Nuestra democracia se encuentra en construcción y ¿por qué no decirlo? en deconstrucción. Cada proceso electoral es una nueva oportunidad para repensar la representación y el poder y, en el caso mexicano, esto ha ido a la par de integrar cada vez de manera más efectiva, el principio de igualdad y no discriminación.
Hablo de deconstruir y de re-pensar, pues las resistencias más frecuentes se encuentran en argumentos como la autodeterminación de los partidos políticos y la protección de su vida interna. Pero ¿por qué ésta no podría ser compatible con la igualdad de oportunidades para todas las personas? ¿por qué no avanzar hacia nuevas y mejores formas de hacer democracia? ¿por qué no re-imaginar la representación política para que sea más parecida a su ciudadanía? ¿por qué no acoger las reglas y lineamientos que son más protectoras para los derechos político electorales de las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas, entre otros grupos? ¿por qué resistirse a la mejora de la calidad de nuestra democracia, en la que quepamos y aportemos todas las personas?
Ocurre que la historia relegó a diversos grupos, cada uno de ellos ha enfrentado distintas formas de resistencia para acceder al poder y así poder modificar su realidad a través de reformas legislativas eficientes que se apeguen a sus vivencias y realidades.
En ese contexto, se han impulsado acciones afirmativas para hacer posible una democracia incluyente. Las acciones afirmativas son una manera de buscar soluciones prácticas e innovadoras para derribar obstáculos y resistencias que ocurren, en el caso electoral, para garantizar un piso parejo y de igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas y la integración de órganos. Se ha probado con el tiempo que las acciones afirmativas son necesarias, pues las resistencias y los obstáculos con que cuentan los institutos políticos no necesariamente se eliminan por voluntad propia.
Tal es el caso de las cuotas de género y de la reciente paridad de género ya inscrita en nuestra propia Constitución, pues a cada medida implementada para garantizar los derechos político electorales de las mujeres, llegaba una nueva forma de resistencia.
Ahora nos encontramos ante nuevos avances: los organismos públicos locales electorales, como es el caso de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se encuentran impulsando también acciones afirmativas para otros grupos que históricamente han estado en desventaja como las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas.
Como en el caso de las acciones afirmativas para la participación de las mujeres, estas medidas enfrentarán, sin duda, resistencia por parte de los institutos políticos y de la sociedad en general. Ante ello, recientemente, la Sala Regional Xapala declaró que “las acciones afirmativas son pisos mínimos para garantizar la protección e inclusión de personas circunscritas a grupos que se han visto históricamente relegados en el ejercicio de sus derechos”.
Y es que, si ya nos encontramos re-imaginando una democracia más incluyente, habrá que migrar a pensar estas acciones como esenciales y no limitativas, como pisos mínimos y no techos. Las acciones afirmativas serán necesarias mientras no solucionemos las causas que generan estas desigualdades y resistencias. Es el tiempo de los grupos que han sido históricamente relegados de los espacios de toma de decisiones. Es el tiempo de volver a construir y a idear las mejores formas de hacer democracia sin discriminación, sin estereotipos y sin violencia.