La Auditoría Superior del Estado (ASE), determinó que se debe de proceder por la vía penal, contra los que resulten responsable del daño al erario público por casi 30 millones de pesos, esto al no haber certeza de que el Gobierno del Estado adquirió 200 mil cobertores en diciembre del 2015.
El día de ayer la ASE remitió la cuenta pública del Gobierno Central 2016 al Congreso del Estado. La cuenta corresponde al primer año completo de la administración de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La ASE asegura que existen elementos suficientes para presentar una denuncia penal por la operación de la compra de 200 mil cobertores en diciembre del 2016, por lo que se presentará una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables del daño al erario público.
Hace poco más de un año, la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado, encabezada por Ernesto Canales, dio por cerrada la investigación y soló impuso multas menores a los involucrados en la operación.
Por si parte, la diputada Gloria Treviño, quien es también presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, dijo que ellos sabían que la compra de 200 mil cobertores había sido una operación simulada y por lo tanto el informa de la cuenta pública del Gobierno Central del 2016 viene, por ese tema, con fingimiento de responsabilidad penal”.
“La cuenta viene con el anuncio de la acción penal, que dentro de los próximos 10 días hábiles ya se estaría solicitando la instrucción penal para quien resulte responsable de este daño al erario estatal sea sancionado. La Auditoría plantea que la denuncia debe respetarse contra quien resulte responsable por el monto total de la operación que fue de 29 millones 877 mil pesos”, dijo Treviño en entrevista.
El caso conocido como el Cobijagate, fue dado a conocer por el periódico El Norte el 9 de febrero del 2016 y el cual consiste en la compra de 200 mil cobijas a sobre precio realizada en diciembre del 2015 a Comercializadora Mirof, por parte del entonces subsecretario de administración, Rogelio Benavides Pintos y el directo de Adquisiciones del Estado, Gonzalo Padilla.
El Cobijagat es considerar por muchos, como el primer acto de corrupción de la actual administración de Rodríguez Calderón, sin que hasta el momento haya responsables del mismo.