoy por un medio de comunicación sobre los supuestos adeudos fiscales de algunas empresas sí corresponde a la respuesta enviada de forma privada al presidente López Obrador. El CCE se deslinda de haberla compartido a éste o cualquier otro medio.”  explicó la CCE vía Twitter. 

El pasado 8 de abril Presidente de la República, Andrés Manuel solicitó al presidente del CCE que coadyuvara con el gobierno para optimizar la recaudación de impuestos adeudados por empresarios.

“Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos. Y lo digo porque no engaño a nadie, estoy aquí para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, velar por el bien de todos, pero procurar darle preferencia a la gente humilde. ¿Qué?, ¿no se supo que dije que, por el bien de todos, primero los pobres?”, indicó López Obrador

 

(Con Información de IFOBAE) 

 

#ContraPortada: “La ‘5T’ Quinta Transformación”

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En forma de necedad, rencor o ignorancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle la espalda a las pequeñas y medianas empresas que producen más del 70% de los empleos del país y quienes dejan el 56% de la economía nacional.

No solo eso, además les ha mandado el mensaje en tono de exigencia: “No van a dejar de pagar sueldos, no van a despedir a nadie, no van a parar”, a pesar de que muchas de ellas estén generando hasta un 85% menos de lo que suelen producir.

La fórmula no es tan complicada, entre menos generen, menos ganancias y por tanto menos empleos, salarios más bajos y poca productividad económica.

Hablan de 15 grandes contribuyentes que deben al fisco alrededor de 50 mil millones de pesos en impuestos, pero ese mensaje debe ir por WhatsApp o por mensaje de texto si prefieren para los empresarios como Salinas Pliego que aporta gran parte de esa deuda y al cual le acaba de renovar la concesión de Total Play por 30 años más.

Ese mensaje no aplica para Pepe y Toño, que deben producir día con día para subsistir, que no tienen un colchón de miles de millones de pesos y que, además, son sangrados por el SAT en una tributación que los expertos consideran excesiva, donde el impulso es mínimo pero la cobranza funciona a ‘rajatabla’.

Ya no suena a “suspiro lejano” la propuesta que ha planteado, cada vez con más fuerza, un Estado como Nuevo León que representa a una de las entidades que más contribuye y que menos recibe, la consigna clara de una redistribución del pacto fiscal o la salida definitiva de la federación. A ello se ha sumado Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y recientemente Jalisco, con un grupo de empresarios poderosos e influyentes que respaldan la propuesta de la desafiliación en materia fiscal.

La “5T” tendrá lugar en voz de los cientos de miles de ciudadanos que hoy están perdiendo su empleo, la cara de los miles de pequeños y medianos empresarios que hoy están cerrando los negocios que tanto les costó levantar y la de un país que hoy siente que la 4T fue más un sueño lejano, que una realidad posible de construir.

Seguirán con el aeropuerto de Santa Lucía, el proyecto de Dos Bocas, la ridícula rifa del avión presidencial y la narrativa de echarle la culpa a todos los anteriores antes de asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de un país que ha visto pasar casi dos años de gobierno sin el menor índice de cambio real.

No nos confundamos, la “5T” no es una revolución electoral ni política, no tiene la cara de ningún partido de oposición ni es una narrativa contra el presidente de México.

Lo que sí representa es el despertar de los mexicanos, que han entendido que no hay gobierno y no hay presidente capaz de transformar por sí solo a México… eso nos correspondió siempre a nosotros, solo a nosotros.

Lo escrito, escrito está.

Piden empresarios medidas fiscales especiales ante emergencia por COVID-19

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al Gobierno federal medidas fiscales especiales durante el tiempo que dure la epidemia por COVID-19 en México.

A través de un comunicado, el organismo empresarial reconoció a los Gobiernos federal y estatales por las medidas que han implementado para enfrentar la contingencia, con las cuales se pretende preservar la salud de los mexicanos.

No obstante, piden considerar a los contribuyentes ante las afectaciones que las medidas dejarán en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas.

Aunado a ello, hacen un señalamiento a las dificultades a las que se han estado enfrentando con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.

Por lo anterior, enlistan opciones como diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante  seis meses y permitir pagar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.

Otra de las peticiones es establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.

Asimismo, permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal los saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.

“Con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo”, afirmó el CCE.

El organismo recordó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica.

Entre ellas se encuentran el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos; la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis; simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA; diferimiento de pagos de impuestos y derecho a la importación de mercancías; diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores.

“Para el paquete fiscal 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria han seguido puntualmente diversas recomendaciones de la OCDE para fortalecer las finanzas públicas y disuadir la evasión fiscal.

“Por ello, consideramos que ahora deberían seguir las recomendaciones de dicho organismo para aliviar la situación financiera de los contribuyentes”, subrayó el CCE.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Detectan desvíos por 4 mmdp de 2014 a 2019 en Salud

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Institutos de Salud del Gobierno federal y de los estados desviaron en cinco años (2014-2019) 4 mil 179 millones de pesos a través de empresas fantasma que simularon la prestación de bienes y servicios, informaron investigadores de la organización ciudadana Impunidad Cero.

En conferencia, los investigadores indicaron que estas empresas emitieron 22 mil 933 facturas a 90 instituciones de salud con las que en su momento se justificó la adquisición de bienes y servicios.

Sin embargo, esas empresas, explicó Luis Manuel Pérez de Acha, en su momento fueron boletinadas por el SAT como empresas fantasma, es decir, que carecían de los recursos humanos y materiales necesarios para haber prestado los servicios contratados.

El Instituto de Salud del Estado de México, detalló Denise Tron Zuccher, fue la institución que más dinero pagó a empresas fantasma al sumar mil 804.8 millones de pesos.

En segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 320.9 millones de pesos; le sigue el Instituto de Salud de Chiapas, con 282.8 millones de pesos; después, los Servicios de Salud de Oaxaca, con 268.8 millones de pesos; así como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con 213.8 millones de pesos.

En cuanto a las empresas fantasma que más facturas emitieron, añadió, está Interacciones Biomédicas, Kisa Importaciones, Constructora Kedmex, Distribuidora de Medicamentos y Cosméticos, así como Tradeco Urbana.

Pérez de Acha consideró que este esquema de contratar empresas fantasma para desviar recursos es un problema que se ha registrado de manera generalizada en los últimos años.

Los resultados son la punta del iceberg, demuestran una práctica sistemática de las empresas fantasma en el Sector Salud“, acusó.

El investigador dijo que basta recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en el Sector Salud que suman casi 99 mil millones de pesos.

José Mario de la Garza anunció que con la información encontrada en la investigación se presentarán denuncias penales para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables.

 

 

(Con información de Reforma)